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Lo anterior no responde a una reducción en las tasas de homicidios en la zona, pues para 2011 municipios como Zaragoza y El Bagre presentan tasas de 359.24 y 76.75 por cada 100.000 habitantes respectivamente (Ver Gráfica 3). Así mismo en municipios como Nechí, Remedios y Segovia en las tasas de homicidios muestran variaciones entre la disminución y el aumento de estas no haciendo posible establecer relaciones causales; lo que también permite observar que la zona seleccionada muestra comportamientos diferentes en cada municipio.

Por tanto los niveles de violencia que se muestran anteriormente parecen arrojar una primera relación entre las manifestaciones violentas y la disputa por recursos en lugares donde su presencia es altamente marcada. Ahora el problema se inscribe en los derechos de uso en el suelo para su explotación en medio de un ambiente en el que existe la presencia de grandes empresas trasnacionales, mineros artesanales y grupos armados (Gary, 2013, 18). Tampoco soluciona problemas relacionados con el índice de NBI como una categoría adicional a la vulnerabilidad expuesta a poblaciones en donde la minería es de uso común. En municipios como Nechí y El Bagre este índice se encuentra por encima del 50 % siendo además zonas en los que la producción de oro supera también los 300 kg para 2012 (Ramírez y Muñoz, 2012, 73).

Gráfica 3: Tasa Homicidios Bajo Cauca18

       

18

Fuente: Elaboración propia basada en FORENSIS 2011.

0  200  400  600  800  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  Tasa d e Ho mi ci d io s ( p o r  ca d a  1 0 0 .0 0 0  h a b it a n tes ) 

Tasa de Homicidios Municipios Baja Cauca  

2000‐2011 

Zaragoza  Segovia  Remedios  Nechí  El Bagre 

Pero también se hace necesario observar que los niveles de desplazamiento han mostrado un comportamiento de reducción a partir de 2003 con un leve pico en 2005 (ver gráfica 4), sin embargo la tendencia muestra que éstos han logrado establecerse en un promedio de 2810 número de personas expulsadas, lo cual no deja de ser preocupante pero en realidad municipios como El Bagre presentan una reducción del 90% en 2011, pasando de 3.633 a 316 en 2001. Si bien lo anterior podría significar una reducción significativa en los niveles de expulsión ya sea por planes de consolidación o la ausencia de actores armados ilegales, esto puede ser interpretado como el establecimiento de relaciones de control por vía armada por parte de grupos ilegales en municipios como El Bagre, pasando de una violencia indiscriminada a una de carácter más selectivo. Adicionalmente y en palabras de Garay, el desplazamiento puede ser ahora referido a las concesiones de territorio masivo a grandes empresas por parte del Estado central, llevando a un “grave detrimento del tejido social y el patrimonio de propietarios campesinos, de minorías étnicas y de desplazados con derechos sobre predios abandonados y despojados de manera forzada en amplios territorios del país, entre otros (Garay, 2013, 18). La contradicción ahora se hace clara, pues ante la ausencia de reglas claras de explotación en el sector minero, sumado a políticas públicas arrojadas al beneficio de los intereses de producción de capital extranjero o doméstico de gran escala lleva “a procesos de captura y reconfiguración cooptada de instituciones del Estado por parte de empresas transnacionales y/o domésticas, legales, grises (que actúan entre la legalidad y la ilegalidad) y abiertamente ilegales como en el caso de minería criminal en países como Colombia y México” (Garay, 2013, 19).

Gráfica 4: Número de personas desplazadas Bajo Cauca

Para entender mejor lo que se vive en zonas com esta es necesario tener en cuenta la presencia de actores armados ilegales y agentes estatales presentados en la gráfica 5. Para la elaboración de esta gráfica fue necesario el uso de dos fuentes (CERAC y OCHA) ya que para los años de 2009 y 2011 CERAC no presentaba presencia de los grupos armados pero la corroboración tampoco dio muestra de alguno de los grupos. Lo anterior se debe a la imposibilidad por el control de la zona por vía armada ya sea entre fuerzas de FARC, neo-paramilitares o ELN. En los municipios de Segovia y Remedios se hace constante la presencia de Guerrilla y Paramilitares siendo estos acreedores de los mayores niveles de producción de oro y además distribución en los giros de Regalías por parte de la Nación. En razón a lo mencionado anteriormente como bien lo ha documentado el CTIpax en su informe de 2012 sobre actores armados en el sector minero, una de las preocupaciones respecto a las actividades ilícitas por parte de estos grupos tiene que ver con la captación en los giros de regalías ya sea por medio de tácticas de extorsión o debido niveles de institucionalidad débiles en municipios donde los gobiernos locales muestran rasgos de corrupción en manos de líderes políticos siendo esto un incentivo para los grupos a penetrar el tejido institucional.

0  2000  4000  6000  8000  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  Núm e ro de  de splaz ados   

Desplazamiento (expulsión) 

El Bagre  Nechí  Remedios  Segovia  Zaragoza 

Gráfica 5: Presencia actores armados Bajo Cauca19

Las condiciones en que se dan situaciones de riesgo o vulneración a poblaciones corresponde a la intersección no solo de actores armados en busca de la obtención del recurso minero (oro) para la continuación de la guerra y que pueden ser manifestadas en el número de muertes o los ataques a poblaciones civiles. Detrás de eso se encuentran realidades complejas que encierran la imposibilidad por accerder de manera legítima a la explotación de un recurso que configura espacios de uso común para cierto grupo de personas a falta de acuerdo reflejados en instituciones formales dispuestas a regulara este tipo de actividad. El Estado debe entrar como un garante a los derechos de poblaciones vulnerables en escenarios donde le sea posible intervenir de forma clara para evitar cualqier tipo de daño, pues_…

(…) con el agravante de que la búsqueda por el acaparamiento del suelo y el subsuelo se puede convertir en uno de los principales factores, si no en el más importante, en la generación y profundización de conflictos y violencias […] se ha reproducido una incesante lucha por el dominio territorial con miras al ejercicio del poder político y económico, a través de múltiples modalidades ilegales e ilegítimas, pero no excluyentes de otras de índole aparentemente legal, y que está expresado actualmente por la existencia de cerca de un 40% de la tierra sin derecho formal de propiedad (específicamente en el caso de población campesina con carácter de poseedor, tenedor, etc.) y de más de 7 millones de has. dejadas en abandono forzado o despojadas por la acción de grupos armados ilegales y la participación/apoyo/financiación de algunos agentes legales y grises durante los últimos 25 años en el país, y por la presencia de casi 22 millones de has. del territorio        

19

Fuente: Elaboración propia basada en CERAC 2012

0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

Presencia de GAML  

continental de Colombia sujetas a solicitud y aprobación de licencias mineras. (Garay, 2013, 19).

La violencia entendida cómo una intención premeditada para hacer daño al otro no siempre puede ser vista en una sola dirección pues la falta de condiciones materiales y no materiales para la obtención del recurso debido a la concentración de tierras o la mala distribución de éstas para su posterior explotación, corresponden a la falta de oportunidades de tipo estructural como responsabilidad del Estado. Incluso es posible obeserva que el comportamiento de los municipios no responde a patrones exclusivos de comportamiento respecto a los índices seleccionados.

5. Conclusiones

El desarrollo de esta tesis estuvo dirigido hacia una aproximación a dimensiones propias de la guerra que actualmente tienen lugar en el país, con el interes por descubrir y analizar problemáticas que al parecer se presnetan como nuevas y empiezan a configurar la realidad regional de Colombia. Día a día la presencia de prácticas violentas configura el panorama político y social de comunidades vulnerables que al econtrarse en medio de la confrontación viven el padecer de la guerra entre bandos que no parecen distinguir los objetivos en el obrar de sus acciones bélicas.

En medio de estas dinámicas violentas, el continuo desarrollo de las mismas pasa por conseguir el sustento a la guerra, aprovechando la diversidad geográfica propia del país ya que esta proporciona por medio de la explotación de sus suelos la vía posible al pensar en seguir con el proposito de la lucha armada. Al mirar en el interior de los diferentes proyectos armados de los grupos es posible identificar múltiples factores que sirven de alimento a la obtención de objetivos, priorizando unos más que otros. Es una dificil tarea poder diferenciar y establecer los medios y fines de cada actor enmarcado en el proceso de lucha, pues la trasformación de la guerra parece indicar hacia la obtención de los recursos económicos como único propósito por parte de los grupos ilegales.

Sin embargo, a lo largo de este trabajo se ha hecho un esfuerzo dirigido a mostrar cómo la construcción de escenarios políticos mediados por la violencia todavía contienen en su interior la esencia política e ideológica en algunos de los actores. Es necesario entender que la postura aquí seleccionada pasa por un análsis académico responsable con la realidad del país, alejado de explicaciones simplistas metadológica y analíticamente, permitiendo establecer relaciones entre las estrategias utilizadas por las partes y su interacción con el ambiente en donde se encuentran.

Lo anteriormente dicho permite reconocer las distintas razones inscritas en el desarrollo del conflicto en Colombia como un proceso que debe ser leído a la luz de los cámbios históricos, permitiendo espacios en donde confluye la diversidad de posturas políticas y económicas sumado a ambientes que carecen de una estabilidad institucional fuerte, más que todo al interior de las zonas rurales de Colombia. Una postura que de cuenta de relaciones causales en donde sea posible la interacción de distintas variables para así establecer categorías de análisis que puedan dar cuenta de la complejidad enmarcada en el proceso de la guerra.

Esto permite una acercamiento a realidades específicas territorialmente demarcadas por la presencia de actores armados que han traducido la mayor parte de su lucha en la disputa por el control de poblaciones y zonas ricas en recursos de todo tipo, en contra del Estado central. Por esto, el análsis aquí porpuesto ha pasado por la selección de una metodología de corte cualitativo que permita el acercamiento preciso para una posible interpretación sobre las distintas causas y consecuencias que dibujan la acción de las partes del conflcito entrlazadas entre sí, dando cuenta de la transformación de la guerra, específicamente en la selección de un caso en donde sea posible identificar variables de tipo económico (recursos) político (institucional) e ideológico (grupos armados).

El objetivo general detrás del análsis se encuentra en relación con la posibilidad de encontrar escenarios en donde sea posible dar cuenta de la complejidad inmersa en conflictos de tipo armado. Dando una luz sobre la

situación actual minera y la disputa por los recursos desde el campo de la resolución de conflcitos e investigación para la paz, ya que en Colombia este fenómeno se presenta como una fuente de lucha y agravamiento de conflictos ya existentes, llegando a vulnerar distintas capas de la sociedad no relacionadas directamente con su consecución.

Por esta razón el análisis propuesto estuvo enfocado en dar cuenta de los procesos violentos que se inscriben actualmente en la obtención de recursos de tipo minero. La caracterización del recurso otorga una mejor comprensión en la manera como los actores perciben el proceso de obtención del mismo, pues de acuerdo a la distinción hecha por Ross y de la cual aquí se hizo uso, si un recurso tiene facilidad para ser saqueable o no esto va contribuir directamente en el desarrollo de la guerra. Por tanto, el recurso minero (oro) se presenta en ambientes informales que permiten a los actores una facilidad para su obtención. Es clave entender que este proceso de obtención se presenta en un cambio en las fases del conflicto en Colombia; complementando y tomando gran parte de los elaborado por Chernick, el conflicto colombiano ha estado marcado por distintas “fases” en relación con la obtención de recursos. El aporte viene dado por la entrada de una nueva fase en la que se reconoce la importancia del mal llamado “Boom” minero que hoy acaece en nuestro país. Sin embargo no es posible alejarse de otras maneras de financiamiento a las guerra actual, pues este nuevo escenario se muestra como una alternativa de transición entre el tráfico de cultivos ilícitos y demás formas de acción por parte de los grupos: extorción, secuestro, bandidaje, etc.

Así mismo, fue necesario reconocer la presencia de posturas de tipo ideológico y político pues marcan la decisión de algunos grupos por seguir buscando una salida al conflicto por medio de la violencia. La relación entre los agravios propios del conflicto y los agravios que hasta hoy forman parte de la realidad colombiana en distintas dimensiones políticas, económicas y sociales son atribuidas directamente al papel del Estado colombiano y la falta o ausencia de capacidad por responder de forma clara y concisa a estas demandas. Por tanto, entender el proceso violento en Colombia se encuentra atravesado en

gran parte por la importancia territorial del mismo y la configuración de espacios en donde se hace posible repensar el papel del Estado, aludiendo a temas como la soberanía y legitimidad, pues una vez ha sido puesta en duda su capacidad, la posibilidad de otro actor -en este caso de carácter bélico- entre en la disputa por el hacerse acreedor de zonas en donde sea la fuerza de las armas la última palabra.

Lo anterior da para pensar que en últimas el conflicto en Colombia es el resultado de diferentes percepciones y formas de pensar el país; el poder se encuentra definido por la capacidad de adquirir recursos en zonas en las que sea posible retar al detentor del poder establecido y en los que la violencia a través de las armas forma parte de esos recursos para hacer la guerra.

Es por eso que otro de los aporte que el trabajo buscó se dirigió a establecer la manera de cómo la violencia entra a hacer parte de procesos sociales, específicamente en relación con la explotación de recursos en la zona del Bajo Cauca como una aproximación a la realidad en una escala micro.

Pensar el papel de la violencia en este tipo de realidades permitió abordar el proceso de explotación desde la perspectiva otorgada por Kalyvas sobre un paso de la violencia de tipo indiscriminado a una más selectiva; sin embargo fue posible identificar que en el objetivo de los grupos armados se enfoca más en grupos que individuos, lo cual ensancha la comprensión de esta lógica violenta mostrada por Kalyvas.

En relación con lo obtenido del análisis del caso fue posible reconocer la importancia productiva de la zona para el mineral en cuestión. Así mismo se encontró una asociación en la presencia de algunos grupos armados pero una disminución en las tasas de homicidio y desplazamiento; esto puede ser interpretado como resultado de acciones militares en busca del control territorial. Pero es posible que la reducción en ataque violentos responda a un proceso de transición violento que ahora se encuentra en un estado selectivo y la lucha se dio en la mitad de la década pasada. En esta línea también surge una preocupación por determinar la fuente de los niveles de asesinatos en la

región. El aumento significativo par 2011 se encuentra atravesado por el proceso de desmovilización los antiguos Paramilitares y la fragmentación en células criminales que hoy se han hecho presentes en la región.

También fue posible arrojar una interpretación sobre la situación de riesgo y amenaza tomando el IRSH en cuanto la reducción de los municipios a encontrarse en situaciones de vulnerabilidad y crisis humanitaria. Para 2010 solo los municipios de Nechí y Remedios se encontraban en situación de riesgo medio y municipios como El Bagre y Zaragoza presentan un nivel cero de amenaza pero siguen teniendo tasas de homicidios de 76 y 359 por cada 100.000 habitantes respectivamente.

Al considerar los puntos analizados como un camino demostrativo a lo que pretende exponer este trabajo, es posible establecer una articulación entre las motivaciones de los grupos por controlar zonas con presencia de minera y la permanencia de agravios sociales en estas. Es posible entender la relación como un proceso de transición, sin dejar de lado las consecuencias de la guerra y la disputa por el control territorial dejando saldos de muertes todavía importantes.

Sin embargo la característica principal que arroja el análisis sobre la zona tiene que ver más que todo con la diferencia enmarcada en cada municipio seleccionado en la forma cómo se comporta respecto a los niveles de violencia y la manera en que los actores armados hacen uso de esta para establecer niveles de control en la población dirigidos a captar la renta proveniente del recurso. Lo anterior no permite arrojar relaciones de causalidad sobre las variables seleccionadas en el caso por la misma heterogeneidad que contienen los municipios en su interior; entender la complejidad inscrita en los procesos sociales sobre la obtención de recursos desde este análisis permite entender que la realidad local del país se comporta según las condiciones y relaciones propias de los actores y sus intereses en juego van tejiendo mundos sociales exclusivos y más cuando la presencia estatal se hace casi nula y en caso de existir se ve desdibujada por la vinculación a procesos de corrupción asociados a la captación de rentas producto de la explotación de minerales como el oro.

En cuanto recomendaciones sobre la metodología seleccionada para un análisis que dé cuenta de las relaciones exactas entre la explotación minera y al mismo tiempo logre mostrar la presencia de los diferentes actores, sería necesario disponer de recursos propios para llevar a cabo tal empresa, en relación con el tiempo, sin olvidar las condiciones propias de seguridad para el grupo investigativo que lleve a cabo este análisis.

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