Data and visualization generation

El tema de justicia social como se ha venido desarrollando a través de este método cualitativo da puntos de partida importantes para el inicio de la construcción de una nueva justicia social incluyente, tal como se menciona en las entrevistas recolectadas, el cómo debe ser esta; pero esto no consolida en nada un nuevo orden o nuevos conocimientos porque en los casos concretos que se viven El Salvador se aprecia la falta de justicia y la falta de esa conjugación de justicia humana e incluyente, en ese sentido en el año 2007 La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), inicia su análisis explicando que esta Comisión se fundó el Primero de Abril de 1978 como herramienta de respuesta y asistencia a una grave situación

de violaciones a los derechos humanos que se recrudecería en los años posterior con el conflicto armado interno que se vivió en él.

El Salvador: Contexto de País y Situación de los Derechos Humanos y la incidencia de la Justicia Social en estos.

Uno de los puntos más importantes que contiene el informe brindado por la comisión expresa que la esperanza de vida al nacer de las y los salvadoreños es de 71 años, aunque de acuerdo a promedios en el caso de las mujeres puede aumentar a los 73 años y en los hombres descender a 67 años. La Tasa Global de Fecundidad es de 2.97 hijos por mujer en edad fértil, siendo la segunda tasa más baja de fecundidad en Centroamérica. Asimismo se establece que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2003 al menos 43 de cada 100 salvadoreños continuaban siendo pobres y 19 de cada 100 se encontrarían en estado de pobreza absoluta, al no poder cubrir ni siquiera el costo de la canasta básica de alimentos. El 33,6% de los hogares pobres tendría jefatura femenina, en la población rural la situación es peor.

Es decir que la pobreza total afecta a 55.8%, y 29.1% se encuentran en pobreza absoluta. Además, la canasta básica de alimentos para la zona rural es inferior en calidad y en costo que la urbana.

En el año 2007 el Gobierno presentó un mapa de la pobreza, elaborado por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL), la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-El Salvador, y coordinado por la Comisionada Presidencial para el Área Social. Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el mapa es, “en realidad, una primera aproximación a una problemática que ha sido priorizada en los municipios en los que se observa su mayor incidencia, habiéndose

registrado 68 de ellos bajo la categoría de pobreza extrema alta y 32 tipificados como de pobreza extrema severa. Esta información, sin embargo, no permite conocer certeramente cuántas personas se encuentran catalogadas como extremadamente pobres, aunque evidencia que éstas podrían llegar a alcanzar casi al 50% de la población de estos municipios e, incluso, en el caso de Torola, en el norte del departamento de Morazán, esta tasa llega al 60%.

Según datos del Gobierno, en los últimos diez años hubo un proceso sostenido de reducción de los índices de pobreza absoluta y relativa: “Las estimaciones indican que el 58% de la población en El Salvador vivía con menos de un dólar por día en 1991, esta proporción disminuyó a 39% en 2002, lo que significó una caída de 19 puntos porcentuales en relación con 2002.

No obstante de percibirse cierta reducción de la pobreza, las cifras oficiales no miden adecuadamente la magnitud de la pobreza y deben ser revisadas con urgencia.

De acuerdo al PNUD, “la dimensión del problema en El Salvador se subestima, debido a que la metodología para su cálculo utiliza supuestos que han perdido vigencia. Por ejemplo, se asume que el costo de la canasta ampliada (línea de pobreza relativa) equivale a dos veces el costo de la canasta básica alimentaria (línea de pobreza absoluta), pese a que en los últimos 10 años los precios de varios rubros de la primera, como electricidad y combustible, vivienda y educación han aumentado entre 4 y 10 veces más que los precios de los bienes incluidos en la segunda.

Un ajuste para reflejar los precios actuales de estos rubros significaría la ampliación del segmento que se encuentra por debajo de la línea de pobreza relativa.

En todo caso, el proceso de reducción de la pobreza, más que ser una respuesta a las políticas económicas y sociales desarrolladas por el Órgano Ejecutivo en la última década, ha dependido con fuerza de otros factores, especialmente del importante flujo de remesas de los trabajadores migratorios salvadoreños.

Por tanto, no puede afirmarse que en el mediano y largo plazo se garantizará la sostenibilidad de cualquier avance en el combate a la pobreza. Como ha dicho el PNUD, “En 1992, las remesas recibidas impidieron que un poco más del 4% de la población de las zonas rurales cayera en una situación de pobreza absoluta, 10 años más tarde, dicho porcentaje había subido a 8.6%. Entre esos dos años la pobreza absoluta rural bajó 7.9 puntos porcentuales.

De ello se derivan dos conclusiones: la primera, es que más de la mitad de la disminución registrada en la pobreza absoluta rural durante los últimos 10 años se explica por el aumento de las remesas; y la segunda, que si repentinamente el país dejara de recibir remesas, los niveles de pobreza absoluta rural ahora serían mayores que 10 años atrás; tal como se menciona en la noticia del Diario Digital Contra Punto, que enfatiza que la pobreza en la zona rural se agrava en el momento que se dejan de enviar las remesas y se da un incremento notorio en los casos de desempleo.(Ver Anexo 4). En las zonas urbanas el efecto de las remesas ha sido menor, pero siempre explica 4.7 puntos porcentuales de los 14 que se redujo en una década la pobreza absoluta. Es decir, también se debió a los emigrantes la tercera parte de la disminución de la pobreza absoluta urbana.

Economía: Concentración y Exclusión

Este es un punto de gran importancia en la labor investigativa es el tema económico y cuantitativamente se menciona que los resultados macroeconómicos del año 2006 en El Salvador, en comparación con 2005 y

2004 fueron favorables, pasando de un crecimiento económico de 1.8%, 2.8% a 4.2%, lo que representa el más alto porcentaje en el último decenio; sin embargo la economía del país continúa por debajo de las tasas promedio de crecimiento regional del 5% lo que en pone en tela de juicio las políticas económicas gubernamentales que se traducen en el bajo nivel de crecimiento a nivel micro económico en cuanto al costo de la vida, que se refleja así mismo en el costo de la canasta básica alimentaria, como es el caso del área rural que para el año 2005 se estimaba en $ 101.5 y el salario mínimo para este sector es de $ 74.06 ampliándose la brecha de manera muy significativa si aun se compara el costo de la canasta de mercado que subió de $648.50 en el año 2005 a $674.70 en el año 2006, y el salario mínimo urbano para el sector servicios y comercio es de $ 158.00.

De igual forma hay que mencionar que los procesos de ajuste estructural y los de privatización de los activos y servicios del Estado no han traído los beneficios anunciados para todos y todas, el desarrollo, representan solo una oportunidad para un pequeño pero poderoso sector de la sociedad que ahora dirige el gobierno.

El debilitamiento de la acción reguladora del Estado y la apertura externa, han propiciado un proceso de concentración acelerada de la riqueza y de profundización de la exclusión social.

Todos estos mecanismos han garantizado a los grupos económicos el poder acceder a la propiedad de empresas del Estado y de servicios públicos, con una alta rentabilidad; así mismo han operado sin mayores controles y supervisión del Estado, en relación a la calidad y los costos de los servicios que ahora prestan estas empresas privadas; así mismo la apertura externa, ha propiciado un aumento drástico de productos importados que han afectado a los pequeños y medianos productores, desplazándolos del mercado.

La concentración y desigual distribución de la riqueza y los ingresos se han profundizado. Sobre este tema existen suficientes estudios que explican cómo este factor y problema influye negativamente sobre: la formación del capital humano, la inestabilidad política, el débil crecimiento, el bajo ahorro nacional, la reducción del mercado interno, las limitaciones al sistema educativo, el acceso al mercado de trabajo y las bajas remuneraciones. De igual forma debilita el proceso de gobernabilidad y la credibilidad de las instituciones.

El Salvador es uno de los países de América latina, que presenta un índice de concentración o desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso más alto. El coeficiente de GINI promedio desde 1992 al 2002, para el Salvador ha sido de 0.54 evidenciando un alto nivel de desigualdad, el promedio mundial es de 0.40 y el de América Latina 0.41.

Según el informe sobre Desarrollo Humano 2003 del PNUD, El Salvador es un país con tremendas diferencias sociales y económicas y esas brechas habrían aumentado en los últimos diez años y han sido calificadas de “gigantescas”. Así, “para 1992 el 20% de hogares más ricos del país percibieron el 54.5% del ingreso nacional y el 20% más pobre el 3.2%. Diez años más tarde el 20% de hogares más ricos había aumentado su participación en el ingreso nacional a 58.3% y el 20% más pobre la había disminuido a 2.4%. Para el primer año, el quintil más rico recibía 17 veces más ingresos que el quintil más pobre; para 2002 la brecha se había ampliado a 24 veces.

Para tener una dimensión mayor del grado de desigualdad existente en el país podemos ver la estructura de distribución del ingreso entre el 20% más pobre de la población y el 20% más rico.

Este análisis elaborado en el año 2007 no deja de alejarse a la realidad que se vive en el país, puesto que basta con ver las escenas diarias de la vida para que sin dudar dos veces ni poner en tela de juicio la afirmación que esta realidad ha empeorado; la exclusión de sectores vulnerables es el pan de cada día, del 2007 hasta el 2011, la canasta básica, y los servicios se han elevado a extremos alarmantes y esto se debe precisamente a una sola situación y es que tal como lo mencionó el sub director ejecutivo de FESPAD, Lic. Abraham Abrego, las políticas de gobiernos buscan focalizar y ayudar a sectores pero no dejan de ser programas básicamente asistencialistas que dan a las personas una colaboración pero la pobreza sigue existiendo; la justicia no solo debe involucrarse con temas de carácter económico, no tiene que ver con el acceso a la educación, acceso a la salud, así como una participación activa en las tomas de decisiones de la vida de un país; dejar de lado esas prácticas asistencialistas y traducirlas en soluciones concretas y visibles.

En la historia del país la medida impulsada por el Órgano Ejecutivo, por el gobierno en general referente al incremento del salario mínimo en cada área social, tiene un fuerte componente político, ya que son medidas contingenciales para ganar votos de cara a las elecciones presidenciales o solamente estrategias políticas cuyo objetivo no es precisamente la de ayudar sino más bien es como una burla a las familias que verdaderamente necesitan. Sin embargo, la situación económica salvadoreña es tan precaria, que la misma no asegura un buen resultado.

Un incremento salarial que estuviese verdaderamente acorde con la situación económica, dinamizaría el crecimiento económico, lo cual dista mucho de la realidad actual, por lo que es necesario un mayor esfuerzo por parte de todos los actores sociales para la consolidación de una justicia incluyente.