Robustness Checks

conforme lo hacía el modelo de globalización neoliberal, sus expresiones más extremas las hallamos en aquéllos países que acompañan ese modelo de desarrollo de flexibilidad, desre gulación, privatización y promoción de la IED. Se identifican tres planos de interven- ción del Estado en el desarrollo de la subcontratación laboral:

La externalización de servicios públicos aparece como una de las grandes preocupaciones el movimiento sindical y

las organizaciones sociales, quienes

además emplean este recurso para ilustrar el alcance de la subcontratación laboral:

“Eso opera incluso en ámbitos del Estado- servicios públicos-. Por ej. en zonas populares, suburbanas, es muy frecuente que todos estos servicios sean prestados por subcontratistas, alguien que ha suscrito en el municipio con una empresa de aseo un contrato por su cuenta y riesgo” (entrevista a Marco Gandarillas, del Centro de Documen- tación e Investigación de Bolivia).

“Pero además, en las propias entidades del Estado tiene éste muchos tra- bajadores tercerizados, ¡Incluso los maestros! A través de las OPS -Órdenes de Prestación de Servicios-, un contrato basura. Es una forma de tercerizar al trabajador, de que no genere antigüe- dad y no tenga en fin, acceso a todos los derechos que tienen los maestros” (entrevista a Jesús -Chucho- Ruiz, del sindicato CUT).

El interés de un Estado por promover la subcontratación laboral se refleja tam- bién en las reformas normativas labora- les que suelen anteceder la llegada de las ETNs a un país.

“ (…) cuando el BBVA adquiere el Banco Ganadero-, ésta emplea la misma

reestructuración que los grupos

internos: liquida la planta anterior y crea nuevos contratos. Esos nuevos contratos se hacen en el marco de la nueva legislación laboral que les permiten abaratar los costos y reducir prestaciones y derechos en general. Sucede un cambio legislativo flexible previo a la llegada de las multina- cionales pero para que éstas lleguen” (entrevista a Daniel Librero, profesor de la Universidad Nacional de Colombia). Estas reformas suelen afectar al marco normativo general de las relaciones laborales, pero su ejecución ex profeso se evidencia en los casos en que éstas revisten formas o contenidos muy precisos: afectan a un sector productivo concreto o una fórmula jurídica especí- fica.

“Hubo una reforma laboral en Bolivia, por la vía decreto (…) Sobre la base de este decreto, a lo largo de los 90 vienen las ETNs extranjeras y españolas. Básicamente una de las particularidades de las españolas es que vienen a sectores donde se eliminan todos los derechos laborales. Las ETNs públicas capitalizadas, tienen como caracterís- ticas que previo a su privatización ocurre un cambio en el régimen laboral: se despide a todos los trabajadores, se pone un periodo de salvaguarda que no suele superar los 6 meses, y en esos 6 meses las empresas se disponen a negociar con los trabajadores sobre la base de este decreto. Negocia la ETN con los trabajadores, pero sobre la base de la labor que ya había hecho el Estado como parte de la privatización -es decir, sin ningún problema ya para liquidar a los trabajadores, cancelar los beneficios sociales, etc.-” (entrevista a Marco Gandarillas, del Centro de Documen- tación e Investigación de Bolivia).

“Es una pregunta complicada. El pico alto de la utilización de las CTA empieza en el 2000, también con el cambio normativo y con el crecimiento de las empresas y consiguiente incremento de la llegada de las ETNs” (entrevista a John Fredy Bedoya, de la Escuela Nacional Sindical).

En los Estados de extremo corte político neoliberal inmersos en procesos de privatización, las reformas tienden a ser aún más tajantes, ya que la ETN impone su desvinculación con el proceso y la subcontratación laboral adquiere un peso específico en su negociación con el Estado. El resultado: la entrega de la empresa vacía como requisito sine qua non para su efectiva compra. Se trata de la denominada compra de la empresa en 0KM.

“Las ETNs exigen que se privaticen empresas sin pasivos laborales, ni ambientales ni nada. Todas las obliga- ciones contraídas por la empresa pública con los trabajadores tienen que dejarse en blanco. La entrada de las empresas debe ser en blanco. En los casos en los que no fue posible -por ej., en el petróleo- por la presión y movilización de los trabajadores, lo que hacen es

aceptar durante un periodo el

cumplimiento de los convenios existen- tes entre el Estado y los trabajadores, para luego deshacerse de los convenios, por la vía de la precarización de los dirigentes – los pocos que quedaban- o por la eliminación de los sindicatos” (entrevista a Marco Gandarillas, del Centro de Documentación e Investiga- ción de Bolivia).

En los mejores casos, esta entrega se instrumentaliza a través de fórmulas como la limitación del alcance de

preceptos normativos de subrogación

empresarial o sustitución patronal:

“Se denomina “sustitución patronal”, pero no opera porque cuando se produce se indemniza a los trabaja- dores, ya que éstas son relativamente sencillas, y son despedidos. Además esto no procede en el caso de las CTA porque ellas están reguladas a través de un contrato mercantil“ (entrevista a John Fredy Bedoya, de la Escuela Nacional Sindical).

“Hay un punto que se llama “sustitución patronal", pero en la práctica lo que se hace es borrar la historia, sacar a todos los trabajadores y el que entra no es una sustitución. Pese a que es una simple ficción, así opera. En el Tribunal Per- manente de los Pueblos se hizo esa denuncia y a Telefónica la condenaron, pero aquí no” (entrevista a Edgar White Uribe, del sindicato Sintraemsdes). “En Colombia ese fenómenos se llama “sustitución patronal”, lo que pasa es que como ya contratan a través de otra empresa, rompen el nexo de la vinculación patronal “(Entrevista a Juan Carlos Ospina, del sindicato Sintrainta- baco).

“Cuando llega Repsol no reconoce ninguno de los convenios previos, como empresa privada dicen: esos convenios no son convenios míos. Los convenios anteriores eran de Estado; y ello generó muchos conflictos en lo laboral“ (en- trevista a Marco Gandarillas, del Centro

“Las ETNs exigen que se