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La seguridad ciudadana es una de las acciones primordiales de los Estados, alcanzada con la colaboración de los ciudadanos y de las instituciones encargadas del bienestar público, su objetivo es propiciar la convivencia pacífica exterminando la violencia evitando el daño a las personas y a sus bienes.

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Por lo que la seguridad ciudadana como proceso establece, fortalece y protege el orden civil democrático, identificando las amenazas de violencia en la población para eliminarlas permitiendo de esta manera una coexistencia segura y pacífica. Así esta es considerada un bien público que conlleva a salvaguardar de forma eficaz los derechos humanos propios de todas las personas, principalmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. (Programa de las Naciones Unidas, 2013) Se considera que es posible disminuir la inseguridad ciudadana con estrategias exhaustivas para una mejor calidad de vida de los ciudadanos con acciones eficaces de justicia y una educación impecable para un desarrollo mundial. Del mismo modo Alegría, Ciro et al. afirman que las medidas adoptadas por un Estado para proteger la seguridad de sus ciudadanos en no pocos casos, limitarán a su vez, derechos de libertad de personas. (Fundación Democracia, Seguridad y Defensa, 2005)

El rol más importante de un Estado de derechos es la seguridad ciudadana a través de medidas totalitarias empleando mecanismos democráticos y garantías legales fundamentales como los Derechos Humanos.

A este respecto Cintya Katharin señala que las inseguridades a las que la ciudadanía están expuesta son múltiples por lo que es necesario tener muy claro los requerimientos legales y los establecidos pues las perspectivas y situaciones que se enfrentan podrían mantener una cierta dicotomía, dejando sin protección a personas vulnerables y en situaciones de riesgo.

Con el Marco Normativo y legal determinado para la seguridad ciudadana ecuatoriana, es necesario reconocer y diferencia las injerencia y participación del Estado y de la ciudadanía, quienes son los ejes estratégicos de las políticas que se implementan, de esta manera su puesta en marcha se da desde de las decisiones de la misma sociedad civil organizada y sus necesidades y compromisos como es la lógica cuando se habla de seguridad ciudadana, todo con el fin de que la aplicación de las leyes mantenga una coherencia con su construcción y aplicación, evitando que esta se conviertan en letra muerta, sino en un medio para normar y penalizar en caso de infracciones, es decir se espera una acción en la que en base a esas disposiciones legales se adopten

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mecanismos verdaderos de prevención en el caso específico del tema que además otorga y fundamente protección y la única forma es propiciando elemento organizacional.

En cuanto al ámbito institucional se debe mencionar el establecimiento de una estructura jerárquica la que sería parte de la creación de dos ministerios coordinadores que tienen directa relación con el tema: Ministerio de Seguridad Interna y Externa, y Ministerio de Coordinación Política. Este segundo caso permite la redefinición competencial del Ministerio del Interior en el entendido que tiende a especializarse más en el tema seguridad (Ministerio de Seguridad) dejando para el Ministerio de la Coordinación Política el manejo de la política. Ahora bien, es menester tomar en consideración las leyes y artículos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en lo referente a la seguridad nacional y todos derechos y deberes establecidos en esta carta magna que ayudan a implementar estas leyes

Es así que en la actualidad en la ciudad de Ibarra varias personas se encuentran afectadas a consecuencia de bienes patrimoniales en estado de ruina y que necesitan una restauración urgente, por lo que en el Diario El Norte en la publicación del 22 de octubre del 2017 en la página tres hace referencia de la problemática que se evidencia por lo que manifiesta que las casas patrimoniales se caen a pedazos. En el mes de julio la Comisaria de Construcciones de la Municipalidad realizo una actividad de limpieza de los inmuebles que se encuentran en el Centro Histórico de la ciudad de Ibarra, en el cual es deber del propietario mantener limpia su casa tanto en el interior como exterior de ella caso contrario de le notificara con el plazo de quince días para su mantenimiento y pintura y al no cumplirlo se amonestará con la sanción pecuniaria de dos salarios del trabajador en general y si existe reincidencia se duplicará.

Pero la problemática más representativa no es solo la limpieza del bien sino la restauración del mismo caso que preocupa a la municipalidad ibarreña, ya que los propietarios las han dejado en el olvido provocando su decadencia también manifiesta que las autoridades no pueden intervenir por falta de recursos económicos.

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El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) declaró en el año de 1999 210 inmuebles y 100 conjuntos urbanos como patrimonio cultural de Ibarra, pero en los últimos años las casas se han ido deteriorando por falta de cuidado de los propietarios.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra gano con su proyecto suscrito en la Unión Iberoamericana de Municipalidades por medio del Centro de Iniciativas de Cooperación y Desarrollo de la Universidad de Granada España, el cual se restaurará los bienes patrimoniales de la ciudad de Ibarra, el Alcalde Álvaro Castillo indicó: “Es de gran importancia rescatar el patrimonio cultural de la ciudad conjuntamente con el equipo de Dirección de Planificación para mantener las edificaciones consideradas como patrimoniales” (El Norte-Ibarra, 2017).

Hasta el momento existen 25 casas de patrimonio cultural de la ciudad, el cual muchas se encuentran en mal estado y se recomienda su inmediata restauración una de ellas es un inmueble ubicado frente al CNT en la calle Rocafuerte y Barrero, otro dato a destacar es el traspaso de la infraestructura Teodoro Gómez de la Torre a la municipalidad.

Así mismo el diario La Hora de la ciudad de Ibarra-Carchi en su publicación del 26 de septiembre del 2017 en la página 3 exhibe un artículo acerca del patrimonio cultural en el cual transcribe: “Exigen reparación por afectaciones en casa patrimonial de la Ciudad de Ibarra.” (La Hora, 2017)

El inmueble ubicado en las calles Sucre y Oviedo de la ciudad se ve afectado por un bien donde funcionan las oficinas de una entidad crediticia en los últimos meses. Los propietarios del inmueble formularon una demanda de protección ante los daños causados a su infraestructura lo cual existían locales comerciales e incluso oficinas con ayuda comunitaria, por lo que en su favor se planteó medidas cautelares para precautelar la seguridad de las personas que vivían en dicho lugar que con lleva la preocupación del personal que laboraba en el servicio comunitario con labor social provocando la paralización del trabajo, los propietarios esperan la intervención de las autoridades.

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Se realizó una audiencia de amparo para que los responsables asuman los daños causados protegiendo la seguridad de los habitantes del inmueble e incluso de los transeúntes.

No obstante la ciudad sigue trabajando para la conservación del patrimonio cultural, al respecto el Diario el Norte publicado el martes 9 de enero del 2017 en la página 4 indica que el truque de Pimampiro se ha declarado como Patrimonio Nacional Intangible gracias a la Universidad Técnica del Norte, el Ministerio de Cultura y Patrimonio con un aporte económico y el Municipio realizando talleres con personajes claves del cantón, y el gran trabajo que realizó el Antropólogo José Echeverría que investigo el tema para conseguir el propósito.

Del mismo modo el Diario aporta: “Cuando las sociedades prehispánicas se hacen más complejas organizan el intercambio administrativo donde los jefes y caiques tienen su grupo especializado de abastecimiento de productos exóticos que provenían de lugares o zonas distantes” (El Norte, 2017).

Por lo expuesto la ciudad realiza su trabajo con el objetivo de la conservación de la cultura ecuatoriana pero se debería tomar como prioridad las casas patrimoniales que necesitan urgente una intervención tanto por las autoridades como para los propietarios.