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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) es el organismo regulador encargado de velar por la transparencia de los mercados. Precisemos, ya que no se hace con la fre- cuencia debida, qué significa transparen- cia. Quiere decir, en primer lugar, que las empresas cumplen con sus obliga- ciones de inversión para garantizar la calidad del servicio. Recuérdese que en el mercado eléctrico, en vez de precios libres, todavía hay consumidores sujetos a una tarifa que decide el Gobierno, que ac- tualmente se aplica a todos los consumi- dores por debajo de los 50 kilowatios, y que al final de la liberalización en marcha acabará por aplicarse sólo a los consumos por debajo de los 15 kW (consumidores do- mésticos); y que en el mercado de los de- rivados del petróleo existen barreras que impiden la libertad total de mercado (ga- soductos, plantas de almacenamiento de combustibles, depósitos de gas) cos- teadas con intervención pública. Por lo tanto, la acción del regulador es insosla- yable. Quiere decir, también, que en co- ordinación con la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la Comisión Na- cional del Mercado de Valores (CNMV) de- ben vigilarse las operaciones corporativas que privilegien a unos accionistas sobre otros; y también las que suponen una con- centración de oferta que perjudica a los consumidores; y, por último, que no se da entre las empresas colusión de precios.

Cuatro consejeros de la CNE acaba- ron sus mandatos en junio de 2008: Fer- nando Martí Schaffhausen, Carmen Fer- nández Rozado, José Sierra y Javier Peón,

todos ellos propuestos por el PP. Sólo Peón tiene derecho legal a renovación porque ha terminado su primer man- dato. Una ocasión pintiparada para que el Gobierno proceda a una reforma legal que reduzca el número de consejeros –actualmente son 9, se debate que sólo sean 7– para simplificar las discusio- nes y facilitar el acuerdo entre los con- sejeros. Quiere el Gobierno encuadrar esa reforma en el marco más amplio de un cambio para los organismos re- guladores. Percibe que los llamados re- guladores –principalmente la CNE y la Comisión del Mercado de Telecomuni- caciones (CMT), aunque también la CNC– tienen acusados problemas de cre- dibilidad. En el caso de la CNE arran- can de su diseño y composición y se acre- cientan tras su discutida actuación en el caso de la OPA de E.ON sobre Endesa, por la manifiesta debilidad de la Comi- sión para gestionar el caso. Las discre- pancias internas, mal resueltas casi siem- pre, se han manifestado, por ejemplo, en su propuesta de subir en el 30% la tari- fa eléctrica. Esta propuesta, derivada de la obligación legal de la Comisión de ha- cer los cálculos de la tarifa, planteaba una situación imposible para el Gobierno. Pero no es menos cierto que esa impo- sibilidad se fragua porque los gobiernos desde 2004 no se han decidido a subir las tarifas en la medida requerida por los aumentos de costes.

La operación corporativa del año la presentó Gas Natural al anunciar la OPA sobre Unión Fenosa a 18 euros por ac- ción, y el papel de la CNE ha generado una nueva controversia. La compra obe-

dece a consideraciones plausibles desde el punto de vista industrial y económico, aunque existan reticencias sobre el pre- cio de las acciones concertado con an- terioridad al desplome de los mercados de valores. La Comisión descartó el aná- lisis de la operación por la llamada Fun- ción 14 , la que verifica que las opera- ciones financieras están correctamente establecidas en la operación y que ga- rantizan las inversiones necesarias. Lo hizo por dos razones. La primera es que la Función 14 debe aplicarse a operacio- nes en las que participan empresas con actividades reguladas; como la matriz de Gas Natural, titular de la compra, no tiene operaciones reguladas, el análisis no es necesario. La segunda es que la Co- misión Europea impugnó la utilización de la Función 14 en ocasión del conflicto del Gobierno con el equipo directivo de Endesa a causa de la OPA de E.ON. Sea como sea, un ángulo importante de la concentración GN-Unión Fenosa que- dará a oscuras.

Tal como está constituida, la CNE pa- rece un organismo necesitado de refor- ma. Genera demasiados problemas en re- lación con los que resuelve, no amortigua las presiones sobre el Ejecutivo y tam- poco tranquiliza a inversores y consu- midores porque carece de la autoridad su- ficiente para realizar funciones de arbi- traje y regulación. Por tres razones principales: está configurado como un or- ganismo excesivamente dependiente del Ministerio de Industria, reproduce la composición política del Congreso –y, por lo tanto, el riesgo de crispación– y exis- te una evidente incapacidad de acuerdo

entre sus consejeros. En favor de la Co- misión hay que decir que dispone de más medios técnicos y personales que el mi- nisterio de Industria para analizar y re- solver las distorsiones del mercado ener- gético. En la reforma que prepara, el Go- bierno debería considerar la opción de convertir la CNE, con los cambios per- sonales o estructurales que sean nece- sarios, en un verdadero regulador, ca- paz de tomar decisiones independientes; es decir, sin que puedan ser recurridas ante el ministerio.