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Resumen
El 28 de diciembre de 2009, policías ministeriales de Huamuxtitlán, Guerrero, requisaron el taller mecánico y la vivienda de la familia Ramírez, y golpearon a varios miembros de una familia que cuestionaron a los policías por haber ingresado sin la correspondiente orden judicial. Los policías detuvieron arbitrariamente a un adulto y a un menor dentro del taller, los subieron a vehículos sin ningún tipo de insignia y, antes de entregarlos al
Ministerio Público estatal, condujeron sin rumbo determinado por más de 4 horas, durante las cuales los golpearon y amenazaron con inculparlos por delitos que no habían
cometido si denunciaban el maltrato. Una investigación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero comprobó que los policías municipales habían dado a las víctimas un trato cruel, inhumano y degradante, y que el allanamiento en el taller mecánico había sido ilegal. Si bien varios familiares han identificado a los policías que participaron en la requisa, ningún policía fue acusado en relación con ninguno de los delitos. A su vez, la familia Ramírez ha sufrido reiteradamente amenazas de muerte tras interponer acciones penales contra los policías.
El incidente
El 28 de diciembre de 2009, cerca de las 11 a.m., un grupo de policías ministeriales llegaron al taller mecánico de la familia Ramírez en Huamuxtitlán, Guerrero, y comenzaron a requisar los automóviles que estaban allí. La vivienda de la familia estaba ubicada detrás del negocio, donde trabajaban varios miembros de la familia. Lucino Ramírez Joachinillo, de 34 años, se acercó a los policías y les preguntó si tenían una orden de allanamiento274. Según varios
testigos, uno de los policías respondió “Nosotros no necesitamos ninguna autorización de ningún pendejo”, y siguió revisando los vehículos275. Lucino le indicó a su familia que
llamaran a la Policía Municipal y les informaran que policías ministeriales estaban llevando a cabo un allanamiento sin la correspondiente orden judicial.
Cuando los policías intentaron pasar del negocio a la vivienda de Ramírez, Lucino preguntó nuevamente si tenían una orden judicial y pidió que esperaran a que llegara la Policía Municipal antes de ingresar a la vivienda. Esta vez, según varios testigos, uno de los policías lo tomó por el cuello y otros comenzaron a golpearlo en el pecho y la espalda con las culatas de sus fusiles. El padre de Lucino intentó intervenir para que los policías
274 Entrevista de Human Rights Watch con Lucino Ramírez Vázquez, Huamuxtitlán, Guerrero, 31 de agosto de 2010. A menos
que se indique algo distinto, las versiones de las víctimas se obtuvieron del relato de Lucino y de sus familiares.
275 Entrevista de Human Rights Watch con Lucino Ramírez Joachinillo, Araceli Ramírez Joachinillo y Diocelina Arzola Romero,
dejaran de golpearlo, pero también él fue agredido. Si bien no ofreció resistencia, los policías golpearon con sus fusiles a Lucino en el cuerpo y arriba de ambos ojos. Heriberto Ramírez Alvarado, de 17 años y sobrino de Lucino, comenzó a pedir a gritos a los oficiales que dejaran de golpearlo, y entonces un policía le propinó un puñetazo en el estómago y la nariz. Lucino y Heriberto fueron subidos a una camioneta pick-up blanca sin insignias, esposados y obligados a acostarse boca abajo.
La cuñada de Lucino comenzó a filmar el allanamiento ilegal con una cámara de video. Dijo que un policía se la arrebató de las manos, la arrojó al piso y confiscó los pedazos rotos. Luego tomó otra cámara que tenía en la vivienda y comenzó a tomar fotografías de los policías mientras golpeaban a los civiles. Cuando un policía advirtió que nuevamente estaba tomando fotografías, corrió en dirección a ella. La cuñada de Lucino salió corriendo, y escondió la cámara en un arbusto. El policía finalmente la alcanzó, le apuntó con un arma y le dijo “¿Dónde está la cámara, pinche puta?”. Cuando se negó a decirle dónde estaba, el policía regresó al vehículo que se iba con los detenidos. Los familiares
recuperaron la cámara luego de que se fueron los policías, y posteriormente mostraron las fotografías a Human Rights Watch, donde se observan policías uniformados que
inspeccionan el taller y se llevan a Lucino, que estaba herido.
Lucino y Heriberto no sabían adónde estaban siendo llevados. Primero los condujeron a la sede central de la Policía Ministerial en Huamuxtitlán, donde los hicieron descender del vehículo brevemente mientras los policías hablaban entre ellos. Luego fueron subidos nuevamente al vehículo y los policías comenzaron a conducir sin rumbo determinado por la ciudad y las afueras. Según Lucino, los policías les propinaron patadas y golpes con las armas en varias ocasiones, mientras permanecían esposados.
En un momento los policías ministeriales se acercaron a un retén de la Policía Municipal y, antes de llegar, detuvieron el automóvil y limpiaron la sangre del rostro de Lucino y
Heriberto. Los policías les dijeron que si alguien les preguntaba, debían decir que las heridas se habían producido por una caída. Los policías también les advirtieron que si le decían a alguien qué había sucedido, la Policía Ministerial les colocaría armas para incriminarlos y diría que trabajaban para el cartel de los Beltrán Leyva.
En el retén, Lucino y Heriberto fueron entregados por los policías ministeriales a la Policía Municipal, y luego fueron trasladados a la sede de la municipalidad de Huamuxtitlán. Lucino indicó apenas llegó que deseaba presentar una denuncia. Dijo que, mientras esperaba al agente del Ministerio Público estatal, uno de los policías que había
intervenido en su detención se le acercó y le susurró en el oído que él y su familia serían asesinados si contaba lo sucedido.
Desde el momento en que Lucino y Heriberto fueron secuestrados hasta que fueron puestos a disposición del Ministerio Público estatal —aproximadamente 4 horas—, sus familiares no supieron dónde se encontraban. Los padres de Lucino dijeron a Human Rights Watch que, durante ese período, recibieron una llamada telefónica y les dijeron que si querían ver a sus seres queridos con vida nuevamente debían pagar una cantidad de dinero considerable276.
Los familiares de Lucino lo filmaron mientras presentaba una denuncia oral ante agentes del Ministerio Público estatal. Los familiares mostraron a Human Rights Watch el video, donde se observa que Lucino tiene contusiones y cortes en el rostro y sangre en la camiseta, mientras relata los abusos sufridos277.
La investigación
Cuando Lucino y Heriberto fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público estatal, les practicaron pericias médicas. En el caso de Lucino, la pericia concluyó que no presentaba “heridas de gravedad”. Lucino dijo que en la revisión médica se subestimó notoriamente la gravedad de las heridas. Contó a Human Rights Watch que debió guardar reposo durante una semana debido a las lesiones sufridas, y que no pudo trabajar durante un mes.
El 15 de enero, agentes del Ministerio Público estatal registraron un acta ministerial a partir de la denuncia de Lucino278. La madre y la cuñada de Lucino se presentaron en la
Fiscalía Especializada para examinar fotografías de policías ministeriales e identificaron a cuatro de los hombres que habían participado de la requisa en su taller. Entre los
identificados estaba Humberto Velázquez Delgado, jefe de la Policía Investigadora Ministerial en Huamuxtitlán. El Ministerio Público estatal recién inició oficialmente una investigación formal casi cinco meses después del incidente, el 6 de mayo de 2010279. El
276 Entrevista de Human Rights Watch con la familia Ramírez, Huamuxtitlán, Guerrero, 31 de agosto de 2010. 277 Ibíd.
278 Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, “Acta Ministerial”, ZAR/AM/01/050/2009, 8 de abril de 2010, según se cita en Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Recomendación 124/2010, 18 de noviembre de 2010, http://www.coddehumgro.org.mx/coddehumgro2011/archivos/recomendaciones2010/REC.124.pdf (consultado el 2 de agosto de 2011).
279 Se asignó a la investigación el número ZAR/01/005/2010, según la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, Recomendación 124/2010, 18 de noviembre de 2010,
http://www.coddehumgro.org.mx/coddehumgro2011/archivos/recomendaciones2010/REC.124.pdf (consultado el 2 de agosto de 2010).
20 de mayo, Lucino, su padre y Heriberto identificaron a los mismos cuatro policías que habían participado en la requisa, y a otros tres más280.
La versión de las detenciones ofrecida por la Policía Ministerial, que fue firmada por el Jefe Humberto Velázquez Delgado, afirma que los policías visitaron el taller mecánico como parte de un operativo regional destinado a buscar automóviles robados y encontrar personas prófugas contra quienes se hubieran emitido órdenes de detención. El informe de Velázquez señaló que el operativo había sido coordinado con autoridades civiles y policías estatales281.
Reconocía que la policía no contaba con órdenes de allanamiento para inspeccionar el taller mecánico de Ramírez, pero afirmaba que “los talleres mecánicos no eran propiedad privada porque son lugares públicos, por lo que no necesitaban orden de cateo”.
Según la policía, Lucino fue arrestado por golpear a un policía que intentaba allanar su vivienda sin una orden judicial. El informe policial no explicó por qué Heriberto Ramírez también había sido detenido, ni qué sucedió con los dos hombres durante las cuatro horas transcurridas desde el momento en que fueron detenidos hasta que fueron puestos a disposición de la Policía Municipal en el retén, que se encontraba a una distancia de menos de 30 minutos en automóvil de su vivienda.
Persecución y amenazas
A poco del incidente en la vivienda de los Ramírez, varios residentes de Huamixtitlán conformaron un consejo ciudadano con el fin de brindar presencia civil inmediata en otros casos de abuso policial. Residentes de seis barrios distintos se sumaron al grupo y
participaron en reuniones periódicas.
El 6 de abril, Lucino recibió una llamada en su teléfono celular de un hombre que afirmó que le habían dado los nombres y las direcciones de Lucino y su familia para matarlos. El hombre que hizo la llamada le advirtió “Entonces, atente a las consecuencias, algún familiar tuyo va aparecer decapitado y embolsado como se ve en las noticias”. El hombre dijo que si Lucino no se iba de Huamuxtitlán antes del mediodía del día siguiente: “Me voy a levantar a un chiquillo suyo y se lo voy a decapitar afuera de su domicilio. Y créeme que esto no va a ser por dinero, viejo, sino por orgullo propio y va a ver el poder que yo tengo aquí en el poblado aquí y en Chilpancingo. ¿Eso es lo que usted quiere para su familia?”.
280 Ibíd.
Lucino denunció la amenaza inmediatamente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (en adelante, la Comisión). El 7 de abril de 2010, la Comisión pidió al estado que tomara medidas para proteger a Lucino y sus familiares, incluida la asignación de patrullas de la Policía Estatal y escoltas de la Policía Municipal. También exhortó a la Policía Ministerial a que se abstuviera de amenazar a la familia Ramírez e instó al Ministerio Público estatal a acelerar su investigación. La Policía Estatal y el alcalde aceptaron estas medidas el 12 y 13 de abril, respectivamente282. Según la familia Ramírez, la Policía
Municipal no proporcionó escoltas en forma continua, como había ordenado la Comisión. Informe de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero El 18 de noviembre de 2010, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero emitió un informe detallado sobre el caso que concluyó, luego de una
investigación exhaustiva, que la Policía Ministerial había cometido diversos abusos, como allanamiento e incautación ilícitos, detención arbitraria, y trato cruel inhumano y degradante.
La Comisión identificó numerosas contradicciones en la versión del incidente ofrecida por la Policía Ministerial. Por ejemplo, si bien el jefe de la Policía Ministerial afirmó que fue Lucino quien golpeó a un policía —lo cual supuestamente justificaba su detención—, los policías dijeron que fue Heriberto quien había golpeado a un agente. Asimismo, y contrariamente a lo señalado por la Policía Ministerial, las autoridades estatales, incluida la alcaldía y la Policía Estatal, negaron haber sido informadas previamente del supuesto operativo.
Las pericias médicas practicadas por expertos del Ministerio Público estatal observaron que Lucino y Heriberto presentaban heridas en el rostro y el cuerpo compatibles con las lesiones que, según afirmaban, fueron causadas por policías. A su vez, tanto el jefe regional de la Policía Estatal como el síndico procurador de Huamuxtitlán reconocieron que los detenidos mostraban signos evidentes de lesiones.
La Comisión rechazó la afirmación de la Policía Ministerial de que podían efectuarse
allanamientos y detenciones sin las correspondientes órdenes judiciales, y determinó que: “no se demuestra que [las víctimas] estuvieran cometiendo delito en flagrancia, o bien en urgencia, máxime que se advierte en autos una vez que se revisó el citado taller no se encontró ningún hecho ilícito”. La Comisión concluyó que las detenciones no se encontraban justificadas y se habían llevado a cabo en forma arbitraria.
Ninguno de los policías identificados por la familia Ramírez ha sido acusado penalmente. A su vez, se ha iniciado una investigación de asuntos internos para determinar la posible conducta indebida de siete policías en este caso, pero la investigación aún está en curso y ninguno ha recibido sanciones administrativas283.