Internal audit effectiveness

La política de Seguridad y Defensa se considera una política compleja, ya que no es equiparable a las demás políticas producidas por el gobierno, la formulación de esta no se da al azar, ya que se necesita de un conocimiento previo profundo, que permita abarcar todo lo que una política de Seguridad y Defensa necesita para cumplir su mandato constitucional.

En la política de Seguridad y Defensa Nacional, los antecedentes son fundamentales para que en la formulación tenga congruencia con los fines esenciales del Estado, eso quiere decir, que tenga congruencia con el interés nacional. El desarrollo de un estudio previo sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) permite con antelación dar con el principio de oportunidad para el desarrollo de la PDN.

La debilidad de Colombia en este asunto tan importante se ve reflejada en el hecho de que no se conocen a ciencia cierta el DOFA de la PDN con respecto a los países vecinos. Esta debilidad se refleja en los intensos esfuerzos del gobierno colombiano encaminados a mantener el orden territorial bajo el comando de las Fuerzas Militares para poder prevalecer la soberanía nacional a nivel interno, lo que socaba el sentido real de la PDN. Lo anterior se vislumbra claramente en la medida en que el gobierno de Colombia, confunde la PSN con la PDN, encaminando erróneamente, confundiendo y malinterpretando la PDN con una política gubernamental, lo que produce un vacío en el desarrollo de la PDN. En Colombia se ha venido perdiendo el norte del interés nacional, que constitucionalmente debe prevalecer por encima de los demás intereses, ya que el interés nacional ha sido reemplazado por necesidades que afectan de manera inmediata a los ciudadanos y que vulneran el territorio nacional, pero que no amenazan la supervivencia de los mismos.

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La PDN en Colombia está encaminada en seis puntos: (Ministerio de Defensa Nacional, 2015)

1. Desarticular los GAML y crear condiciones suficientes de seguridad para la consolidación del Estado.

2. Crear condiciones de seguridad para la convivencia ciudadana 3. Llevar a un mínimo la producción nacional de narcóticos

4. Avanzar hacia un sistema de capacidades disuasivas creíble, integrado e interoperable.

5. Fortalecer la institucionalidad y el bienestar del sector seguridad y defensa nacional.

6. Contribuir a la atención oportuna de desastres naturales y catástrofes Lo anterior muestra, que en Colombia solamente se ha propugnado por el desarrollo de una política interna de Seguridad institucional, más no una PDN que apunte a la defensa del interés nacional. Como se puede observar, la PDN que pregona el Ministerio de Defensa está encaminado a la lucha contra el narcotráfico, las drogas ilícitas y el conflicto interno como los principios

fundamentales que apoyan su implementación, bajo los objetivos de “consolidar el

cont_{rol del territorio nacional y fortalecer el Estado de Derecho”}

Lo anterior muestra la incongruencia con el objetivo de una PDNiii_{, descuidando}

objetivos de supervivencia y de poder como lo resalta el realismo pragmático; además se deja de lado el interés nacional, punto de encuentro entre el Neo institucionalismo y el realismo pragmático. Claramente la PDN encaminada, dirigida y ejecutada por el gobierno nacional, está enfocada sólo en amenazas internas, y deja de lado las amenazas externas que deben ser la base de toda PDN.

En cuanto al desarrollo de la PDN, el Ministerio de Defensa, según su misión y visión, es el encargado de la formulación y ejecución de la PDN del país, sin embargo, este actor encuentra una grave inconsistencia con dicha política. Esta

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inconsistencia se encuentra en los objetivos que tiene como actor bajo medidas institucionales y las funciones que le son otorgadas por el ejecutivo a la cabeza

como comandante en jefe; el Ministerio de Defensa Nacional debe garantizar “la

soberanía del territorio, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, el mantenimiento de las condiciones democráticas, la contribución de la paz y el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos, obligaciones y libertades públicas” (RESDAL, 2015). Dado lo anterior es claro que estas funciones no se llevan a cabo, confirmando que los objetivos del Ministerio de Defensa, así como la Misión y la Visión del mismo, se direccionan a la política gubernamental dictaminada por el comandante en jefe designado constitucionalmente, dando preferencia a una política gubernamental, y no a la directriz del Estado, que es la protección del interés nacional.

4.1 ¿Por qué la Política de Seguridad y Defensa de Colombia se enfoca en la Seguridad y Defensa del gobierno y no del interés nacional?

Según el gobierno nacional y su política de defensa y seguridad democrática, “la

necesidad de atender la seguridad interior no implica un descuido dela defensa nacional, a la que se otorgará la debida prioridad. Colombia seguirá siendo fiel a su tradición de país respetuoso del derecho internacional, pero mantendrá una capacidad disuasiva, con la proyección necesaria para asegurar el respeto a su soberanía nacional e integridad territorial, dentro de una postura estratégica

defensiva” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003). Sin embargo, la formulación de la estrategia y táctica militar aplicada por el Ministerio de Defensa y de la Presidencia de la República, desobedece la institución y la directriz constitucional dictaminada, además su formulación en táctica real, pone en entredicho tanto la seguridad como la defensa del Estado. Esto se corrobora al analizar el posicionamiento de las bases de las Fuerzas militares a través de todo el territorio nacional, el cual parece obedecer más a una política de protección gubernamental y de una política de seguridad y defensa para la industria extractiva y de hidrocarburos. (Anexos de mapas)

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Por otro lado es importante resaltar las manifestaciones del gobierno nacional por

medio del Ministerio de Defensa, en cuanto aceptan que “Sin embargo, la

naturaleza de las amenazas que aquejan a la Nación, en particular el terrorismo, y el negocio de las drogas ilícitas, ha llevado a que en el caso colombiano […] se desdibujen los límites entre la seguridad interior y la defensa nacional” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003). Lo anterior no se puede constituir como una excusa del gobierno colombiano hacia sus deberes constitucionales con la nación y por encima de estos, el deber con el Estado.

Con la implementación de la Seguridad Democrática en Colombia, a partir del primer mandato del Expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) la PDN se enfocó en recuperar el control territorial en muchas zonas del país, que para el momento eran casi inaccesibles para el gobierno nacional, e incluso para las Fuerzas Militares, territorios comandados por los grupos armados ilegales al margen de la ley. Para esta política gubernamental, ya que fue planteada como una estructura institucional para cuatro años, la defensa nacional ocupa un aparte ínfimo dentro del plan de acción de las Fuerzas Militares, por orden del presidente de la República, ya que solamente menciona la Misión y la Visión de las Fuerzas Militares, más no proyecta esta misión y visión sobre los objetivos y funciones que deberían tener las Fuerzas Militares de Colombia, ya que le es encargado tareas policiales y de carácter civil, lo que deteriora en gran medida aún más la protección del interés nacional.

Ya para el segundo periodo de Álvaro Uribe (2006-2010), el Ministerio de Defensa de Colombia, publica en el 2007 el documento oficial que dictamina la política de seguridad y defensa del Estado, bajo el nombre de “política de consolidación de la seguridad democrática”, en este documento es imperante la falta absoluta de la

PDN, ya que la segunda ola de la política de seguridad democrática se dedica únicamente al conflicto interno, no da directriz alguna frente al desarrollo de la

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PDN, dejando de lado la demanda entablada por Nicaragua ante la CIJ, los constantes arremetimientos del gobierno de Venezuela por la conquista de la península de la Guajira colombiana, la instalación de bases militares de Estados Unidos y de Brasil en la frontera de la amazonia colombiana, la instalación de bases militares de Estados Unidos y de Ecuador en la frontera que delimita el Estado de Ecuador con el Departamento de Putumayo, la cada vez más insegura frontera entre Colombia y Panamá (Esquivel Triana, 2001); lo que es una falta absoluta a la misión de las Fuerzas Militares de Colombia, llegando a utilizar las mismas como un ejército propio del gobierno nacional, y no del Estado Colombiano (Ministerio de Defensa Nacional , 2007)

4.2 Introspección de los Gobiernos de Colombia en su ejecución de la