La ley 19.300, junto a la EAE, establece otros Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA): La Educación e investigación, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA),
44 Normas de Calidad Ambiental y de la Preservación de la Naturaleza y Conservación del Patrimonio Ambiental, Normas de Emisión. Finalmente, aunque no están establecidas como IGA, se desarrollan además las Áreas Protegidas, en su condición de instrumentos normativos que condicionan el uso y destinación de determinadas superficies:
3.1 La Educación e Investigación.
La línea de educación no fue abordada, por no tener repercusión directa en la PTEM de los territorios. Sin embargo, tratándose de la línea de investigación, ésta si resulta muy relevante, en la medida que contribuye a la generación de conocimiento sobre el territorio regional: Suelo, Aire, Agua y Biodiversidad. Según Pablo Badenier -el entonces Ministerio de Medioambiente- (2015) son más de 50 los proyectos, iniciativas y estudios financiados por el Estado e impulsados por esta secretaría regional ministerial para el levantamiento de información científica, la difusión y sensibilización ambiental y la conservación de la diversidad biológica en la región. En este ámbito de acción destacan los proyectos de conservación de la flora costera de Paposo, a través de la mantención de material genético, propagación y reintroducción de especies altamente amenazadas, las iniciativas asociadas a conservación de humedales altoandinos y el manejo sustentable de ecosistemas prioritarios (SEREMI MA, 2015: 6). En esta línea destaca el reciente “Análisis de adaptación al cambio climático en humedales andinos” financiado a través de del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por más de $500 millones de pesos, y que se realizó en conjunto con las comunidades indígenas (Mercurio Antofagasta, 2017: 22).
3.2 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
El Servicio de Evaluación ambiental (SEA) lo define como un instrumento que permite introducir la dimensión ambiental en el diseño y la ejecución de los proyectos y actividades que se realizan en el país; a través de él se evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado. (SEA, 2017)
45 Durante el año 2016, en la Región de Antofagasta fueron ingresados 3 proyectos a Evaluación Ambiental (EIA) y en 36 se presentó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Por otra parte, de los 44 proyectos calificados favorablemente durante el mismo período, 41 corresponden a DIA y 3 a EIA. De estos 9 se encuentran en la tipología de “Proyectos de Desarrollo Minero”. (SEREMI MA, 2017).
3.3 Normas de Calidad Ambiental y de la Preservación de la Naturaleza y
Conservación del Patrimonio Ambiental.
Las normas de calidad pueden ser primarias o secundarias. Las primarias buscan proteger la vida o salud de la población y rigen para todo el territorio nacional; mientras que las secundarias se avocan a la protección del medio ambiente y pueden abarcar tanto el territorio nacional como una parte de él. Las normas primarias regulan a nivel del componente aire las concentraciones de MP10, MP 2,5, O3, SO2, entre otras. Además, se encuentran reguladas las aguas continentales y marinas y estuarios aptas para actividades de recreación con contacto directo. En la investigación no se encontraron normas secundarias dentro para la Región de Antofagasta.
3.4 Normas de Emisión.
Son aquellas que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medido en el efluente de la fuente emisora.16 Este tipo de normativa establece los límites de la cantidad de contaminantes emitidos al aire o al agua que pueden producir las instalaciones industriales o fuentes emisoras en general. Su aplicación puede ser a nivel nacional o a nivel local dependiendo del objetivo de protección que tenga la norma (SINIA, 2017). Algunos ejemplos de ellas son: D.S N° 90, Normas de Riles descargados en aguas marinas y continentales superficiales; D.S N° 28, Norma de fundiciones; D.S N° 13, norma de termoeléctricas; D.S N° 43/2012 MMA sobre contaminación lumínica, que rige sólo para las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
16 Ley 19.300, art. 2 letra O.
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3.5 Planes de Manejo, Prevención o Descontaminación.
Los planes de prevención tienen por objetivo evitar la superación de una o más normas de calidad ambiental primaria o secundaria, en una zona latente17. En la región no se han declarado sectores como zona latente.
Por otra parte, los planes de descontaminación tienen por finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad ambiental en una zona saturada18 (Cto 30, art2). En Antofagasta hay tres comunas declaradas como zona saturada (Calama, Tocopilla y María Elena). Dentro de los planes de descontaminación atmosférica de la región, actualmente se encuentra en su período de elaboración el de Calama y su área circundante. Actualmente se ha constituido un Comité Operativo Ampliado que incorpora principalmente actores del sector público (Ministerio Medioambiente, 2017).
3.6 Áreas bajo protección oficial.
De acuerdo al diagnóstico realizado por la propia Seremi de Medioambiente, sólo un 4,3% de la superficie regional se encuentra bajo alguna categoría de protección oficial (SEREMI MA, 2015). Cada una de estas áreas debe ser considerada en los diferentes planes, políticas e instrumentos de ordenamiento territorial.
3.6.1 Zonas dentro del SNASPE: Siete son los sitios en la Región que actualmente se
encuentran bajo la administración de CONAF, de los cuales 3 corresponden a Parques Nacionales (Llullaillaco, Morro Moreno y Pan de Azúcar); 2 a Reservas Nacional}es (Los Flamencos y La Chimba) y 2 a Monumentos Naturales (La Portada y Paposo Norte).
3.6.2 Santuarios de la naturaleza: Antofagasta cuenta con una zona protegida bajo
esta figura, que forma parte de la Reserva Nacional Los Flamencos (Valle de la Luna y parte de la Sierra de Orbate).
17 Decreto N° 39 MMA, art. 2. 18 Decreto n° 30 MMA, art. 2.
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3.6.3 Bienes Nacionales Protegidos: Son cuatro los sectores también denominados
autodestinaciones. Desembocadura del Río Loa, Península de Mejillones, Isla Santa María y Laguna Lejía.
3.6.4 Sitios Ramsar. A partir de la Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional (Ramsar, Irán, 1971), existen cuatro sitios protegidos, tres de los cuales se encuentran insertos en la Reserva Nacional Los Flamencos (Salar de Tara, Salar de Pujsa y el Sistema Hidrológico de Soncor del Salar de Atacama) y, el Salar Aguas Calientes IV.
3.6.5 Acuíferos Protegidos que alimentan vegas y bofedales. La protección de estas
zonas impide las exploraciones de aguas subterráneas ni constituir aprovechamiento de aguas subterráneas si no se cuenta previamente con una evaluación ambiental favorable anterior implica. En 1996 se dictó la Resolución DGA N° 909 que delimitó acuíferos en la Región de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Para esta última fueron 167 los humedales protegidos incrementándose a 228 (2,22% de la superficie regional). (DGA, 2017).
Finalmente, es importante mencionar que organismos locales han identificado y propuesto sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, ya sea por contar con un alto endemismo, contener especies bajo alguna categoría de protección o constituir una zona de importancia para la reproducción. En la actualidad son 12 los sitios que buscan una alternativa de protección oficial.
Organismos públicos y grandes empresas mineras en la región.
A partir de la constelación de actores públicos y privados observados pudo evidenciarse la existencia de 2 coaliciones o grupos de interés en la región: una coalición constituida por agentes públicos de organismos regionales bajo un fuerte rol de la figura del intendente desde el Gobierno Regional; y otra coalición o grupo de interés constituida por la industria minera, regida bajo acuerdos comunes, sean desde estándares
48 internacionales de operación que les son comunes, como desde su condición de miembros de organizaciones como el Consejo Minero, la Asociación de industriales o el ICCM.
Como elementos comunes a ambos bloques, los entrevistados reconocieron una falta de autonomía regional, evidenciando una dependencia en la toma de decisiones a autoridades del nivel central en lo público; y a la gerencia corporativa central y directorio en el caso de la industria minera. Ésta es una situación ya denunciada en otros estudios, y desde hace mucho tiempo:
“Existen propuestas para enfrentar algunos temas prioritarios, que han nacido en la Región y están siendo implementadas en distintos grados en la misma. Algunos ejemplos son la iniciativa de cluster, la creación de una fundación corporativa y la idea de un fondo de sustentabilidad regional. Sin embargo, varias de estas iniciativas –especialmente aquellas que requieren de autonomía regional y de apoyo importante de la autoridad central– no parecen prioritarias en el nivel central y por lo tanto encuentran dificultades para consolidarse”. (Blanco & Bustos, 2002: 24)
Otro elemento común consiste en la visión sobre la vocación eminentemente productiva del territorio regional, evidenciable en múltiples fuentes: