Es imprescindible analizar históricamente, como fue evolucionando el derecho en nuestro país, así tenemos, que la palabra adulto mayor, en el Código Civil de 1860, no existía, el artículo 21 del mismo definía a infante o niño como aquel que no había alcanzado la edad de 7 años; impúber, al varón (término utilizado a la época), que no cumplía 14 años y la mujer que no cumplía 12; y por último se generalizaba el término adulto, a aquel que ya no era impúber, o simplemente denominado mayor de edad, o mayor, y que cumplió 21 años de edad.
Por ello, podemos determinar que es recién a partir de la vigencia de la Constitución de 2008, es donde se procede a determinar como un derecho exigible el cuidado y protección al adulto mayor por parte del Estado, que dicho sea de paso se ha demostrado que hasta la presente fecha no se concreta políticas públicas efectivas para alcanzarlo, ya que los recursos económicos que se requiere, nunca se los ha priorizado por parte de los entes encargados de la planificación estatal, los mismos fueron destinados como es de conocimiento público a la inversión, además y según los últimos eventos a una y quizá la más alarmante ola de corrupción que se haya visto, presenciado y lo que es peor como conocedores del derecho aceptado.
Digno de ser puesto en escena, y aunque no es materia de esta investigación resulta el analizar que en estos últimos casi 30 años, se ha vivido una de las épocas más inestables de la democracia del Ecuador, ello ha conllevado que se deje sin análisis muchos de los problemas sociales que aún aquejan a la sociedad, se conoce por ende que desde 1979 a 1996, en 17 años, fueron 5 los gobiernos que manejaron a este país; y, desde 1996 a 2006 en apenas 10 años fueron 8 gobiernos, con elección de 3 presidentes los mismos que no terminaron su periodo para el cual fueron electos, dando como obvio resultado el cambio en la planificación de los objetivos de gestión (Paz y Miño, La Asamblea Constituyente de 2007: Un nuevo ciclo, 2007).
Entonces, es necesario pensar, si tanta inestabilidad en el Ecuador ha llevado que los procesos de cambio social tan esperados, tarden tanto, si esta inestabilidad ha dejado como resultado no solo la pérdida de recursos económicos, sino los más aún valiosos, los recursos humanos y por ende, para quienes vivieron está época oscura la respuesta es obvia, se perdieron vidas humanas, y entre ellas las de personas adultas mayores, las
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mismas que no soportaron ver como el fruto de tantos años de esfuerzos y sacrificios se desvanecían en el tan mentado y conocido feriado bancario.
En esta época nace otro país, donde se marca aún más las brechas de las injusticias y desigualdades, los ricos más poderosos y los pobres más miserables, las oportunidades eran mínimas, la sociedad era cada vez más excluyente e inequitativa, provocando inmediatamente el deterioro social, ya que las condiciones de vida de la mayoría de la población eran angustiosas, los recursos económicos eran mínimos y estaban concentradas en pocas manos. La institucionalidad del Ecuador, totalmente entregada a los abusos de poder, a la corrupción, era una administración pública burocrática, clientelar de los partidos políticos de la época, eran ellos y solamente ellos quienes jamás sufrían por no saber que llevar a su hogar para satisfacer la más básica de las necesidades, la alimentación.
Entonces, bajo este contexto aparece en escena política un proyecto populista, que le daba a las personas la esperanza de ver plasmado lo que tanto pedían y reclamaban, un cambio total, acabar con todo lo que representaba a ese viejo país, incluido las estructuras políticas denominadas partidocracia y todo lo que ello representaba, es decir, con todos y cada uno de sus representantes y sus conocidas formas de negociar. No fue sorprendente para nada el triunfo de Rafael Correa y de su mayoría de Alianza País en la asamblea. Proceso que duró con este caudillo hasta el presente 2017 (Paz y Miño, ecuadorinmediato.com, 2006).
Esta breve síntesis, permite entender la lógica de cambio que vivió el Ecuador, se habló de una histórica transformación y modernización del Estado, se decía de voz en cuello que dejaríamos de ser un país primario exportador a ser un país que aprovecharía su biodiversidad, a través de procesos de desarrollo científico y tecnológico, dejando de ser extractivistas y basando a economía en el conocimiento, para lo cual se impulsaba políticas públicas de inversión en sectores estratégicos, uno de ellos, la educación como un sistema integral, mas, políticas sociales destinadas a los adultos mayores se quedaron sin atención.
c. Justificación conceptual
Gabriel García Márquez dijo, “la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido”, y eso es lo que ha pasado con nuestros adultos mayores, que han sido olvidados por la sociedad,
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parecería que los jóvenes actuales, no van a llegar a esa edad donde, aunque el cuerpo ya no responda como antes, probablemente se deba al peso de la sabiduría que se ha ido recolectando al caminar día a día por esta vida.
El problema que, para las familias, representan los adultos mayores, surge desde la forma como se debe llamarlos o denominarlos, se les dice, grupos de la tercera edad, ancianos, años dorados, abuelos, viejos, ancianos, sin entender que en cada una de esas formas va implícito el sentimiento que ellos generan, por ello, la Constitución hoy los denomina, adultos mayores, zanjando este dilema; pero ahora, más allá de eso, falta por implementar los mecanismos para el efectivo goce de sus derechos.
La sociedad excluyente en la que aún se encuentra inmersa el Ecuador, procura silenciar este problema latente que tenemos, los adultos mayores pasan en sus casas y al parecer son ellos quienes no desean que se los atienda, parece que son felices encerrados en sus casas, arrinconados, olvidados y eso si se habla de aquellos adultos mayores que aún pueden movilizarse por sus propios medios, que decir entonces, de aquellos que no poseen todas sus facultades, entre ellas la de poder moverse, perdiendo así toda posibilidad de acceder a los escasos servicios de salud pública.
Es entonces por justicia humana, que se debe tomar alternativas viables de solución, esta época ha sido denominada por varias personas como la década ganada, pero en este aspecto aún no se puede decir que ya se ha cumplido con las expectativas generadas, el nivel de atención es sumamente escaso, el talento humano formado para atender medicamente a estas personas es por demás escaso, las instituciones especializadas en su atención no son suficientes, el sistema de salud cada vez más débil, es ante esta realidad que surge nuevas ideas de enfrentar esta realidad, la misma que cuenta como su aliado a las institucionales ubicadas en el territorio.
Con la puesta en escena del Consejo Nacional de Competencias, la realidad de los gobiernos autónomos descentralizados, se ve diferente, corresponde a ellos, el asumir nuevas competencias que antes les eran negadas ya que estaban centralizadas o monopolizadas, la pregunta que surge ¿es están listas estas entidades para asumir estos nuevos retos?, desde lo económico hasta la formación de su talento humano, se ve en medio de un cambio sin regreso, o se cambia esta realidad para siempre o simplemente quedará demostrado la incompetencia para asumir esta nueva realidad.
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Es así, que en este nuevo contexto, donde además, de tener unas economías frágiles y dependientes de factores tanto internos como externos, los cantones y sus autoridades deberán buscar nuevas alternativas de financiamiento para cumplir con sus mandantes, corresponde a ellos, el velar por quienes en su momento generaron las posibilidades para que este país aún exista, brindándoles la posibilidad de que en su localidad se brinde servicios óptimos, con calidad y calidez, con eficiencia y efectivos.
Un punto adicional, resulta la formación de gente altamente especializada, resulta indispensable que se cambie la realidad de la educación, no solo desde el contenido de malla curricular, en los centros de alto estudio de salud, ya que solo ahí contaremos con las personas que puedan y deban atender a los adultos mayores, trabajo entonces para los generadores de política pública en materia de educación, son ellos quienes deben generar estos cambios y exigir a los centros de estudios comiencen a pensar más en este tema. No menos importante, resulta también el trabajar desde la formación inicial de los pequeños, son ellos quienes deben generar desde tempranas edades, el respeto, consideración y sobre todo el amor hacia estos seres humanos que mientras pasa el tiempo, se tornan más débiles, una sociedad que crece con valores de respeto, amor y consideración hacia todos, asegura sin duda alguna expectativa de mejores días, pero es el momento de trabar en ello.
Con este panorama, la propuesta de política pública plantea mecanismos que, además de crear trabajo multidisciplinario en redes interinstitucionales, permitan que el sector de los adultos mayores con problemas de movilidad se beneficie de las capacidades generadas mediante la aplicación de estos lineamientos para que alcancen estándares de vida digna.
3. Base legal
Actualmente, la legislación del adulto mayor en nuestro país a pesar de contar con la suscripción a tratados internacionales, al tener el reconocimiento en la Constitución, al ser tratado en varios cuerpos de Ley y reglamentarios, se han convertido en letra muerta, su normativa es contradictoria, superpuesta e inejecutable por temas de recursos económicos, de ahí la importancia de generar las políticas públicas que propicien su aplicación.
A continuación, se analiza el marco jurídico en el cual se desarrolla la propuesta de política pública destinada a fortalecer la efectiva aplicación de los derechos de los adultos
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mayores. Hay que recordar, que el marco constitucional nos establece los principios rectores sobre los cuales se debe sistematizar la política pública a nivel nacional, regional y local, es indudable también analizar la normativa secundaria que regula la aplicación de los derechos de los adultos mayores.
Así tenemos, que en el año de 2002, en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento Madrid, España, 8 a 12 de abril de 2002, se firma la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, el mismo que se centra en tres ámbitos prioritarios: las personas de edad y el desarrollo, el fomento de la salud y el bienestar en la vejez y la creación de un entorno propicio y favorable (ONU, 2003), en esta declaración los estados aceptan vincular el reconocimiento de los derechos de los adultos mayores en sus constituciones, como parte del bloque de derechos sociales reconocidos y garantizados.
De igual forma, en esta Declaración se reconoce cuatro cuestiones de inmenso interés para los estados participantes, los mismos que debían ser adoptados en el desarrollo de las políticas públicas propias (ONU, 2003) a saber son: