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Un año más, llama la atención el elevado porcentaje de solicitantes de asilo nige- rianos que fueron inadmitidos a trámite en España: en 2006, de los 644 ciudada- nos de este país sobre los que la OAR adoptó esta resolución, sólo 101 superaron la primera fase del procedimiento. Esta cifra representa un porcentaje del 15,68 por

ciento que, si bien significa un incremento respecto a años anteriores (en 2003, sólo el 2,49 por ciento de los 1.767 solicitantes nigerianos fueron admitidos a trá- mite), aún es muy inferior al de los nacionales de países como Colombia, Cuba o Bangladesh. Estas estadísticas llaman poderosamente la atención ya que la situa- ción de los derechos humanos en Nigeria es muy precaria, como se analizó en pro- fundidad en el Informe 2005 de CEAR y como confirman año tras año distintas ONG internacionales.

La situación de este país se caracteriza por los graves conflictos y violaciones de los derechos humanos y más de la mitad de sus 131 millones de habitantes sobrevive con menos de un dólar al día. Además de los conflictos entre los ganaderos fulani(de religión musulmana) y los agricultores tarok (de fe cristia- na) en la región de la meseta y de la sistemática vulneración de los derechos y la dignidad de las mujeres (con prácticas como la mutilación genital o el matri- monio forzoso), el principal foco de conflicto es la explotación de su principal riqueza natural, el petróleo, por parte de empresas transnacionales. La pugna por el control de este recurso enfrenta a las distintas etnias del país, aunque son los valedores del régimen del presidente Olusegun Obasanjo quienes detentan el poder político y el económico. Debido a su relevante condición de sexto pro- ductor mundial de crudo, la dictadura de Obasanjo goza del beneplácito de Occidente.

En su Informe 2006, Amnistía Internacional constató: “La exploración y pro- ducción de petróleo continuaron provocando privaciones, injusticia y violencia en la región petrolífera del delta de Níger. La proliferación de armas pequeñas, que según los informes se financiaban en parte mediante robos de petróleo, y los inadecuados programas de desarme del Gobierno agravaron la violencia”. Además, fueron atacadas comunidades enteras a las que se acusaba de obstaculizar la pro- ducción de petróleo o dar cobijo a grupos de delincuentes por parte de fuerzas armadas que operan con impunidad en la zona. Primer productor de crudo africa- no, Nigeria pierde a diario casi el 25 por ciento de su producción total debido a la violencia.

Por ejemplo, el 23 de diciembre de 2006 el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger amenazó al Gobierno con una oleada de bombardeos, asesina- tos y revueltas por parte de los seguidores de Dokubo Asari si éste no era excarce- lado y podía presentarse a las próximas elecciones legislativas. Además, este grupo reivindicaba la restitución al pueblo de los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo, de los que se habían apropiado los gobernadores de la región, y la indemnización a las poblaciones costeras afectadas por los numerosos vertidos de gasoil.

Aunque el número de solicitantes de asilo nigerianos en España ha caído en picado desde los 1.685 de 2003 a los 644 de 2006, el pasado año Nigeria aún fue el segundo país de origen del mayor número. Pero curiosamente también acoge cada año a numerosos refugiados y por eso ACNUR tiene presencia allí. Esta paradoja se expli- ca porque el conflicto que vive este país es solapado, no se trata de una guerra abierta y extendida a todo el territorio, sino esencialmente que algunos grupos étnicos son discriminados por el régimen. Estos grupos carecen de derechos básicos pues ni pue- den acceder a las riquezas del país, ni beneficiarse de los derechos de explotación del petróleo que las transnacionales abonan al Estado (el 98 por ciento de los ingresos del país), de los que se apropian ciertas elites.

Los activistas que defienden los derechos de los grupos étnicos discriminados sufren un acoso continuo y sus derechos fundamentales de expresión y asociación son conculcados a diario, mientras que numerosos periodistas y defensores de los derechos humanos han sido encarcelados de manera arbitraria, ante la pasividad cómplice de las potencias occidentales, preocupadas por preservar el lucro de sus transnacionales.

Asimismo, es conocido que en los estados septentrionales se aplica la sharia y se condena a pena de muerte a las personas acusadas de adulterio u homosexua- lidad. Tampoco existe una entidad autónoma capaz de investigar y juzgar a los poli- cías responsables de estas violaciones de los derechos humanos, lo que potencia la impunidad. La legislación y las prácticas discriminatorias, la actitud despreciativa de la policía, la dificultad de acceder al sistema judicial y la falta de protección para las víctimas favorecen la tolerancia frente a la violencia contra las mujeres y la impunidad de sus responsables.

La asociación de defensa de los derechos humanos Civil Liberties Orga- nization asevera que este país se encamina hacia el desastre, puesto que, desde que Olosegun Obasanjo accedió al poder en 1999, la situación política y socioeconómi- ca ha empeorado año tras año. La aplicación de las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial ha agudizado el empobrecimiento de la población, a causa de las políticas de privatizaciones masivas y la corrupción generalizada de las esferas administrativas. Según el Informe 2006 del PNUD, Nigeria ocupa el puesto 159 de 177 países en la clasificación del Índice de Desa- rrollo Humano y el 70 por ciento de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. En consecuencia, sorprende que la OAR inadmitiera a trámite en 2006 a casi el 85 por ciento de los solicitantes de asilo nigerianos, entre ellos a este estu- diante universitario:

E. F. estudiaba Informática en la Universidad de Nmedi Azikme, en el estado de Owka. En 2001, un grupo de personas pertenecientes al Movimiento de Restauración del Estado de Biafra comenzó a presionarle para que se uniera a

ellos y luchara por la autodeterminación. Como se negó de manera reiterada, empezó a recibir amenazas que se materializaron semanas más tarde con la irrupción en su domicilio de cuatro miembros del citado movimiento, quienes le propinaron una paliza y le dieron un plazo de dos semanas para que se unie- ra a ellos. Entonces resolvió abandonar la Universidad y trasladarse al estado de Lagos, pero a las pocas semanas recibió la llamada de los miembros del MASSOB que le indicaron que conocían su paradero y volvieron a amenazarle para que se uniera a ellos.

Finalmente, decidió exiliarse para buscar protección internacional. Después de recorrer durante varios años diversos países africanos, en junio de 2006 llegó a España y formalizó su petición de asilo con la asistencia de CEAR. La OAR decretó la inadmisión a trámite por considerar que concurrían las cir- cunstancias previstas en los apartados b) y d) del artículo 5.6 de la Ley de Asilo. El turno de oficio del Colegio de Abogados de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo frente a esta decisión.

3.3. A FONDO: LAS MAFIAS DOCUMENTALES Y LAS SOLICITUDES