Señala el doctor SAAVEDRA Ramiro que “el Consejo de Estado se anticipó a la promulgación de la nueva Carta Constitucional aplicando la tesis de la lesión en el fallo del 27 de junio de 1991, con ponencia del Consejero Julio
César Uribe”100, donde se condenó con base en la teoría del riesgo.
Empero, de acuerdo con el citado autor, a partir de la Constitución de 1991 la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido ondulante en torno al tema de la responsabilidad de la administración pública. Veamos:
1) En la sentencia del 31 de octubre de 1991101, apoyado en el tratadista
LEGUINA, sostiene el Consejo de Estado que “del texto del artículo 90
se deduce una responsabilidad totalmente objetiva”102. Y esto
100 SAAVEDRA BECERRA, Ramiro.
Opus cit, p. 159.
101 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 31 de octubre de 1991. Expediente No. 6515. C.P. Julio César Uribe.
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significa, (a) que ya no se trata del perjuicio causado antijurídicamente, sino de un perjuicio antijurídico en sí mismo y (b) que el perjuicio se desvincula de la licitud o ilicitud de la actuación de la cual se deriva la lesión, para abarcar todos los supuestos de
responsabilidad posibles103.
2) En la sentencia del 30 de julio de 1992104, reitera la jurisprudencia anterior e insiste que con base en el artículo 90 constitucional la responsabilidad estatal es directa y objetiva. Pero aclara que puede haber hipótesis que no permiten el manejo de la responsabilidad desde la perspectiva del daño antijurídico.
3) Ya en la sentencia del 13 de julio de 1993105, la Corporación matiza la
posición inicial e indica que pese a la tendencia objetivizante que se aprecia en el artículo 90 de la Constitución Política la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado continúa siendo, por regla
general, de naturaleza subjetiva. Sin embargo, tal norma
constitucional constituye el tronco medular en el que se fundamenta la
103 Ibídem. p. 160.
104 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 30 de julio de 1992. Expediente No. 6941. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
105 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 13 de julio de 1993. Expediente No. 8163. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
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totalidad de la responsabilidad del Estado, sea ésta contractual o extracontractual.
4) Pero es en la sentencia del 5 de agosto de 1994, donde se evidencia el retorno a la tesis de la responsabilidad subjetiva, pues reitera que está vigente la responsabilidad por falla del servicio. Por eso “decir antijurídico no quiere significar que la noción de falta o falla en el servicio desapareció de la responsabilidad estatal y menos que el acreedor de la indemnización ya no tenga que probar la falla si la hubo o la conducta irregular que lo lesionó”, excepto que la falla se presuma. “En síntesis, la nueva Constitución, a pesar de su amplitud en materia de responsabilidad, no la hizo exclusivamente objetiva ni borró del ordenamiento la responsabilidad por falla del servicio. Las nociones de imputabilidad y de daño antijurídico así lo dan a entender” 106. Esta posición fue reiterada en la sentencia del 2 de febrero de 1995107, con la que el Consejo de Estado decidió la responsabilidad del Estado sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, donde dijo expresamente que ello se debió a falla del servicio.
106 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 5 de agosto de 1994. Expediente No. 8485. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
107 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera, 2 de febrero de 1995. Expediente No. 9273. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
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5) En la sentencia del 8 de mayo de 1995108, el Consejo de Estado
precisa aún más el nuevo régimen de responsabilidad del Estado, señalando que jurisprudencialmente se ha determinado “la existencia de regímenes de responsabilidad diversos según su deducción esté o no condicionada por la presencia de la falla del servicio, y que su prueba sea o no carga del actor”, para lo cual se detallaron los elementos que deben concurrir para que la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado sea procedente. Empero, queda claro que en el artículo 90 constitucional se estableció la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, sea contractual o extracontractual; y para el efecto deben acreditarse dos condiciones: el daño antijurídico y la imputación de ese daño al Estado.
6) La jurisprudencia posterior ha mantenido en lo esencial lo aquí expuesto, pero precisando un poco más “el concepto de daño antijurídico, los límites de la responsabilidad objetiva y la naturaleza del mal funcionamiento o el riesgo como causales de imputación,
igualmente la naturaleza de la relación de causalidad” 109.
108 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. 8 de mayo de 1995. Expediente No. 8118. C.P. Juan de Dios Montes Hernández.
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Claro que, como señala el doctor SAAVEDRA Ramiro, para algunos críticos, este viraje que dio el Consejo de Estado dio al traste con lo preceptuado en la Constitución que, según ellos, sólo consagró la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado, teniendo como base el daño antijurídico. Pero en realidad, tal posición era insostenible, pues con ello lo único que se estaba creando era una especie de seguro a cargo del Estado contra todo riesgo.
Tal situación la advirtió el tratadista TAMAYO JARAMILLO Javier110,
criticando a GARCÍA DE ENTERRÍA111 de quien la Constituyente colombiana
bebió para consagrar como principio constitucional la cláusula general de responsabilidad patrimonial por daño antijurídico, y señaló que hay que tomar con beneficio de inventario lo que enseña la doctrina española, pues hay diferencias en los dos ordenamientos jurídicos, el colombiano y el español.
En efecto, el mismo GARCÍA DE ENTERRÍA112, prologando el libro
revisionista de ORIOL MIR PUIGPELAT, replantea su posición inicial, y
109 SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. Opus cit. p. 166. 110 TAMAYO JARAMILLO, Javier.
La responsabilidad del Estado, el riesgo excepcional y las
actividades peligrosas. El daño antijurídico, Santafé de Bogotá, Editorial. Temis, 2000, p. 24.
111 La cláusula general de responsabilidad establecida en el artículo 90 de la Constitución de 1991, tuvo como base lo preceptuado en el Artículo 106.2 de la Constitución española de 1978, artículo que a su vez estuvo ideado por GARCÍA DE ENTERRÍA.
112 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Citado por SAAVEDRA BECERRA, Ramiro. Opus cit. p. 166-167.
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señala que pretender mantener en forma escueta la cláusula general de responsabilidad ha dado lugar a excesos por parte de los particulares, pues en realidad con tal cláusula lo que se buscaba era (en el caso español) corregir la regla general de irresponsabilidad por parte del Estado que se estaba beneficiando injustamente. Por eso propone como solución que se mantenga la fórmula general de responsabilidad pero que se hagan algunas puntualizaciones para corregir los excesos.
Como se ve, lo planteado por el profesor español le da la razón tanto al Consejo de Estado como a TAMAYO JARAMILLO que señalan que con la teoría de la responsabilidad patrimonial del Estado que es objetiva y directa, en manera alguna deroga la teoría de responsabilidad subjetiva que se funda en la culpa, sino que la complementa.