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Por todo el mundo helenístico, y más especialmente en el Egipto de los Tolomeos, encontramos innumerables asociaciones o gremios de gente ocupada en el mismo trabajo; sus funciones eran en parte religiosas y en parte las de una moderna sociedad amistosa o sociedad de enterramientos, y hasta cierto grado protegían los intereses profesionales de sus miembros, sin alcanzar nunca el nivel de los sindicatos actuales. En fecha tan temprana como el año 200 a. de J.C., sabemos de un collegium (o gremio) en Cerdeña, de cocineros de Falerri en Italia; pero bajo la República, tales collegia eran considerados desfavorablemente como fuentes potenciales de desorden, y fueron prohibidos repetidas veces. En el año 7 a. de J.C., Augusto los legalizó, a condición de que fueran útiles al Estado. Es en relación con el gremio de navieros, los navicularii, donde la nueva política resulta más visible. Estos navieros eran responsables de transportar a Roma el grano del que dependía el sustento de la capital, y por eso fueron el objeto de una especial solicitud imperial. Bajo Claudio (41-54 d. de J.C.), la tesorería ofrecía concesiones a los na- vieros y mercaderes (negotiatores) que se comprometían a construir un barco de algo más de treinta toneladas y emplearlo en servicio del gobierno durante seis años. Estas concesiones fueron confirmadas por emperadores posteriores; pero con la decadencia del comercio de mercancías para el consumo masivo, que llegó a hacerse visible en el siglo I d. de J.C., los que se ocupaban en el transporte marítimo solían trabajar también en otro oficio. En consecuencia, bajo Adriano (117-38 d. de J.C.), el Estado empezó a insistir en que, para tener derecho a estas concesiones, un naviero o mercader debía emplear la mayor parte de su capital en obligaciones estatales.

Mientras estos acuerdos cobraban una importancia cada vez mayor, las organizaciones corporativas, o collegia, de los navicularii y negotiatores empezaron a reemplazar a los comerciantes individuales en los contratos; y a lo largo del siglo III quedó claro que la organización más amplia de estos gremios era esencial para el funcionamiento del nuevo sistema fiscal. Ya bajo Antonino Pío (138-61 después de Jesucristo), los navicularii de Arlés (quienes como collegium disfrutaban de una oficina particular en Beirut) honraban a su «excelente y digno patrón», el procurador local de aprovisionamiento de trigo. M. Aurelio (161-80 d. de J.C.) declaró que nadie podía pertenecer a más de un gremio. Pero es en tiempos de Septimio Severo (193-211 d. de J.C.) cuando aparece una clara descripción del sistema. Se afirmó entonces específicamente que sólo podían reclamar concesiones los gremiales que prestaban sus servicios personales, y no los gremiales sin distinción —una clara indicación del papel que llegaron a desempeñar los gremios en las negociaciones con el gobierno. Al mismo tiempo aparecieron collegia de herreros (quienes pueden haber tenido obligaciones como brigada de bomberos, incluso bajo la República tardía), de comerciantes en aceite, panaderos, medidores de trigo y vendedores de cerdos, todos los cuales funcionaban en Roma, salvo los navicularii, que formaban una especie de Marina Mercante activa en todo el Imperio. En el año 200 d. de J.C. los cinco collegia de navieros de Arlés hicieron una huelga para exigir del gobierno tarifas más altas.

A lo largo del siglo III el papel de los gremios seguía desarrollándose, pero su libertad y su categoría seguían disminuyendo. Los que eran inicialmente asociaciones independientes y honradas pasaron a ser instrumentos de la dominación del Estado. Los detalles y las causas de este desarrollo resultan oscuros, al menos en parte, debido a la escasez de fuentes históricas del siglo III. Sin duda, intervinieron factores especiales en los diversos ramos de la producción y distribución. Pero parece que hay buenas razones para considerar la institución de la annona, el pago en especie a las fuerzas armadas y a la administración civil, como una de las razones principales. Otra, sin duda, fue el hecho de que la empresa privada, por sí sola,

resultaba incapaz de alimentar a la población civil, y el Estado se vio obligado a intervenir. Lo que se puede decir con certeza es que, a fines del siglo III de nuestra era, los collegia se habían transformado en organizaciones controladas, cuyos miembros estaban atados a su oficio y transmitían sus obligaciones a sus herederos. Todavía les trataban con honor; todavía podían tener sus propias posesiones y, como antes, tenían sus patrones y sus ritos religiosos; sus miembros estaban exentos de muchos impuestos, y sus presidentes jubilados recibían con frecuencia títulos honoríficos. Pero los collegia se convirtieron de forma creciente en el instrumento con el que se limitaba la libertad de acción de los miembros. Sus actividades estaban cada vez más ligadas al servicio del Estado. Se prohibía a sus colegiados cambiar de ocupación, y en algunos oficios, como el de panadero, debían escoger a sus mujeres entre las familias de sus compañeros de gremio.

Como ejemplo, tomemos el caso de los navieros. En el siglo IV cualquier navicularius dueño de un barco de más de treinta toneladas estaba obligado a ponerlo a disposición del gobierno, y a cambio recibía ciertas exenciones de impuestos, que después del año 326 significaban una completa inmunidad de cargos fiscales. En el año 380 se le otorgó la categoría de eques, o caballero. Por otro lado, sus obligaciones eran muchas. Mientras estaba comprometido en el transporte de cargas estatales, le compensaban a razón de una cantidad definida en un estatuto legal del año 334 como el 4 por 100 del valor de una carga de trigo en especie, más una milésima parte de su valor en oro para que pudiera cumplir estas obligaciones «con entusiasmo y apenas sin pérdidas propias». Pero a comienzos del siglo V la cifra había bajado a un 1 por 100 de la carga. Además, el naviero estaba sujeto a una lista de reglamentos de pesadilla, que le prohibían especular con la carga, demorarse en ruta, sabotear su barco, o intentar el comercio ilegal bajo pena de muerte.

Esta atención especial a los navieros surgió claramente de la importancia de abastecer a Roma, donde se necesitaban 130.860.000 libras de trigo al año para cumplir las demandas de los funcionarios públicos y de las personas con derecho a raciones gratis; y como hemos visto (pág. 44), si se incluye el trigo barato que se suministraba a los demás habitantes de la capital, el consumo total no podría ser muy inferior a 618 millones de libras. Cuando en alguna fecha anterior a Aureliano (270-5 d. de J.C.) la distribución de pan reemplazó a la de trigo, los gremios de panaderos, que habían sido reconocidos oficialmente bajo Trajano, asumieron mayor importancia; y ya en el siglo IV también ellos estaban completamente integrados en el servicio al Estado. Su propiedad fue ligada a su oficio, que se heredaba junto con ella. Si un hombre heredaba las propiedades de un naviero y de un panadero, era responsable de las obligaciones de los dos oficios; y cualquiera que se casara con la hija de un panadero, debería adoptar el oficio del padre de ella.

De todas formas, el gobierno no se preocupaba sólo del trigo. La distribución gratis de aceite de oliva, que se había efectuado en varias ocasiones desde la República tardía, se convirtió en habitual desde los tiempos de Septimio Severo, y dos gremios de comerciantes en aceite trataban con España y África, respectivamente. De modo semejante, a fines del siglo III, con la distribución regular de raciones de cerdo en Roma, los comerciantes en puercos adquirieron obligaciones oficiales, que comprendían recoger los animales de los ciudadanos que pagaban en cerdos como parte de sus impuestos en especie, llevarlos a Roma y hacerlos matar allí para que se repartiesen como raciones de carne.

Este desarrollo del principio de distribuciones estatales, y la institución de la annona militar en relación con el ejército, tenían como consecuencia natural un desarrollo sustancial del sistema de trans- portes del Estado para llevar los productos fiscales a sus diversos destinos. De nuevo, en este caso, los emperadores utilizaron el método conocido de las requisas obligatorias. En algunos casos se empleaban humildes arrieros; en otros se adaptaba el llamado cursus publicus, el correo imperial —una improvisación conveniente, ya que parece probable que los almacenes donde se guardaban las provisiones estaban establecidos junto a las estaciones de correo a lo largo de las carreteras principales. Estas estaciones estaban bajo el control de miembros de las familias de las ciudades cercanas, que tenían la responsabilidad de ocupar los puestos en los consejos locales, y en esta época se vieron empujados a prestar también este servicio adicional. Los establos para las mulas y los bueyes fueron construidos por prestaciones de trabajo forzado (corvées), y los mismos animales se conseguían y, en caso de necesidad,

eran reemplazados por la requisa. Además, el personal regular de bajo nivel —mozos de caballos, arrieros y cirujanos veterinarios— eran empleados del Estado.

Gradualmente se había desarrollado un sistema mediante el cual el Estado distribuía raciones básicas de pan, vino, aceite y cerdo, gratis o muy barato, y a cambio exigía servicios obligatorios de los gremiales. En el siglo IV d. de J,C., el cuadro que los códigos legales revelan corresponde a un absoluto control estatal sobre los individuos. No sólo unas pocas profesiones escogidas, sino todos los oficios y ocupaciones estaban organizados en collegia hereditarios. Sabemos, por ejemplo, de gremios de mesoneros, pescadores, alfareros y plateros. Tampoco se aplicaba sólo a Roma. Toda ciudad de alguna importancia tenía sus propios collegia, que funcionaban bajo el control del consejo local, cuyos miembros eran responsables ante Roma por el cumplimiento de sus instrucciones. Se conocen ejemplos en Aquileya, Lyon, Arlés, Tréveris, Constantinopla y Cícico, por mencionar sólo unas pocas ciudades de las que tenemos datos. El sistema no representaba una plena nacionalización, sino una forma mixta de empresa privada controlada. El gremial seguía siendo dueño de su propiedad industrial y comercial. Pero en vez de hacer un contrato libre durante un período de tiempo determinado, estaba obligado en virtud de su condición de propietario a trabajar para el Estado. Como contrapartida, recibía una compensación por la pérdida de ingresos; pero este «consuelo», o solacium, como se le llamaba oficialmente, tomaba cada vez más la forma de un pago en especie. Quizá se llegó a la última fase del desarrollo cuando la inscripción en uno u otro de los collegia apareció como penalidad oficial impuesta a los delincuentes convictos de haber evitado hasta entonces la «incorporación».

El uso de la coacción sobre los gremiales a partir del siglo III tiene su paralelo en el campo del gobierno municipal. En todas las ciudades del Imperio los grupos dominantes eran, por lo general, terratenientes; y se encontraron en bastantes apuros a causa de las exigencias de la annona militaris, que, como fue proyectada para cubrir una demanda invariable, era una cantidad fija, y no estaba en proporción al rendimiento de la cosecha. Esta carga, junto con una crisis del sistema financiero que, como veremos, se arruinó bajo una inflación catastrófica, agotó los recursos de muchas de las familias más ricas de las ciudades. Un papiro egipcio del año 250 d. de J.C. habla de un tal Aurelio Hermofilo de Hermopolis, quien, después de desempeñar el cargo municipal de kosmetes con grandes gastos personales, intentaba en ese momento liberar a su hijo de un «honor» semejante, ofreciendo a cambio a las autoridades la totalidad de su propiedad; por su intento, el consejo municipal le detuvo, Desde los tiempos de Diocleciano (284- 305) y Constantino (306-37), los cargos municipales son la obligación de una casta hereditaria de curiales, quienes habían perdido la mayoría de sus viejas funciones, que pasaron a manos de los oficiales imperiales, pero eran aún responsables de recaudar impuestos y de abastecer la ciudad. Bajo estas con- diciones no podía haber sentimiento cívico; pero no existía forma fácil de escaparse. A un miembro de la orden curial le estaba prohibido abandonar su ciudad nativa bajo la pena de cumplir con las obligaciones de su vieja casa y su nueva residencia; no podía retirarse a su finca en el campo para evitar obligaciones municipales; y le prohibían alistarse en el ejército o inscribirse en el servicio imperial, entrar en órdenes religiosas, hacerse miembro de un gremio, o entrar al servicio de un propietario rico como criado personal o como labrador arrendatario. Para evitar que la persona se aprovechara de cualquier escapatoria, las obligaciones de los curiales, como las de los gremiales, estaban unidas a la propiedad y no al individuo; eran hereditarias, y había leyes para mantener las obligaciones en el caso de que una heredera se casara fuera de la orden en su propia ciudad. Finalmente, la inscripción en la orden curial llegó a ser un castigo. Bajo Majencio (30612), sabemos de cristianos inscritos a la fuerza «para castigarles por su superstición». Constantino (306-37) inscribió en la orden a los hijos de veteranos que normalmente estarían obligados al servicio militar, pero que se habían mutilado para evadirlo; y a finales del siglo IV a pesar de repetidas leyes prohibiendo el uso impropio de la orden curial como una pena legal, Honorio (393423) la impuso a cristianos apóstatas. Bajo Justiniano fue utilizada en el Imperio oriental contra los judíos, los herejes y los clérigos declarados culpables repetidamente de jugar a los dados.

Es verdad que las medidas de coerción que acabamos de describir se evadían con frecuencia . La reiteración estridente de los códigos y muchas otras pruebas muestran que la ineficacia de las autoridades permitía escabullirse a muchos y que, a pesar de las leyes, había bastante movilidad práctica y libertad de acción. Pero aún cuando se tuviera éxito (que no siempre se tenía), la lucha perpetua para eludir la ley debió traer consigo una carga intolerable de ansiedad e inseguridad, y no es extraño que la vida en estas condiciones estuviera acompañada por una decadencia en la calidad y la extensión de la civilización urbana. Las invasiones bárbaras contribuyeron a esta decadencia. En la Galia, sobre todo, donde las ciudades abiertas habían crecido y prosperado durante generaciones tras las defensas de la frontera del Rhin, el enemigo entró desenfrenado, incendiando y saqueando toda la provincia, una vez que cedieron las defensas. En la destrucción general, parece que desaparecieron casi por completo los comerciantes y pequeños artesanos. Después de la rebelión de Póstumo contra Galieno (259) las ciudades, con sus poblaciones reducidas, quedaron limitadas a puras fortalezas, y desde tiempos del reinado de Aureliano (270-5) es raro que su superficie excediera las veintiocho hectáreas. Así, Burdeos era excepcionalmente grande, con un perímetro de 2.275 metros y una superficie de treinta hectáreas; en Estrasburgo, la nueva fortaleza cubría diecinueve hectáreas; Nantes, Rouen y Troyes tenían dieciséis cada una; Beauvais, Rennes y Tours, diez, y Senlis, menos de siete. Especialmente notable es el caso de Autun, que cubría unas 200 hectáreas antes de que cayera en manos de los ejércitos galos de Tétrico y fuera saqueada por los bagaudes; pero fue reconstruida por Constancio con la ayuda del trabajo gratuito de carpinteros y albañiles británicos en un espacio de sólo 10 hectáreas. Al otro lado del canal de la Mancha, sin embargo, la condición de las ciudades era sólo algo mejor. En Verulamium (St. Albans) las murallas de la ciudad quedaron en ruinas y se dejó de usar el teatro; y gran parte de Wroxeter fue incendiada y nunca reconstruida. Tampoco era muy distinto el cuadro en otras partes del Imperio. Las incursiones de los bárbaros en la península Balcánica durante el siglo III redujeron sus ciudades a una condición aún peor que las de la Galia; y en la segura provincia de Egipto se calcula que, en el año 260, Alejandría había perdido cerca del 60 por 100 de su población.

En algunos casos, de forma destacada en Estrasburgo, parece que los paisanos vivían fuera de la fortaleza y recurrían a refugiarse en ella en tiempo de necesidad. Pero esto fue excepcional; y, en general, las cifras implican una disminución considerable de la población. El remedio —que de ninguna manera ayudaba a las ciudades— fue seguir la práctica de hacer colonos a los bárbaros dentro del Imperio. Ya hemos mencionado los comienzos de esta política (páginas 84-85). En el siglo III sabemos que camavi y frisones fueron establecidos dentro de la frontera, y Constantino (306-37) siguió la misma política con respecto a los francos. Durante el siglo IV los bárbaros fueron introducidos en número aún mayor y colonizados bajo el mando de prefectos. Incluso hoy muchas aldeas francesas, como Bourgogne, Alain o Sermaize, revelan sus orígenes en la llegada de algunos grupos de burgundios, alanos o sármatas. Mientras tanto, dentro de las ciudades cualquier vida vigorosa e independiente iba siendo aplastada, no sólo por la presión de acontecimientos externos, sino también por el aumento del control burocrático. Hemos observado las primeras fases del proceso (págs. 83-84). Ya en el siglo III la mayor parte de los poderes legislativos de los municipios habían sido absorbidos por Roma, y las funciones administrativas también iban siendo usurpadas poco a poco. Los curatores y correctores del siglo III cumplieron su misión de rebajar hasta el mismo ínfimo nivel de dependencia todos los municipios del Imperio. Con- tinuador de esta política en los siglos IV y V fue el omnipotente defensor, que pronto llegó a eclipsar a todos los demás funcionarios, y con frecuencia cayó en el descrédito por su alianza no-santa con los terratenientes locales. Claro está que en estos tiempos el consejo municipal era un cuerpo que sólo tenía obligaciones, y sin ninguna autoridad.

Se ha dicho, con justicia, que la historia de la civilización greco-romana es la historia de las ciudades; e innumerables inscripciones de los dos primeros siglos del Imperio demuestran que, para la mayoría de sus ciudadanos, la ciudad fue la primera y principal entidad que merecía su lealtad y homenaje. Ahora la

1 _{R. MacMullen, Journal of Roman Studies, 1964, págs. 49-53, presenta valiosas pruebas que demuestran que las regulaciones}

registradas en el código de Teodosio, restrictivas para los gremiales, curiales y coloni, fueron en la práctica evadidas con frecuencia o incluso ignoradas impunemente.

institución más típica de la civilización antigua estaba en decadencia. La clase media de las ciudades, que había llevado la cultura de Grecia y de Roma al Tyne y al Indo, al Tajo y al Dnieper; que había poblado las estepas de Bactriana y los valles de los ríos de Francia con una constelación de ciudades, cada una de las cuales era una copia de los viejos centros de Grecia e Italia, cada una, reconozcámoslo en justicia, una colmena de industria y actividad útil además de un centro que explotaba a las clases bajas y a los campesinos de los alrededores; la clase media urbana que, con todos sus defectos (y eran muchos), había sido el instrumento de casi todo lo que hoy en día valoramos más de la civilización clásica —el drama ático, las historias de Heródoto, Tucídides y Polibio, las esculturas y los templos de Grecia, los primeros ansiosos tanteos de conceptos científicos, las especulaciones de Platón, Aristóteles y Epicuro, la poesía de Cátulo y Virgilio, la noche épica de Lucrecio, la sátira de Tácito y Juvenal, los triunfos de la arquitectura romana y la estructura majestuosa del Derecho romano—, estaba finalmente en retirada ante las exigencias de su propia criatura, el Estado imperial.

En estas condiciones las clases medias no tenían más remedio que luchar en acciones de retaguardia. Aplastadas entre la muela y la solera del molino, entre el Estado y un proletariado o clase campesina intratable, sentían cómo se desangraba su existencia poco a poco; y su última lucha «por lo que quedaba