2.4 Deep Learning Paradigm
2.4.2 Multi-Layer Perceptrons
La descentralización conlleva la transferencia de varios tipos diferen- tes de poder administrativo y político de una autoridad central a una institución local:
El poder para crear normas o modificar las existentes: por ejemplo,
para establecer el uso de la tierra y la normativa de la división por zonas, o para decidir qué tipos de árboles pueden talarse en un bosque, o qué días ciertos usuarios pueden pescar en una zona específica.
El poder para adoptar decisiones que atañan al fisco y al rédito: por
ejemplo, la autoridad para cobrar la entrada a un parque natural, esta- blecer cuotas para la gestión de la basura y el tratamiento del agua, o decidir cómo gastar los ingresos recaudados por las cuotas de caza en un coto.
El poder para aplicar las normas y asegurar su acatamiento: por
ejemplo, sancionar a una fábrica por las emisiones excesivas, o a los
muchas más personas a las instituciones del gobierno y generar un aumento de las oportunidades para que los ciudadanos se interesen por los asuntos públicos. En especial en los países en vías de desarrollo, las oportunidades de participar significativamente en el uso del recurso y en el proceso decisorio reduce la sospecha mutua y permite a todos los grupos importantes participar en igualdad de condiciones en el manejo del entorno que comparten (PNUMA 2002:409). La descentralización debiera beneficiar también al medio ambiente y mejorar la equidad en el manejo del recurso natural, pues puede alimentarse del conocimiento que tiene la población local de su propio ambiente y con ello compren- der mejor cuáles son las necesidades de ésta. Además, los grupos loca- les probablemente respeten más las decisiones adoptadas para los recursos si éstas se toman con su participación (véase Recuadro 5.4).
No obstante, alcanzar la potencialidad de la descentralización depende mucho de cómo se planteen y apliquen las reformas (Banco Mundial 1999:109). Para beneficiar más el entorno y hacer el manejo del recurso más equitativo, deben coexistir cuatro criterios mínimos:
■ La descentralización debe acarrear una transferencia significa- tiva del poder –incluso del poder fiscal– a una institución local.
■ La institución a la que el poder se transfiere debe ser representativa de la población residente en toda su diversidad –no sólo de los intereses de la élite– y conocer profundamente los recursos naturales locales y la población que depende de ellos.
■ La población local debe poder considerar a la institución responsable de sus actos por medio de elecciones, audiencias públicas u otros medios democráticos.
■ Los incentivos fiscales y reguladores deben estar organizados para promover el manejo sostenible de los recursos naturales a largo plazo.
Satisfacer todos estos criterios no es fácil.
Quizá la barrera más difícil de superar sea la de velar por que los responsables que reciben el poder rindan cuentas. Rendir cuentas significa responsabilizarse de las decisiones adoptadas. La cuestión clave es si el órgano de gobierno local que recibe la responsabilidad del gobierno central rinde cuentas ante la comunidad local. En otras
ciudadanos que sin tener permiso talan los árboles de un bosque comunal o cazan su fauna.
El poder de adjudicación: el derecho de resolver los conflictos y
vigilar las negociaciones sobre el uso del recurso y las normas corres- pondientes.
La descentralización aparente puede también ocurrir sin la verda- dera transferencia de “poderes”, trasladando sólo las responsabilida- des. Así, puede ocurrir que una ONG local o el gobierno local hereden la responsabilidad para llevar a cabo las decisiones y ejecutar las leyes del gobierno central, pero que no reciban la autoridad para asignar multas o crear normas por sí mismos. Esta transferencia de responsabilidades sin los poderes complementarios no confiere auténtico control local.
¿Quién está implicado en la descentralización?
El gobierno central: que incluye a presidentes, ministros, personal delos ministerios y miembros de las asambleas nacionales. Ellos son quienes definen qué poderes se transfieren desde el gobierno central y a quién. Normalmente, una o más agencias con responsabilidades específicas de vigilancia sobre el gobierno local suelen estar involu- cradas claramente en la descentralización, como por ejemplo: un Ministerio de Gobierno local o el Ministerio del Interior.
Las instituciones regionales, municipales o locales: que son las
ramas locales de los ministerios del gobierno central, los gobiernos locales elegidos, las ONG, las autoridades tradicionales y los grupos y cooperativas de la comunidad. Estas instituciones o individuos reci- ben el poder en materia ambiental a través de las reformas descen- tralizadoras. Por ejemplo, es posible que un país cree una nueva ins- titución local, como un consejo para gestionar el bosque compuesto por lugareños. O que un gobierno central conceda responsabilidades
nuevas a las instituciones existentes, como al consejo comarcal, ciu- dadano, municipal o del barrio; los comités de la aldea; los gobiernos del condado; las juntas de gobierno para el manejo de la cuenca de agua; o los comités para desarrollo rural.
Los ciudadanos: los ciudadanos pueden verse afectados indirec-
tamente –es decir, a través de la aplicación de nuevas reglas para el uso de la tierra y los derechos de acceso a ella, los cambios en las concesiones mineras o la creación de nuevos gobiernos locales–. O tal vez sea la descentralización la que los involucre directamente –por ejemplo, a través de las elecciones, de representantes a una ins- titución local para el manejo del uso del recurso, o a través de una asociación para la cuenca del agua de la comunidad–. Los intereses y las capacidades de los ciudadanos para participar en el manejo de los recursos naturales pueden variar dependiendo de su género, edad, clase, raza, religión, identidad profesional o de la cultura de la colectividad.
Los donantes internacionales y los bancos para el desarrollo:
Muchos donantes bilaterales y multilaterales suministran fondos a programas, proyectos y políticas que estimulan la gestión ambiental descentralizada y fortalecen la capacidad de las instituciones locales de llevar a cabo las responsabilidades descentralizadas con eficacia y eficiencia. Por ejemplo, muchos programas de la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (USAID) promueven la democracia local y la eficacia y transparencia del gobierno, como el proyecto en El Salvador, para modernizar la contabilidad y la adminis- tración de 28 municipalidades y destacar la participación ciudadana a través de la planificación participativa, de la asistencia de la ciudada- nía al pleno municipal y de las reuniones ciudadanas para debatir el presupuesto público (USAID 2003).
L
a privatización o venta al sector privado de recursos públicos como los ferrocarriles del estado o los servicios del agua ya es un hecho habitual en todo el mundo. Ningún servicio está exento: la banca, el suministro de electricidad, la producción de gas y petróleo, la sanidad, el suministro hídrico, la educación, las teleco- municaciones y los servicios de transporte son a menudo privatizados por los gobiernos nacionales, provinciales y locales. Aunque la ten- dencia privatizadora se inició en los países desarrollados en los años ochenta, hoy día es también prominente en los países en vías de desa- rrollo donde los recursos naturales frecuentemente constituyen acti- vos destinados a la venta. Por ejemplo, el 40% de los 44.000 millones de dólares de ingresos que los gobiernos rurales en vías de desarro- llo obtuvieron con las privatizaciones en 1999 procedía de la venta de bienes estatales como el petróleo, la minería, la agricultura y los recursos forestales (Banco Mundial 2001:183,188).Los gobiernos privatizan sus activos por varias razones. Una es deshacerse de las empresas estatales que están operando con pérdi- das y agotando las arcas del gobierno. Otra es la esperanza de que los propietarios privados dirijan las empresas más eficazmente, brindado un mejor servicio que el Estado, a través de una nueva capitalización de la empresa, una administración mejor y mejores tecnologías. La decisión de privatizar, sin embargo, puede provocar polémicas, parti- cularmente cuando los gobiernos proponen colocar los servicios esenciales, como el suministro hídrico y de la electricidad, en manos privadas. La preocupación es que las compañías privadas puedan aumentar la eficacia de la empresa, ignorando, en cambio, los objeti- vos sociales como pueden ser mantener el coste del agua y de la elec- tricidad a precios asequibles, o proporcionar servicios de transporte de autobús en las zonas pobres.