El sistema jurídico ocupa un lugar destacado en la percepción de North en cuanto a las relaciones entre desarrollo e instituciones. La contribución del sistema jurídico es discutida por este autor en términos del grado de imparcialidad que el mismo garantiza y del nivel de eficacia con que funcione la administración de la Justicia a la que se someten las partes constitutivas de la nación y bajo las cuales se regulan las economías de mercado.
Con referencia a la importancia de una sistema jurídico, North sostiene que ,
en los países desarrollados, los sistemas judiciales eficaces incluyen una legislación bien especificada y agentes, tales como abogados, árbitros y mediadores en general, se confían en que los méritos de un caso más que las dádivas particulares influyen en los resultados (North, 1995, p. 82).
North (1992) también pone de relieve la importancia del buen funcionamiento de los sistemas judiciales. Para el exponente de la NEI, la dificultad de crear un sistema judicial relativamente imparcial que haga cumplir los acuerdos ha sido un obstáculo fundamental en el camino del desarrollo económico. El autor explica que en el mundo occidental la evolución de los tribunales, los sistemas jurídicos, y un sistema relativamente imparcial de ejecución judicial ha desempeñado un papel importante al permitir el desarrollo de un complejo sistema de contratación que se prolonga en el tiempo y en el espacio, un requisito esencial para la especialización económica.
En obra anterior, North (1981) sostiene que “el Estado puede disminuir los costes de transacción mediante el desarrollo de un cuerpo impersonal de leyes y de sus mecanismos de cumplimiento. Para el autor, “debido a que el desarrollo de la ley es un bien público, existen importantes economías de escala asociadas a él”. Así, plantea el autor, “si existe un cuerpo legal, los costes de negociación y cumplimiento del contrato se reducen sustancialmente, porque las reglas básicas del intercambio están ya definidas.” (p. 53).
En el Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2002, subtitulado “Instituciones para los mercados”, estudio declaradamente identificado con las tesis institucionalistas northianas25, el Banco Mundial argumenta que “el Estado desempeña un papel importante de suministro de bienes públicos, como las leyes que delimitan los derechos
25 “Debemos crear incentivos para que las personas inviertan en una tecnología más eficiente, tengan una mejor preparación y organicen mercados eficientes. Estos incentivos se encarnan en las instituciones – Douglass C. North, 2000”. (Prólogo del capítulo 1, del Informe BM 2002, p. 3).
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de propiedad y las instituciones judiciales que obligan a respetar esos derechos y establecen el imperio de la ley” (p. 7).
El Banco Mundial en otro Informe, en el cual hace un replanteamiento institucionalista del papel del Estado en el desarrollo económico y social, sostiene que “un poder judicial independiente es vital para asegurar que los poderes legislativo y ejecutivo asuman plena responsabilidad ante la ley, y para interpretar y hacer cumplir las disposiciones de la constitución nacional (BM, 1997, p. 8).
Pinheiro (2001) destaca que el Poder Judicial es una institución cuya importancia para el buen funcionamiento de una economía de mercado, garantizando los derechos de propiedad y cumplimiento de los contratos, sólo recientemente se ha reconocido adecuadamente. Según el autor, este reconocimiento ha llevado a un aumento del interés de los economistas en un tema históricamente tratados sólo por los llamados operadores del derecho.
En otro texto, Pinheiro (2009a) señala que “los sistemas judiciales y legales ocupan un lugar destacado entre las instituciones que influyen en el desempeño económico de las naciones” (p. V). Según Stigler (1992),26 citado por Pinheiro (2009a), una de las áreas en las que la ley y la economía interactúan, "se refiere al análisis del papel de las instituciones jurídicas en la determinación del ritmo y de la forma de desarrollo económico de los países” (p. 2). También como enseña Haussman (1996),27 citado por Pinheiro (2009a, p. VI), "es cada vez más amplio el consenso sobre la vinculación entre la justicia y desarrollo económico."
También Cooter (1996),28 citado por Pinheiro (2009b, p. 2), sostiene que los sistemas jurídicos de los países que siguen el principio de "Estado de derecho" establecen las reglas y mecanismos para que las personas puedan usar para ver sus derechos garantizados. Hay et al. (1996),29 también citados en Pinheiro (2009a), afirman que "el Estado de derecho significa en parte que la gente usa el sistema legal para estructurar sus actividades económicas y resolver sus conflictos." (p. 2).
26 Stigler, G. J. (1992) “Law or Economics? The Journal of Law and Economics, vol. 35, n. 2, October 1992, 455-68.
27 Haussman, R. (1996). La economía política de la reforma judicial en América Latina.
28 Cooter, R.D. (1996). The rule of State Law versus the Rule-of-Law State: Economic analysis of the Legal Foundation of Development.
29 Hay, J. R, Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1996) “Toward a theory of legal reform”. European
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A su vez, Pinheiro (2009b) considera tres aspectos para evaluar el grado de eficiencia judicial que puede beneficiar el crecimiento económico, los cuales son: el progreso tecnológico, la inversión y la eficiencia.30
Spiller y Tommasi (2000), en un estudio sobre los determinantes institucionales del desarrollo argentino, sostienen que “un adecuado funcionamiento de la Justicia es una de las formas institucionales fundamentales que puede evitar los costos de transacción, aumentando de ese modo los incentivos a la inversión de los actores económicos” (p.10).
En el Informe de 2002 del Banco Mundial, ya referido más arriba, se establece que “el sistema jurídico y judicial debe ofrecer un método que permita determinar la verdad y la justicia de las acciones de los particulares y del Estado” (p. 117). El Informe sostiene que “el sistema judicial cumple un importante papel en el desarrollo de las economías de mercado” y lo hace de diferentes maneras: “resolviendo las controversias entre entidades privadas; arreglando las diferencias entre entidades privadas y públicas; sirviendo de telón de fondo para la forma en que los particulares y las organizaciones se comportan fuera del sistema formal, e influyendo en la evolución de la sociedad y sus normas, a la vez que sufre sus efectos”. Para el Informe, “esos cambios permiten establecer el orden público y promover el desarrollo de los mercados y el crecimiento económico” (BM, 2002, p. 131).
Por otro lado, Pinheiro (2009, p. VI) plantea que la protección insuficiente de los contratos y de los derechos de propiedad, limita el alcance de la actividad económica, desalienta la especialización y obstaculiza la explotación de economías de escala, así, desalienta la inversión y el uso de capital disponible y, por último pero no menos
30 I) El progreso tecnológico. Los buenos sistemas judiciales y legales pueden estimular el crecimiento mediante la protección de la propiedad intelectual, alentando así la absorción y el progreso tecnológico. II) Inversiones. Otra forma en la que un buen sistema judicial puede acelerar el crecimiento es estimulando a la acumulación de factores de producción. En particular, los agentes económicos invierten más en capital físico y humano en que sus derechos de propiedad están garantizados por un buen sistema legal y judicial y un régimen político estable. Un caso típico es el de los derechos que dependen directamente de la protección del Estado, como la propiedad de la tierra, la propiedad intelectual y el derecho de explotación de los recursos minerales y otras subvenciones públicas. En tales casos, la mala observancia de los derechos de propiedad y el riesgo de expropiación por parte de actores públicos y privados, lo que reduce el valor de los activos, el rendimiento esperado de las nuevas inversiones y, por tanto, la propensión a hacer nuevas inversiones. Sistemas judiciales disfuncionales también pueden desalentar el ahorro y estimular la fuga de capitales, lo que reduce la cantidad de fondos disponibles para financiar la inversión.
III) Eficiencia. Los sistemas judiciales que están funcionando mal obstaculizan el crecimiento, estimulando un uso ineficiente de los recursos y de la tecnología. Los altos riesgos y costos de transacción causados por el mal funcionamiento de la justicia alejan el sistema de precios del país de los patrones internacionales, lo que distorsiona la asignación de recursos. (Pinheiro (2009b, pp.15-16)
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importante, distorsiona el sistema precios mediante la introducción de nuevas fuentes de riesgo en los negocios.
En estudio anterior, Pinheiro (1996), pone de relieve que,
Existen pruebas convincentes de que los sistemas judiciales que funcionan bien fomentan el crecimiento económico. Mediante la obtención de los derechos de propiedad y de contrato, la reducción de la inestabilidad política y la contención de la expropiación administrativa, judicaturas imparciales, oportunas y previsibles, estimulan la inversión, la eficiencia y el progreso tecnológico (Pinheiro, 1996, p. 33).