Attrition rate

El Tribunal en sus consideraciones señala que la acción popular de carácter preventivo es procedente en el caso concreto, por la amenaza o riesgo que se produzca una vulneración a los derechos colectivos. Para empezar, analiza la licencia ambiental y señala los artículos 49 a 52 de la Ley 99 de 1993 y los artículos 3º y 8º numeral 16 y parágrafo del Decreto 1180 de 2003. Sobre este punto indica que la norma contiene:

dos premisas fundamentales a saber: que deben estar previamente señaladas por la ley o el reglamento la clase de obras y actividades cuya eje- cución tiene la potencialidad de producir efecto dañino o nocivo a los recursos naturales o al medio ambiente; y que el posible daño tienen carácter grave. Se infiere además, que la exigencia tiene como finalidad prevenir la ocurrencia de tal daño. Podría entonces afirmarse que el legislador estableció una presunción de peligrosidad para la estabilidad de los recursos naturales o el ambiente, en relación con la ejecución de determinadas obras o actividades.30

Esto se sustenta en el artículo 80 constitucional y materializa el derecho a participar por medio de la licencia ambiental.

Así mismo, el Tribunal trae a colación el artículo 13 de la Decisión 391 de 1996 de la CAN, referente al principio de precaución en el tema genético, así como el concepto emitido por el Ministerio de Agricultura del Perú en el cual se establece, respecto de la erosión genética, que “las causas son la in- troducción de especies y variedades foráneas; los procesos de transformación de las prácticas y sistemas agropecuarios tradicionales; y las exigencias de los mercados. La introducción de especies foráneas de plantas ha relegado a mu- chas especies y variedades nativas, por sustitución y competencia, y porque las introducidas son de cualidades superiores es productividad y competitividad en los mercados”.31

Esta normativa comunitaria reitera el Convenio sobre Diversidad Bio- lógica suscrito en junio 1996, ratificado por Colombia mediante la Ley 165 de 1994, por medio del cual Colombia se obligó a mantener y establecer medios para controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de organismos vivos como resultado de la biotecnología, así como a impedir que se introduzcan al país especies exóticas que amenacen los ecosistemas, hábitats o especies, a controlarlas y erradicarlas.

30 _{COLOMBIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Cuarta – Sub sec-}

ción B, Bogotá, octubre 17 del 2003, M. P. Beatriz Martínez Quintero. Demandante: Hernán Arévalo Roncancio. Expediente 2003-00181.

31 _{COLOMBIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Cuarta – Sub}

sección B, Bogotá, octubre 17 del 2003, M. P. Beatriz Martínez Quintero. Demandante: Hernán Arévalo Roncancio. Expediente 2003-00181.

El Tribunal también tuvo en cuenta el concepto de bioseguridad, en- tendida como “el conjunto de medidas” que permitan “salvaguardar la salud humana y animal, el medio ambiente, la diversidad biológica y el bienestar socioeconómico de las sociedades frente a posibles riesgos de la biotecnología, en relación con la manipulación, transferencia, la utilización y la liberación de organismos vivos modificados y sus productos”.32

Al respecto, la Ley 740 del 2002, por medio de la cual se aprueba

El Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica”, establece en el preámbulo sobre este aspecto que “el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos vivos mo- dificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, que establezcan (…) procedimientos adecuados para un acuerdo fundamentado previo.

Para el Tribunal “resulta indiscutible la necesidad de tramitar previa- mente a cualquiera otra autorización, una licencia ambiental que además de salvaguardar el derecho colectivo al goce de un ambiente sano, así como el desarrollo sostenible que garantice la supervivencia de las futuras generaciones también respete el derecho de la comunidad a participar en las decisiones que puedan afectarlo, consagrado en el artículo 79 de la carta política y aplicado en la Ley 99 de 1993”.33

En este orden de ideas, el Tribunal establece que según el principio de precaución el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene que intervenir a través de la licencia ambiental en el caso de los OMG, para evitar la consumación de un daño desconocido. Así mismo, en la sentencia se establece que se puede deducir que existe mayor justificación de la licencia en procedimien-

32 _{COLOMBIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Cuarta – Sub sec-}

ción B, Bogotá, octubre 17 del 2003, M. P. Beatriz Martínez Quintero. Demandante: Hernán Arévalo Roncancio. Expediente 2003-00181.

33 _{COLOMBIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, Sección Cuarta – Sub sec-}

tos de biotecnología, debido a la problemática mundial que se suscita cuando está previsto intervenir en las actividades relativas a la importación de especies foráneas. Así, a juicio del Tribunal “tampoco puede predicarse que la evaluación de riesgo realizada por el ICA reemplace al diagnóstico ambiental de alternativas y al estudio de impacto ambiental. Es claro que ni el decreto 1840 de 1994 ni la resolución 3034 de 1999, pueden estar por encima de la ley 99 de 1993 o desconocerla”.34

En este punto es importante enfatizar que la decisión del Tribunal respecto del punto de la licencia ambiental se fundamenta en la garantía de los derechos al medio ambiente sano, el desarrollo sostenible a través de la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en los diferentes estudios de impacto ambiental, basándose en el mayor rango legal que tiene la Ley 99 de 1993.

Por último, en la sentencia del Tribunal se observan dos aspectos donde se pone de manifiesto la mala fe en el proceso de liberación del algodón BT: una dilación injustificada y sospechosa de parte del ICA en el envío de la información solicitada por la magistrada sustanciadora sobre la autorización para sembrar 50.000 kilogramos de semilla de algodón Bt, y el vínculo entre la empresa interesada con el representante de Acosemillas, en contra de la moralidad ad- ministrativa.