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Se identifican como experiencias de este tipo el Estudio con financiamiento público- privados de la comuna de Sierra Gorda, Acuerdo de Producción Limpia (APL) logístico minero puerto de Antofagasta y el CREO Antofagasta. El modelo de Gobernanza cooperativa comienza de dos presupuestos: la presencia de actores tanto públicos como privados con un cierto poder para solucionar problemas, y la existencia de un problema que ni los actores públicos ni los actores privados puedan resolver por sí solos. En los dos primeros casos, el problema compartido consiste en la contaminación del aire, pese a no existir infracción a RCA respecto de las compañías mineras; el tercer caso es una iniciativa privada que se consolida en un convenio público-privado de larga proyección en el tiempo, el cual responde al problema del diseño urbanístico de la ciudad de Antofagasta. El modelo de gobernanza cooperativa o en redes se caracteriza por un bajo grado de obligatoriedad y alto de cooperación. En las experiencias mencionadas, la obligatoriedad es baja, toda vez que no existe un marco legal que las regule. La cooperación, por su parte, se manifiesta en el carácter voluntario para la compañía minera, siendo en el caso del CREO la propia MEL quien tiene la iniciativa de crearlo. El APL referido se considera una experiencia de este tipo de gobernanza, debido a que, si bien establece obligaciones de monitoreo para los suscribientes privados, en caso de incumplimiento las sanciones convencionales son de amonestación o salida del convenio.
4. Autorregulación delegada y Autogobernanza privada.
En los escenarios estudiados no aparecen experiencias de “autorregulación delegada”, en que el Estado confiera directamente a la industria minera la posibilidad de autorregularse en términos medioambientales. Sin embargo, sí se reconocen experiencias de “gobiernos privados”, en que la industria en su conjunto se ha sometido a estandarizaciones de carácter ambiental, como lo son la serie de normas ISO 14.000, destacando entre ellas la ISO 14.001. Asimismo, la existencia de organizaciones que procuran orientar el comportamiento de las compañías mineras integrantes, en el caso
78 del GRI y el ICCM (ICMM, 2017) a nivel internacional; el Consejo Minero (Consejo Minero, 2017) a nivel nacional; o de la industria minera y asociados cercanos a la ciudad de Antofagasta, en el caso de la Asociación de Industriales de Antofagasta. Este modelo de gobernanza se caracteriza por una baja obligatoriedad y bajo grado de cooperación. La obligatoriedad es baja en el sentido de que la legislación chilena no regula este tipo de experiencias, y el grado de cooperación es bajo debido a que el Estado no incide ni incentiva la autorregulación de las compañías, sin perjuicio de que se relacione con las compañías por separado o con las organizaciones que representan sus intereses en torno a iniciativas comunes, que corresponderían a experiencias más cooperativas de gobernanza.
79 Tabla n°3: Matriz de doble ingreso experiencias de interacción público - privada
Fuente: Elaboración propia (2017)
Eje Cooperación público- privada
Alta Baja
Eje
Obligatoriedad
Alta Autogobernanza regulada
Participación de la industria minera en los APL
Gobernanza intervencionista EAE en los IOT
SEIA
Fiscalización de RCA y Normas de emisión
Planes de descontaminación
Baja Gobernanza cooperativa
Proyectos de investigación de cofinanciamiento público-privado Acuerdos de producción limpia
(APL)
CREO Antofagasta (escala comunal)
Mesa de trabajo público-privada comuna de Sierra Gorda (escala comunal) Programa Minería de Alta ley.
Roadmap tecnológico 2015-2035
Autogobernanza privada
Estándares de calidad (ISO 14.001)
Autorregulación de empresas pares (Asociación industriales, Consejo Minero, GRI, ICCM)
80 CONCLUSIONES.
La relación entre organismos públicos regionales y la gran minería en la Región Antofagasta en lo relativo a la Planificación Territorial Estratégica con enfoque Medioambiental al día de hoy sigue siendo escasa, pese a las intenciones declaradas por el Estado en el propio marco lógico de la Evaluación Ambiental Estratégica y desde el privado por los estándares de generación de valor compartido que hoy son el horizonte común de la gran minería de nivel mundial. Si bien existe un relacionamiento desde lo medioambiental, éste tiende a limitarse al cumplimiento de los compromisos asumidos por cada empresa acorde a la Resolución de Calificación Ambiental respectiva a cada proyecto, no alcanzando a apreciarse una visión sistémica del medioambiente en la región por parte de ambos sectores.
Respecto a la herramienta Evaluación Ambiental Estratégica, ésta consiste en un procedimiento reglado, que norma principalmente interacciones entre organismos públicos comunales, regionales y nacionales, contemplando instancias de participación de terceros acotadas -acotadas en la norma, pero con invitaciones más cooperativas en instancias de mesas de trabajo y de reflexión en las guías orientadoras propuestas por el propio Ministerio del Medioambiente-, lo cual dificulta una incorporación de la visión y eventuales aportes de la industria minera en una escala regional.
Desde el sector privado esto además da cuenta de compañías mineras atomizadas en sus operaciones y áreas de impacto respectivas, con un comportamiento más reactivo que propositivo respecto a las amenazas y problemas socioambientales. Si bien se identificaron aportes desde la industria minera en temáticas medioambientales, dichos aportes se dirigen a una escala territorial muy acotada, desde el financiamiento de iniciativas de la línea de educación ambiental a escala comunal, desde la negociación con municipios y comunidades aledañas, como respuesta a conflictos actuales o eventuales de carácter ambiental - urbano.
Distinta es la situación respecto de la realidad nacional, ya que desde la ciudad de Santiago se evidencian alianzas público-privadas interesantes en materia
81 medioambiental (no propiamente en PTEM, pero igualmente destacables), entre las cuales destacan la elaboración de propuestas para la modificación del SEIA, el Roadmap 2015-2035 (en el cual participó la Asociación de industriales de Antofagasta), el Consejo Minero, la certificación ISO 14.001, e indirectamente asociadas a medioambiente la Estrategia Nacional de Energías No Convencionales y la Estrategia Nacional de Innovación. Todas estas instancias se traducen en acciones para lograr una mejor eficiencia energética e hídrica, mejor manejo de relaves, y mayor transparencia en los procesos. Esta dicotomía entre las alianzas público-privadas en la capital y en regiones, da cuenta del centralismo con que opera estratégicamente la Política pública medioambiental en Chile.
Respecto a otros ámbitos del desarrollo, como lo son la innovación, el emprendimiento, la energética, infraestructura y la educación, en que las industrias mineras han sido innegables impulsoras desde el financiamiento directo o mediante fundaciones a proyectos y programas en la región, con énfasis en los territorios en donde generan mayor impacto ambiental. Ello presenta un escenario interesante para explorar en futuras investigaciones.
El diseño de la estructura pública nacional, regional y comunal dificulta una coordinación interna del aparato público, lo cual en consecuencia no logra constituir un interlocutor válido para las compañías mineras al momento de dialogar posibles alternativas de cooperación. En contrapartida a lo anterior, sí se logró identificar una experiencia de liderazgo a nivel de gobierno regional que impulsó procesos interesantes como la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Regional.
Actualmente no existe un verdadero Ordenamiento Territorial en la región, debido a que las planificaciones regionales estudiadas PROT y ZBC continúan observadas a la fecha en la EAE, lo cual podría explicarse, entre otros factores, por el proceso de adopción de las instituciones regionales al nuevo procedimiento de EAE, b) la complejidad que este procedimiento suma a la ya reglada elaboración de las planificaciones regionales, y c) Una metodología poco participativa en la planificación
82 regional, que en definitiva dificulta la validación de estos instrumentos luego ante otros organismos públicos, sociedad civil y la gran industria minera.
Pese a lo anterior, se han logrado experiencias regionales exitosas dignas de relevar. Destaca en la línea de planificación urbana e infraestructura el CREO Antofagasta como plataforma de inversión y articulación público-privada de la mano primeramente de BHP Billiton y ahora Fundación Chile, la cual da cuenta de logros tempranos cuando se logran aunar voluntades políticas. Si bien el Plan Maestro generado por CREO Antofagasta contempla una línea medioambiental de desarrollo, ésta se circunscribe solamente a la ciudad de Antofagasta, y por tanto, a riesgos y problemas medioambientales urbanos. Una de las principales fortalezas de la investigación yace en la multiplicidad de fuentes de información, las cuales permitieron enfrentarse a cada hipótesis desde distintos puntos de observación, otorgando además mayor riqueza a los relatos convergentes que se fueron generando. Una de sus principales dificultades viene dada por la amplitud de conceptos como sustentabilidad, gobernanza, medioambiente, lo que dificultó encausar el trabajo al área estrictamente medioambiental. Asimismo, el estudio que primeramente sólo se avocó a la EAE, debió abrirse a otros escenarios, adoptado entonces el concepto de PTEM como lente teórico en el elemento medioambiente y planificación territorial. Fue entonces cuando se comenzaron a encontrar experiencias de articulación público-privada desde esta visión más amplia.
La multiplicidad de los nuevos escenarios informales identificados, y la multiplicidad de actores públicos y privados indirectamente involucrados a la Planificación Territorial Estratégica con enfoque Medioambiental (PTEM), excedieron ampliamente los recursos humanos y temporales con que se disponía para realizar esta investigación, quedando muchos temas abiertos para futuras investigaciones.
Entre los temas que quedan abiertos a través de este trabajo, y que desafían futuras investigaciones, está la incorporación de otros actores que no pudieron ser estudiados en detalle en este trabajo, entre ellos primeramente desde los privados: la industria minera no metálica (SQM, Roockwood Lithium), y la industria asociada a la minería (empresas contratistas, fundiciones, Aguas Antofagasta, Empresa de Ferrocarriles,
83 Asociaciones portuarias, etc); y desde otros actores: las comunidades (aunque ya existen estudios de caso sobre impacto ambiental desde la percepción de las comunidades), la sociedad civil (el estudio de Alberto Mayol (2016) aborda este ecosistema en la ciudad de Antofagasta), y la academia (respecto a este último actor existen estudios desarrollos a la fecha por parte del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte).
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88 ANEXOS.
ANEXO N°1. Mapa Político Administrativo de la Región de Antofagasta, dividido por comunas.