Si se puede afi rmar que la izquierda insurreccionalista, partidaria de derro- tar militarmente al imperialismo e inspirada en el ejemplo cubano se convirtió en la alternativa política transformadora por excelencia, no es menos cierto que si en algún país se contó con una alternativa distinta ese fue Chile35. En el
angosto país andino se intentó, también, hacer una revolución conducente al socialismo, pero fue la izquierda clásica la que se propuso hacerlo sin violencia y sin violentar la legalidad constitucional republicana. Podemos decir que en Chile, durante el período de la Unidad Popular y bajo la presidencia del doctor Salvador Allende, se intentó hacer una revolución legal, antagónica del otro mo- delo de revolución insurgente que pasaba por violentar el marco jurídico previo, fuera éste más o menos legítimo. Socialistas y comunistas, junto a cristianos progresistas y republicanos históricos, con el apoyo externo o el estorbo, según momentos, de jóvenes guevaristas organizados en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), impulsaron la Unidad Popular, una coalición de partidos que, con el socialista Allende como candidato, obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de 1970.
Tradicionalmente, en el marco político chileno la derecha, el centro y la iz- quierda contaban desde décadas atrás con un apoyo mantenido de un tercio del electorado. Chile destacaba en el escenario latinoamericano por ser un país ca- racterizado por el respeto a la legalidad republicana de los actores políticos; tan-
35 Son diversos nuestros trabajos sobre Chile. El más reciente, que contiene diversos escritos
referidos al Chile reciente es Alcázar Garrido, Joan, Yo pisaré las calles nuevamente. Chile,
revolución, dictadura, democracia (1970-2006), Santiago de Chile, Editorial Universidad Boli-
to más cuanto en el vecindario no era esta la virtud más generalizada. Además, sus fuerzas armadas tenían una fama, quizá excesiva, de ser mayoritariamente constitucionalistas. No obstante, el país andino era, como todos los del área, un país injusto y mal repartido, aunque no tanto como sus vecinos. Ese país se embarcó, entre el estupor de unos, el pánico de otros y la ilusión de una minoría mayoritaria, en la aventura de construir el socialismo sin disparar un tiro. Tras algún intento anterior, la llamada Vía chilena se puso en marcha en 1970 con el triunfo de la izquierda, que ya había sido evitado en 1964 cuando Eduardo Frei Montalva había vencido a Allende con un programa demócrata cristiano, inspirado en la doctrina social de la Iglesia y en la Alianza para el Progreso ken-
nedyana, que pretendía desarrollar la “Revolución en libertad”.
Con la victoria en 1970, el doctor Allende presidió un gobierno que tenia como objetivo estratégico eliminar las desigualdades en la distribución de la riqueza. Y se puso manos a la obra contando con poco más del 36 por ciento del electora- do (contra el 63 por ciento restante; el 34 de la derecha de Alessandri más el 28 de la DC de Tómic). Se decantaron por nacionalizar las empresas estratégicas para constituir con ellas un Área de Propiedad Social, y por realizar una profun- da reforma agraria que substituyera los latifundios por cooperativas agrícolas. Además, se pretendía una nueva política redistributiva que incentivara la pro- ducción por el incremento del consumo, y una mayor participación de los ciuda- danos en los procesos de gestión y decisión política. Por lo que respecta a las re- laciones internacionales del nuevo gobierno, la Unidad Popular (UP) confesaba su deseo de reorientar las relaciones diplomáticas de Chile, con un nuevo énfasis en las relativas a los países del bloque socialista y los del Tercer Mundo, junto a una denuncia de la que consideraban injerencia permanente de los Estados Unidos en América Latina36. El Secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger,
confi rmó esta percepción cuando afi rmó públicamente que ellos, los Estados Uni- dos, no iban a permanecer impasibles tras convencerse que un país, Chile, había decidido hacerse comunista por la irresponsabilidad de su pueblo.
El asedio de la Administración norteamericana comenzó antes de la toma de posesión de Salvador Allende, y no cesó hasta que Augusto Pinochet comandó el golpe militar el 11 de septiembre de 1973. Hoy sabemos, gracias a documentos secretos de la Casa Blanca recientemente desclasifi cados, que Richard Nixon
36 Sobre el periodo de la Unidad Popular y la dictadura militar: Cáceres, G., “El ‘modelo chileno’:
un producto de la intersección entre dictadura y democracia (1975-1998)”, en Alcazar, J. y Tabanera, N., Estudios y materiales para la historia de América Latina, 1955-1990, València, Tirant lo Blanch/Universitat de València, 1998; De Souza Fredrigo, F., Ditadura e resistencia
no Chile. Da democracia desejada à Transiçao possivel, 1973-1989, Franca, Universidade Es-
tadual Paulista, 1998; Garces, J., El Estado y los problemas tácticos del gobierno de Allende, Madrid, Siglo XXI, 1974; Garreton, M.A. y Moulian, T., La Unidad Popular y el confl icto políti-
co en Chile, Santiago, CESOC/LOM, 1983; Meller, P., Un siglo de economía chilena, 1890-1990,
Santiago, Andrés Bello, 1996; Moulian, T., La forja de ilusiones: el sistema de partidos, 1932-
conspiró con la dictadura militar brasileña para derrocar a Allende, en un plan que tenía como objetivo impedir que dirigentes de parecida orientación a la de Fidel Castro o Salvador Allende proliferaran en América Latina. Según estos documentos norteamericanos, en un informe redactado por el propio Kissinger, referido a una reunión entre Nixon y Garrastazu Medici, producida en diciem- bre de 1971, cuando el presidente estadounidense planteó a su colega brasileño la necesidad de colaboración para derrocar a Allende, el general brasileño res- pondió afi rmando que, en ese campo, había muchas cosas que, como país sud- americano, Brasil podía hacer y los Estados Unidos no.
Finalmente, el acoso norteamericano y los errores e insufi ciencias del gobier- no de la Unidad Popular llevaron al golpe que acabó con la vida de Allende y de cientos de sus correligionarios. Tras el 11 de septiembre de 1973 se estableció una cruel dictadura militar que en diecisiete años costó miles de vidas y decenas de miles de exiliados, durante la cual se secuestró, se torturó y se hizo desapare- cer a personas acusadas de actuar en contra del régimen militar. Se puede decir, pues, que la Vía chilena fue derrotada. Paralelamente, también debe decirse que la Unidad Popular fracasó.
No todo puede ponerse en la cuenta del acoso y derribo del gobierno de Was- hington, comandado por el tándem Nixon-Kissinger; ni siquiera en la cerrazón con que los sectores chilenos más reaccionarios se oponían a las directrices y las decisiones del gobierno de Allende. La Unidad Popular jamás pudo trascender su condición de coalición electoral, y en su seno malvivieron opciones tácticas y estratégicas prácticamente antagónicas. Los fracasos del gobierno de la Unidad Popular no fueron sólo el resultado de decisiones políticas irresponsables ni de presiones de la izquierda guevarista para acelerar el proceso revolucionario, que también. Fundamentalmente se originaron en el rechazo de estas políticas por parte de sectores cada vez más movilizados especialmente de la clase media, algunos de los cuales habían simpatizado al principio con la regeneración propi- ciada por Salvador Allende.
Por si esto no fuera sufi ciente, el sabotaje y la subversión, junto con las intri- gas organizadas desde los cuarteles y desde los llamados cordones industriales, así como los consejos prepotentes e interesados de amigos incómodos —como Fidel Castro—, hicieron de Chile un país sometido a una polarización insoste- nible en el que la violencia, más o menos explícita, apareció como una variable permanente y cotidiana.
Durante el gobierno de la izquierda chilena se produjeron procesos complejos y, en ocasiones paradójicos. Uno, quizá, de los más destacables es el que debemos conectar a la subida salarial decretada por el gobierno (22 puntos por encima de la infl ación), en cumplimiento de su programa electoral. La Unidad Popular había llegado al poder, claro, para mejorar la vida de los trabajadores chilenos, por lo que era necesario mejorar su capacidad de compra para que se elevara su capacidad de consumo y, por esta vía, mejorara su realidad vital. Por eso, las mejoras salariales habían de ser superiores a la infl ación.
Es verdad que se elevaron los niveles de consumo interno, especialmente el de los trabajadores, pero, —y aquí está la variable imprevista—, la producción nacional no fue capaz de atender los incrementos de la demanda. Esto, unido al descenso de la producción agraria y de la industrial, por problemas de falta de control gubernamental, obligó a incrementar el volumen de las importaciones. Paralelamente, el precio internacional del cobre bajó un 25 por ciento en un mercado internacional muy infl uenciable, lo que tuvo efectos muy nocivos sobre los equilibrios macroeconómicos. A fi nales de 1972 las exportaciones se habían reducido en una cuarta parte y las importaciones se habían incrementado en un 40 por ciento. El ministro de economía Pedro Vuskovic había reconocido ese mis- mo año que la política económica estaba supeditada a la necesidad de ampliar el apoyo popular al gobierno. Esa es, quizá, la paradoja: la victoria de electoral de los partidos de los trabajadores tenía que redundar en una mejora sustantiva de las condiciones de vida y trabajo de estos. Sin embargo, en ese escenario descri- to, esa economía, políticamente imprescindible, no podía funcionar. A mediados de 1973, la infl ación se situaba en el 300 por ciento, y la economía chilena estaba prácticamente colapsada.
La insostenibilidad de la situación económica del país será uno de los argu- mentos más efi caces de la oposición para movilizar a los sectores sociales medios y altos. Los sectores contrarios al gobierno de Allende adoptaron una decidida política de toma de las calles, en competencia con la izquierda. A fi nales del año 1971, se produjo la más importante de esas manifestaciones: la llamada
marcha de las ollas vacías. Miles de mujeres de Santiago, en un momento en el
que el mundo estaba mirando a Chile mientras era hiperbólicamente visitado por el carismático líder cubano Fidel Castro. Éste, que fue recibido por Allende como “comandante de la esperanza latinoamericana”, prolongó su visita por 24 días, contra los 10 previstos inicialmente. En ese período consiguió irritar al presidente chileno por sus injerencias en asuntos estrictamente internos hasta el punto que lo vio marchar con alivio. La inacabable visita del revolucionario cubano, a fi nales de 1971, tuvo dos efectos importantes: por una parte generó una extrema polarización y un claro endurecimiento de las relaciones entre el gobierno y la oposición. Ésta, se sintió entre irritada y asustada por las confesa- das coincidencias estratégicas entre Castro y Allende, mucho más valoradas que las discrepancias tácticas. El segundo de los efectos de la visita de Castro consis- tió en que el líder cubano enardeció tanto a la izquierda mirista, proguevarista, como a la fracción insurreccionalista del partido socialista. Tanto los jóvenes del MIR como los más radicales dirigentes socialistas presionaron a Allende para que acelerara lo que ellos entendían como un proceso revolucionario imparable; y esa presión se opuso de manera irreductible a las tesis negociadoras y gradua- listas del Partido Comunista y de la Central Única de Trabajadores (CUT).
La realidad interna de los cuarteles no era, lógicamente, ajena a la polari- zación y la dureza de la confrontación que se vivía en Chile. El 23 de agosto de 1973 el general Prats dimitió como Comandante en Jefe por presiones internas
de las fuerzas armadas, y Allende nombró sustituto a un general quizá gris, pero con fama de legalista y de su mayor confi anza: Augusto Pinochet Ugarte. Cinco días después, ya a la desesperada, Allende forma un gobierno de salvación y comunica a sus colaboradores que el 12 de septiembre anunciará al país la con- vocatoria de un plebiscito para la reforma de la constitución.
Un día antes del anuncio, el 11 de septiembre de 1973, se produjo la subleva- ción militar, y el Palacio de la Moneda, sede de la Presidencia de la República, fue bombardeado por cazas de la Fuerza Aérea y sitiado por carros de combate37.
Allende y uno de sus más íntimos colaboradores, Augusto Olivares, se suicida- ron en su interior. El resto de los resistentes, hombres y mujeres del entorno más próximo al Presidente Allende, colaboradores cercanos e incluso agentes de Carabineros de Chile que permanecieron leales, fueron detenidos. Muchos de ellos todavía hoy integran la macabra lista de detenidos desparecidos de la dictadura militar chilena.
Porque eso fue lo que comenzó aquel 11 de septiembre en el que tomó el poder una Junta Militar formada por los generales Pinochet, Leigh, Merino y Mendo- za. Según sus declaraciones iniciales, el golpe se había producido para “salvar al país del cáncer marxista” y para “proteger la democracia”.