RQ4.2: Does the Structure of the Representations Lead Developers to

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Reino Unido



El rostro de España,

al igual que tantos

otros rasgos del país,

se ha modificado a un

ritmo vertiginoso

Cuando Bernardo, un pastor del pueblo donde poseo una segunda vivienda desde 1976, decidió jubilarse, la única persona que pudo encontrar para que se hiciera cargo de su rebaño fue un rumano. Varias hispanoamericanas cuidan a ancianos y otra trabaja como camarera en la Casa Rural. En estos momentos, incluso los lugares más minúsculos de la boyante España no pueden subsistir sin contratar a inmigrantes.

Según las estadísticas oficiales más recientes, elaboradas por la División de Pobla- ción de la ONU, en España había 4,8 millones de inmigrantes, lo que supone un 11% de su población y la décima comunidad de inmigrantes más numerosa del mundo. Esa cifra comprende tanto a los 761.000 británicos –entre los que me cuento– que se cal- cula que residen permanentemente en España como inmigrantes legales por su condi- ción de ciudadanos de un país miembro de la Unión Europea, como a los rumanos y búlgaros que llegan a España en autocares alquilados, a los norteafricanos que cruzan el Estrecho de Gibraltar a bordo de endebles embarcaciones y a los hispanoamericanos que viajan en avión y entran en el país como turistas para luego quedarse. En 1990, España no se encontraba siquiera entre los 20 primeros países receptores de inmigran- tes. En 1975, cuando falleció el dictador General Franco, apenas había 165.000 inmi- grantes en el país. Y cuando se firmó el Tratado de Roma, en 1957, la población de inmigrantes se reducía prácticamente a algunos jubilados y a escritores como Gerald Brenan y Robert Graves.

El rostro de España, al igual que tantos otros rasgos del país, se ha modificado a un ritmo vertiginoso. España había sido una sociedad relativamente homogénea desde un punto de vista étnico hasta mediados de la década de 1990, cuando comenzó a llegar un gran número de inmigrantes como consecuencia de la prosperidad del país, los cua- les se han convertido ahora ellos mismos en uno de los factores que contribuyen a esa bonanza. Frente al casi millón de españoles que, entre 1962 y 1974, se trasladó a Ale- mania, Suiza y Francia para trabajar, y a los muchos que previamente habían emigra- do a Iberoamérica, España es ahora uno de los destinos europeos preferidos por los emi- grantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y dejó de ser un emisor neto de emigrantes en 1988. En 2005, el país recibió un tercio de los 1,9 millones de inmi- grantes que entraron ilegalmente en la Unión Europea.

De no ser por los inmigrantes, España no podría hacer frente a la recogida de la fresa en Huelva ni a la recolección de la pera en Lérida, no le sería posible construir más viviendas, ni mantener los hoteles de las zonas turísticas, ni tampoco encontrar niñeras para cuidar a los niños ni a personas que atiendan a las ancianos en sus hogares. Los gran- des propietarios de tierras tendrían dificultades a la hora de ocuparse de los caballos que precisan caballerizos, pues buena parte de los mozos de cuadras son marroquíes. Hasta ahora los inmigrantes no han privado a los españoles de puestos de trabajo y se limitan a realizar trabajos de escasa categoría que éstos ya no están dispuestos a desempeñar. En los últimos diez años, la mano de obra española ha aumentado sensiblemente y, aún así, la tasa de paro ha descendido a la mitad, hasta cerca del 8%, el menor índice desde 1978,

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aunque con el mayor porcentaje de trabajadores con contratos temporales (33%) de la Unión Europea. Representa esto, no obstante, un logro muy notable.

La llegada de inmigrantes ha generado un aumento de la renta per cápita del país, ha flexibilizado el mercado laboral, ha generado un excedente en las cuentas de la Segu- ridad Social y ha invertido el sentido del marcado descenso demográfico que aquejaba a la población española. Si consideramos la población, en 1996 la ONU predecía que la española descendería drásticamente hasta unos 28 millones de personas antes de 2050 como consecuencia de su muy mermado índice de natalidad. Las previsiones actuales del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que la población española se situará en algo más de 52 millones merced a la llegada de inmigrantes y al mayor número de hijos que acostumbran a tener las mujeres inmigrantes. La tasa de creci- miento anual en 2001-2005 en la franja de edad de 15 a 64 años fue del 1,5%, la más elevada de la que se tiene constancia hasta la fecha (1,2 p.p. de ese aumento corres- pondió a la población inmigrante).

A los inmigrantes se debió el 50% del crecimiento medio anual del P.I.B. español (3,1%) entre 2001 y 2005, frente al 12% del incremento (4,1%) registrado entre 1996 y 2000, tal como recoge un informe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Sin esos inmigrantes, la renta per cápita del período 2001-2005 habría sido inferior en 623 euros (124 euros por año). La economía ha crecido a un mayor ritmo que la media de la Zona Euro durante catorce años seguidos. Cuantas más personas puedan participar en la actividad económica, mayor será la producción potencial del país. El hecho de que la economía española superara en dimensiones a la canadiense en 2004, convirtiéndose en la octava mayor economía del mundo, se debió, en gran medi- da, a la inmigración. En 2009, la renta per cápita de España superará la de Italia.

Hasta ahora, los españoles han mostrado una extraordinaria tolerancia respecto a los inmigrantes: no ha habido una reacción de rechazo y, por ahora, no se ha creado nin- gún partido antiinmigración o xenófobo similar al Frente Nacional francés. Los espa- ñoles reaccionaron con dignidad ante los atentados en la red de Cercanías de Madrid de marzo de 2004, perpetrados por islamistas radicales afincados en España y que deja- ron 192 muertos, muchos de ellos inmigrantes. Los únicos incidentes contra los inmi- grantes de auténtica gravedad fueron los vividos, en 2000, en El Ejido, en Almería, donde cientos de norteafricanos trabajaban en invernaderos de plástico en los que se cultivan verduras en invierno para su exportación al resto de Europa. Los altercados se iniciaron después de que un inmigrante asesinara a una mujer. El escritor español Juan Goytisolo, que reside habitualmente en Marruecos, describió la ciudad como «ese Eldorado del trabajo clandestino, de la superexplotación».

Rescatar a los inmigrantes ilegales de los confines de la economía sumergida y rein- tegrarlos al mundo laboral reglamentado fue uno de los factores que animó a la regulari- zación extraordinaria acometida por el Gobierno en 2005 y que convirtió a unos 560.000 sin papeles en inmigrantes legales. Fue una medida de humanidad y decencia, aunque habría sido sensato que Madrid hubiera consultado a otros países signatarios del Conve- nio de Schengen, los cuales permiten la libre circulación sin necesidad de pasaporte, y muy especialmente a la vecina Francia, cuyo Ministro del Interior y aspirante a la presi- dencia, Nicolas Sarkozy, criticó a España por alentar la inmigración clandestina. Tras su legalización, los inmigrantes pudieron moverse libremente dentro de los países integra- dos en el Territorio Schengen. Desde 1986, a las regularizaciones, efectuadas tanto por el actual Gobierno socialista como por su antecesor, del Partido Popular, se han acogido 1,2 millones de inmigrantes, el tercer mayor contingente de Europa y de los Estados Unidos.

La anterior ley obligaba a los trabajadores ilegales a obtener un contrato de trabajo en una empresa como condición previa para la solicitud de los permisos de trabajo y resi- dencia. No obstante, debido a normas en ocasiones contradictorias, a muchos les resulta- ba imposible conseguir un permiso de trabajo si no disponían de un empleo y no podían conseguir empleo sin un permiso de trabajo. La amnistía ha puesto fin a esa paradójica situación, ha concedido a los inmigrantes derechos fundamentales y ha favorecido un aumento de los ingresos fiscales y de las cuotas que se abonan a la Seguridad Social al integrar a la economía oficial a los inmigrantes y a quienes les dan trabajo.

La última regularización, sin embargo, alentó a más inmigrantes a trasladarse a España: los más de 31.000 que arribaron en 2006 en embarcaciones de pesca a las Islas Canarias, en su mayoría subsaharianos, cuadruplicaron la cifra de los que habían llega- do entre 2002 y 2005. Ese drama humano quedó plasmado, en 2006, en las imágenes mostradas por los medios de información de aquellos que habían perdido la vida en el peligroso viaje a lo largo de los 2.000 kilómetros de Océano Atlántico que les separa- ban de las Canarias. Sus cuerpos sin vida fueron arrastrados por las mareas hasta las pla- yas o aparecieron en los cayucos utilizados para efectuar la travesía. Espoleado por esa constante marea humana y por la creciente inquietud de los ciudadanos españoles, que ahora ven en la inmigración uno de los principales problemas internos del país, el Gobierno comenzó a actuar con mayor firmeza frente a la inmigración ilegal y buscó una participación coordinada de la Unión Europea –la cual se precisaba– en la res- puesta a este problema de dimensión paneuropea. Los sistemas educativo y sanitario de España están sometidos a presiones cada vez mayores debido a que su ampliación no ha corrido pareja con el drástico aumento de la población inmigrante.

Entre los inmigrantes llegados se encuentra cerca de un millón de musulmanes (2,6% de la población). Si bien la Constitución postfranquista de 1978 proclama la inexistencia de una religión de Estado en España, la Iglesia Católica conserva gran poder, en particular en el ámbito de la educación. Resulta escandaloso, por ejemplo, que la única religión a la que los contribuyentes pueden aportar dinero en España en la declaración anual de la renta sea el catolicismo. Tal anomalía no refleja los valores seculares que se encuentran en el corazón mismo del proyecto europeo.

Sin embargo, la verdadera demostración del grado de tolerancia de los españoles se apreciará cuando se desacelere el ciclo económico expansivo, lo cual ha de suceder en algún momento y, con ello, la intensa creación de empleo. La tolerancia también se verá puesta a prueba cuando los hijos de la primera generación de inmigrantes se licencien en las universidades españolas, no se interesen por los trabajos de baja categoría que la mayoría de sus padres desempeñan en la actualidad y compitan directamente con los españoles por puestos mejores. El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapa- tero, lo ha explicitado al preguntar si se permitirá que un inmigrante con la misma titulación y trayectoria profesional que un español se convierta en presidente de una empresa española. ¿Y por qué no en Presidente del Gobierno? _■

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William CHISLETT (1951)

Fue corresponsal de The Times en España (1975-1978) y, posteriormente, corresponsal del Finan-

cial Times en México. En 1986 regresa a Madrid, ahora como escritor y traductor del español al

inglés. Ha escrito varios libros sobre España; ha sido “Visiting Scholar” en el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva Cork, y ha dictado conferencias en universidades como Princeton y Harvard (EEUU) y en Boğaziçi (Turquía).

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