The New Constant-rounds Solution

A pesar de las diferentes acciones para combatir las causas fundamentales de los problemas de salud, las enfermedades diarreicas siguen manteniendo un segundo lugar en niños y niñas menores de cinco años, como en la población en general, tanto en el área urbana como rural. Un objetivo primordial, a favor de las comunidades más vulnerables del país, radica en mejorar sus condiciones de vida mediante la implementación de una adecuada estrategia de agua potable y saneamiento básico.

Esta situación se evidenció durante la tormenta tropical Mitch a finales de 1998, fenómeno que provocó brotes de diarrea y cólera por efecto de la contaminación de las principales fuentes de agua para consumo humano. Debido a lo anterior, el MSPAS consideró

de urgencia nacional realizar una adecuada vigilancia y control de estas fuentes para evitar el riesgo sanitario. Sin embargo, dentro de los principales problemas que aún afronta la población, figura la falta de agua potable y saneamiento básico, debido a la limitada cobertura del sector. Lo anterior restringe el acceso universal a estos servicios, con el consiguiente aumento de la incidencia de enfermedades.

Gasto 1998 1999 2000 2001 2002

Gasto total (millones de quetzales) 1,177.80 1,594.10 1,547.50 1,745.40 1,939.20 Participación del gasto en salud y asistencia

social dentro del gasto social (%) 7.1 8.3 7.9 7.9 8.1 Participación del gasto en salud y asistencia

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En 1998, sólo el 58.5 por ciento de las viviendas tenía acceso a estos servicios en el país, lo cual evidenció un déficit que alcanza al 41.5 por ciento de las viviendas que carece de estos servicios. Dicha situación se agudiza en el área rural, donde el déficit se eleva al 56.4 por ciento de viviendas que carece de conexión a una red de distribución de agua, y a un 98.6 por ciento de viviendas sin conexión a drenajes.

En mejor situación se encuentra la población del área urbana, donde el déficit comprende al 10.4 por ciento de viviendas que carece de conexión a una red de agua, y a un 26.7 por ciento a una red de drenajes (INE, 1999a: 25). Al analizar esta situación por parte de la

población pobre, se observa que sólo el 37.7 por ciento está conectada de alguna forma a la red de agua, y apenas el 16.5 por ciento a la red de drenajes. En contraste, el 62.4 por ciento de los hogares no pobres cuenta con conexión a la red de agua, y el 83.5 por ciento a la red de drenajes. El cuadro siguiente muestra los servicios básicos en hogares pobres y no pobres.

Cuadro 20

Servicios básicos en hogares pobres y no pobres 2000

Fuente: SEGEPLAN, con base en datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI, 2000) .

Al considerar la situación de los servicios en las áreas urbana y rural, se observa que es en el área rural donde se presenta el mayor déficit, ya que el 43.3 por ciento de hogares rurales se encuentra sin conexión a una red de agua. Con relación a la red de drenajes, el 91.1 por ciento se encuentra sin conexión a dicha red, mientras que los déficit de los hogares urbanos son menores: once por ciento sin conexión de agua, y 23.6 por ciento sin conexión de drenajes.

Cuadro 21

Servicios básicos según área geográfica 2000

Fuente: SEGEPLAN con base en datos de la ENCOVI 2000

Tipo de conexión

Total Pobres No pobres

Hogares % Hogares % Hogares % Total 2,191,451 100 1,003,831 45.8 1,187,620 54.2 Conexión de agua Sí 1,550,987 100 583,835 37.6 967,152 62.4 No 640,464 100 419,996 65.6 220,468 34.4 Conexión de drenaje Sí 837,556 100 138,481 16.5 699,075 83.5 No 1,353,895 100 865,350 63.9 488,545 36.1

Área geográfica/servicio básico Total hogares Porcentaje

Urbana 951,654 100

Con conexión de agua 846,711 89

Sin conexión de agua 104,943 11

Con conexión de drenaje 727,363 76.4

Sin conexión de drenaje 224,291 23.6

Rural 1,239,797 100

Con conexión de agua 703,466 56.7

Sin conexión de agua 536,331 43.3

Con conexión de drenaje 110,193 8.9

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La organización del sector para satisfacer las necesidades se ha definido en función de tres áreas geográficas:

—El área Metropolitana, conformada por la ciudad capital y en parte por áreas de municipios circunvecinos, está a cargo fundamentalmente de la Empresa Municipal de Agua (EMPAGUA), que atiende aproximadamente al 80 por ciento de las viviendas.

En esta área el proceso de urbanización acelerado ha causado una reducción y contaminación de los caudales de las fuentes superficiales de agua, así como de algunas instalaciones de captación y tratamiento. Asimismo, la red de distribución está por llegar al fin de su vida útil y existen pérdidas por tuberías en mal estado (Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, 1999a: 4-6).

—El área urbana del interior del país se encuentra en una situación similar a la del área Metropolitana. En la mayoría de los casos son las municipalidades las que proporcionan el servicio a las poblaciones, salvo algunas excepciones donde se ha concesionado el servicio a empresas privadas. Sin embargo, las municipalidades se han encontrado con la dificultad del suministro, pues en buena medida ha sido insuficiente y deficiente. Lo anterior está estrechamente relacionado con la escasez de fuentes de agua, falta de recursos financieros, costumbres y tradiciones de las poblaciones, así como desconocimiento en la gestión de procesos administrativos y técnicos a cargo de las municipalidades. —De acuerdo a cifras proporcionadas por el INE en el área rural, constituida por 23,887

comunidades la situación es más grave, ya que es las menos atendida. Debido a ello, las poblaciones han optado por la alternativa de organizarse en comités de desarrollo al ver que sus acciones han sido obstaculizadas por carecer del respaldo del gobierno municipal y por procesos burocráticos que han retrasado la solución de sus demandas. Cabe mencionar que en 1994, cuando se elaboró el análisis sectorial de agua potable y saneamiento, por parte del Comité Permanente de Coordinación de Agua y Saneamiento (COPECAS), se evidenció la necesidad prioritaria de ordenar y coordinar el sector. Las

conclusiones de este análisis permitieron, en 1997, retomar el proceso de fortalecimiento del sector, al designarse al Instituto de Fomento Municipal (INFOM) como la institución

encargada de la implementación de las políticas y estrategias del sector, así como de la coordinación de la asistencia técnica y financiera. En este mismo año, por medio de los acuerdos gubernativos números 376-97 y 635-97, se adscribió al INFOM la Unidad Ejecutora

del Programa de Acueductos Rurales (UNEPAR) y el Proyecto de Agua Potable y

Saneamiento del Altiplano (PAYSA), respectivamente.

Dentro de este contexto, el Gobierno de la República asignó, por medio del actual Código de Salud (Decreto número 90-97 del Congreso de la República), al MSPAS la responsabilidad

normativa de regulación y vigilancia de los servicios de agua y saneamiento. También se estableció que, juntamente con el INFOM y otras instituciones del sector, se impulsara una

política prioritaria y de necesidad pública que garantizara el acceso y cobertura universal de las poblaciones a los servicios de agua potable. Dentro del capítulo sobre salud y ambiente se designó a las municipalidades como los entes ejecutores y responsables de dotar de los servicios a las poblaciones. Además, se estableció la coordinación y el papel del MSPAS con

el INFOM, la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), organizaciones no guber-

namentales y otras instituciones del sector. Por último, para el mantenimiento del sector, se definieron las responsabilidades del MSPAS, las municipalidades y la comunidad. De lo an-

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proyecto de Reforma y Modernización del Sector de Agua Potable y Saneamiento, contenida dentro de la ERP, los Acuerdos de Paz y la Matriz de Política Social 2000-2004 con la

finalidad de satisfacer las necesidades de suministros de estos servicios. Para el efecto, se creó, por medio del Acuerdo Gubernativo 441-2000, una comisión que se encarga de plantear la reforma y modernización del sector, con apoyo de la cooperación internacional. Este acuerdo, a la vez, disolvió el COPECAS. Como avance al proceso de reforma y modernización

del sector se definieron como objetivos los siguientes:

—Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante el establecimiento de un ente rector fortalecido con un marco institucional, capaz de coordinar las entidades nacionales, por medio de mecanismos de planificación y adecuadas normas sectoriales, así como suficientes recursos económicos para la inversión de los programas y proyectos.

—Incrementar los recursos económicos con la creación de un ente regulador que fortalezca a los prestadores de servicios, por medio de la adecuación de sistemas tarifarios. —Promover la participación de los usuarios de los servicios, para que participen activamente

en la creación de inversiones, aplicación de tarifas y administración de los servicios. —Contar con una estrategia de aplicación del modelo básico para el área rural, por medio

de la ejecución de proyectos de agua potable, saneamiento básico, educación sanitaria y ambiental. Se definió que la entidad rectora debe apropiarse de esta estrategia para que se fomente la participación activa de las comunidades, las municipalidades, organismos de cooperación internacional y el gobierno central, por intermedio del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural.

Actualmente, ante la dispersión de las funciones del sector, se plantea la necesidad de centralizar y fortalecer las funciones de rectoría nacional en un solo ente con las siguientes finalidades: a) definir la política nacional de agua potable y saneamiento básico en el país, y b) planificar y coordinar las acciones del sector. Para el efecto, la Comisión Nacional para la Reforma y Modernización del Sector cuenta con un proyecto de ley que se denomina “Ley de Servicios Públicos de Agua Potable y Aguas Residuales”, el cual crea las figuras de ente rector y regulador. Con base en los análisis y dictámenes técnicos correspondientes, el Congreso Nacional de la República de Guatemala tendrá que evaluar si procede aprobar y emitir una nueva ley en la materia.

Las situaciones organizacionales antes descritas plantean la necesidad urgente y precisa de aclarar lo más pronto posible el problema de la rectoría del sector, con el fin de lograr su efectiva y real coordinación y alcanzar la cobertura universal de estos servicios esenciales para la población. Con el relación al gasto público en agua y saneamiento básico, éste ha aumentado en los años 1998-2002 al pasar de Q191.7 millones a Q384.7 millones en el año 2002. Sin embargo, el gasto en agua y saneamiento básico es bajo, en relación con las necesidades de estos servicios a nivel nacional que ameritan efectuar las inversiones requeridas con el fin de disminuir el déficit existente. Esta situación se refleja, asimismo, en la poca participación que tiene dentro del gasto social y su tendencia a la disminución: entre 1998 y el año 2000 la participación del gasto en agua y saneamiento básico disminuyó del cuatro al 0.1 por ciento; luego, aunque en mínima parte, se recuperó en el año 2001 y 2002 cuando fue de 0.6 por ciento y del 1.1 por ciento del gasto social, respectivamente. Sin embargo, no ha logrado recuperar el nivel de participación del año 1998. Con relación

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al PIB, la participación que tiene el gasto público en agua y saneamiento además de ser baja,

se ha mantenido igual en los últimos años, de 1998 a 2002 (0.2 por ciento del PIB).

Cuadro 22

Gasto público en agua y saneamiento básico 1998-2002

Fuente: SEGEPLAN, con base en datos del Ministerio de Finanzas Públicas.

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