Las actividades mineras son susceptibles a generar impactos ambientales negativos sobre el medio físico y biótico por su naturaleza extractiva e industrial, que a la vez pueden repercutir en las actividades económicas de las comunidades locales y en la salud de sus pobladores. Sin embargo, existen iniciativas y medidas que pueden prevenir o controlar estos procesos y sus asociados impactos. Dichas estrategias tienen un costo que debe ser internalizado al proceso productivo o bien absorbido a través del apoyo interinstitucional de manera que la actividad minera se desarrolle de una forma más integral, respectando el ambiente y el cumplimiento de normas ambientales e impactando positivamente en el desarrollo socio-económico de las comunidades locales. Si estas estrategias fueran implementadas, la actividad minera podría jugar un rol protagónico en el desarrollo humano de las regiones mineras del país, que actualmente son las más pobres. Esta sección describe algunas estrategias que han sido propuestas por diferentes organizaciones en el país.
4.2.1 Facilitando la Gestión Ambiental
Como se pudo ver anteriormente, el sector minero que causa el mayor impacto ambiental es la pequeña minería, dadas las condiciones de explotación y el limitado capital con el que cuentan estas agrupaciones mineras de baja productividad. En este sentido, estrategias enfocadas a facilitar la gestión ambiental en este tipo de minería podrían tener un importante impacto en la mitigación y prevención del daño ambiental causado por el sector minero.
Según Sanabria6 de la Dirección de Medio Ambiente de la COMIBOL, una forma de apoyar a la pequeña minería en su gestión ambiental, es facilitando el proceso de obtención de la licencia ambiental, cuyos costos son difíciles de absorber para este tipo de operaciones. Sanabria afirma que el tiempo y los costos destinados a burocracia administrativa para la obtención de una LA podrían ser parcialmente absorbidos por el Estado si éste se encargase de llevar a cabo una parte del proceso. Uno de los componentes más costosos en el proceso es la contratación de una consultora para la evaluación del área que permita a la Prefectura definir la categoría del estudio de evaluación de impacto ambiental. Sanabria propone que, al igual que el sistema nacional que tiene pre-clasificado el tipo de EIA que debe seguir cada tipo de industria, el gobierno – SERGEOTECMIN podría ser la instancia adecuada –
realice una clasificación previa de las categorías de EIA a nivel nacional que debería seguirse según el área de intervención y el tipo de minería. Chile ya realizó una clasificación similar para cada región de su país, lo que permite a los proyectos saber exactamente que tipo de EIA llevar a cabo de acuerdo a la región donde se instalan y su tipo de actividad. Una pre-clasificación que defina la categoría de EIA a realizar, sin la necesidad de contratar una consultora para que lleve acabo el estudio que permita definir la categoría, facilitaría el proceso de obtención de una LA, pues disminuiría sustancialmente los costos y reduciría el tiempo necesario para completar este proceso.
Ahora bien, por más que esta propuesta facilita la obtención de una licencia ambiental, no facilita necesariamente su cumplimiento. Para este aspecto es necesario contar con apoyo técnico y tecnologías más accesibles que puedan ser utilizadas por operaciones de bajo capital operativo.
Ante esta situación, el Ministerio de Minería y Metalurgia ha delineado un plan estratégico para el mejoramiento del desempeño ambiental de la minería pequeña, cooperativista y artesanal, basado en 1) asistencia técnica, 2) capacitación a operadores de ingenios, 3) identificación y formulación participativa de medidas de mejoramiento productivo y mitigación ambiental, y 4) la implementación de un programa de adecuación ambiental a través de proyectos piloto de diseño, construcción y operación de diques de colas integrados a circuitos de tratamiento de minerales adaptados a la realidad socio-económica de la pequeña minería. El programa de retención y almacenamiento de colas permitirá reducir la contaminación de aguas en un 90%, por lo que su aplicación puede considerarse una prioridad sectorial. Además de este apoyo, el desempeño ambiental de la pequeña minería podría mejorarse a través de la introducción de una política de incentivos económicos por parte del Gobierno Nacional y de orden legal en el Código Minero relacionada a la protección del medio ambiente.
Complementado el proceso de adopción de tecnologías más eficientes y accesibles, el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS) propone la implementación de procesos y tecnologías bajo el concepto de producción más limpia, que no sólo permite a las operaciones mineras mejorar su desempeño ambiental, sino también generar ahorro en material, agua y energía, resultando en un doble beneficio. En primer lugar, el CPTS propone la introducción de tecnología que permiten aumentar la recuperación de minerales en los ingenios mineros, elevando el nivel de rendimiento de un 40-45% a un 50-60%7, disminuyendo los desechos de minerales y por lo tanto los metales contaminantes en las colas. En segundo lugar, propone desarrollar tecnologías de producción más limpia para el procesamiento de las colas, a través de un sistema de flotación, con el fin de reducir las colas con potencial de contaminación ambiental e incrementar los ingresos de las operaciones mineras por la recuperación de otros metales en las colas que actualmente no son recuperados. El CPTS ha calculado que aplicando estas tecnologías, se puede llegar a un ahorro de energía, material y agua estimado alrededor de US$ 1 millón para un tamaño de empresa de aproximadamente US$ 7-8 millones8.
7 Ruiz, A. (2007, diciembre). Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Entrevista
personal.
8 Ruiz, A. (2007, diciembre). Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles (CPTS). Entrevista
4.2.2 Generando Conciencia Ambiental y Responsabilidad Social
Para generar conciencia ambiental y que este tema gane prioridad en la agenda política del país y se transversalice en el desarrollo de las actividades económicas de la sociedad civil, es necesario 1) dar a conocer los resultados de estudios de diagnóstico ambiental, 2) profundizar los estudios con evaluaciones más detalladas y específicas, 3) sensibilizar a la sociedad acerca de los problemas ambientales y la importancia de mantener una calidad ambiental que permita contar con los medios para un desarrollo sostenible, y 4) socializar la normativa ambiental.
Pese a que existen varios estudios que miden los impactos ambientales y sociales negativos causados por la actividad minera, existen vacíos importantes que de poderse completar, los resultados podrían generar un mayor impacto en el interés por detener el proceso de degradación ambiental. Por un lado, faltan estudios económicos que moneticen las pérdidas y daños causados por la actividad minera, lo cual serviría de base para entender, en términos de mercado, la gravedad del problema. Por otro lado, faltan estudios que miden el efecto que tienen las actividades mineras en la salud humana, pues pese a que existen estudios que establecen correlaciones, falta estimar la intensidad y la magnitud del problema.
La información que existe sobre la contaminación ambiental debe difundirse, tanto a nivel local como entre las autoridades y las operaciones mineras. Existe una falta de comunicación y conocimiento de los efectos negativos en el medio ambiente y sus repercusiones en el desarrollo socio-económico de las regiones mineras que debe darse a conocer al público en general, para que de esta forma este tema sea debatido públicamente y gane prioridad en las agendas de las autoridades tanto a nivel regional como local. De la misma forma, se debería socializar la Ley Ambiental, sus Reglamentos y el Código Minero entre las comunidades locales en las regiones mineras del país, para que éstas se organicen y puedan defender sus derechos a una mejor calidad ambiental. Más aún, esto permitirá crear una plataforma de debate entre la población local, los operadores mineros y las autoridades para que entre los diferentes actores se desarrollen propuestas consensuadas orientadas a mitigar el problema de contaminación.
Por otro lado, el desarrollo de una responsabilidad social en el sector minero, es tan importante como el desarrollo de una conciencia ambiental, pues el desarrollo económico de las comunidades aledañas a las operaciones mineras está estrechamente influenciado por esta actividad. Es importante poner más énfasis en 2) reducir el efecto negativo de la actividad minera en las actividades productivas de las comunidades locales que no trabajan en este sector, 2) mejorar las condiciones laborales y capacidades de los operadores mineros y 3) utilizar las actividades mineras como fuentes de desarrollo integral para las comunidades aledañas.
En respecto al impacto social de la actividad minera en el país, la Organización Latinoamericana de la Minería (OLAMI) llevó dos seminarios internacionales sobre el tema, concluyendo que los operadores mineros no sólo deben contar con una licencia ambiental, pero además con una licencia social, en donde estén involucrados los productores de las comunidades y los representantes de los consumidores con el fin de mitigar al máximo el impacto y hallar alternativas conjuntas (Noriega et al. 2007). En este contexto, es importante posicionar el concepto de Responsabilidad Social en la minería a través de un proceso de comunicación transparente orientada a mejorar las relaciones entre las comunidades locales y las operaciones mineras. “Dado que los operadores mineros
realizan sus actividades en el contexto de la comunidad, para que estas operaciones tengan éxito y sean sostenibles a lo largo del tiempo, es importante conducir acciones de apoyo para las poblaciones aledañas a la mina” (OLAMI 2006, citado en Noriega et al. 2007). Por último, existe una propuesta de gobierno que ya ha tomado forma de Anteproyecto de Ley para contribuir al desarrollo socio-económico de las comunidades locales en las regiones mineras del país. Se trata de garantizar el retorno del ICM y fiscalizar su aplicación (control social) para el desarrollo de las comunidades a partir de la mitigación de daños ambientales y la realización de inversiones productivas (Noriega et al. 2007). Este Anteproyecto de ley está siendo promovido actualmente por el Ministerio de Minería y Metalurgia y si llega a aprobarse tendría un impacto significativo en la activación productiva y económica y en la reducción de la pobreza en las regiones mineras del país.
4.2.3 Promoviendo un Enfoque Integral
Dada la complejidad del problema socio-ambiental de la minería en Bolivia, es necesario tratar de encontrar soluciones a partir de un enfoque más integral. En este sentido, es clave analizar y confrontar el problema bajo un marco de manejo integrado de cuencas, ya que uno de los problemas ambientales principales de la actividad minera es la contaminación de aguas.
Bajo el Plan Nacional de Cuencas (2007), el Ministerio de Agua, a través del Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, desarrolla el Programa de Manejo Integral de Cuencas Mineras que consistirá en destinar acciones para mitigar los efectos de la contaminación de los recursos hídricos por esta actividad. Inicialmente el programa atenderá la problemática en las cuencas mineras de La Paz, Oruro y Potosí.
Noriega y otros (2007) proponen que bajo el marco de manejo integrado de cuencas, se podría conformar un grupo multi-sectorial con presencia de todos los actores en un Comité de Cuenca y Control de Calidad de las Aguas, que desarrolle un Plan Estratégico orientado a recuperar y mantener la calidad ambiental en la cuenca. “A partir de las gestiones de este comité se puede, a través de la Prefectura, lograr que se propicien bajo el Plan de Manejo de Cuencas del Estado, los recursos económicos que permitan un estudio de las cuencas afectadas por la actividad minera” y la implementación de las medidas de prevención y mitigación necesaria para la recuperación de la calidad ambiental, productividad, desarrollo económico, calidad de vida, etc.