5.5 Identification strategy
5.6.1 Direct gender effects
Detención arbitraria y desaparición
El 26 de marzo de 2011, cerca de las 7 p.m., cuatro civiles —Juan Carlos Chavira, de 28 años, Dante Castillo, de 25, Raúl Navarro, de 29, y Félix Vizcarra, de 22— fueron detenidos por miembros de la Policía Municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Cinco testigos informaron al Visitador Especial en Ciudad Juárez para la atención a víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, que policías habían detenido la camioneta pick-up en la cual viajaban los civiles y que luego los arrestaron425.
Los familiares de las víctimas encontraron la camioneta pick-up abandonada el 27 de marzo, a la 1 a.m., en un túnel a varias millas de distancia del lugar donde habían sido detenidas. Las matrículas del vehículo habían sido quitadas y las llaves se encontraban en el piso, dentro de la camioneta426.
El 27 de marzo, Rosa María y Armida Vázquez —madre y hermana, respectivamente, de dos de los hombres desaparecidos— acudieron a distintas delegaciones de la Policía Municipal, la Policía Federal y ante agentes del Ministerio Público estatal y federal para averiguar si sus familiares se encontraban bajo su custodia. Todos ellos negaron que los hombres se encontraran allí detenidos. Cuando Armida Vázquez informó al agente del Ministerio Público estatal que quería presentar una denuncia por su desaparición y exigir que se iniciara una investigación, se le informó que debía regresar al día siguiente, según el testimonio ofrecido por Vázquez ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Chihuahua427.
Armida Vázquez regresó el 28 de marzo y presentó una denuncia oficial ante el Ministerio Público estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. También se contactó con la Policía Municipal, la PGR, la SEDENA y las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en México D.F. para
425 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Gustavo de la Rosa Hickerson, Visitador Especial en Ciudad Juárez para la atención a víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Ciudad Juárez, México, 1 de abril de 2011.
426 Serie de 6 fotografías tomadas el 27 de marzo de 2010 por familiares de una de las víctimas, las cuales fueron
proporcionadas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos-Chihuahua el 28 de marzo. La Comisión entregó copias de las fotografías a Human Rights Watch el 1 de abril de 2011. Las fotografías muestran la ubicación del túnel donde se encontró la camioneta, la ausencia de matrícula y las llaves encontradas en el piso del asiento del conductor (en los registros de Human Rights Watch).
427 Denuncia presentada por Rosa María Vázquez, madre de dos de las víctimas, a José Luis Armendariz González,
pedir información acerca de si sus familiares estaban detenidos a disposición de estas autoridades, pero ninguna proporcionó datos sobre su paradero428.
El 29 de marzo, los familiares de las víctimas presentaron un amparopara conocer el paradero de los detenidos, el cual fue concedido por la justicia. No se pudo encontrar a estas personas durante una búsqueda efectuada por funcionarios judiciales en varias estaciones de policía429.
La investigación
Algunos testigos proporcionaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua el número de cinco patrullas policiales que habrían intervenido en la detención de los civiles —417, 420, 504, 506 y 509—, y la Comisión entregó la información a los agentes del Ministerio Público estatal430. Dos de las unidades que presuntamente habrían intervenido
en los sucesos pertenecían al Grupo Delta, una unidad de élite de la Policía Municipal431.
En la semana siguiente a la desaparición de los civiles, el Ministerio Público estatal comentó públicamente que estaba investigando el caso y el alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, declaró que había ordenado a la oficina de asuntos internos que iniciara una investigación432. No obstante, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Chihuahua informó a Human Rights Watch que los agentes del Ministerio Público estatal no tomaron los recaudos suficientes para intentar localizar a testigos o interrogar a policías que pertenecieran a las unidades identificadas. A instancias de Gustavo de la Rosa, varios testigos se acercaron al Ministerio Público estatal para contar su versión de las detenciones ilegales. Por su parte, la Policía Municipal negó haber detenido a los cuatro hombres433.
428 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Acta Circunstanciada en la cual Gustavo de la Rosa Hickerson
documenta las 6 fotografías proporcionadas por la familia y las llamadas telefónicas efectuadas a la Policía Municipal, la PGR, el Ejército y las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en México D.F. para pedir información acerca de si sus familiares estaban detenidos a disposición de estas autoridades, si bien todas señalaron que no habían detenido a los 4 hombres, 28 de marzo de 2011.
429 Mensaje de correo electrónico enviado por Gustavo de la Rosa Hickerson, Visitador Especial en Ciudad Juárez para la
atención a víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, a Human Rights Watch, 6 de mayo de 2011.
430 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Gustavo de la Rosa Hickerson, Ciudad Juárez, Chihuahua, 1 de abril de 2011. 431 Delta significa Departamento Especial Logístico Táctico de Ataque. El grupo se formó inicialmente en 2005, durante el gobierno
del anterior alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal. Fue conformado nuevamente en octubre de 2010. “Agentes ligan con 'levantón' y multihomicidio a deltas ex militares”, El Diario, 15 de abril de 2011,
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/04/15&id=c31bf7fbe0e66d9ffe6de28a900414bf (consultado el 18 de Mayo de 2011). Ver también, “Desde su nacimiento rodea la polémica al Grupo Delta”, El Diario, 17 de abril de 2011,
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/04/17&id=ebbe9a93efda9ad99c73e736eb45638d (consultado el 18 de mayo de 2011).
432 “Ordena Teto indagar a policías plagiarios”, El Mexicano, 31 de marzo de 2011,
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2023615.htm (consultado el 18 de mayo de 2011).
433 “México debe investigar desapariciones forzadas en Ciudad Juárez”, comunicado de prensa de Human Rights Watch,
Washington, DC, 4 de abril de 2011 (http://www.hrw.org/news/2011/04/04/mexico-investigate-enforced-disappearances- ciudad-Juárez).
El 8 de abril, un juez de garantías ordenó que se detuviera por el delito de desaparición forzada a tres policías municipales del Grupo Delta asignados a las unidades identificadas por los testigos. El 14 de abril tuvo lugar la primera audiencia del caso. Ese mismo día, se descubrieron los cuerpos de los cuatros civiles, y la audiencia se suspendió
momentáneamente. Tres de las víctimas habían sido degolladas, y una había sido asfixiada; todas presentaban signos de tortura434.
El Ministerio Público estatal inició una investigación independiente por homicidio luego del hallazgo de los cuerpos. El 15 de abril, un juez acusó a dos de los policías por
desaparición forzada de personas, robo de vehículo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, mientras que el tercer policía fue procesado por desaparición forzada y robo de vehículo435. El Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha instado a
los agentes del Ministerio Público estatal a ampliar la investigación e incluir al menos a otros 15 policías que habrían participado en la detención de las víctimas436.
En la audiencia sobre desaparición forzada, agentes del Ministerio Público y testigos declararon que aproximadamente una hora antes de la desaparición, dos de las víctimas habían intervenido para defender a un menor que estaba siendo agredido por policías. Según el testimonio de testigos, una de las víctimas intentó impedir que policías
golpearan al menor, y entonces le propinaron un culatazo en la cabeza con un fusil y cayó al suelo. Luego la policía habría emitido dos disparos que impactaron cerca de su cabeza.
El día en que los policías fueron acusados del delito de desaparición forzada, el agente del Ministerio Público de estado Mario Ramón González Echavarría, al frente de la investigación del caso, fue asesinado en la puerta de su vivienda437.
En octubre de 2011, más de seis meses después del asesinato de las víctimas, la
investigación por el delito de desaparición forzada se encontraba paralizada, según relató
434 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Gustavo de la Rosa Hickerson, Ciudad Juárez, Chihuahua, 15 de abril de 2011.
435 Correo electrónico enviado por Gustavo de la Rosa Hickerson, a Human Rights Watch, 6 de mayo de 2011. Ver también “Dan
formal prisión a los tres policías municipales detenidos”, El Diario, 15 de abril de 2011,
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/04/15&id=cfcfeb22d5bd5c08c1255d14eea66812 (consultado el 18 de mayo de 2011)
436 Según Carlos Gutiérrez Casas, Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, “La CEDH solicitó
información a esa dependencia y respondió que ya está colaborando con la Fiscalía General para resolver esta situación. Pero, ahora, aún cuando hay tres consignados, los datos que han sido proporcionados aquí y a la propia Fiscalía establecen que no son los únicos involucrados, entonces aproximadamente hay 15 elementos que participaron en esta desaparición”. Según se cita en Juan de Dios Olivias, “Exigen ampliar investigación a otros policías”, El Diario, 14 de abril de 2011,
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/04/14&id=936cc8e4066f350adf735c3eb37dd902 (consultado el 18 de mayo de 2011).
437 “Asesinan a mando policíaco en Juárez”, SDP Noticias, 15 de abril de 2011,
de la Rosa a Human Rights Watch438. Y, según agregó, ningún policía había sido acusado
por el asesinato de las víctimas.
Ataques y amenazas contra familiares de las víctimas
En el período transcurrido entre el hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la acusación de tres policías por su desaparición, los familiares de las víctimas han sufrido persistentes actos de persecución y amenazas por parte de funcionarios estatales, señaló de la Rosa439.
Otros dos familiares de las víctimas fueron asesinados en hechos diferentes, aunque sus responsables no pudieron ser identificados. Incluso, los familiares de las víctimas informaron haber visto patrullas policiales esperando en el exterior de sus viviendas, y haber sido seguidos por policías en lugares públicos. Desde entonces, prácticamente la totalidad de los familiares de las víctimas se han ido de Ciudad Juárez440.
Retórica despectiva del alcalde de Ciudad Juárez
En septiembre de 2011, el alcalde de Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, fue entrevistado por un periódico mexicano. En esa ocasión, se le preguntó acerca de la desaparición forzada y el asesinato de los cuatro civiles441. En particular, al alcalde se le preguntó si
tenía conocimiento de las llamadas realizadas por Human Rights Watch para investigar los presuntos delitos, incluida la posible participación del jefe de policía de Ciudad Juárez, Julián Leyzaola, cuya intervención en casos de tortura había sido documentada
previamente por Human Rights Watch442.
Lardizábal respondió: “A mí no me interesa eso, lo que me interesa es que [Leyzaola] está dando resultados y los juarenses estamos muy contentos con él. Y agregó: “No tengo ninguna denuncia contra [Leyzaola] sobre derechos humanos, y si en el pasado se tomó una Pepsi en un lugar equivocado, de eso yo no tengo conocimiento”. El Alcalde
Lardizábal, quien es además responsable de designar al jefe de policía de la ciudad, no sólo dio a entender que las violaciones de derechos humanos no tenían importancia siempre y cuando el jefe policial que designara estuviera “dando resultados”, sino que además asimiló graves actos de tortura con tomar un refresco en el lugar equivocado.
438 Entrevista telefónica de Human Rights Watch con Gustavo de la Rosa Hickerson, México D.F., 17 de octubre de 2011. 439 Ibíd.
440 Ibíd.
441 Fernando Camacho Servín, “Minimiza el alcalde de Juárez acusación contra jefe policíaco por desapariciones”, La Jornada, 10 de
septiembre de 2011, http://www.jornada.unam.mx/2011/09/10/politica/010n1pol (consultado el 11 de septiembre de 2011).
442 Carta enviada por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, al Presidente Felipe Calderón,
“Seguridad pública y derechos humanos”, 24 de septiembre de 2010, http://www.hrw.org/news/2010/09/17/mexico-letter- president-calderon. Ver en la carta la sección “Tijuana no es un modelo de seguridad pública”, donde se documentan violaciones de derechos humanos cometidas por Julián Leyzaola, que entonces era jefe de la policía municipal de Tijuana, Baja California, y otros policías a su cargo, que incluían detenciones arbitrarias, detenciones en condiciones de incomunicación y torturas.