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Este capítulo muestra las enormes consecuencias psicosociales y secuelas en la salud que han tenido las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental. En los centros clandestinos de detención, el único periodo en que el Estado se hizo cargo de la atención en salud de algunas víctimas fue hacia el final del periodo de desaparición forzada, entre 1989 y 1991 cuando las condiciones de detención empezaron a ser algo mejores debido al avance de las negociaciones entre el Frente POLISARIO y el régimen de Marruecos. Al- gunas personas detenidas que se encontraban en grave situación de salud fueron sacadas de dichos centros para recibir tratamiento médico o quirúrgico.

En el año 1989 fui operada de hemorroides y al año siguiente de la vesícula, en unas condiciones sanitarias lamentables, permaneciendo atada de un pie a la cama bajo una manta y con un guardián que se hacía pasar por enfermero en la puerta de la habitación y sin recibir tratamiento analgésico, ni antibiótico. Mamia Salek Abdessamed.

Las respuestas dadas posteriormente por el Estado a las necesidades de salud de las vícti- mas saharauis han sido limitadas. Mientras el Comité de Arbitraje pidió determinaciones del nivel de discapacidad para evaluar las indemnizaciones que otorgaría posteriormente, la IER redactó dictámenes en los que en muchas ocasiones se recomendaba al Estado poner en marcha medidas de reintegración social incluyendo la atención en salud a las víctimas. Sin embargo, mientras el informe de la IER16 _{incluye un estudio acerca de la}

situación de salud y enfermedades que padecía un grupo de víctimas, señalado como un estudio piloto para poner en marcha la atención en salud, ninguna de las personas entre- vistadas para este estudio y que habían presentado sus demandas ante cualquiera de las dos instancias refirió haber recibido una atención específica por parte de un programa para la atención a las víctimas como medida de reparación.

Las víctimas saharauis que han presentado una demanda y que cuentan con un dicta- men de la IER o el CAI y justifican que no tienen un cobertura médica o seguro social, reciben después de unos meses una tarjeta sanitaria del Fondo Nacional de Organismos de Seguridad Social (Caisse Nationale des Organismes de Previsión Sociale, CNOPS). Esta tarjeta no cubre todas las prestaciones y es lo mismo para las víctimas de violacio- nes de derechos humanos como los ex desaparecidos o los familiares de desaparecidos que para la población general. Según Amnistía Internacional17 _{dichas prestaciones solo}

cubren entre un 30 por ciento y un 80 por ciento de los gastos, y el porcentaje varía se- gún el tipo de servicio. Dichas limitaciones son totalmente injustificadas en los casos en que los daños han sido producidos por las violaciones de derechos humanos de las que el Estado es responsable. La respuesta es aún más negativa, respecto a las consecuen- cias en la salud que han seguido produciéndose en los cientos de personas detenidas y torturadas en la última década.

El tío que se hizo cargo de ellas después de la desaparición las casó. Después las dos estaban embarazadas, una de ellas tuvo una cesárea y salió muy mal y la otra no pudo dar a luz que es la que murió. La operación de la cesárea fue muy grave. 16 Durante su mandato, la IER puso en marcha una unidad médica de atención y apoyo a las víctimas que precisaban de una intervención urgente. Procedió también a un análisis de los expedientes de cerca de 9000 demandantes en los que se establecían la existencia de enfermedades como consecuencia de una violación. La IER proclama en sus recomendaciones: a) la extensión de la cobertura sanitaria obligatoria a todas las víctimas identificadas por la IER y a sus causahabientes, b) hacerse cargo de forma inmediata y persona- lizada de cerca de 50 víctimas presentando secuelas graves y crónicas, c) la creación de un dispositivo permanente de orientación y de asistencia sanitaria a las víctimas de la violencia y de los malos tratos. 17 AMNESTY INTERNATIONAL (2010), Broken Promises: The Equity and Reconciliation Commission and

El bebé de la que fallece también muere a los pocos días. Eso pasó en un hospital militar. La que tuvo la cesárea cuando sale del hospital volvió con la familia con quien vivía, pero tuvo una infección y la volvieron a operar. Hasta ahora aún tie- nen esa infección que al orinar sale un olor desagradable.

Los suegros sacaron un pasaporte para enviarla para acá. Nadie se quiso hacerse responsable de ella. Su esposo se separó de ella y después murió. La llevaron hasta Dajla y después otras personas la trasladaron a un lugar de Mauritania y nosotros fuimos a recogerla allí y la trajimos aquí a los campamentos.

Estamos constantemente poniendo pañales, ella no puede controlar la orina. Des- pués de la primera operación se quedó paralítica de la parte inferior del cuerpo y ahora no controla esa parte, todavía hay heridas. Enzatta y Luali-Hamadi Luali18_.

Todo ello contrasta con la atención en salud en los campamentos de refugiados donde existe una estructura de salud básica gratuita, a pesar de la enorme precariedad de medios, y donde numerosas formas de cooperación internacional con alto nivel de tecnificación de la asistencia sanitaria han proporcionado atención a población refu- giada, incluyendo algunos casos de secuelas graves de torturas de personas ex dete- nidas desaparecidas. Sin embargo tampoco en ese caso existe un programa específico para atender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y sus secuelas desde una perspectiva psicosocial más integral.

18 Teslam y Fatma Hamadi Luali fueron detenidas en febrero de 1976 en la región de Zaque. Sus familiares volvieron a saber de ellas. No recuerdan la fecha, pero mediante las gestiones de Mohamed Ali Sidi Bachir, un diputado saharaui miembro del parlamento marroquí, fueron liberadas. Una de ellas, Teslam falleció poco después de salir de la prisión al dar a luz. Por su parte, Fatma fue llevada a los campamentos de Tinduf en el año 2000, debido a que sus familiares, en el Sáhara Occidental, no pudieron hacerse cargo de ella, pues estaba afectada física y psicológicamente, tras haber salido de prisión y tener una operación de cesárea complicada. Desde el año 2000 Fatma vivió con una hermana y un hermano en los campamentos Tinduf, hasta su muerte en verano de 2011, pero se encontraba parapléjica y con pérdida de memoria. Asimismo, Mohamed Lamin Hamadi, miembro de esta familia, se encuentra desaparecido desde 1976.

Fractura en el olvido

Sahel Brahim Salem fue detenido y llevado a la comisaría en El Aaiún, donde fue torturado por miembros de la policía en mayo de 2005, produciéndole una fractura de la pierna. Posteriormente, fue llevado al hospital y dejado sin custodia donde, según su relato, fue operado solo después de que sus familiares y vecinos recogieran una suma de 60.000 dírhams para realizar la reducción de su fractura abierta.

Es así como me hicieron la operación, con ese dinero compraron material para poner en hueso en su sitio y comprar tornillos y barras para acomodar el hueso en la pierna, me implantaron varios clavos en mi pie, el otro pie fue enyesado. Los tornillos y las barras de hierro solo podían quedarse cuarenta y cinco días, pasaron tres meses y no quisieron quitarlo, cuando iba al hospital decían que necesitaban un papel de la policía para poder quitarme el aparato.

Ante la imposibilidad de hacerlo mi madre me consiguió un pasaporte y un vi- sado en Agadir y de Dajla me llevaron a Mauritania, mi tía me acompañó hasta Zuerat donde fui a la oficina del POLISARIO y éste se encargó de traerme a Rabuni. De aquí me enviaron a Argel para hacerme la operación donde me pu- dieron quitar los tornillos y las barras, antes solo podía moverme con silla de ruedas, después de la operación pude caminar con muletas. Después de un mes pude volver aquí. Uno de los nervios de la pierna estaba roto y me hicieron otra operación en Tinduf, después pude recuperar e integrarme en los campamentos. Sahel Brahim Salem.

Algunos datos del impacto familiar 69

Un pueblo dividido en dos 70

Las visitas entre las dos orillas del destierro. El programa del ACNUR 78

La incertidumbre como forma de tortura 80

Pobreza y marginación: consecuencias en el desarrollo 84

La pobreza en el refugio 87

Si te pones en mi lugar y te pones en el lugar de mi madre con sus niños peque- ños… no había ningún hombre en la casa, ella afrontó la situación sola y creo que ese es el sufrimiento. Embarec Mohamed

Hemos sufrido como todos los saharauis, hemos sufrido muchas privaciones, nos han privado del afecto de los padres, de los maridos, del derecho a una educación digna, del derecho a ser atendido por un médico, en situaciones in- frahumanas. Embarka Dada Alal.

Introducción

Las violaciones de derechos humanos han conllevado enormes consecuencias familiares durante décadas hasta la actualidad. La extensión de la violencia hacia cualquier saha- raui que fuera considerado sospechoso por parte del régimen, la criminalización de las relaciones familiares y de la identidad colectiva del propio pueblo saharaui considerado como enemigo asociado al Frente POLISARIO, han generado enormes consecuencias en el tejido familiar y social. Hay que considerar que las violaciones no solo ocurrieron en el momento de la ocupación, sino que han continuado en el tiempo. Además, el hos- tigamiento de las familias de las víctimas ha sido parte del patrón de las violaciones de derechos humanos en el caso del Sáhara Occidental.

En este capítulo se analizan las consecuencias familiares en diferentes ámbitos y expe- riencias, como en las familias de las personas desaparecidas, o el impacto de la separación forzada entre el exilio en Argelia y el Sáhara Occidental. Otras consecuencias que han lastrado el desarrollo de las familias ha sido el empeoramiento de las condiciones de vida, así como la pobreza y la marginación social como parte de las violaciones y persecución sufridas. Se abordan por último las consecuencias en la segunda y tercera generación afectada por la violencia, en los hijos e hijas de los desaparecidos y el hostigamiento familiar en diferentes épocas hasta la actualidad.