Monetaria es un claro indicio del pensamiento neoliberal de los integrantes de la sala de ese entonces, puesto que a pesar que era innegable que en la realidad no se había debatido o no existía ninguna encuesta consultiva dirigida a los ciudadanos en cuanto a la vigencia de esta ley, fallaron desestimando la demanda presentada, bajo argumentos o presupuestos que carecen de elementos de inclusión social, interpretando la literalidad sin tomar en cuenta la justicia como principio orientador de la Constitución y mucho menos apegado a las necesidades de las mayorías, y cuando se observa que esta sentencia fue declarada desestimatoria, surge la interrogante ¿Cuáles fueron los motivos reales que fundaron este fallo?
En la exposición de motivos de la sentencia previa a dictar el fallo la Sala de Constitucional expone los fundamentos sobre los cuales se dictó desestimando la demanda interpuesta ante, hay que mencionar que estos criterios que valoró la Sala son sobre los que se tiene la certeza que constituyen elementos que excluyen a sectores de la sociedad y es más benefician solo a una minoría.
En primer lugar establece que la actividad económica se realiza por medio de determinados instrumentos:
(i) operaciones de mercado abierto (OMAS), por medio de las cuales la autoridad monetaria compra o vende títulos valores;
(ii) tasa de descuento, consistente en la tasa de interés a la cual la autoridad monetaria presta dinero a la banca; y
(iii) reserva legal, la proporción de los depósitos que las instituciones bancarias deben mantener en reserva.
Por medio de estos mecanismos flexibles la autoridad monetaria puede afectar la cantidad de dinero, para expandirla o contraerla, o bien influir sobre
la tasa de interés de corto plazo; proporcionando a la economía, de esta manera, la liquidez necesaria para el desarrollo normal y eficiente de sus actividades.
Estos instrumentos para la actividad económica monetaria en el desarrollo de las inversiones de la banca constituye una riqueza valiosa; no obstante el hecho de traer a mención solamente estos elementos es porque la sala a la hora de dictar que no existía ninguna inconstitucionalidad de la ley de integración monetaria estos instrumentos fueron los que tomaron en cuenta. De inicio se ha afirmado en el título del análisis que la sentencia emitida por la anterior Sala es una de las principales controversias que han dado inicio a un nuevo rumbo de la economía salvadoreña, en esencia se puede afirmar que esta sentencia es una de las más excluyentes, pero esta afirmación de carácter social en el ámbito económico se traduce en esos 3 instrumentos, las operaciones de mercado abierto: no se necesita tener un gran conocimiento en materia de macroeconomía para fijar la mirada que este instrumento de mercado abierto beneficia en primer lugar a los sectores que exportan e importan productos, y que este mercado libre beneficia a las grandes potencias para que su mercadería pueda distribuirse; pero qué hay del resto de la población, de aquellos que apenas sobreviven con el salario mínimo, de aquellos que trabajan la tierra dan sus productos a precio justo y los grandes los compran y los dan a mas altos precios y se vuelven ricos a costas de los más pobres, qué sentido tendría cambiar la moneda para los pequeños empresarios.
El segundo instrumento habla de un descuento a la tasa que presta dinero a la banca: pero quienes son los que realmente se benefician con esto, ¿será la población cuando el gobierno expresa que se hará un préstamo para seguridad pública y se implementa pero pese a ellos siguen existiendo 10 asesinatos por día? ¿O cuando el Estado anuncia un préstamo para
educación para bajar las tasas del analfabetismo y simplemente sigue existiendo un 30% de la población que es analfabeta? Entonces el cambio de la moneda simplemente es para que se la tasa tenga descuento, y no importa que los frutos de ese préstamo no sean aun visibles.
El tercer instrumento es la reserva legal, la proporción de los depósitos que las instituciones bancarias deben mantener en reserva; este tercer instrumento lejos de contribuir a la consolidación y fomento de la justica parece ser el hundimiento de los sectores más vulnerables, y es que basta dar un vistazo a las políticas del banco, la forma de cobrar intereses elevados, las tarjetas de crédito y sus tasas de inflación, para poder ver que estas reservas están solamente beneficiando al sector de la banca.
El cambio de colón a dólar en la realidad no es verdaderamente ese esfuerzo por crear políticas monetarias orientadas al bien común, se puede decir que en un sentido extremo esto ha constituido un verdadero calvario a la hora de traducirse en el dinero que se lleva al hogar para los alimentos; o como la gente en el calor popular menciona “ha venido a empeorar la situación económica”, “se gana en colones y se paga en dólares” ; expresiones que se refieren a que esta crisis económica no ha sabido enfrentarse de forma correcta por parte del Estado, ni desde la misma constitución.
La condiciones que se tenía en ese tiempo no eran las correctas para el cambio económico, se venía de una transición de guerra a la paz, se venía levantando a un pueblo de las ruinas, al hacer este cambio no se contaban con los elementos óptimos.
Definitivamente no interesa las exposiciones de las partes en la sentencia, puesto que ya se desestimó y hasta se está viviendo con el dólar, este es un esfuerzo por comprender que la sentencia desestimatoria no utilizo el principio de justicia social a la hora de emitir el fallo, no se detuvo a examinar el sujeto histórico, ni a revisar la realidad que se tenía, por lo cual excluyo a
los sectores más oprimidos, se limitó a decir que las nuevas políticas y los instrumentos beneficiarían más a la población.
Tomando en cuenta todo lo planteado en éste capítulo de la investigación, se hacen las siguientes acotaciones:
Para alcanzar la inclusión y la justicia social en los Estados Democráticos como El Salvador deben tomarse en cuenta diversos factores indispensables que permitan el desarrollo no solo económico sino también humano y por
consiguiente el bienestar social, cultural, tecnológico, etc. El desarrollo es un proceso que permite una vida digna y disminuye los
índices de exclusión social, con lo que lógicamente se logra la justicia social; pero lo anterior solo puede darse mediante el respeto de los derechos humanos, la equidad en las relaciones sociales y la justa distribución de las riquezas; a su vez estos factores facilitan la gobernabilidad y la democracia, pues el Estado estaría garantizando la prestación de los servicios sociales ya no solamente a un determinado número de la población sino que llegan a la mayoría y prioriza a los ciudadanos más vulnerables, esto es el deber ser de la actividad del Estado, es por lo que debe luchar, lo que debe garantizar porque para eso fue constituido; pero al contrastarlo con la realidad el desarrollo sostenible no se está concretando, la desconfianza e inconformidad en las políticas del Estado para asegurar la justicia e igualdad es innegable y el debilitamiento de la institucionalidad es notable. La marginación, la exclusión y la pobreza son problemas que necesitan soluciones contundentes que fortalezcan la base social, que potencialicen a los individuos que se desenvuelven dentro de ella; se sabe que las soluciones no darán resultados de una forma inmediata y mágica sino que vendrán a mediano y largo plazo, pero es necesario que para concretar éstas condiciones de desarrollo, inclusión y justicia social debe existir unificación de criterios, una integración de los poderes del Estado y las fuerzas sociales,
la modernización de las instituciones del Estado para que sean capaces de asegurar la justicia, los derechos humanos y los derechos sociales; el Estado no debe apostar solamente al crecimiento económico sino también debe preocuparse por que éste crecimiento sea justo y no propicie aún más la exclusión social; es necesario un Estado articulado y verdaderamente democrático que fomente valores como la tolerancia, que sea integrador, que sus políticas sean resultado del consenso y no de la arbitrariedad y la exclusión, que garantice la igualdad y el respeto a los derechos humanos (sociales, culturales, económicos, políticos, etc.); el reto del país es construir éstas condiciones básicas para alcanzar la justicia social.