Efficient Calculation of Mutex Sets

El 5 de enero de 2006 la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración valoró de manera positiva el descenso en 7.500 personas de la entrada irregular de inmi- grantes en España en 2005. La nota de prensa difundida por el gabinete de comu- nicación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales añadía: “A juicio de Consuelo Rumí, los esfuerzos desplegados por el Gobierno en la lucha contra la inmigración clandestina ofrecen resultados importantes y muy alentadores. En este sentido, ha sido el reforzamiento de los medios materiales y de recursos humanos dedicados a estas tareas, así como el relanzamiento de la cooperación hispano-marroquí lo que ha motivado que 2005 finalice con estos buenos datos. El Ejecutivo, lejos de cual- quier tentación triunfalista, seguirá luchando en la misma línea contra la lacra que supone la inmigración clandestina, situación que afecta tanto a los propios inmi- grantes como a las sociedades de destino”.

Sin embargo, el aumento notable de la llegada de inmigrantes a Canarias a lo largo de 2006 situó la inmigración como “la principal preocupación de los ciuda- danos españoles” según las encuestas periódicas del Centro de Investigaciones

Sociológicas (CIS)9

. La imagen que simbolizó este fenómeno fue el cayuco, un tipo de embarcación mucho más amplia que la tradicional patera, que sirvió para trans- portar hasta Canarias a casi 32.000 personas en 2006, la misma cifra que entre 2002 y 2005 (en 2005 llegaron 4.715 y en 2004, 8.426, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

Las estimaciones de las personas fallecidas en esta travesía oscilan entre los 800 cadáveres recuperados a ambas orillas del Atlántico, según los datos ofrecidos en diciembre por el viceconsejero de Inmigración del Gobierno canario, y las 6.000 que citan ONG como la Media Luna Roja10

. Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2006, señala que documentó la muerte de 1.167 personas, aunque sus estimaciones se elevan hasta las 7.000 personas. Estamos sin duda ante una verda- dera catástrofe humana11

.

Las razones de esta tragedia nos remiten a la sistemática vulneración del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo primer artícu- lo establece el derecho de los pueblos al desarrollo económico, social y cultural, así como su derecho a disponer libremente de sus recursos naturales. A ello se unen los conflictos latentes en algunos países que configuran la huida a Europa como la única alternativa de un futuro digno para miles de jóvenes africanos.

El paradigma de la violación de los derechos económicos, sociales y cultura- les, examinados en profundidad en el primer epígrafe de este capítulo, son los Acuerdos de Asociación Económica que la Unión Europea ha suscrito con los paí- ses africanos. Así, por ejemplo, los informes del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas destacan el impacto devastador de las flotas europeas en las reservas pesqueras, el ecosistema marino y los medios de vida de los pueblos pes- queros africanos. Según la FAO, el 80 por ciento de las reservas pesqueras conoci- das en la franja del Atlántico entre Marruecos y el Congo están sobreexplotadas o han sido ya esquilmadas. Por ejemplo, en 2005 once mil toneladas de pescado fueron capturadas de manera ilegal en aguas senegalesas por buques arrastreros europeos12

. Después de Taiwan (con 169), España (con 116) encabeza la relación del Lloyd’s Maritime Information Services de barcos pesqueros cuyos propietarios utilizan banderas de conveniencia con la pretensión de conculcar la legislación internacional13

. Esta práctica, junto con la transferencia de las capturas en alta mar para dificultar la identificación de la procedencia, es muy difícil de controlar, sobre todo si la prioridad es combatir la inmigración y no enfrentar sus causas. Precisamente, Las Palmas es uno de los puertos más frecuentados por estos “pira- tas” que saquean los recursos pesqueros de África Occidental.

Pero no es sólo la pesca la actividad económica en peligro, ya que en gran parte de África la agricultura sólo ofrece dos horizontes: el autoconsumo o el ingreso a un mercado mundial despiadado en el que prevalecen los capitales, la tecnología de última generación y los grandes monopolios de transporte de mercancías. La ropa de segunda mano que ha destrozado la incipiente industria textil y el cultivo de algodón en Senegal o las importaciones de pollos congelados y arroz de la Unión Europea que han arruinado a los pequeños productores de Senegal y Ghana son sólo dos ejemplos de las causas reales que explican la masiva llegada de cayucos a las playas canarias.

Todo esto se produce, además, en un contexto de notable crecimiento demo- gráfico, de avance imparable del desierto en países como Mauritania o Malí ( la gana- dería —otro de los recursos tradicionales— dispone de menos pastos) y de aumento desmedido de los núcleos urbanos, en los que las condiciones de vida cada vez son peores. En el mejor de los casos, estos países del África Subsahariana sólo ofrecen a sus ciudadanos la posibilidad de subsistir, por lo que para poder vivir en condiciones de dignidad tienen que emigrar al Norte y es entonces cuando los cayucos varados sin faena y los pescadores empobrecidos entran a formar parte de las temidas “mafias” que los países desarrollados alimentan con sus políticas y simulan combatir.

Para desarticular las redes mafiosas que trafican con el sufrimiento humano los países europeos suscriben acuerdos con Marruecos, cuyo régimen —a conse- cuencia del impulso de España y de la UE a la “lucha contra la inmigración ilegal”— ha intensificado las persecuciones, las vejaciones, las deportaciones y los asesina- tos de inmigrantes y refugiados subsaharianos en los últimos años.

Para estos países combatir a las mafias también significa cooperar con Mauritania14

, donde una minoría de “moros blancos” (la etnia beidane) detenta el poder y mantiene unas estructuras sociales feudales que someten a la mayoría de “moros negros” (la etnia haratini) y a otras minorías étnicas como los pulaar, los soninké, los bambara y los wolof. Esa oligarquía es la que suscribe y se beneficia de los acuerdos con transnacionales como la española Repsol o la británica Shell para la extracción de gas y petróleo en sus aguas territoriales15

.

Los wolof son un pueblo tradicionalmente de pescadores y son los más afec- tados, también en Senegal, por la sobreexplotación de los recursos pesqueros por parte de los buques europeos. Son ellos quienes por lo general capitanean los cayu- cos, acompañados por todos los demás: los fula, los yoruba, los krio…

Los jóvenes africanos, descendientes de quienes fueron colonizados, esclavi- zados y explotados por los imperialismos europeos durante siglos, sufren las con- secuencias de la economía neoliberal y se embarcan en una travesía casi suicida en busca de la dignidad. No son los más humildes quienes intentan emigrar a Europa.

Éstos se quedan en sus tierras empobrecidas o amenazadas por la codicia o tal vez con sus escasas fuerzas apenas logran llegar a los suburbios de las grandes ciuda- des o a las fronteras si huyen de guerras o de desastres naturales. Ellos se quedan en todos estos lugares, luchando a diario por la supervivencia física y mental, ali- mentados por la esperanza de que algún día alguien logre sacarles de esta situación.

Son los más fuertes y los que tienen más recursos quienes deciden emprender viaje o son enviados por su clan familiar a saltar los perímetros fronterizos, atrave- sar el desierto o surcar el océano para conquistar un nuevo destino. Pero a los euro- peos nos sorprende que vengan, que no se conformen con que sus hijos tengan una esperanza de vida de 40 años, que quieran ayudar a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. Quieren dar una oportunidad a las generaciones futuras, aun a costa de arriesgarlo todo, incluso de morir en medio de un sufrimiento terrible.

En 2006 centenares de cayucos procedentes de Mauritania, Senegal e incluso de Guinea Bissau llegaron a Canarias dirigidos por marineros expertos, en un viaje muy arriesgado. Los peores naufragios conocidos tuvieron lugar frente a las costas africanas, fáciles de detectar porque los cadáveres llegan a las playas. Así, entre el 5 y el 15 de marzo de 2006, 165 personas se ahogaron en cinco naufragios frente a las costas mauritanas; el 30 de agosto 120 murieron también en este país, frente a Nuakchot; en octubre y noviembre unos cien saharauis desaparecieron en varias pateras que se dirigían a Canarias; y el 14 de diciembre 102 personas se ahogaron al encallar su embarcación en la playa senegalesa de Yoff, mientras que unos pes- cadores pudieron rescatar a 25 supervivientes. Y, en los primeros meses del año, 47 jóvenes senegaleses se embarcaron en Cabo Verde con destino a Canarias, pero el cayuco quedó a la deriva y apareció a finales de abril a miles de kilómetros, en Barbados, en pleno mar Caribe, con once cadáveres16

.

Detrás de estas cifras dramáticas se encuentran las vidas y las familias que- bradas, vidas como la del defensor de los derechos humanos saharaui Naju Dohatem, la de John Adams, quien nació en el desierto y murió a los veinte días de edad horas después de llegar a Fuerteventura en un cayuco acurrucado en el regazo de su madre, Marian. Madres, hermanos y hermanas que esperan el milagro de una llamada que nunca llegará.

Como Adama, hermana de Madang Sano, quien tuvo que sufrir la muerte de su propia hija por una enfermedad y la noticia de la muerte de su hermano en el plazo de pocos meses. O su padre, Karma Sano, de 80 años, quien señala que el “sueño” de su hijo era “ayudarnos”. Binta Drame, su viuda, ha asumido el cuidado de los ocho miembros de la familia de su hijo, Madang Yrayansí, otro de los ocupantes del mismo barco: “Seguro que, como todos los jóvenes, en lo único que pensó fue en conseguir dinero para dárnoslo a nosotros”. “Moriré de pena pronto”, advierte17

En Senegal, las madres y esposas de los jóvenes fallecidos en los naufragios se han unido en una asociación y están poniendo en marcha distintos proyectos para lograr su autonomía económica y contribuir a que los jóvenes tengan un futuro en su país que les aleje de la inmigración clandestina. CEAR y la Fundación CEAR apoyan su trabajo, del que da muestra este reportaje18

:

Muchas mujeres senegalesas no pueden acercarse al mar. Creen oír las voces de sus hijos muertos, que les suplican que los saquen del agua. Yaye Bayem era una de ellas. Hasta que un día se secó las lágrimas y convocó a varias vecinas de la localidad pesquera de Thiaroye, 20 kilómetros al sur de Dakar. Desde entonces, cada tarde, decenas de madres y viudas de emigrantes ahogados cuando intentaban llegar a Canarias se reúnen en la playa para rezar. Pero Yaye Bayem hizo algo más: convenció a sus vecinas para que traba- jaran. “Les dije que no podíamos estar siempre llorando, porque de esa mane- ra sólo lograríamos ser aún más pobres”.

Así es como esta mujer de 48 años fundó la asociación Madres y Viudas de los Cayucos, que ya agrupa a 550 familias de Thiaroye. Bayem llegó a España el miércoles, invitada por la Fundación CEAR y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Durante un mes se entrevistará con numerosas autoridades y con empresarios. Su objetivo es obtener ayudas para impulsar el sistema de microcréditos que su organización ha puesto en marcha y ayudar a acabar con la emigración clandestina que, a su juicio, “pone en peligro la cons- trucción de Senegal”. “Senegal”, dice, “debe ser construido por y para los más jóvenes. Si ellos parten, el país no será construido y nosotras y los niños seremos las víctimas”.

Bayem sabe bien de lo que habla. El 25 de marzo del año pasado se hun- dió cerca de Canarias un cayuco en el que viajaban 80 vecinos de Thiaroye. Algunas familias de ese pueblo pesquero perdieron hasta a cuatro miembros en aquel naufragio. Los cuerpos nunca fueron recuperados. Entre las víctimas estaba Alioune Mar, el único hijo de Bayem.

La tragedia sumió a los habitantes de Thiaroye en el dolor, pero también en la pobreza, porque se habían endeudado hasta las cejas para reunir los 700 euros que costaba cada plaza en la embarcación. Además, sus fuentes de ingre- sos habían desaparecido con sus parientes.

Ése era también el caso de Bayem. Ella cuenta que su hijo era la única persona que llevaba dinero a su casa, en la que viven unas 50 personas. “Alioune pescaba. Las mujeres de la familia vendíamos las capturas y luego nos repartíamos el dinero”, explica. “Sin embargo, desde hace 10 años los peces escasean cada vez más y resulta muy difícil renovar las

artes, porque no hay dinero”. De ahí la necesidad de que los jóvenes emi- gren.

Las mujeres de Thiaroye han tomado el relevo de sus familiares muertos. “Muchos hijos senegaleses han entregado sus vidas al intentar dar de comer a sus familias. Ahora somos nosotras, las mujeres, quienes debemos trabajar”, afirma Bayem. Y añade: “Las mujeres sabemos organizarnos. Los hombres senegaleses son incapaces de hacerlo, y además no les interesa”.

Bayem organizó a las mujeres de su casa para que cada una aportara mil francos CFA (poco más de un euro) al mes. Con ese dinero pudieron comprar pescado a marineros ajenos al clan, transformarlo en harina y luego vender ésta.

La idea tuvo éxito y en el patio de Bayem se reúnen ahora numerosas veci- nas que se ayudan, se consuelan, reciben ayuda psicológica y trabajan para sacar adelante pequeñas empresas. Elaboran zumos de frutas o pan, o tiñen tejidos para venderlos a los turistas. Parte del dinero que obtienen lo emplean en microcréditos que, a su vez, alimentan nuevos negocios.

Bayem ha logrado implicar a las autoridades religiosas locales en su lucha contra la emigración irregular. No debió ser fácil, porque los morabitos obtienen millones de euros en donativos de los residentes en el extranjero. No obstante, profetiza que las llegadas de cayucos a Canarias no serán inferiores este año a las de 2006. “Los pasadores no están dispuestos a perder su negocio”, sentencia.

El crimen de todos estos jóvenes fue intentar llegar a Europa para trabajar, el mismo que han cometido la inmensa mayoría de los inmigrantes que hoy tienen un contrato de trabajo en España. En los últimos años no ha habido cauces significa- tivos para la “migración legal” y, sin embargo, España ha crecido un 2,6 por cien- to anual de media en la última década gracias a la decisiva contribución de los inmigrantes, según un esclarecedor informe del servicio de estudios de Caixa de Catalunya. La agricultura, la construcción, el transporte, el turismo, el cuidado de niños y ancianos… son sectores económicos donde el esfuerzo de los trabaja- dores inmigrantes es imprescindible.

Sin embargo, las noticias relacionadas con los cayucos en España no han sido las tragedias humanas y familiares derivadas de la muerte de miles de personas en el océano, sino la preocupación que la llegada en doce meses de casi 32.000 inmi- grantes a Canarias ha causado a la mayor parte de los partidos políticos, a los medios de comunicación y a un sector de la sociedad. Los propios sindicatos poli- ciales reconocieron en septiembre de 2006 que las llegadas a Canarias a bordo de

cayucos sólo suponían el 4,5 por ciento de los inmigrantes que cada año entran en España de modo irregular (estimados en más de 600.000) y que utilizan princi- palmente los aeropuertos, en el caso de los procedentes de América Latina, o las fronteras con Francia, en el de los originarios del este europeo.

Pese a la contundencia de estas cifras, algunos partidos políticos y los medios de comunicación utilizaron con frecuencia palabras como “avalancha”, “oleada” o “invasión”. Incluso un catedrático de Derecho Constitucional, profesor de exper- tos universitarios en inteligencia, señaló en un documento de análisis, en el que ignora el drama de los propios inmigrantes, que esta “avalancha” estaba empezan- do a generar problemas de seguridad ciudadana19

. Así, afirmó: “Si hubiera indivi- duos terroristas que quisieran entrar en España, entre todos los modos en que lo podrían hacer con impunidad para no ser detectados, el método más seguro es el de los cayucos”. Y añadió: “La población africana que llega a Canarias, a diferencia de la europea, no aporta riqueza, sino que pretende beneficiarse de dinero público al encontrarse en la indigencia”. Por último, agregó: “La crisis de los cayucos ame- naza con aniquilar los avances conseguidos durante décadas en España para la pre- vención de enfermedades contagiosas”.

Por otra parte, el 29 de octubre, bajo el lema “Basta ya, no cabemos más”, varios miles de personas se manifestaron en Tenerife con la participación de miembros del partido fascista Democracia Nacional, quienes enarbolaron una pancarta que rezaba: “Alto a la invasión”. Entre las consignas que se escucharon estaban: “Las islas se hunden, no cabemos más”, “No en mi espacio vital” y “Primero los canarios, luego los demás”. Sin embargo, la respuesta de la mayor parte de la sociedad canaria estuvo por encima de algunos políticos y de los extre- mistas. Fue una respuesta ejemplar con imágenes como la de los bañistas que de manera espontánea asistieron el 29 de julio en la playa de La Tejita a 88 exhaustos inmigrantes que se desplomaron sobre la arena.

El 17 de agosto el Gobierno autonómico exigió al central la creación de un “gabi- nete de crisis” por “la riada de los cayucos”20

. “La situación es crítica y los recursos autonómicos están desbordados”, advirtió Adán Martín, presidente canario. Y el 20 de agosto, el Ejecutivo insular llegó a pedir la intervención de las Naciones Unidas, ya que el director general de Protección al Menor y Familia autonómico calificó la situación de “emergencia internacional”21

: “Nadie puede permanecer impasible ni un minuto más ante esta tragedia; Europa, la ONU y la comunidad internacional deben afrontar- lo con la urgencia y el respeto que merece la vida de cada una de estas personas, muchas de ellas apenas adolescentes de 15 años”.

La reacción del Gobierno fue lanzar una ofensiva diplomática dirigida a dos frentes, la Unión Europea y los países de origen de la inmigración, para intensificar

los controles marítimos que localizaran e interceptaran estas embarcaciones, tareas en las que la Guardia Civil cooperó con las policías de Mauritania (donación de cuatro patrulleras y patrullas conjuntas, en el marco del proyecto Atlantis) y Senegal (donación de dos patrulleras).

El 21 de agosto el ministro del Interior (acompañado por los secretarios de Estado de Seguridad y Exteriores) inició una gira por ambos países para abordar con sus mandatarios la inmigración irregular. Pactó con su homólogo senegalés el patrullaje conjunto en barcos españoles hasta el 30 de noviembre y anunció el envío de dos patrulleras de la Guardia Civil y un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía.

Diez días después el comisario europeo responsable de los asuntos de inmigra- ción, el italiano Franco Frattini, respondió a las críticas dirigidas contra la UE por su lenta reacción ante el notable aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias22

. Frattini achacó la demora a lo novedoso de la experiencia de las patrullas conjuntas y explicó que las nuevas perspectivas financieras (la aprobación del presupuesto de la UE para los próximos siete años) contemplan notables mejoras en las partidas des-