CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW
2.7 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)
2.7.3 UTAUT in the Context of Education with Mobile Technology
Esta región africana está formada por los países que pertenecen a la
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).85 En la actuali-
dad está integrada por quince países, cinco de los cuales (33,3 %) han tenido crisis en el período estudiado (los que están en negrita), un porcentaje notablemente inferior a la media africana: Angola,
Botsuana, Lesotho, Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique,
Namibia, República Democrática del Congo,86 Seychelles, Suazilan-
dia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y Zimbabue.
El tipo de crisis que han tenido que hacer frente estos cinco paí- ses, de forma esquemática, tiene que ver con el militarismo, la inesta- bilidad política, corrupción, problemas con la oposición política, el expolio de recursos naturales, las crisis de procesos de paz anterio- res, crisis electorales, pobreza y problemas institucionales múltiples. En RD Congo, además, hay que añadir los importantes conflictos que ha tenido con algunos países vecinos.
Desde su independencia en 1966, en Lesotho existen continuas
disputas entre su monarquía, depuesta y repuesta en más de una ocasión, su inestable democracia, con una Constitución muy recien- te, de 1993, y sus Fuerzas Armadas, que han provocado varios gol- pes de Estado y cambios de sistema. Ha tenido serias crisis políticas en 1974, 1986, 1991, 1994, 1998 y 2007, que han requerido de los buenos oficios de Sudáfrica y Botsuana. El reino de Lesotho está completamente rodeado por Sudáfrica, país del que depende total- mente en materia económica. La mayoría de los aproximadamente dos millones de habitantes viven en extrema pobreza. En 2012 se formó un gobierno de coalición, sumamente inestable, que provocó una crisis en la que medió, sin mucho éxito, el Christian Council of Lesotho (CCL). En 2014, el primer ministro suspendió el Parlamen- to para evitar una moción de censura impulsada por la coalición de
gobierno, y poco después hubo un intento de golpe de Estado, que obligó a marchar al primer ministro. Tras una mediación de la SADC, se acordó celebrar elecciones a principios del año siguiente. En 2015 se produjo otra importante crisis política, tras las elecciones de marzo, por el nombramiento como comandante de las Fuerzas
Armadas a un exgolpista. Se produjeron purgas en el ejército. En
junio, fue asesinado un alto cargo militar, a manos del propio ejérci- to nacional. La SADC creó una comisión de investigación al respec-
to (SADC’s Phumaphi Commission), y la Commonwealth87 y la
SADC enviaron misiones electorales para las elecciones de 2015. Sudáfrica estuvo ejerciendo sus buenos oficios para encontrar una salida a la crisis, a través de su vicepresidente y enviado especial en
la SADC, Cyril Ramaphosa.88 El rol desempeñado por la SADC en
Lesotho, pues, puede calificarse de activo, pero más de gestión de las crisis que de ir al fondo de las mismas.
Madagascar vivió una seria crisis institucional en 2009, por la toma del poder por parte del antiguo alcalde de la capital, que contó con el apoyo del ejército, quien tuvo dificultades para llegar a un acuerdo sobre el reparto del poder político. En 2010, hubo intentos de golpe de Estado. En el mismo año, se aprobó una nueva Consti- tución, que prohibía concurrir a la presidencia a líderes exiliados. Dos años más tarde se inició una crisis económica, que desembocó en episodios de violencia en el sur del país, pillaje y la creación de milicias de autodefensa y la privatización de la seguridad. El presi- dente de Sudáfrica realizó una mediación en ese año, aunque sin éxito. La inestabilidad política se volvió a hacer patente antes de las elecciones de 2013. Al año siguiente, se produjo el retorno clandesti- no y detención del expresidente Ravalomanana. En 2015, volvió la inestabilidad política, tras un serio enfrentamiento entre el poder legislativo y el ejecutivo, que pudo resolverse tras un pacto de estabi- lidad entre ambos. A pesar de la extrema pobreza de la población, el país es rico en recursos naturales (minería, petróleo, bosques, agri- cultura y productos resultantes de su rica biodiversidad), y es objeto de pillaje por parte de empresas extranjeras, especialmente de Cana- dá, Reino Unido, China, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, que se aprovechan de una legislación hecha a su medida. Además, existe el problema de la compra de tierras por parte de otros países. El
agronegocio y el extractivismo son unas de las causas de los conflic- tos del país. Vinculado a este aspecto, el país padece de una notable corrupción, incluido el sistema judicial, y la institucionalidad está al servicio del gobierno. Algunas de situaciones de crisis fueron abor- dadas de manera bastante satisfactoria, desde diversas instituciones, pero otras no fueron objeto de ningún tratamiento. En 2009, Mada- gascar fue expulsada de la Organización Internacional de la Franco- fonía, hasta 2014. Se produjeron sanciones de EE.UU., la UA, el FMI y la UE contra el gobierno, desde 2010 hasta 2014. Hubo una aceptación inicial de la propuesta del SADC, en 2011, de crear un
gobierno inclusivo (Roadmap for Ending the Crisis),89 muy criticada
y, a finales de 2014, se inició un proceso de reconciliación nacional, facilitado por el Malagasy Christian Council of Churches (FFKM), entre el presidente y sus predecesores. Se concedió una amnistía y también se puso fin al arresto domiciliario del expresidente, como parte del proceso de reconciliación y paz. La Unión Africana, por su parte, creó el Grupo de Contacto International sobre Madagascar (ICG-M). En 2011, el relator especial sobre el derecho a la alimenta- ción realizó un informe en el que explicaba la inseguridad alimen- taria del país, debido a los desastres naturales y a la crisis política. Por su parte, en 2012, la relatora especial sobre las formas contem- poráneas de la esclavitud también elaboró un informe crítico respec- to a la legislación malgache sobre este tema. En 2016, finalmente, las Naciones Unidas iniciaron un programa de reforma del sector de la seguridad en el país. Madagascar forma parte de la Comisión de Islas
del Océano Índico (COI),90 una modesta organización cuyo progra-
ma de paz y seguridad incluye la prevención de conflictos, pero que no ha tenido ninguna relevancia en las crisis del país.
¿Puede truncarse un acuerdo de paz firmado hace veinte años?
Pues Mozambique pasó por este riesgo en el período que estamos
analizando, desmitificando por completo lo que, durante muchos años, se presentó equivocadamente como modelo por seguir en un posconflicto bélico, por lo que fue un país prioritario en la coopera- ción internacional. La guerra civil, muy vinculada a la geopolítica de las grandes potencias durante la guerra fría, duró entre 1977 y 1992, y dejó un reguero de muerte que sus habitantes no olvidarán jamás, pues murieron un millón de personas. Pero la firma de la paz no
trajo consigo una estabilidad política, ni cambios de dirigentes, en un país que se ha ido caracterizando por irregularidades electorales, la creciente persecución hacia los grupos opositores (la RENAMO, el principal grupo opositor, y que no es un grupo monolítico, es la antigua guerrilla que combatió al gobierno, pero mantiene todavía una milicia, algo completamente anómalo y signo de fracaso de un aspecto fundamental en cualquier acuerdo de paz), corrupción, clientelismo y privilegios para los integrantes del partido que ha go- bernado el país desde la independencia y el fin de la guerra (Frelimo), falta de transparencia en la explotación de los recursos naturales, aumento de las desigualdades y de la confianza popular en sus insti- tuciones (a pesar de la disminución de la pobreza extrema), crisis económica y financiera en 2015 (en parte por la caída de los precios de sus materias primas, una importante deuda pública, el aumento de la inflación y la brusca disminución de las inversiones extranjeras), control del Estado en los medios de comunicación, o exigencias del partido opositor RENAMO de cambios en profundidad y una refor- ma de la comisión electoral. En 2012, ya era evidente la insatisfac- ción de la RENAMO, que reclamaba más acceso a las instituciones del Estado, a las Fuerzas Armadas y a la Comisión Nacional de Elec- ciones (CNE). En octubre de 2013 se produjo una gran tensión, cuando la RENAMO anunció su retirada del acuerdo de paz, des- pués de que el ejército atacara su cuartel general y se iniciaran com- bates entre ellos. Al año siguiente, se consiguió un alto el fuego y un acuerdo, que volvió a romperse en 2015. Antes, se celebraron elec- ciones, en octubre de 2014, que no fueron aceptadas por la oposi- ción, que consiguió un aumento significativo de los votos, por lo que exigió un gobierno de unidad nacional y, ya en 2015, la autonomía de las seis provincias bajo su control, donde se habían descubierto importantes yacimientos de hidrocarburos, demanda que fue recha- zada por el Parlamento nacional. En 2015, el gobierno decidió no extender el mandato de la Misión Internacional de Observación In- ternacional (EMOCHM), encargada de observar el alto el fuego, y la RENAMO rechazó al equipo mediador mozambiqueño y solicitó una mediación externa (del presidente sudafricano, Jacob Zuma, o de la Iglesia católica). Entre las medidas adoptadas, ya en 2014, se- ñalo la reforma de la Comisión Electoral Nacional, para ampliar el
cupo de la oposición; la propuesta de un programa de desarme y reintegración (DDR) para integrar las milicias de la RENAMO a las Fuerzas Armadas, que fracasó en 2015, por desacuerdos en la repar- tición de los cargos de mando. También en 2014, se concedió una amnistía sobre los actos violentos producidos desde 2012, se libera- ron a los presos de RENAMO y se celebraron nada menos que más de cien rondas de diálogo, entre 2014 y 2015, entre los equipos ne- gociadores del gobierno y la RENAMO. En cuanto a la participa- ción externa, en las elecciones de 2014 hubo una misión electoral de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), la UE y EE.UU. Para la observación del alto el fuego, se creó una Misión Internacional de Observación Internacional (EMOCHM), que ini- ció sus actividades en septiembre de 2014, con observadores de Sud- áfrica, Kenya, Cabo Verde, Portugal, Italia, Reino Unido y EE.UU., pero que, a principios de 2015, solo quedaban los contingentes afri- canos, al retirarse el resto debido a la ineficacia del organismo. En mayo, finalizó su presencia en el país, al no renovar el gobierno su mandato. Todo un fracaso, pues los enfrentamientos continuaron hasta 2016. En agosto de 2016, fuera del período de análisis de este estudio, se formó una Comisión Mixta de diálogo entre ambos parti- dos, con la intermediación de la UE, el Vaticano (la Comunidad de Sant’Egidio ya medió para obtener el acuerdo de paz de 1992) y Sudáfrica. A finales de 2016, la Comisión Mixta continuaba funcio- nando, creando nuevos grupos de trabajo para preparar la descen- tralización del gobierno y la revisión de la ley electoral. El principal centro regional de prevención, la SADC, no tuvo ningún papel rele- vante en la crisis.
De la República Democrática del Congo (RD Congo) se pueden
describir multitud de crisis, tanto internas como con algunos países vecinos (está rodeada por nueve países), pues lleva muchos años con una extrema conflictividad, especialmente en el este del país, mucha de ella armada, en particular desde 1998, hasta el punto de ser uno de los conflictos armados contemporáneos con tasas acumuladas de
letalidad más alta del mundo.91 Resumir en unas pocas líneas su
enorme conflictividad es, ciertamente, una impostura que debo aceptar, pues el país es tan enorme (2,3 millones de km²) y diverso (250 etnias), tan pobre su gente, pero tan rico en recursos minerales,
que, desde la independencia, ningún gobierno ha sido capaz de con- trolar la totalidad del país, aquejado de una extrema ingobernabili- dad y corrupción, con regiones que son objeto de rapiña y pillaje por milicias, transnacionales y élites corruptas, amén de un ejército con licencia para el saqueo y la violación de las mujeres. La situación de los derechos humanos ha sido siempre desastrosa. Existe incluso la duda profunda de si este país es realmente viable. Una parte impor- tante de la conflictividad en algunas zonas ha estado ligada a la lucha por el control de sus ricos recursos, entre ellos el apreciado coltán, usado para la fabricación de los teléfonos móviles, por lo que me atrevería a acuñar el término, nada metafórico, de «crisis sociopolíti-
ca con base geológica».92 No obstante esa complejidad, me centraré
en algunas de esas crisis, dejando a un lado sus conflictos armados. Señalaré algunos conceptos clave de los últimos años para hacerse una idea de la pésima situación del país: ausencia de cultura demo- crática, tras una larga dictadura; J. Kabila es el presidente desde 2001, y, aunque la Constitución no permite un tercer mandato presi- dencial, intentó volverse a presentar, como muchos otros presidentes africanos.93 Se produjo una crisis política tras las elecciones legislati- vas y presidenciales de 2011, acusadas de fraudulentas y cuyos resul- tados no fueron aceptados por la oposición. Ninguna de las eleccio- nes que deberían haberse celebrado posteriormente a las de 2011 ha tenido lugar, posponiéndose todas ellas, incluidas las de 2015, que quedaron aplazadas hasta 2018. El régimen se caracteriza por un au- toritarismo presidencial, la persecución de la oposición política y de los defensores de los derechos humanos, la falta de un censo electo- ral y las discrepancias para su realización. Hubo un intento de golpe de Estado en 2013, se promovió un «diálogo nacional», por segunda vez, que fue boicoteado por varias organizaciones políticas y que quedó inservible a finales de 2016, ya fuera del ámbito de este estu- dio, y en medio de nuevos rebrotes de violencia. Se creó una amplia coalición opositora, que exigió la celebración de las elecciones presi- denciales a finales de 2016, tal y como establecía la Constitución, sin éxito. Se produjeron amplias movilizaciones populares, duramente reprimidas, y hubo presiones del gobierno para reducir el tamaño de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República
tal cantidad de problemas. Respecto a este período, algunas de las medidas tomadas fueron las siguientes: el apoyo de la MONUSCO a la organización de las elecciones de 2011, que tuvo observadores del Centro Carter, la UE, la SADC y la Unión Africana; se creó un equi- po mediador para la crisis electoral, compuesto por el antiguo presi- dente de Ghana y el reverendo Jean-Paul Moka, líder del Mouve- ment Bleu en RD Congo. En 2013, se inició un diálogo nacional, por
iniciativa del gobierno.95 La organización estuvo en manos del presi-
dente de la Asamblea Nacional y del presidente del Senado. El pre- sidente de la República del Congo, fue el facilitador del diálogo. En febrero, se firmó el Marco para la Paz, la Seguridad y la Cooperación
para RD Congo y la Región de los Grandes Lagos,96 que estableció
un mecanismo nacional de supervisión para acompañar la imple- mentación de acciones a nivel nacional. Establecido dentro de la Re- pública Democrática del Congo, contó con el apoyo de las Naciones Unidas, la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo y otros socios bilaterales o multilaterales. El Marco también estableció un mecanismo de supervisión regional, conocido como el mecanismo «11 + 4», en el que participaron los dirigentes de la República De- mocrática del Congo, Angola, Burundi, República Centroafricana, Congo, Ruanda, Sudáfrica, Sudán del Sur, Uganda, Tanzania, Zam- bia, con las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC) y la Conferencia Interna- cional sobre los Grandes Lagos (ICGLR), en calidad de garantes. En marzo de 2016, el secretario general de la ONU reconoció que, des- pués de tres años, los avances logrados eran mínimos. En 2013, se liberaron más de mil presos, se permitió que siete antiguos grupos armados pudieran participar en las consultas del diálogo nacional y, al año siguiente, se formó un Gobierno de Cohesión Nacional. En enero de 2015, el Parlamento adoptó un proyecto de ley que incluía una disposición que condicionaba la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales a la organización de un nuevo censo na- cional. La ley, finalmente fue retirada por el gobierno, y la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) condicionó la puesta en marcha del calendario electoral a la resolución de cuestiones exter- nas ligadas al marco, así como disponer del presupuesto adecuado. El país es objeto de un seguimiento especial por parte del secretario
general de Naciones Unidas, que emitió 31 informes en el período 2010-2015, y tiene asignado un representante especial. La MONUS- CO tiene una Oficina de Derechos Humanos, que informa regular- mente sobre esta cuestión, sumamente degradada. En cualquier caso, y a pesar de las esperanzas que se pusieron en 2015 para poder celebrar las elecciones presidenciales en su momento, el resultado final fue de fracaso y engaño. A finales de 2016, hubo grandes mani- festaciones de protesta, que causaron víctimas mortales, por la deci- sión del presidente Kabila de retrasar las elecciones, y la sospecha de que intentaría volver a presentarse de alguna manera.
En cuanto a las crisis con sus vecinos, RD Congo ha tenido, des- de el genocidio de Ruanda de 1994, una relación conflictiva con este país vecino.97 En los años analizados, la síntesis es la siguiente: P. Ka- game es presidente de Ruanda desde el año 2000, aunque mandaba ya desde 1994, desde la vicepresidencia, y no tiene intenciones de abandonar el poder. Cada uno de los dos países ha apoyado a grupos armados que atacan al otro país, en una espiral que todavía no ha fi- nalizado y es motivo de crisis constantes. Es de destacar la ofensiva del grupo armado M23 contra los cuerpos de seguridad y la pobla- ción congolesa iniciado en 2012 y el apoyo de Ruanda a este grupo. En febrero de 2013 se firmó un acuerdo de paz entre 11 países afri- canos, en Addis Abeba, para estabilizar el este de RD Congo y la región de los Grandes Lagos, una iniciativa que ya se había repetido en anteriores ocasiones, con diferentes formatos, y nunca ha acaba- do de tener éxito. En 2012, algunos países retiraron la ayuda al desa- rrollo que destinaban a Ruanda, ante las informaciones reveladas sobre su apoyo a la rebelión congolesa. En noviembre de 2012, el presidente ruandés visitó Uganda para celebrar una reunión con sus homólogos congolés y ugandés. Ruanda, por su parte, en vísperas de asumir un puesto no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, señaló que desde esta tribuna intentaría promover todas las acciones encaminadas para fomentar el diálogo y la paz en RD Con- go. El presidente estadounidense, Barack Obama, también exhortó al presidente ruandés, que en principio era su aliado, a que pusiera fin al apoyo al M23. Los países de la SADC se reunieron en Tanzania en una cumbre de jefes de Estado previa a la de Addis Abeba, y de- cidieron enviar 4.000 soldados para la nueva misión que se organiza-
ra en RD Congo. También es de señalar la creación, en marzo de 2013, de una brigada de la ONU, integrada por soldados de países de la región bajo el mandato de la MONUSCO, que empezó a inter- venir en junio, junto a las Fuerza Armadas congoleñas, y que a fina- les de 2013 consiguieron derrotar al M23. En 2015, la ministra de Exteriores ruandesa criticó la inacción de la MONUSCO sobre la