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Single-echelon inventory models with multiple sourcing options

2.2 Literature review

2.2.1 Single-echelon inventory models with multiple sourcing options

Las políticas culturales cobran identidad sistemática y autoconsciencia a mediados del siglo XX, sobre la base dogmática de la doctrina alemana del Estado de Cultura160 y en el contexto histórico más general del Estado social, cuando se consolida y legitima la idea de que el Estado tiene obligaciones de hacer para con sus habitantes, como configurar instituciones, medidas e instrumentos que favorezcan el ejercicio de sus derechos culturales. Tres documentos expedidos durante la segunda mitad del siglo XX, tuvieron gran repercusión en la formación del concepto moderno de política cultural, al introducir la noción de la cultura del mestizaje y reiterar la importancia que reviste el desarrollo endógeno161: la Declaración de los Principios de la Cooperación Cultural Internacional (1966); la Declaración de la Conferencia Intergubernamental sobre los Aspectos Institucionales, Administrativos y Financieros de las Políticas Culturales (1970) y la Declaración de la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en América Latina y el Caribe (1978).

Dicha noción de desarrollo endógeno fue reafirmada y consolidada varios años después, con ocasión de la expedición de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, entrada en vigor en 2007, la cual reafirma el derecho de autodeterminación de los Estados, en cuanto al desarrollo, elaboración y ejecución de sus propias políticas culturales. Dichas obligaciones implican también la generación de mecanismos de protección de los derechos culturales. Agustín Squella señala acertadamente que la institucionalidad cultural “no es un medio en sí misma, sino un medio del que dispone el Estado para cumplir de mejor forma los deberes que tiene con la cultura”162.

A partir de la Conferencia de Viena el gasto público en la cultura es reconocido como independiente de otras carteras y el financiamiento directo a la creación artística cobra relevancia por considerarse como uno de los primeros aspectos que compete a los organismos públicos responsables de la cultura. A la incorporación del

160. PRIETO DE PEDRO, Jesús. Cultura, culturas y Constitución. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 1992,

p. 213 y ss., 2004.

161. http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi47_culturalpolicies_es.pdf 162. SQUELLA, Agustín, “La Nueva Institucionalidad Cultural”, p. 62.

financiamiento a la creación se añade, principalmente, la importancia de incluir en los presupuestos públicos el gasto derivado del mantenimiento de las instituciones encargadas de la difusión artística.

Con la Conferencia de MONDIACULT (1982) la cultura se ubica como tema central y transversal dentro de algunos

problemas sociales graves, como la exclusión social, la falta de reconocimiento y la puesta en valor de los grupos minoritarios, tales como indígenas, comunidades tradicionales, afrodescendientes, mujeres, afectados por la pobreza, etc.; pero, sobre todo, se da pie para lograr el reconocimiento posterior del concepto de diversidad cultural y su adopción formal. La cultura se asume como un instrumento para alcanzar el desarrollo. Bajo esta concepción y como resultado de dicha Conferencia, se establecieron algunos principios básicos que inspirarían la elaboración de políticas culturales públicas en todo el continente durante las décadas venideras y que son tenidos en cuenta hasta el día de hoy. Se enfatiza la promoción y puesta en valor de la identidad cultural, el papel de la cultura dentro del desarrollo social sostenible, la descentralización de la cultura (en cuanto a institucionalidad, participación en la planificación y ejecución de las políticas culturales), la protección del patrimonio cultural material e inmaterial y el fomento a la creación y educación artística.

Durante la década de los ochenta, paralelamente al proceso de transformación de las instituciones culturales latinoamericanas, el desarrollo de las políticas culturales fue significativo, lo cual se acentúa en la década de los noventa. A partir del Informe Pérez Cuéllar163, la cultura deja de ser vista como instrumento, para convertirse en un fin y cobra importancia la dimensión económica de la cultura y el impacto que sobre dicha dimensión tienen las industrias culturales. En efecto, dicho Informe considera que “el papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar fines –pese a que en sentido restringido del concepto, ese es uno de los papeles– sino que constituye la base social de los fines mismos. El desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos El fin último del desarrollo es el bienestar físico, mental y social de todos los seres humanos”.

El Plan de Acción de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo164, celebrada

en Estocolmo en 1998, establece los siguientes cinco objetivos, a tener en cuenta al momento de generar políticas culturales para los Estados miembros de las Naciones Unidas:

163. http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586sb.pdf 164. http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001139/113935so.pdf

a. La política cultural es un componente central de la política de desarrollo. b. Promoción de la creatividad y la participación en la vida cultural.

c. Reestructuración de las políticas y las prácticas que reafirmen la importancia del patrimonio tangible e intangible y fomenten las industrias culturales.

d. La promoción de la diversidad cultural y lingüística dentro de y para la sociedad de información. e. Más recursos humanos y financieros a disposición del desarrollo cultural.

A nivel Latinoamericano, el I Encuentro Iberoamericano de Ministros de Cultura, celebrado en Venezuela en 1997, tiene una especial relevancia al dejar plasmada en la Declaración resultante la necesidad e intención común de generar políticas culturales que estuvieran inmersas y constituyeran un eje del desarrollo humano.

En el año 2000, la UNESCO creó la División de Políticas Culturales y Diálogo Intercultural, que actúa como espacio de reflexión, adoptando el concepto de pluralismo cultural como elemento bandera para el desarrollo de la política cultural y abonando el terreno para la aplicación de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001.

Por último, la Agenda 21 de la Cultura y la Carta Cultural Iberoamericana son los dos documentos internacionales que, de forma más reciente, han incentivado la generación de políticas culturales participativas, inclusivas y transversales, a nivel local y nacional, dentro de la región iberoamericana.

La Agenda 21 de la Cultura es el primer documento de alcance mundial sobre las políticas culturales locales, aprobada por más de 300 ciudades y gobiernos locales, en el IV Foro de Autoridades Locales de Porto Alegre, en 2004. Considerada como un “documento orientador de las políticas públicas de cultura y como contribución al desarrollo cultural de la humanidad”, constituye una invitación a los gobiernos locales para que generen mecanismos que permitan articular la cultura, la convivencia y la participación ciudadana, como base para el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida en las ciudades. Dichos mecanismos deben permitir, a partir de la generación de políticas culturales locales inclusivas y transversales, la implementación y garantía de los derechos culturales, en consonancia con los procesos de participación ciudadana y planificación estratégica.

La Carta Cultural Iberoamericana, aprobada en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Uruguay en 2006, insta a los Estados a actuar con responsabilidad en el diseño y aplicación de políticas culturales que protejan y promuevan la diversidad y el patrimonio cultural. Asimismo, resalta la importancia de reforzar el papel de la cultura en la promoción y consolidación de los derechos humanos y la posibilidad de equilibrar asimetrías a través de las políticas culturales.

En términos generales, los países iberoamericanos han ido incorporando, tanto a sus ordenamientos jurídicos como a su estructura institucional, algunos aspectos de los establecidos por cada uno de los instrumentos y documentos antes descritos, de tal manera que sus políticas culturales se han estado desarrollando en torno a los conceptos, objetivos y fines que han contemplado dichos textos.

Sin entrar en referencias históricas y teniendo en cuenta los planes y estrategias de cultura de algunos países, a continuación se hace una breve referencia a los factores que influyen en el contenido de sus políticas y programas culturales mostrando, además, cuáles son los conceptos y ámbitos en los que se pone un mayor énfasis actualmente.