En Venezuela no hay Estado de Derecho. El sistema judicial está prácticamente capturado por el gobierno, así los órganos de seguridad. Aunque hay diversos partidos políticos, el partido de gobierno, el PSUV, es el más fuerte por mucho. Tiene dominadas las instituciones del Estado, especialmente la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Dada esta situación y en cuanto a su función legislativa, la Asamblea Nacional ha delegado sus responsabilidades al gobierno central, mediante leyes habilitantes, en varias ocasiones desde 1999. No se persigue el consenso en la toma de decisiones legislativas; simplemente la mayoría se impone.
En cuanto a libertad de expresión, desde hace muchos años, y como parte de su estrategia comunicacional, el gobierno ha venido creando o adquiriendo, directa o indirectamente, una
serie de medios de comunicación: emisoras de radio, canales de televisión y prensa escrita. Todos estos medios terminan siendo utilizados para la propaganda gubernamental, o para el filtro o reducción de la información que se emite sobre los problemas que tiene el país. Al cada vez más reducido resto de medios de comunicación que siguen siendo independientes, o críticos del gobierno, se les va asfixiando, con el control del acceso al papel, en el caso de los periódicos, o con la amenaza de revocatoria o no renovación de concesiones del espectro radio eléctrico. Para la opinión contraria al gobierno, cada vez son más reducidos los espacios y canales con los que se cuenta, tendiendo a quedar sólo con redes sociales para opinar e informar.
A las universidades privadas en el país, vistas por el régimen como centros de disenso con el Socialismo del Siglo XXI, también se les va asfixiando: desde hace aproximadamente ocho años el Ministerio de Educación no les aprueba la apertura de nuevas carreras, de alguna forma les fiscaliza sus matrículas y costos, y todo esto en un entorno de alta inflación. Entre las consecuencias de esta política se ven la desmejora de los servicios de los centros de formación, y la dificultad para atraer y retener a los mejores profesores. En paralelo, el gobierno central va fundando nuevas universidades y centros educativos, que terminan siendo utilizados para promoción del Socialismo del Siglo XXI.
Aunque seguimos asistiendo a eventos electorales, hay una matriz de desconfianza en el árbitro electoral, y además el gobierno ejerce su poder para impactar en los resultados electorales: emplea los recursos con los que cuenta antes y durante los eventos electorales, en materia de propaganda y en movilizaciones de personas. A su vez, aprovecha para amedrentar a las miles de personas que dependen de algún beneficio del gobierno o transferencia directa, o trabaja en algún órgano público. Prácticamente no hay espacio para el disenso si se es parte de la burocracia; se tiende a exigir cierta incondicionalidad con el gobierno, para poder acceder a ciertos cargos burocráticos y para serle proveedor de algunos servicios o contratar con él. El proceso de descentralización política y administrativa del Estado, emprendido a finales de los años ochenta e inicios de los noventa del Siglo XX, y que tanto provecho ha representado para las regiones, se ha ido revirtiendo bajo los gobiernos de Chávez y Maduro. Aún se eligen gobernadores y alcaldes en Venezuela, pero cada vez más son asfixiados presupuestariamente, sobre todo si son de partidos opositores al gobierno central: les limitan recursos, les quitan la administración de puertos, aeropuertos, peajes y otros servicios que para ellos representan fuentes de ingresos, y les han creado consejos comunales y estructuras paralelas de gobierno (los llamados «protectores del pueblo»), especie de gendarmes territoriales que manejan recursos. Como si fuese poco, sigue intentándose, cada vez con más fuerza, la instauración del estado comunal en Venezuela; existe un Ministerio para las Comunas.
En Venezuela existe por ley un mecanismo de previsión para el retiro de las personas, luego de sus años de trabajo, al que tanto personas naturales como jurídicas van haciendo aportes; el llamado Seguro Social, administrado por el Estado. En la práctica, lo que se evidencia es que no funciona el seguro social, sus servicios son mediocres, obligando a la persona (que tenga posibilidades económicas) a contratar un seguro privado y a demandar servicios de los proveedores privados. Es decir, muchos terminan pagando un doble seguro, pero que sólo uno de ellos funciona. Una imagen muy frecuente son las largas colas de ancianos para cobrar una pensión que cada vez alcanza para menos: soportar un vejamen para una pensión.
A su vez existe un sistema de prestaciones sociales por ley en Venezuela. Este mecanismo en principio es para ahorrar para el retiro o para paliar un eventual período de desempleo que
sufra la persona. Lo que termina ocurriendo, dada la elevada inflación a la que nos enfrentamos los venezolanos, es que la gente no ahorra este dinero, lo trata de consumir lo antes posible, a pesar de que está invertido (por ley en instrumentos de bajo riesgo y, por tanto, de bajo rendimiento). Similar caso ocurre con las Cajas de Ahorro. Es que ante una elevada inflación, el estímulo a ahorrar en bolívares es casi nulo.
Los sistemas de salud y educación públicos desmejoran aceleradamente: la infraestructura ambulatoria, hospitalaria y educativa gestionada por el gobierno central está muy deteriorada, con muy contadas excepciones. En el gobierno del Presidente Chávez hubo un esfuerzo de acercar la salud a las personas de barriadas populares y de zonas retiradas de las urbes, la llamada misión Barrio Adentro. Esto representó una importante inversión en infraestructura ambulatoria, y el servicio era prestado por profesionales de la medicina cubanos, como parte de los acuerdos de cooperación Cuba-Venezuela. Al principio funcionó relativamente bien, pero empeoró con el tiempo en términos generales. Una escasa y mediocre oferta en el servicio público de salud, eleva la demanda sobre los servicios privados, encareciéndolos.
En cuanto a salud pública, en Venezuela han reaparecido enfermedades extintas hace mucho tiempo: la falta de fumigación y de políticas preventivas, problemas de acceso a agua potable y a un servicio eléctrico constante, inciden negativamente en la lucha contra el dengue, el paludismo y la fiebre amarilla, entre otras, llegando estas a convertirse en epidemias.
Caso similar es el de la educación pública: escuelas y liceos se deterioran. Los servicios educativos prestados por el gobierno tienden a ser mediocres, en paupérrimas condiciones, y terminan formando incompletamente a un estudiante que no podrá competir en igualdad de condiciones con un egresado de una institución privada; no coopera el sistema para lograr la tan anhelada igualdad de oportunidades. Para complicar aún más el panorama, el gobierno ha emprendido un cambio de currículo escolar que pretende ideologizar aún más al estudiantado, adoctrinándolo en el chavismo y Socialismo del Siglo XXI.
De las redes de salud o de educación pública, las unidades gestionadas por los niveles de gobierno regional o local funcionan mejor, con sus deficiencias. Con el gobierno del Presidente Maduro se está impulsando el llamado “Plan de la Patria”, que simplemente consiste en más intervención del Estado, más controles, más regulación, más estado comunal, y acelerar el desmontaje gradual del Estado plasmado en la Constitución vigente.