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La apatridia es una de las situaciones más dramáticas que un ser humano puede experimentar, puesto que las personas afectadas no son reconocidas por ningún Estado como nacionales y por tanto viven en un limbo jurídico, ya que no se les reconocen identidad, derechos, asistencia y protección. Carecen de una identidad demostrable, no pueden ir a la escuela o la universidad, adquirir o alquilar una vivienda, firmar un contrato de trabajo, acceder a atención médica, disponer de un pasaporte para viajar, contraer matrimonio, inscribir el nacimiento de sus hijos...

La nacionalidad es un vínculo jurídico entre una persona y un Estado, en los términos definidos por la legislación de este, e incluye derechos políticos, econó- micos, sociales y de otra índole, así como responsabilidades del Estado y del indi- viduo. El derecho a tener una nacionalidad y a no ser privado de manera arbitraria de ella está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Las causas más comunes son dos: la apatridia de hecho y la apatridia de dere- cho. Los apátridas de hecho son aquellas personas que, aunque sí están registradas como nacionales de algún Estado, éste les impide el acceso a los derechos consus- tanciales a la ciudadanía: nos les proporciona pasaporte o carné de identidad y les niega la protección y el reconocimiento, en definitiva, de sus derechos. A menudo esto podría considerarse una forma de persecución que daría lugar a una solicitud de asilo y protección por parte de un tercer Estado seguro. Con frecuencia CEAR presta asistencia a personas que llegan a España huyendo de un conflicto bélico, de persecución o hambre y que carecen de documentación, porque en muchos casos nunca la han tenido. Sirva como ejemplo esta persona de origen sudafricano aten- dida por el equipo especializado de CEAR-Madrid:

Tengo 45 años y no sé qué es tener una casa. Llegué a España hace más de veinte años y estoy en la calle, no tengo salida. Nací en la provincia de Limpopo, Sudáfrica, mi madre y mi padre eran sudafricanos, así que no hay mucha duda de mi nacionalidad: soy de Sudáfrica y negro. Nací en un pueblo muy pequeño, durante la época del apartheid. Mi padre trabajaba en las minas de diamante y murió trabajando, con lo que algunos de mis siete hermanos y yo nos vimos obligados a emigrar a Europa. Llevo sin saber nada de mi fami- lia más de quince años. Cuando era pequeño en Sudáfrica había una segrega- ción racial tremenda y por la poca facilidad administrativa que “los blancos” daban a los nativos, mis padres nunca registraron mi nacimiento.

Cuando mi padre murió, éramos siete hermanos. No había comida para todos y, aunque algunos comenzaron con 10 años a trabajar en las minas, el

salario era insuficiente para todos. Así que mi hermano y yo salimos hacia Europa… sin documentos, sin pasaporte y sin apenas dinero. En Kenia estuvi- mos trabajando un año y medio y luego en Egipto y Libia otros tres, hasta que con 22 años llegué a España, por Ceuta.

Como nunca he tenido pasaporte, nunca he podido obtener un permiso de trabajo y residencia a lo largo de estos veinte años. Al principio, lo intenté, no había casi africanos en España y no había tantos extranjeros, por lo que, aun- que no tenía documentación, podía hacer algún “trabajillo” mal pagado, pero que me permitía alquilar una habitación y comer caliente. Nada más. En 1987 solicité asilo y me lo denegaron. En 1991 intenté solicitar un permiso de traba- jo y residencia, pero al no tener pasaporte, al no poder acreditar mi identidad, España me decía que no iba a darme permiso.

Entonces me puse en contacto con el consulado sudafricano en España para que me diera un pasaporte y me dijeron que no constaba registrado como ciudadano sudafricano y que, si afirmaba que era nacional de Sudáfrica, ten- dría que probarlo con alguna documentación. Por aquel entonces, mi madre había muerto, yo no podía conseguir ninguna prueba de mi nacionalidad, salvo que volviese a Limpopo… Y eso nunca. ¿Cómo iba a hacer de nuevo todo el viaje? No iba a poder regresar a España. En el viaje casi morimos. Y en Sudáfrica ¿qué futuro me esperaba?, ¿trabajar en una mina de diamantes y morir a los 30 años?, ¿morir de hambre o de SIDA? Yo allí no era nadie... pero ahora en España tampoco soy nadie.

No tengo ningún documento para demostrar mi identidad, con lo que no puedo conseguir la cédula de inscripción, ni ningún pasaporte o permiso de trabajo, por lo que ni siquiera tengo tarjeta sanitaria, ni empadronamiento… no tengo identidad. Desde hace unos seis años ya no me aceptan ni siquiera en los albergues de Madrid. He perdido toda esperanza de conseguir algo en esta vida. No puedo trabajar y he luchado por tener una vida digna, pero el sistema legal me ha podido, me ha vencido y ya no puedo luchar más. Comencé a beber vino para no pasar frío en la calle durante los inviernos en Madrid y ahora tengo otro problema: bebo. No entiendo cómo podría salir de esta situación si no puedo conseguir un permiso, un trabajo, un salario… una identidad.

Por otra parte, los apátridas de derecho son todas aquellas personas que no son considerados nacionales por ningún Estado de acuerdo con su legislación y manifiestan carecer de nacionalidad, es decir, aquellas personas que no cumplen los requisitos exigidos en la Constitución o en la legislación de ningún país para tener su nacionalidad.

Éste es el caso de una mujer nacida en Polonia hace 77 años, cuya historia debe interpretarse en el contexto de las situaciones de conflicto, desplazamientos humanos masivos, discriminación y luchas étnicas que se produjeron en los países del bloque soviético desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su desinte- gración entre 1989 y 19912

. Esta mujer vive en España desde hace más de una déca- da y su único deseo es descansar en los últimos años de una vida consagrada a la lucha por la supervivencia, pero su solicitud del estatuto de apatridia fue denegada en octubre de 2006:

Durante toda mi vida he estado trasladándome de un sitio a otro sin sen- tir que ninguno era mi hogar. Nací en Polonia y desde los 10 años he vivido en muchos sitios pero ninguno ha sido mi casa. Una parte de Polonia fue anexio- nada a la Unión Soviética en 1939 cuando tenía sólo diez años y a esa edad me deportaron junto con mi familia a Siberia. Mis padres realizaron trabajos for- zados durante mucho tiempo. En Siberia viví durante unos años en unas con- diciones muy duras, después en Abjasia, con los conflictos que había en la zona, y por último en Bielorrusia, pero no soy ciudadana de ningún país. Me quitaron mi nacionalidad y mi identidad pues dejé de ser polaca, ya que no tengo forma de demostrar que nací allí y mi lengua natal la olvidé cuando me deportaron a Siberia tan pequeña. Después de quitarme todo y vivir el resto de mi vida en la Unión Soviética, me dieron un pasaporte de la URSS. Intenté vivir y a veces sobrevivir, pero los problemas reaparecieron cuando se desintegró la Unión Soviética pues ya no era nacional de ningún sitio.

Vine a España pensando que por fin podría tener una vida completa, pero al pedir ayuda a las autoridades españolas me la han denegado porque dicen que no soy ni refugiada ni apátrida, que tengo nacionalidad, que soy bielorru- sa, pero, si eso es así ¿por qué no me reconoce el Gobierno bielorruso como nacional de su país?, ¿por qué unos u otros no se hacen cargo de la situación y me ayudan a pasar los últimos años que me quedan de vida sin preocupacio- nes?

Los niños que vivimos la guerra no tuvimos culpa de lo que nos pasó, pero parece que los gobiernos actuales sí lo creen y que tenemos la responsabilidad de solucionar los problemas que nos crearon entonces, pero me pregunto cómo voy a solucionarlos si nadie me ayuda después de todo el sufrimiento a lo largo de toda mi vida.

Lo único que quiero a mis 77 años es poder descansar después de toda la vida dando tumbos por el mundo, pero parece que no va a ser posible al menos por ahora; aun así, no pierdo la esperanza y espero que al final la cordura se imponga y pueda por fin descansar.

España sólo concede el estatuto de apátrida, cuya documentación incluye la autorización de trabajo, la residencia permanente y un título de viaje, a los apátri- das de derecho que pueden demostrarlo, pero lo deniega a los de hecho, por otra parte bastante más frecuentes.

Ya el Informe 2004 de CEAR analizó en profundidad el marco jurídico inter- nacional y nacional que regula la apatridia. En su momento el Reglamento de Apatridia de julio de 2001 palió el desamparo absoluto de las personas que carecían de nacionalidad, sin embargo, después de un lustro CEAR ha constatado un con- junto de fallos en esta norma que sitúan a quienes demandan este estatuto en una clara situación de inferioridad y discriminación respecto a quienes solicitan el de refugiado. Admitiendo los notables avances que supuso dicho Reglamento, España debería avanzar hacia la equiparación de derechos de los solicitantes de apatridia y de los apátridas con los solicitantes de asilo y los refugiados, para evitar, además, que muchas personas que merecen solicitar el estatuto de apátrida pidan el de refugiado o intenten regularizar su estancia en España a través de la legislación de Extranjería.

En 2006, 61 personas solicitaron el estatuto de apátrida en España y, de los 45 casos sobre los que la OAR resolvió, sólo dos personas lo obtuvieron (el 4,44 por ciento). El reducido número de solicitudes obedece, además de la rigidez de la legislación, a que este procedimiento fue regulado en 2001 y aún es bastante des- conocido para las organizaciones sociales y los propios afectados por estas situa- ciones.

4.3. A FONDO: LA CRISIS DEL DERECHO DE ASILO