Justifying selection of qualitative approach for the present study

Parte de la explicación para justificar la presencia de migrantes en Colombia, se debe a que el país en el 2007 eximió de visa a los ciudadanos de China a condición de que permanecieran en el territorio por un período no mayor a 90 días en calidad de turista. Tres meses después es impuesta la visa de nuevo debido a los altos flujos de migración irregular (con documentos falsos) presenciados en zonas fronterizas de Brasil. Sin embargo en el 2008 Ecuador exime de visa a todo el mundo, lo que permitió que una gran cantidad de africanos y asiáticos, especialmente de China, se presentaran desde Ecuador a la frontera con Colombia como solicitantes de asilo. (Cano, 2013)

Ecuador y Venezuela como los dos países más propensos a la migración, tienen particularidades que permiten este fácil ingreso. En el caso ecuatoriano, la línea fronteriza cuenta con una extensión de 586 km de longitud de territorio con la presencia de solo dos puestos de control fronterizo. Esto nos permite intuir que existen innumerables punto de entrada y salida ilegal para cualquiera de los dos territorios. La baja presencia de infraestructura y mecanismos de monitoreo para el control de la frontera aportan a este acceso ilegal. La población fronteriza carece de oportunidades de trabajo formal y bien remunerado, razón por la cual para suprimir sus problemas económicos se ven en la necesidad de buscar trabajos ilícitos que le permitan subsistir. Dentro de las actividades más propensas de esta zona está el tráfico de personas, armas y drogas, junto con una zona rural deteriorada debido a los cultivos de coca, marihuana y amapola. Sin olvidar los altos índices de violencia tanto de la población rural, como de la población indígena ubicada en las montañas y el contrabando de combustibles y alimentos (gas y gasolina; mantecas, aceites, pastas, harina, huevos, elementos de aseo) que se presenta en la zona. Encuestas realizadas a migrantes demuestra que es muy común en esta zona obtener propuestas sobre trabajos ilegales muy bien remunerados lo cual incentiva a la población para inmiscuirse en estas acciones. (OIM, 2007)

Por lo general las organizaciones como los Consulados, ONGs como (Pastoral Social de Ipiales y Tulcán), la Oficina de Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), ayudan informalmente a los migrantes irregulares para que puedan trabajar en el sector o seguir en su camino de irregularidad hasta el país receptor. En este sentido se apoya también a aquellos trabajadores en la frontera (como los mineros) que requieren de legalización de documentos. (OIM, 2007). Lo cual demuestra el poco trabajo conjunto entre las organizaciones gubernamentales, como las no gubernamentales para combatir el delito.

Dentro de este estudio se encontraron 30 instituciones que tienen conocimiento del tema pero realmente no cuentan con mecanismos regulares para brindar asistencia y protección a las víctimas, sin contar con la poco o nula coordinación entre instituciones. A pesar que el Estado colombiano mediante el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas es el encargado de regular estos fenómenos en el país, la situación en las fronteras en algunos departamentos (donde realmente es el lugar al cual entran y salen todo tipo de personas y objetos) es incontrolable y no consta de ningún tipo de control gubernamental que proteja a la población nacional y a los migrante. Es importante que estas instituciones se fortalezcan para brindar protección, asesoría, apoyo tanto a los tratantes como traficados, ya que, estas personas suelen recurrir más a este tipo de instituciones que a la policía por miedo a ser reportado o judicializado. (OIM, 2007)

El Estado colombiano reconoce que por razones socioeconómicas del país, los inmigrantes irregulares no quieren permanecer en Colombia, sino que por el contrario lo utilizan para llegar a países más desarrollados que les permitirán tener una mejor calidad de vida que la que tenían en sus países de origen. En su mayoría son inmigrantes que tienen recursos económicos limitados, ya que es dinero logrado por toda la familia para que el sujeto pueda llegar a su lugar de

destino. Las limitaciones impuestas por el Estado colombiano (como se verá más adelante) propician que el inmigrante irregular caiga fácilmente a un estado de vulneración y "escape" o transite del territorio Colombiano por medios ilegales, que muchas veces implican condiciones o consecuencias inhumanas.

Los puestos de control migratorio son muy importantes, ya que nos indican el nivel de control con el que se cuenta. En cuanto a los puestos de control terrestre, Colombia cuenta con el puesto Arauca, en Arauca, Puente Simón Bolívar en Cúcuta, Paraguachon, en Malcao, , Puente San Miguel, en San Miguel, , Rumichaca en Ipiales. En cuanto a los puestos de control migratorio aéreo, se tienen: en Bogotá el aeropuerto El Dorado; en Medellín el José María Córdoba, en Barranquilla Ernesto Cortizzos, en Cartagena Rafael Nuñez, en Pereira el aeropuerto Matecaña, en Leticia Alfredo Vasquez Cobo, en Cali Alfonso Bonilla, en San Andres Gustavo Rojas Pinilla, en Bucaramanga Palonegro, en Armenia en aeropuerto El Eden, en Cúcuta Camilo Daza, en Rioacha Almirante Padilla. En cuanto a los puestos de control marítimo: Providencia, San Andrés, Capurgana, Turbo, Coveñas, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, Bahía Solano, Buenaventura, Tumaco. Otro dato muy curioso es el único puesto de control fronterizo fluvial en Colombia ubicado en Vichada - Puerto Carreño. (Tomado del puesto de migración de Puerto Carreño)

Hay que señalar que los puestos de control migratorio que enfrentan mayor presencia de migrantes irregulares están ubicados en los departamentos de Nariño y Putumayo. Se trata de dos controles terrestres (Ipiales – Rumichaca, San Miguel – Puente San Miguel), y uno marítimo (Tumaco). En la migración irregular que afecta al territorio colombiana, el tránsito más común es a través de líneas fronterizas informales, utilizando vehículos de servicios públicos que atraviesan sin dificultad los puestos de control. (UNODC, 2013). Una explicación de esto podría consistir en las facilidades que brinda la vía Panamericana, la cual conduce del sur al noroccidente del país.

Es evidente que las migraciones irregulares son un reto para el ejercicio de soberanía del Estado colombiano, y en especial si está enlazado con corrupción y crimen organizado. Establecer medidas migratorias restrictivas en cuanto a la obtención de visa y la inversión en recursos capaces de cubrir los gastos de detención y repatriación del migrante, no ha sido una herramienta que desestimule la migración irregular. El Estado colombiano, al negar una gran cantidad de solicitudes de refugio, está incentivando que los migrantes entren al país de manera irregular. De este modo, un control fronterizo desprovisto de una protección apropiada en materia de derechos humanos hacia las víctimas y la población, no contribuye eficazmente a la solución de este problema.

Capítulo 3 3.1. Líneas de mejoramiento.

La “nueva ola de migrantes” es una situación que le plantea a Colombia el desafío de diseñar políticas, programas y proyectos nuevos respecto a los migrantes internacionales, que tengan como contenido y propósito tanto la protección de los derechos humanos de los migrantes irregulares como la defensa de la seguridad nacional y la soberanía del país. Debido a la invisibilidad de los migrantes irregulares, lo que en un principio se considera “tráfico ilícito de migrantes” se convierte algunas veces en “trata de personas” ya que su vulnerabilidad no le permite tener opciones diferentes que someterse a la explotación. Al considerar al sujeto traficado como delincuente, por haber violado las leyes del Estado al entrar de manera irregular al país, lo exime de sus derechos y la medida más eficaz que tiene el Estado es repatriarlo. Esta disposición no es muy viable debido a que no

es una medida que garantiza el acto de no repetición y segundo no se le protege la vida al sujeto, ya que el Estado de tránsito y/o receptor se desentiende del tratamiento al cual podría ser sometido el migrante una vez devuelto a su país de origen. La migración internacional es un fenómeno constante y que tendrá cabida por mucho tiempo debido a la desigualdad de desarrollo entre los países, por lo cual dentro de las medidas viables que se deben tener en cuenta, tanto derivadas de los Protocolos, como de los procedimientos internos de cada Estado, es aceptar la existencia del fenómeno y comprender (para poder plasmarlo en las leyes) que el traficado, acompañado de su invisibilidad, fomenta la participación de actividades ilícitas que perjudican tanto a la soberanía del Estado, como a la población nacional y migratoria. Las medidas legales hacia el traficado y el tratado toman diferentes rumbos, pero es necesario el entendimiento de la comunidad internacional sobre las diversas dinámicas que se presentan en estos dos actos. El traficante, mediante las leyes es un criminal, pero realmente el propósito de este sujeto es luchar y trabajar fuertemente para una mejor calidad de vida para su núcleo familiar.

Las medidas se deben tomar a partir de la gran base que es utilizada por los Estados, que son los Protocolos contra el tráfico ilícito y contra la trata de personas. Como vimos en el anterior capítulo, los Protocolos no ofrecen a los Estados parte las herramientas más idóneas y eficaces para combatir los dos actos, pues omiten complejidades que acompañan la situación del migrante irregular que habría que tomar en consideración a la luz de un esquema más garantista de derechos humanos. Así como el tráfico puede convertirse en trata, la trata (que se da de manera interna) puede llegar también al cruce de fronteras internacionales debido a su gran rentabilidad. Se ha considerado que la trata de personas es un fenómeno a nivel mundial, sin embargo el tratamiento para mitigarlo varía de un país a otro y de una región a otra. En países como Asia meridional, Asia sudoriental, América del Norte, Europa occidental y Europa

Oriental cuentan con un número significativo de investigaciones sobre la trata, mientras que América Latina y África, países que proporcionan una enorme población víctima de este delito, cuentan con poca información autóctona. Los estudios se han enfocado, en el caso de estas regiones, más en la migración de la mujer (como un aspecto económico) que en la trata (como un aspecto de violencia). (Órganos de las Naciones Unidas. 2000)

Una de las fallas a nivel regional se encuentra en la poca coordinación entre las instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, además de tener un procedimiento informativo no muy fiable que toma medidas legales sin tener en cuenta si el sujeto inmigrante indocumentado entró al territorio de forma ilícita o siendo víctima de trata de persona.