La coordinación surge a partir de actores que se insertan en diversos ámbitos del trabajo, ya sea al interior de las organizaciones ejecutoras, como entre actores del plano social, y se puede definir como el proceso de utilización de reglas de decisión con el que dos o más actores se ocupan de un entorno de trabajo compartido. En el ámbito público, la coordinación se plantea como la asignación de competencias específicas ligadas a diferentes niveles y ámbitos de gobierno. También, intervienen otros actores como las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, agencias de cooperación internacional, etc. La coordinación es invocada cuando se abordan temas complejos que requieren de diversos aportes que llevan consigo múltiples dificultades, como por ejemplo, que los actores muchas veces responden a lógicas institucionales, con concepciones gobernadas por intereses corporativos, con interpretaciones sesgadas de la realidad. También, la coordinación debe darse con frecuencia en escenarios llenos de incertidumbres, tensiones y disputas de poder, convirtiéndola en un proceso técnico y político en el que se manifiestan diversos intereses a confrontar (BID, 2006).
Actualmente, existen diversas formas para la coordinación. La posibilidad más simple es la coordinación única a través de la jerarquía, que supone una baja complejidad ya que el control de la toma de decisiones radica en una autoridad que centraliza todas las órdenes. Otra posibilidad que responde a tareas más complejas, es que cada parte realiza acciones predefinidas, rutinarias y formalizadas, contribuyentes al objetivo planteado. Una tercera posibilidad, pasa por la internalización de los fines y criterios por parte de los operadores, que presentan comprensiones y orientaciones compartidas. Por último, una cuarta posibilidad, está basada en la interacción directa entre los operadores y los decisores, que pueden complementar las decisiones a tomar (BID, 2006).
La coordinación, raramente puede alcanzarse a través de la jerarquía del poder ya que son muchos los factores que son determinantes. A esos recursos, hay que agregar la coordinación sustentada en liderazgos, relaciones regulares y recíprocas, con actores que comparten concepciones similares sobre el sentido de la contribución de la política y que den cabida al involucramiento social en la gestión (BID, 2006).
La idea es que los diferentes actores que actúan en un mismo ámbito de políticas sociales, deberían coordinar sus acciones para producir políticas coherentes, pero no necesariamente es así. Esta falta de coordinación refleja la naturaleza poco cooperativa de las interacciones políticas, que puede ocurrir entre entidades del gobierno central y los de niveles regionales, o incluso entre agentes locales. Es así como la coordinación y coherencia se hace esencial en los procesos, ya que por una parte las nuevas políticas deben ser congruentes con las existentes (coherencia) y por otra, los encargados de formular las políticas (tanto de ámbitos relacionados como no) deben coordinar sus acciones en forma efectiva (coordinación) (BID, 2006).
Dado lo anterior, y considerando los complejos escenarios que abordan los estados, desde problemas y crisis de confianza ciudadana, crisis de representación, incongruencia entre derechos y diseño de políticas, entre otros, es que son varios los desafíos que la política pública debe enfrentar. De acuerdo a Roberto Martínez (2009), alguno de estos desafíos son:
La tensión entre la diversidad y la convergencia de las políticas: El conjunto diverso y múltiple de políticas, en conjunto con los instrumentos de cada una y los procesos sociales que desencadenan, generan grandes dilemas de convergencia de propósitos e impactos, ya que muchas veces los propósitos buscados entre los actores con percepciones y aspiraciones particulares, dificultan los procesos de armonización sectorial. Es por esto, que la toma de decisiones debe estar enmarcada por reglas explícitas, con asignación de recursos y capacidades que aseguren la correcta coordinación en la implementación.
Las crecientes limitaciones para el diseño de políticas óptimas: Existen muchas limitaciones ya que las herramientas disponibles para diseñar políticas óptimas son muy limitadas. No solo las herramientas teóricas son insuficientes, sino que se presentan déficits de confianzas y validez de información acumulados por los actores. El ejercicio del poder está sometido a diversas restricciones impuestas por actores con capacidad para vetar, anular, reinterpretar o incidir sobre las decisiones políticas de implementación. Se pone en evidencia que la superación de los problemas más relevantes choca con las insuficiencias institucionales, impidiendo una construcción integrada de las políticas.
La elaboración de políticas de calidad: Debe ser necesario construir políticas de alta calidad, acordes al carácter multidimensional de la realidad y con estrategias de gestión reales con el fin de transformarla. Corresponde a una elaboración rigurosa de políticas, planes, programas y proyectos y a su seguimiento sistemático y a la evaluación constante para su actualización permanente. Implica capacidad anticipatoria, adaptativa e innovadora. Satisfacer estas exigencias implica reestructuraciones institucionales, reorientaciones políticas y una gestión pública que permita una acción eficiente, oportuna y eficaz, por tanto la coherencia y coordinación asumen arreglos estructurales, que pueden llevar mucho tiempo.
En conclusión, no podemos hablar de implementadores torpes, sino de personas que están en permanente disputa en el mercado político, luchando por imponer las mejores ideas, muchas veces cortoplacistas y de gran impacto.
El estudio presentado considera todas las ideas anteriores, haciendo énfasis en la diferenciación de enfoques utilizados en la implementación del DL 1.939 y Decreto N°10. La consideración de los supuestos necesarios para que el proceso que conlleva la ejecución de la política habitacional sea exitoso, tomando en cuenta la opinión de los funcionarios públicos que trabajan en dicha implementación. Finalmente se hace
hincapié en la coherencia de la misma, determinando el funcionamiento externo que ha tenido en la relación con otros programas institucionales, pudiendo determinar los puntos de vista del funcionario público frente a esta situación.