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cuanto generan el 22.4 por ciento del PIB. Asimismo, se estima que de los doce millones

de habitantes del país, 60.3 por ciento reside en el área rural y cerca del cuarenta por ciento de la PEA se desempeña en dicho sector.

Su importancia también se manifiesta porque el 80.1 por ciento de los pobres vive en el área rural, el 57 por ciento de ellos se dedica a la agricultura y en ese mismo escenario el analfabetismo sigue siendo alto: alcanza el 42.6 por ciento, siendo más pronunciado principalmente entre las mujeres y los indígenas (MINUGUA, 2002).

La economía rural de Guatemala ha sido afectada por elementos endógenos y exógenos que han generado una contracción de su actividad. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), durante el 2001 el PIB agrícola de Guatemala creció en solamente

1.2 por ciento y se estima que para el 2002 su crecimiento sea aún menor.

Los bajos índices de las actividades económicas agropecuarias tienen diferentes causas que van desde problemas de tipo institucional hasta los causados a la caficultura y otros productos agrícolas por la baja de sus precios internacionales.

En 2001 el precio del café tuvo una baja del cuarenta por ciento respecto al 2000, y continuó disminuyendo en 2002, en 8.1 por ciento más. De esta cuenta para el 2002, según estadísticas del Banco de Guatemala, el valor de las exportaciones de café sufrió una disminución del 29 por ciento con respecto al 2001.

Esta disminución en el valor de las exportaciones de café se explica tanto por la baja que sufrió el precio en el mercado internacional, principalmente en los mercados tradicionales del producto, como por una baja en el volumen de la exportación inherente a la percepción del comportamiento futuro de los precios.

a. Crisis del café

La crisis del café tiene repercusiones de amplio alcance en el plano económico nacional, pero principalmente en el plano social. Desde la perspectiva económica, en el período de enero a julio de 2002, esta crisis representa una disminución de los ingresos de divisas por concepto de exportaciones de US$23.1 millones.

Sin embargo, como resultado de la diversificación de las exportaciones que ha venido experimentando Guatemala desde hace dos décadas, han surgido nuevas fuentes de generación de divisas en productos no tradicionales tanto en la agricultura como en las manufacturas y las maquiladoras. Esto ha disminuido la importancia relativa del café en la actividad económica y el comercio exterior.

De acuerdo con lo anterior es importante señalar que de la disminución de los ingresos de divisas al país por concepto de exportaciones (US$408.3 millones) de octubre de 2001 a octubre de 2002, el decremento que sufrió el café solamente representa el cinco por ciento del decremento total del ingreso de divisas por el mismo concepto. Las mayores dificultades de la balanza comercial se encuentran en las disminuciones de rubros no agrícolas, como son los artículos de vestuario, cuya disminución representa el 29 por ciento, y los productos químicos, que representan el seis por ciento respecto al total del decremento de divisas por concepto de exportaciones.

Lo anterior permite visualizar que la crisis del café ha impactado en menor medida a nivel macroeconómico en la balanza de pagos y con mayor énfasis está afectando en su

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dimensión social, en el área rural.

En ese sentido, el plano social de la crisis del café es el más grave y se hace manifiesta en la pérdida de empleos en el área rural. Según la CEPAL , en el 2001 se dejaron de

contratar 19 millones de jornales, con un valor de US$62.0 millones, considerando el salario mínimo en el campo de US$3.23. Esta cifra de jornales no contratados equivale a decir una pérdida directa de 77 mil 500 empleos, aproximadamente el 15 por ciento de la ocupación en dicho sector (CEPAL, 2002: 44).

De manera resumida, los efectos negativos en de la crisis del café consisten en: a) una disminución del salario a menos del mínimo, donde se efectúe la cosecha principalmente en las tierras bajas; b) aumento del subempleo entre los trabajadores temporales del café; c) disminución de la actividad comercial en las regiones cafetaleras; d) incremento de la migración hacia las áreas urbanas; e) incremento de la migración internacional; f) incre- mento de la delincuencia; g) aumento de las demandas sociales al gobierno; h) acentua- ción de los conflictos por el recurso tierra.

Es importante explicar que las fluctuaciones en el precio del café reflejan un reacomodo en la estructura del mercado internacional, con efectos duraderos en el mediano y largo plazo. La crisis actual está condicionada por la convergencia de tres factores fundamen- tales: a) sobreproducción; b) alta carga de inventarios; y c) crecimiento lento del consumo. Estas condiciones determinaron un escenario que implicó la necesidad de tomar acciones en dos líneas: a) mejorar la capacidad competitiva de la caficultura y del posicio- namiento en el mercado mediante cafés finos de alta calidad y b) reconvertir aquellas áreas cafetaleras que por sus condiciones agro climáticas no presentan ventajas comparativas para el desarrollo de la actividad.

En ese sentido, con el fin de amortiguar los efectos de la crisis del café, así como consolidar condiciones sostenibles de crecimiento y desarrollo del sector agropecuario; en un esfuerzo conjunto del Estado y sector cafetalero, en el 2001 se formó el fideicomiso de Apoyo Financiero a los Productores del Sector Cafetalero Guatemalteco. Éste consiste en el otorgamiento de créditos en condiciones blandas que permita modificar las condiciones de las deudas que adquirieron previamente, para financiar sus actividades productivas.

Los recursos del fondo inicialmente ascendieron a US$100.0 millones, de los cuales US$40.0 se destinan hacia los micro y pequeños productores y US$60.0 millones para los medianos y grandes.

Las funciones del fideicomiso para el café incluyen también un componente para proporcionar, a los productores, opciones para reconvertir su actividad agrícola a otros cultivos más rentables, según sus propias decisiones y en concordancia con las condiciones del mercado de dichos productos.

El apoyo brindado al sector cafetalero del país se justifica en el hecho que socialmente representa la mayor fuente de empleos directos e indirectos a nivel nacional. La caficultora nacional se extiende, hoy, a prácticamente todos los departamentos del país: existen 62 mil 649 productores, de los cuales el 90 por ciento corresponde a micros y pequeños productores, y de los que un 25 por ciento aproximadamente se encuentran dentro del movimiento cooperativo.

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Estas cifras hacen evidente la importancia que tiene el sector caficultor y la relevancia de la inversión publica en el área rural en general y en la agricultura en particular, como un atenuante de la pobreza y como un apoyo para el desarrollo económico del país. b. Acceso a la tierra

El tema de acceso a la tierra es tratado en la sección 2.2.1.1, por estar incluido en uno de los ejes de la ERP; sin embargo, por constituir una limitante para las actividades económicas

en el sector, debe tomarse en cuenta como parte de las características del entorno que caracteriza a las actividades agropecuarias.

La responsabilidad del gobierno es la de facilitar el acceso a la tierra a los campesinos que carecen de ella, o que sí la poseen pero no cuentan con la seguridad jurídica sobre sus fincas (escrituras). En ese sentido, como está estipulado en los acuerdos de paz, se han establecido dos formas fundamentales para apoyar el acceso de los campesinos al recurso tierra: a) créditos para compra de tierras, consistente en el análisis de fincas y de grupos con interés de adquirirlas a través de crédito, determinando la factibilidad económica de la adquisición, de acuerdo con el régimen jurídico de la institución y del país; b) regula- rización de expedientes, que consiste en el análisis, revisión y actualización de los expedientes en los que consta la adjudicación y tenencia de tierras entregadas o en proceso de entrega por parte del Estado.

El problema ha sido atendido por el gobierno a través del Fondo de Tierras, creado por Decreto número 24-99 del Congreso de la República, tratando de avanzar en la solución de los problemas en las dos áreas descritas, aunque se reconoce que la demanda por tierras excede la capacidad de dicho Fondo. La importancia de este problema ha sido considerada por el gobierno al incluirlo como una de las acciones prioritarias de la ERP

que orientaron la asignación presupuestaria en 2001 y 2002. c. Recursos naturales

Guatemala es un país territorialmente pequeño pero con una alta diversidad natural. Su condición de puente entre dos masas continentales, la variedad de suelos y de formas terrestres, la amplitud pluvial, térmica y altitudinal, entre otros factores, son responsables de la existencia de una alta variedad de ecosistemas y especies.

Sin embargo, factores naturales, sociales e históricos han estructurado el territorio nacional y la posesión del mismo, en una estructura de latifundio-minifundio que dificulta el uso y manejo adecuados de los recursos naturales.

De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Información Geográfica (SNIG),

el mapa de conflicto del uso de la tierra vigente para el 2002 indica que un 60 por ciento de la tierra es utilizado adecuadamente, un trece por ciento presenta un sub-uso, en el 25 por ciento del territorio se está realizando un sobre uso de las tierras, y el restante dos por ciento son áreas urbanas, cuerpos de agua y tierras eriales (conos volcánicos y formaciones rocosas).

Entre los efectos más importantes que la estructura del uso del suelo ha provocado en los recursos naturales están: a) la deforestación, que se estima en 90,000 hectáreas anuales; b) la erosión del suelo, que alcanza hasta las 1,100 toneladas/hectárea/año en ciertas áreas del país; c) la pérdida de biodiversidad; d) el asolvamiento de ríos; e) el aumento en el riesgo de desastres por inundaciones y deslaves; y e) la disminución en las fuentes de agua.

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Durante el 2002 se han realizado esfuerzos dirigidos a desconcentrar y posteriormente descentralizar las actividades para el mejoramiento del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales. La línea de política va dirigida a potencializar a los gobiernos locales, con el apoyo de las delegaciones departamentales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), para que se apropien de las actividades de planificación y

contribuyan en la ejecución de proyectos ambientales y de conservación.

El cumplimiento de los objetivos ambientales en el contexto de los convenios internacionales suscritos por Guatemala y de acuerdo con los procesos reales de crecimiento económico del país, exige avanzar hacia la internalización de los servicios ambientales en las cuentas patrimoniales de la nación, proyectando las oportunidades de bienestar social sobre bases de sustentabilidad más que en características de un desarrollo económico que depreda y optimiza la utilización de los recursos naturales.

Para los países en desarrollo, detener las tendencias del deterioro ambiental implica no solamente fortalecer las políticas, estrategias e instrumentos para amortiguar los efectos negativos sobre el ambiente que trae consigo el crecimiento demográfico, el avance de las fronteras agrícolas y el crecimiento de la industria, sino además colocar en primer plano los temas relacionados con el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables y no renovables, y especialmente la conservación de la biodiversidad.

En cuanto a la conservación de la biodiversidad nacional, el país cuenta con 3,201,673 hectáreas bajo el régimen de áreas protegidas; esta extensión corresponde al 29.41 por ciento de la superficie del territorio nacional.

Se puede afirmar de una manera amplia que las instancias administradoras del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas

(CONAP) como instancia normadora y coordinadora, tienen influencia en más de tres

millones de hectáreas.

El desarrollo del SIGAP ha sido lento y caracterizado por un proceso carente de una

estrategia de desarrollo como sistema. Así, durante 47 años (1955-2002) se han declarado áreas y sitios sobre la base de diferentes organizaciones e instituciones con diversos propósitos y grados de éxito. El diagnóstico del SIGAP demanda trabajar en 115 áreas del

sistema actual y procurar el estudio y la declaratoria de otras áreas protegidas.

En el 2002 la escasa capacidad institucional de la sociedad para conservar y manejar los recursos naturales sigue siendo una restricción importante, por lo que se hace necesario formar una cultura social de conservación y uso sostenible de la naturaleza, y fortalecer el poder local, organizaciones no gubernamentales y grupos locales de usuarios proveyendo financiamiento, información y tecnología apropiada para conservar los ecosistemas locales. La falta de capacidad institucional genera espacios que pueden ser aprovechados por la sociedad civil y sustentados en la Política de Áreas Protegidas, específicamente bajo la línea de política del fomento al manejo productivo de bienes y servicios ambientales de acuerdo con los criterios técnicos y legales de cada categoría de manejo.

El instrumento de política que avala y apoya esta línea estratégica es la promoción de la creación de incentivos y líneas de crédito para el manejo de recursos naturales dentro y alrededor de áreas protegidas. Estos procesos han dado como resultado que Guatemala se coloque en el decimosexto (16to) lugar de 56, en el ámbito mundial, en lo concerniente

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a la certificación forestal, con un total de 312,461 hectáreas certificadas. Asimismo, se sitúa en el primer lugar en el ámbito mundial en el manejo comunal de concesiones forestales.

Los principales problemas que el SIGAP afrontó durante 2002 lo constituyen la tasa de

crecimiento poblacional y la escasez de oportunidades de trabajo, lo que ha forzado la migración hacia zonas protegidas. La presión que ejercen esas poblaciones sobre los recursos se ve a menudo reflejada en el cambio en el uso del suelo, por ende, en la pérdida de biodiversidad.

Por el lado institucional, el mejoramiento en la administración de las áreas protegidas, se ha enfrentado a problemas derivados de la escasez de recursos humanos, financieros y también debido a la falta de certeza jurídica de las tierras de protección y alrededor de ellas.

2.1.4.2 Minería e hidrocarburos