Well-being at work

El invocado debate sobre la energía nu- clear, entendiendo por tal la elaboración al menos de un Libro Blanco con el pro- nunciamiento y aldabonazo inicial del Go- bierno, sigue sin convocarse. Hay razones políticas de sobra para el silencio admi- nistrativo, pero son más discutibles los ar- gumentos financieros y energéticos que se esgrimen para evitar el pronunciamiento. Una primera barrera contra la construc- ción de nuevas nucleares, muy evidente, es el rechazo todavía mayoritario de la opi- nión pública a la opción nuclear, aunque los datos existentes sugieren que una ma- yoría de los opinantes se reconoce mal informado sobre las ventajas e inconve- nientes de este tipo de energía. Una se- gunda barrera, también muy notoria en la actualidad, es el empeoramiento de las condiciones financieras nacionales e in- ternacionales. Se trata de poner en marcha una inversión de unos 3.000 millones de euros en un negocio que tiene, como se verá, riesgos muy variados. Las posiciones pronucleares defienden las ventajas de la energía nuclear con el objetivo de redu- cir la emisión de GEI: las ocho centrales nucleares operativas en España ahorraron a la atmósfera unos 40 millones de tone- ladas de CO2, casi el 11,5% de las emisio- nes de dióxido de carbono contabilizadas en 2006. En términos económicos, ade- más, los costes operativos de las centra-

les nucleares son notablemente más bajos que el resto de la producción termoeléc- trica. La comparación, grosso modo, sería de unos 20 euros por MW/hora en el caso nuclear y de 45-50 en sus competidores. Los defensores de la tecnología arguyen también la seguridad en el suministro y los progresos en seguridad y eficiencia de los reactores de III Generación. El Go- bierno no parece demasiado sensible a esas razones. La planificación energética oficial dibuja para los próximos años una decadencia relativa de la opción nuclear; su participación en la producción total de electricidad va a descender desde el 24% en 2006 al 17% en 2016.

Pero la conclusión para los defensores de la opción nuclear no tiene por qué ser pe- simista. La percepción política ha cambia- do. Durante la primera legislatura de Ro- dríguez Zapatero la presidencia del Go- bierno, y de forma especialmente tenaz el Ministerio de Medio Ambiente, llegó a de- fender el cierre escalonado de las centra- les nucleares. Las tesis oficiales parecían coincidir con las defendidas por organi- zaciones ecologistas que defienden la ex- tinción total de la producción nuclear y su sustitución por energías renovables. Pero el año pasado esa hostilidad fue sua- vizándose progresivamente. Presidencia del Gobierno –nótese que el Ministerio de Industria no es el depositario de la doc- trina oficial respecto a la energía nuclear, si bien ha actuado en su defensa– parece haber aceptado a regañadientes la tesis de que la energía nuclear es insustituible en el mix energético de los próximos doce años, porque la producción renovable se gestiona con dificultad. Las palabras má-

gicas que ya no se rechazan son “prolon- gación de la vida útil de las centrales”. Esta opción es, con gran diferencia, la más ren- table de todas, siempre y cuando cuente con el nihil obstat, central por central, del Con- sejo de Seguridad Nuclear (CSN). Las in- versiones están amortizadas, es una opción más barata que invertir en cualquier otra tecnología y el rechazo político hacia las plantas existentes se evaporó muchos lus- tros atrás. Incluso permite mantener abier- ta una conexión con una eventual recupe- ración de nuevas inversiones nucleares, puesto que las nuevas plantas podrían instalarse en los emplazamientos actuales, con lo cual no sería necesaria una azaro- sa búsqueda de nuevas localizaciones. La medida de ese cambio de opinión se co- nocerá cuando el Gobierno decida –pre- vio informa del CSN– sobre la prolonga- ción o no de la vida útil del grupo de San- ta María de Garoña, cuya vida normal vence a mediados de este año. El escenario con- siderado es que se autorice su funciona- miento hasta 2019, previo informe anual del Consejo.

Uno de los enemigos más poderosos de la energía nuclear –por detrás de la ges- tión de los residuos, un problema que per- manece sin resolver– es la gestión inade- cuada de los incidentes en las centrales nu- cleares. El episodio vivido en Ascó a raíz de una fuga de radiactividad en noviembre de 2007, pero conocida meses después, ilus- tra perfectamente ese peligro. Los gesto- res de la central retrasaron la información al Consejo de Seguridad Nuclear durante cinco meses, se ocultó el incidente al ins- pector de la planta e incluso llegó a anu- larse la alerta por escape. Cualquier de-

bate nuclear que se proponga en el futuro, cuando las condiciones financieras no sean una barrera infranqueable y el precio del petróleo se dispare de nuevo, víctima de su volatilidad y escasez creciente, tendrá que reconocer inexcusablemente dos con- diciones básicas: no será posible acometer nuevas inversiones nucleares sin la par- ticipación activa del Estado y el Consejo de Seguridad Nuclear deberá tener el control absoluto sobre la seguridad de las centra- les nucleares. La “participación activa del Estado” implica varias decisiones funda- mentales, la principal de las cuales es la ne- cesidad de trasladar el convencimiento de que no se rechazará la iniciativa de las empresas, si llegara a producirse, para construir nuevas plantas.