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En sus orígenes México asistía ante la presencia de una nueva tendencia; los textos constitucionales habían aceptado la incorporación del Derecho internacional como parte de las relaciones internacionales de los Estados en el marco de las políticas externas regidas por el Derecho internacional convencional clásico, como Derecho internacional público. De ahí que los tratados internacionales que conforman el Derecho internacional se anunciaban como parte del orden interno de los Estados, un claro ejemplo es la Constitución Mexicana vigente que desde su promulgación en 1917, reconoció en su Art.133 la incorporación del Derecho internacional, al establecer que los tratados internacionales ratificados por el Estado de México serian ley suprema de todo el país.

En esta línea de ideas, el ex juez de la Corte IDH resalto la idea de que la reticencia de México a la administración de la jurisdicción contenciosa de un órgano internacional, es absolutamente legitima por ser una preocupación del país en su propósito de soberanía y por los peligros que entraño históricamente cualquier fisura en la gestión autónoma del Estado.174

Posteriormente surge un relevante e ilustrativo acontecimiento en el sistema internacional regional de protección de los derechos humanos, en el que está integrado México, el cual fue adoptado en la CADH con fecha 22 de noviembre de 1969; se plasmó una resistencia inicial para aceptar la competencia del referido sistema, quedando evidenciado en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrado en San José, Costa Rica en noviembre de 1969. Esto orillo a una diferida ratificación 174 _{Sergio García Ramírez, los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, (México:}

130 del instrumento citado hasta el 24 de marzo de 1981, para aceptar la competencia de la Corte IDH el 16 de diciembre de 1998.

Sobre este punto es necesario retomar lo establecido por la Corte IDH en la sentencia Rosendo Radilla Pacheco vs. Los Estados Unidos de México en el año 2009,175 _{estableciendo en la sentencia que los jueces y Tribunales} están obligados a aplicar sus leyes internas, y si firman un tratado internacional también están sometidos a este, por lo que los tratados internacionales no deben de estar en contradicción con la Constitución.

Otros autores se pronuncian sobre la referida sentencia abarcando tres aspectos distintos, el primero se refiere a la obligación de todos los juzgadores mexicanos, el verificar que las leyes se apliquen y se ajusten a la Constitución federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, en segundo lugar la obligación de realizar el control difuso confrontando las normas de Derecho interno contra la Constitución y la CADH, tomando en cuenta la interpretación realizada por la Corte IDH y en tercer lugar, la posibilidad para los jueces de todo el Estado Mexicano, dejar de aplicar al caso concreto las normas que resulten contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales.176

El referente que de alguna manera vino a catalizar el uso del término control de convencionalidad, fue sin duda el tema conocido como “Asuntos Varios” 912/2010, el cual fue resuelto en julio de 2011. En este la CSJ de la nación mexicana analizo entre otras cosas el cumplimiento por parte del 175 _{Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de excepciones preliminares, fondo}

reparación y costas, serie C No. 209, (Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, 2010).

176 _{Yansi Fabiola Alonso Arquilla et al “Control de convencionalidad en las Sentencias}

definitivas de amparo que emite la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en relación al derecho a la vida” (tesis de grado, Universidad Nacional de El Salvador, 2012), 223-224.

131 Estado Mexicano en la sentencia Rosendo Radilla Pacheco vs. Los Estados Unidos de México, dictada por la Corte IDH; en especial lo que correspondería al poder judicial en razón de que se ordenó una serie de medidas de reparación, por lo que diversas autoridades del país, entre ellas los jueces, se vieron obligados a establecer un conjunto de criterios para determinar la compatibilidad de una ley con la Constitución y los tratados internacionales.

Tal hecho significo en opinión de Eduardo Ferrer Mac- Gregor, un importante avance y precedente para establecer en México el control difuso de convencionalidad, e incluso aceptar de igual manera el control difuso de constitucionalidad; sin embargo el referido autor no comparte el hecho que en el citado asunto, la Suprema Corte de la Nación resolviera por mayoría de sus miembros; entre otras cosas, la jurisprudencia de la Corte IDH es de carácter vinculante en el supuesto de que el Estado Mexicano hubiese sido parte en el litigio limitándose así su aplicación.

Para México el control de convencionalidad vendría a significar una especie de mecanismo ejercido para verificar que una ley, reglamento o acto de las autoridades del Estado, se ajusten a las normas, principios y obligaciones del tratado internacional; otra forma de concebirlo es una revisión que se hace para constatar que la conducta de los órganos son examinadas y están de acuerdo con los tratados internacionales y demás disposiciones aplicables.

En el año 2010 la demanda de la CIDH ante la Corte IDH, en el caso de Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores contra los Estados Unidos Mexicanos, la Corte IDH adiciono algunos aspectos refiriéndose en su jurisprudencia, que es consiente que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigente

132 en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la CADH, todos sus órganos incluso sus jueces también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de nomas contrarias a su objeto y fin.

En otras palabras se puede establecer que el Estado de México al ratificar un tratado internacional, los jueces se someten a este y por ello deben velar para darle cumplimiento al tratado; a pesar de disposiciones contrarias, toda autoridad jurisdiccional aplicara las disposiciones internacionales al resolver en materia ambiental, y a ejercer el control ex officio entre normas internas y tratados. El control de convencionalidad no se limita únicamente a lo que dice un tratado internacional, sino que también toma en cuenta lo que dicen otros países. Finalmente el Estado Mexicano se somete a jurisprudencia de la Corte IDH.

Los tratados internacionales versan sobre una cantidad muy grande de temas, tocando mucho el punto de derechos humanos de los cuales la Constitución política de México,177 _{en su Art. 4, dispone el derecho humano a} un medio ambiente sano, y que las disposiciones jurídicas deben respetarse en todos los ámbitos de las autoridades y por todas las legislaciones.

Para muestra de ello se señalan los tratados internacionales celebrados por México en materia de derecho ambiental, entre ellos El Convenio sobre La Diversidad Biológica, Convenio Ramsar, El Pacto de San José, Costa Rica, la Convención sobre Derechos del Mar, el Convenio sobre la capa de Ozono, junto con su Protocolo, el Convenio Basilea, el Convenio sobre el cambio 177 _{Carlos Alberto Orozco Mendoza, control de convencionalidad y derecho ambiental (México:}

Sotorisolve,2013),http://sotorisolve.com/blog/control-de-convencionalidad-y-derecho-ambient

133 Climático y el Convenio que surge del NATLA en materia de medio ambiente.