Chapter 3: Research Objectives and Methodology 52
3.3 Data Collection 58
3.3.4 Sample Selection and Details 63
En cuanto a la descentralización de las gestiones, SENAME en su jurisdicción nacional ha desarrollado esfuerzos en formalizar los procesos, lo que se puede visualizar en dos hitos principalmente, el modelo de supervisión y la licitación desconcentrada84. Ambos apuntan a los lineamientos de control principalmente.
Sin embargo, “El énfasis debe estar focalizado en procesos, en los jóvenes, en el caso a caso; y no en resultados genéricos en términos de reincidencia u otros. La realidad es dinámica”85, aunque ello sea explicitado, el Departamento de Justicia Juvenil, con su nueva estructuración y su lógica de cliente, se centrará en los indicadores de resultados, ¿Es causa de la interacción institucional la falta de criterios comunes?, en este caso, se considera que no. Principalmente por que el DJJ prioriza la estructura como buen sistema central, y se encuentra en constante interacción con el ambiente público, donde se debe seguir los lineamientos que el gobierno presente.
En otro aspecto, y como debilidad en los mecanismos formales, se presenta que los OCAS consideran “en cuanto al control, se percibe que este es llevado a cabo de manera diferente según la subjetividad de cada supervisor técnico. En el caso de los financieros se observa un criterio más uniforme”86
Cabe señalar, respecto a las funciones de los UJJ, que éstos deben estar centrados en los aspectos técnicos, sin embargo, “a nivel local se observa un rol de la UJJ más asociado al control que al acompañamiento técnico de los
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Ver anexo 10.3 85
Encuesta N°11 Asociación Cristiana de Jóvenes, V región. 86
Encuesta N°14 Asociación Cristiana de Jóvenes, V región.
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programas”87 y cuando se logran establecen mesas técnicas, se abre un espacio de comunicación además, dado que los OCAS“ siempre postulado la necesidad de crear instrumentos que no solo midan resultado sino también los procesos llevado a cabo por los equipos para la obtención de estos, de forma tal de que queden consignados los esfuerzos que se realizan para cumplir con los lineamientos técnicos que el servicio nos pide”88¿Cómo llega esa petición al nivel nacional, donde se estipulan los indicadores y metas para los programas? Nuevamente se visualiza que la falta de protocolos dificulta la interacción organizacional.
Considerando el análisis realizado, es complejo poder establecer un flujograma organizacional ideal definitivo, aunque de todas maneras, es importante los elementos obtenidos desde los propios ejecutores en cuanto a su lógica organizacional, con el fin de mejorar la implementación de los programas en medio libre, la responsabilización penal y la reinserción social de los/as adolescentes. Dado que son variados ámbitos que se deben fortalecer antes de dar importancia a descentralizar de manera acelerada. Por ello, y “en términos generales, es necesario mejorar la participación de las Instituciones en las estrategias que apuntan a lograr una mayor eficacia y eficiencia en coordinación, comunicación y control”89
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Encuesta N°38 CIEM, VI Región. 88
Encuesta N°93 Fundación Proyecta 89
Encuesta N°108 Fundación Terciarios Capuchinos
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CAPITULO V
ARTICULACIÓN CON EL PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
El proceso de intervención social desarrollado de manera paralela a la presente investigación en el Departamento de Justicia Juvenil del SENAME, desarrollado desde la necesidad institucional de crear un modelo de transferencias de las Orientaciones Técnicas, en este caso del Programa de Libertad Asistida Especial diseñadas durante el año 2012, al circuito judicial siendo; Defensoría Penal Pública, que tiene como objetivo brindar la defensa jurídica a los/as adolescentes en el desarrollo del juicio penal; y Ministerio Público, contraparte de la Defensoría y encargado de investigar los delitos cometidos por los sujetos; por tanto es necesario comprender las diferentes funciones y énfasis que cada uno de ellos presenta en función de las sanciones desarrolladas en el medio libre en contexto de Responsabilidad Penal Adolescente.
Además, se establece una interacción con el Ministerio de Justicia, que si bien, no pertenece al circuito judicial, es el organismo del cual depende organizacionalmente SENAME. La interacción mencionada se enfoca en el mecanismo de comunicación, lo cual responde al mismo fenómeno social, basado en la inter-sectorialidad que se necesita para sustentar el sistema de justicia juvenil, y las dificultades que se visualizan para lograr una integración basado, para la intervención, especialmente en el criterio de comunicación. Por ello, es que el plan de intervención define como objetivo general el “Construir un Modelo de Transferencia de Orientaciones Técnicas de los Programas de Sanciones y Medidas de la LRPA a los actores del Circuito Judicial de todo el país: Primer Modelo, Libertad Asistida Especial”.
Para desarrollarlo, se han establecido los siguientes objetivos específicos: a. Identificar perfiles (necesidades particulares de los actores sociales) y
énfasis institucionales (entendidos como las necesidades, prioridades y requerimientos) en la transferencia de información intersectorial.
b. Establecer marco teórico, estrategias, metodologías y técnicas para ejecutar planes de socialización y sistemas periódicos de actualización de los lineamientos técnicos de la oferta de SENAME con el circuito judicial desde los elementos identificados.
c. Evaluar el modelo realizado con la información obtenida en el diseño de la Orientación técnica del Programa de Libertad Asistida Especial
Dado que se desarrolla en el mismo contexto institucional, y considerando que ambos procesos deben en constante retroalimentación, es que se visualizan la construcción de articulaciones constantes desde distintos ámbitos.
Por tanto, el propio proceso de intervención es una articulación, dado que se trabaja desde distintas direcciones institucionales y organizacionales utilizados en la ejecución de la intervención social con los/as adolescentes en contexto de Justicia Juvenil.
De manera general, la articulación construida a través del proceso de intervención – investigación, recae en el Sistema de Justicia Juvenil en su totalidad en cuanto a las sanciones ejecutadas en medio libre, especificando los flujogramas de proceso para el diseño de los lineamientos técnicos realizado por SENAME en el Departamento de Justicia Juvenil (DJJ), y ejecución de las sanciones desarrollada por una parte de las OCAS con el apoyo local de las Unidades Regionales de Justicia Juvenil (UJJ) y las instituciones que se encargan de todo el proceso judicial del adolescente que es sancionado por la LRPA.
Otro ámbito de articulación construido, recae en la perspectiva epistemológica en la cual se sustentan ambos procesos, siendo la Teoría General de Sistemas, dado que es la perspectiva que tiene más sentido en el análisis organizacional con respecto a la integración institucional, enfatizando los mecanismos comunicacionales.
Lo anterior, conlleva a construir una articulación desde el nivel teórico, dado que ambos procesos se sustentan desde la temática de justicia juvenil, por cuanto se presenta una retroalimentación con respecto a la información obtenida para la comprensión del fenómeno social, desde el análisis organizacional y las políticas públicas.
En cuanto al nivel de articulación de logística y gestión, se puede visualizar que en el proceso de intervención propiamente tal en la organización, gira en torno al diseño de las Orientaciones Técnicas del Programa de Libertad Asistida Especial, lo cual presenta una comprensión integral en cuanto a la intervención social desarrollada por el Departamento de Justicia Juvenil, el rol de los Organismos Colaboradores, y las relaciones horizontales que se presentan con el circuito de justicia.
Es por ello, que desde este nivel de articulación, se logra potenciar los conocimientos de la intervención social en contexto socio jurídico, el diagnostico y gestión organizacional, la implementación de programas ejecutados en medio libre, y una visión integral que permite un análisis fundado en cuanto a las labores que desarrollan las distintas instituciones que sustentan el sistema de justicia juvenil.
Desde el aprendizaje obtenido en la profesión, se destaca que en ambos procesos, una intervención indirecta con los sujetos definidos por la institución, dado que el quehacer se encuentra desde un ámbito teórico en el diseño de lineamientos técnicos a ejecutar por los Organismos
Colaboradores. Además de plantear el análisis desde las Políticas Públicas (Modelo Botton Up), en cuanto a la obtención de datos en la investigación, y el modelo sugerido en las conclusiones de las mismas.
También, se posiciona a la investigación desde la lógica de implementación de los programas, más que de una evaluación de los resultados, lógica en que se han desarrollado las principales investigaciones en la materia. Por último construir o visualizar los flujogramas institucionales como sistema en justicia juvenil, tanto en la ejecución de la intervención social como en el proceso en el juicio penal de los/as adolescentes desde el circuito de justicia, esto presenta un plus desde el Trabajo Social, en cuanto a tener siempre como horizonte la intervención social, y desde esta esfera, mejorarla basada en el análisis organizacional.
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
El sistema de justicia juvenil de nuestro país se encuentra en crisis, las organizaciones se enfocan en el que hacer y los resultados por sobre la construcción de interacciones comunes para mejorar la responsabilización penal y la reinserción social de los/as adolescentes en contexto de intervención social.
Lo anterior ¿Qué relación tiene con las políticas públicas?, aunque no se encuentre explicito el Departamento de Justicia Juvenil en conjunto con las Unidades Regionales, en el ámbito público, y los Organismos Colaboradores desde lo privado, conforman un sistema que en la marcha han sido los ejecutores de la política pública en la materia, dado que son los que gestionan a otros Servicios para asegurar la oferta programática y el acceso a oportunidades sociales para el 82% de los/as adolescentes que se encuentran sancionados a causa de la Responsabilidad Penal Adolescente. Este sistema fue creado en pos de fortalecer soluciones ante un fenómeno común, sustentado en leyes, normas y formalidades desde el Estado para desarrollarlas.
Es por ello, que se hace necesario y viable, la relación entre el proceso de la política y su análisis, entendiendo dos perspectivas. En primer lugar y la más importante es la perspectiva del responsable de la política en cualquiera de sus fases (formulación, implementación, evaluación, y en su caso, reformulación). Esta es la perspectiva del directivo en las organizaciones públicas, en este caso el Departamento de Justicia Juvenil. En segundo lugar, es la perspectiva del analista de políticas públicas como un agente externo a la institución. Cualquiera que sea la perspectiva adoptada, el
proceso de las políticas públicas no tiene ningún sentido si no se vincula a la actividad de análisis, y para ello, el autor presenta cinco pasos:90
1. La definición del problema: el cual se encuentra analizado desde la interacción de las organizaciones que participan en la ejecución de las sanciones en medio libre. Las dimensiones son los criterios de comunicación, coordinación y control. Los principales afectados son de manera directa, los equipos profesionales y ejecutores de los programas, y de forma indirecta los/as adolescentes. Si no se actúa sobre él, el problema permanecerá, independiente a las modificaciones institucionales realizadas, en la actualidad respondiendo a la modernización y descentralización del Servicio.
2. La formulación de las alternativas de solución al problema: en esta fase de proceso de política pública, es necesario especificar un plan de acción, que se considera abarcar desde los tres ámbitos organizacionales para desarrollar su definición común. Delimitando de dicha manera, los objetivos; prioridades; alternativas existentes para alcanzar las metas; identificar los riesgos; beneficios y costes que acompañan a cada alternativa; y cuál de ellas produce los mejores resultados con los menores efectos negativos.
3. La elección de una alternativa: como dicha alternativa se pretenderá definir en común, se debe discutir la viabilidad técnica y política de la alternativa seleccionada. Es en este punto importante destacar, y desde la dinámicas de sistemas, el concepto de voluntad política, basado en obviar las subjetividades y centrarse en el punto acordado, por sobre los 90
TAMAYO, MANUEL. 1997. en Bañon, Rafael y Carillo, Ernesto “La nueva Administración Pública” Capítulo 11: El análisis de las Políticas Públicas. Editorial Alianza, Madrid, España.
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sellos particulares que se pretender dar a la gestión que se encuentra a cargo.
4. La implementación de la alternativa elegida: en esta fase, es necesario estipular el/os/as responsables de la implementación y los medios que se usarán para asegurar que la política se lleva a cabo de acuerdo al plan previsto.
5. La evaluación de los resultados obtenidos: como última fase, es necesario poder asegurar, si es posible, si se han alcanzado los objetivos descritos en la segunda fase; definir qué criterios hay que tener en cuenta para juzgar los resultados de la política; de esta manera, evaluar su continuación o eliminación; y el criterio de justicia.
Todo lo anterior, desde la participación igualitaria de los profesionales parte del sistema, sin embargo, se puede establecer en un nivel en que nuestro país no acostumbra realizar las políticas públicas, dando relevancia a la estructura y a la lógica top down91 para diseñarla e implementarla. Lo cual históricamente, ha sido cuestionada ya que desde dicha perspectiva no se logra comprender de manera real las complejidades y el fenómeno social que se pretende abarcar, dejando vacíos normativos y de ejecución, que puede dejar en segundo plano los objetivos y el espíritu de las reformas.
Tensionado además, y desde la teoría de sistemas, con la concepción de poder, la cual debe tener subsistemas subordinados para poder ejecutar sus roles. Lamentablemente esto afecta de gran manera a los 29.000 adolescentes que hoy se encuentran en algún programa para cumplir su sanción penal, ya que este poder se encuentra concentrado en pocas
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personas, con sobrecargas laborales que no le permiten visualizar lo evidente.
Ante todo, debemos dar créditos también a la organización, aunque se encuentre en crisis a cinco años de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, es un fenómeno de social contemporáneo, el cual se ha desarrollado en otros países, sin embargo, no se puede comparar a causa de las realidades y contextos radicalmente distintos.
Sin embargo, aún se puede hacer más, es por ello que los hallazgos obtenidos desde la lógica bottom up92, donde los mismos ejecutores tuvieron un espacio de expresión, con una representatividad del 56% a nivel nacional, deben encontrarse al servicio de las organizaciones.
Por tanto, se levanta la propuesta a los profesionales interesados en la materia, a los ejecutores y a los que comienzan en las políticas públicas recientemente, ya que con solo la voluntad política, se pueden hacer los cambios necesarios para los/as adolescentes, víctimas también de un sistema social injusto con oportunidades limitadas y con parámetros de calidad mínimos, es por ellos y ellas que se debe realizar un cambio, ya que a través de los programas, nos enseñan a cambiar también.
Si ellos y ellas pueden cambiar su realidad individual, ¿Cómo no luchar por transformar las realidades colectivas?
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TAMAYO, MANUEL. 1997. en Bañon, Rafael y Carillo, Ernesto “La nueva Administración Pública” Capítulo 11: El análisis de las Políticas Públicas. Editorial Alianza, Madrid, España.
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ANEXOS
7.1 Diseño de encuesta 7.2 Testeo de Instrumento
7.3 Flujograma de licitación descentralizada 7.4 Tablas de contingencia por indicador y región 7.5 Opiniones recabadas desde las encuestas