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propia Entidad? ¿Por qué se va a declarar la lesividad del acto en este caso? Considerando que el acto que se quiere revisar fue dictado en el año 2001, ¿puede revisarse en el año 2002? ¿Por qué?
2. ¿Se ha adoptado la decisión de declarar la lesividad dentro de plazo? ¿Qué hubiese ocurrido si la Asamblea Vecinal se hubiese reunido para ello el día 24 de mayo de 2002?
3. ¿Por qué es la Asamblea Vecinal la que adopta la decisión de declarar la lesividad del acto? ¿Puede convocarse la Asamblea Vecinal mediante un pregón o debería haberse notificado por escrito?
4. ¿Está válidamente constituida la Asamblea Vecinal? ¿Por qué? ¿Puede Diego representar a su abuela? ¿Para qué sirve el poder otorgado por Doña Pepa a favor de Diego? Y ¿podría haber representado Diego a otros 20 vecinos? ¿Podría Dña. Pepa ser representada por su nieto de manera permanente en las Asambleas Vecinales?
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SOLUCIONES
1. Las Entidades Locales pueden revisar sus propios actos pero nunca de forma discrecional, sino acreditando vicios de nulidad de pleno derecho o de anulabilidad del acto que se revisa.
Son anulables, según el artículo 63 de la Ley 30/92, los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. No obstante, el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
Y según el artículo 62 de la Ley 30/92, son nulos de pleno derecho los siguientes actos de las Administraciones Públicas:
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio.
Los que tengan un contenido imposible.
Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para su adquisición.
Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango legal.
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En este caso, el acto por el que se otorgó la licencia adolece de un vicio de anulabilidad recogido en el artículo 63 de la LRJAP y PAC, ya que en la tramitación del otorgamiento de la licencia en cuestión se respetó todo el procedimiento establecido, pero no se tuvo en cuenta el informe que era desfavorable a la instalación de la empresa, informe que era vinculante, y no se tuvo en cuenta deliberadamente sino porque se había traspapelado.
Esto no supone la nulidad del acto, porque la decisión no se tomó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido.
Por lo tanto, al considerar que el vicio del acto es de anulabilidad, lo que se ha de hacer es declarar la lesividad del acto anulable, según el artículo 103 de la Ley 30/92. Este artículo dice que las Administraciones Públicas podrán declarar lesivos para el interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la misma ley, a fin de proceder a su posterior impugnación ante el orden contencioso-administrativo.
La declaración de lesividad no podría adoptarse si hubiesen transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto, como indica el mismo artículo 103, pero en este caso el acto fue dictado el año anterior a la iniciación del procedimiento, así que puede revisarse perfectamente.
2. El plazo para realizar la declaración de lesividad es de 6 meses desde que se inició el procedimiento, según el artículo 103 de la Ley 30/92, que dice que transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad se producirá la caducidad del mismo. En este caso el procedimiento se inició el día 20 de febrero y la decisión se adoptó el día 17 de mayo, por lo tanto, dentro de plazo.
Si se hubiese celebrado la Asamblea Vecinal para declarar la lesividad del acto anulable el día 24 de mayo de 2002, no se hubiese podido declarar ya que habrían transcurrido esos tres meses; así que se habría producido la caducidad del procedimiento.
3. Es la Asamblea Vecinal la que adopta la decisión de declarar lesivo el acto de otorgamiento de la licencia porque según el artículo 103.5 Ley 30/92, si el acto proviene de una entidad que integra la Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de este, por el órgano colegiado superior de la entidad.
El régimen de Concejo Abierto se estructura orgánicamente en un Alcalde y una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores, así que el órgano colegiado superior en un Concejo Abierto será la Asamblea
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Las reuniones de las Asambleas Vecinales se convocarán a toque de campana, por pregón, por anuncio o por cualquier otro medio de uso tradicional en el lugar, como señala el artículo 111.2 ROFRJEL.
4. Para que una Asamblea Vecinal esté válidamente constituida es necesario que asista 1/3 de los vecinos, ya sean presentes o representados, y nunca en un número inferior a 3.
En el Concejo de O hay 50 habitantes; si han asistido 34 vecinos a la reunión de la Asamblea, el quórum mínimo de 1/3 se supera; por lo tanto está válidamente constituida.
Como hemos visto, los vecinos pueden acudir a la reunión personalmente o pueden estar representados. Así que Diego puede perfectamente representar a su abuela ya que Diego es vecino también del Concejo, por lo que es miembro también de la Asamblea, algo que se exige para poder representar a otro vecino (art. 111.3 ROFRJEL).
La representación deberá acreditarse mediante documento público o documento privado notarialmente legitimado o por poder otorgado ante el Secretario de la entidad local. El poder que Doña Pepa otorga a favor de Diego serviría para acreditar la representación realizada en este caso.
La representación podrá otorgarse para cada sesión o con carácter permanente. Ningún vecino podrá asumir la representación de más de 1/3 de los miembros de la Asamblea Vecinal, así que Diego no podría representar a otros 20 vecinos porque superan ese 1/3 en este caso.
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LEGISLACIÓN UTILIZADA
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, Texto Refundido del Régimen Local (TRRL).
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EXPOSICIÓN DEL CASO PRÁCTICO 13
El Municipio A tiene 1.290 habitantes.
El Alcalde convoca una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento que se celebrará en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el día 15 de febrero de 2002, a las 19:30 horas. Esta sesión es convocada y notificada a los Concejales el día 11 de febrero de 2002.
A esta convocatoria se acompaña el orden del día de los asuntos a tratar en el que se incluye un punto de ruegos y preguntas; se incluye además el resto de la documentación necesaria.
El día 15 de febrero de 2002, a las 19:30 se procede a constituir la sesión del Pleno, al que han acudido 5 Concejales. Aunque no está presente el Alcalde, sí acude a esta sesión el Teniente Alcalde. De todas formas comienza la sesión ordinaria del Pleno.
En el desarrollo de este Pleno se adopta un acuerdo sobre un asunto que no estaba incluido en el orden del día y sobre el que no se había declarado su urgencia.
Por otra parte, cuando se va a debatir sobre la procedencia o no de conceder una ayuda económica a un vecino del pueblo debido a unas circunstancias personales y familiares íntimas por las que está pasando, la persona que preside el Pleno en esta sesión pide que se desaloje el Salón de Plenos, a lo que el público asistente se niega alegando que las sesiones son públicas. Pero el presidente del Pleno les dice que se ha adoptado por mayoría la decisión de que no estén presentes en ese debate y votación.
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