System Performance Analysis and Limitations

Fuente: Kendall 2001. Basado en datos publicados en The Cerulli Egse –Global edition.

asuntos empresariales (SIF 2001:16). Aunque estas resoluciones raramente reciben el voto de la mayoría, la presión que ejercen los accionistas, a menudo trabajando en colaboración con las ONG, ciu- dadanos activistas y consumidores, ha convencido a algunas de las compañías más grandes a cambiar sus prácticas:

■ En 2000, los accionistas socialmente responsables convencieron a varias de las 500 compañías de la revista Fortune, incluidas las compañías Ford Motor y Nike, a adoptar los Principios de CERES –un código de conducta de diez puntos que compromete a las empresas a procurar mejoras en su actuación medioambiental y en sus informes– (SIF 2001:17).

■ La presión de los accionistas convenció a General Electric a fabricar una nueva línea de lavadoras para el año 2004 un 20% más eficaces en el uso de agua y energía, y un 35% más eficaces para el 2007. La decisión de GE condujo a mejoras en la eficacia de energía y agua en toda la industria de electrodomésticos (Domini 2001:87).

■ En 2000, quince inversores institucionales (inversores que poseen grandes cuotas accionarias) se unieron a una coalición medioambiental que convenció a la Compañía Mitsubishi a aban- donar sus planes de crear una salinizadora en el golfo de Califor- nia (México) lo cual hubiera destruido una zona de reproducción para las ballenas grises (SIF 2001:15).

■ En 2000-2001, la presión de los accionistas ayudó a convencer a los directivos de cinco cadenas farmacéuticas estadounidenses,

así como a otros minoristas, a retirar progresivamente la distribución o producción de termómetros de mercurio que puedan soltar mercurio una vez que se tiran (SRI World Group Inc. 2001b:56).

Entre los éxitos disfrutados por los inversores socialmente res- ponsables en la temporada de votación por poderes 2002 fue que se registraron más de 19 acuerdos en las compañías más importantes en torno al tema del cambio climático. Las resoluciones de los accio- nistas para inducir a las empresas a abordar el calentamiento global son la categoría de crecimiento más rápido de las resoluciones social- mente motivadas (Innovest 2002:12).

L a I S R y l o s r e s u l t a d o s e c o n ó m i c o s

La ISR envía un mensaje a las compañías advirtiéndolas de que su con- ducta ambiental, su reputación e incluso sus políticas de ética y transpa- rencia pueden incidir en el precio de sus acciones y, por consiguiente, en el valor de la compañía. Los estudios demuestran que las noticias sobre la actuación ambiental de una empresa, sean buenas o malas, pueden aumentar o disminuir los precios accionarios en los Estados Unidos y en los mercados canadienses del 1 al 2% (Wheeler 2000:61-62). Las bolsas de valores de los países en desarrollo reaccionan más contundentemente. Según un estudio, las noticias sobre acciones penales o ejecuciones legales contra las compañías por razones de mal comportamiento en sec- tor ambiental puede depreciar el valor accionario del 4 al 15% en esos mercados. Como respuesta a las buenas noticias acerca de premios a las empresas por su correcta actuación ambiental, por ejemplo, se ha demos-

América Latina Europa Oriental/Asia Central África Asia Mediterráneo Norte de Europa América del Norte/Oceanía

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Porcentaje de encuestados

Sí

Lo he pensado

F i g u r a 6 . 3 . L a p e r c e p c i ó n d e l p ú b l i c o a f e c t a a l o s r e s u l t a d o s

En el último año, ¿ha evitado usted los productos o ha criticado públicamente, o, por otra parte, ha castigado a una empresa que usted no considera social y medioambientalmente responsable?

trado que los precios de sus paquetes accionarios han subido incluso del 20% en Argentina, Chile, México y Filipinas (Dasgupta et al. 1998:17).

La inversión socialmente responsable en otra época se consideraba solamente un medio para “hacer el bien” con el propio dinero, pero hoy día sus partidarios insisten en que es una inversión inteligente que reporta rendimientos financieros competitivos (SRI World Group Inc. 2001b:xiii). De hecho, la solidez en el plano ambiental puede ser un buen indicador de que la empresa está bien administrada y, por tanto, un elemento útil para medir los posibles rendimientos financieros.

Aunque los analistas todavía se esfuerzan por cuantificar especí- ficamente cómo afectan los riesgos medioambientales de una empresa al paquete accionario de los inversores, existe la evidencia creciente de que los factores ambientales pueden afectar material- mente al rendimiento financiero de una compañía. Un estudio del año 2000 de 13 compañías de pulpa y papel reveló que la mitad de ellas podrían enfrentarse a pérdidas mínimas de entre el 5 y el 10% del valor accionario a causa de problemas ambientales pendientes dictados por las normas más estrictas de tala y por las regulaciones sobre la contaminación del aire (Repetto y Austin 2000:19).

Aplicando la misma metodología a 16 compañías petroleras y de gas, en el año 2000 los economistas hallaron que los accionistas podían per- der del 1 al 6% del valor de sus inversiones en estas compañías debido a los efectos de las nuevas regulaciones y otras iniciativas para frenar el

cambio climático (Austin y Sauer 2002:33). Otro informe reciente advir- tió que los costes relacionados con el cambio climático podrían afectar a las empresas de numerosos sectores –desde el transporte y la silvicul- tura a la manufacturación y la agricultura– causándoles pérdidas de casi el 15% de su valor de mercado total (Innovest 2002:10).

Dichos estudios han empezado a crear un caso empresarial de ISR –un paso necesario si queremos que la ISR avance y salga de su nicho de mercado actual–. De hecho, la estrategia de enfatizar los beneficios “resultantes” de la inversión con responsabilidad social y los riesgos de ignorar los problemas medioambientales han hecho que las ISR sean muy atractivas para el público en general. Ello ha propiciado incluso que algunos inversores institucionales se involucren en los asuntos ambien- tales y sociales. La ciudad de Nueva York y el sistema de pensiones del Estado de Connecticut en 2002 presentaron acuerdos de los accionistas que apuntaban a conseguir que las empresas abordasen el problema del cambio climático (Innovest 2002:13).

El interés por las ISR no está confinado a América del Norte. Las mayores casas de inversión de Europa como Henderson Global Investors y Friend Ivory and Sime PLC han desarrollado unas direc- trices sofisticadas para evaluar las respuestas de los administradores de las empresas ante la amenaza del cambio climático. Estas casas inversoras han comenzado a comunicar la importancia del problema y sus preocupaciones a los clientes (Cortese 2002:6; Innovest 2002:11).

Finlandia 1 Austria 2 Bélgica 2 Reino Unido 2 Alemania 3 Países Bajos 3 Portugal 4 Suecia 8 Grecia 10 España 13 Dinamarca 27 Francia 28 Italia 32 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Licencias concedidas por los países

Papel para copias 1 Lavavajillas 1 Bombillas 1 Revestimientos de suelos 1 Refrigeradores 2 Detergentes para lavadoras 3 Colchones para camas 4 Detergentes para lavar a mano 6 Calzado 6 Detergentes para lavavajillas 6 Limpiadores sanitarios y para todo 8 Productos de papel 8 Productos para mejorar la tierra 10 Pinturas y barnices 34 Productos textiles 44

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Licencias otorgadas por productos

F i g u r a 6 . 4 . E l e c o et i q u et a d o d e l a U E c o n e l l o g ot i p o d e l a f l o r

Nota: Se otorga la licencia a una compañía para producir uno o más productos ecoetiquetados. Fuente: Bouvret 2003; EUEB 2003.

¿Qué significa la ecoetiqueta de la flor?

La etiqueta en el calzado le explica que... La etiqueta en las pinturas y los barnices le explica que...

El riesgo de reacciones alérgicas de ciertas substancias químicas La cantidad de pigmento blanco está reducido, pero se asegura bastante capacidad

está minimizado de cobertura

El agua y la contaminación aérea durante la fabricación son limitados Se producen los pigmentos siguiendo un criterio ecológico estricto El producto se vende en embalaje reciclado El producto suelta menos solventes

E

n algunas partes, la preocupación por lo débiles que son los códi- gos de conducta de las empresas y otras medidas voluntarias para asegurar la buena conducta empresarial ha encendido el interés por crear un conjunto de reglas obligatorias para las empresas a las que estarían sujetas todas las corporaciones transnacionales, esto es, una convención obligatoria de responsabilidad empresarial.

De hecho, durante muchos años, las ONG han estado exigiendo que un tipo de tratado semejante fuera legalmente vinculante a fin de asegurar que las compañías cumplan con ciertos derechos humanos mínimos, con las normas ambientales y con las normativas laborales, aceptando, de hecho, la responsabilidad legal por las repercusiones de sus prácticas empresariales (Broad y Cavanagh 1998:19-26, 39; Phillips 2002:1-6).

Más recientemente, la idea de un tratado similar cobró fuerza en 2002 durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johanesburgo. El tema tuvo gran aceptación entre muchas naciones en desarrollo y en la Unión Europea, aunque no se produjo un acuerdo. Una propuesta –que fue planteada por la ONG Friends of the Earth

International (FOEI)– impondría a las empresas transnacionales nor-

mativas en relación con los derechos ambientales, derechos humanos y leyes laborales, y haría posible que cualquiera pudiese demandarlas por cargos delictivos a causa de las supuestas violaciones de las nor- mas (FOEI 2002; Gardiner 2002:7).

La propuesta de FOEI contenía los elementos siguientes (Bruno y Karliner 2002:6; FOEI 2002):

■ Requisitos de información corporativa sobre los impactos sociales y ambientales. La consulta previa con las comunidades afectadas, incluidas las evaluaciones del impacto ambiental y el acceso a la información.

■ La extensión de la responsabilidad a los directores de la empresa por incumplir las leyes nacionales en materia ambiental y social; y

responsabilidad de la empresa por incumplimiento de las leyes o los acuerdos internacionales.

■ Derechos de los ciudadanos a la indemnización, incluida la capacidad de cualquier persona afectada en cualquier parte del mundo para entablar un pleito contra las casas matrices en el país en que tengan su sede.

■ Los derechos de la comunidad a los recursos, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas sobre la propiedad común como los bosques, las pesquerías y minerales. Los derechos de veto de la comunidad a proyectos de desarrollo y a la indemni- zación por los recursos expropiados.

■ Sanciones contra las empresas que incumplan la Convención. Entre ellas se señalan multas, la suspensión de la compañía de la Bolsa, la no adjudicación de subsidios estatales y, en los casos extremos, la retirada del status de responsabilidad limitada de una compañía. Aunque la propuesta de FOEI fue rechazada, los participantes al WSSD incluyeron posteriormente textos que para algunos significa el respaldo a las discusiones futuras sobre una Convención para la Responsabilidad Empresarial (Journal of Corporate Citizenship 2002:4; La Viña et al. 2002:7). El Plan de Aplicación del WSSD –con- junto de acuerdos negociados y firmados por los gobiernos que asis- tieron a la Cumbre– introdujeron el compromiso siguiente:

“[Nosotros] promoveremos activamente la responsabilidad y la rendición de cuentas empresariales, basándonos en los principios de Río, a través del desarrollo pleno y la aplicación eficaz de los acuer- dos y medidas intergubernamentales, las iniciativas internacionales y asociaciones público-privadas, las apropiadas regulaciones naciona- les y apoyando la continua mejora de las prácticas empresariales en todos los países” (Naciones Unidas 2002:40).

R e c u a d r o 6 . 8 . A ¿ U n a c o n v e n c i ó n v i n c u l a n te s o b r e r e s p o n s a b i l i d a d

e m p r e s a r i a l ?

En el Reino Unido, el tercer fondo de pensiones más grande, con 30.000 millones de dólares de activos está haciendo llamamientos a otros inversores del Reino Unido para asumir una posición activa frente al riesgo financiero asociado con el cambio climático. Y en Holanda, ABP Investments, el fondo de pensiones más grande de Europa, reciente- mente ha empezado a abordar de modo sistemático el riesgo del clima en su proceso de selección de paquetes accionarios, empezando con una cartera de valores “experimental” por valor de 100 millones de dólares. Está pensando también en ampliar sus inversiones elegidas por sis- tema de “cribado del riesgo ambiental” a una cifra que supere su actual cartera de valores de 140.000 millones de dólares (Innovest 2002:33).

El que la ISR madure hasta convertirse en una fuerza significativa que influya en la gestión empresarial dependerá, en última instancia, del alcance y la calidad de la información disponible para los inversores inte- resados (SRI World Group Inc. 2001b:81). Actualmente, la ISR se basa mucho en la difusión voluntaria brindada por las compañías y los geren- tes de los fondos de pensiones acerca de la importancia de los problemas ambientales en los rendimientos financieros (Austin y Sauer 2002:35).

Eso está empezando a cambiar en algunos países donde la nueva regulación estatal está facilitando las ISR. Por ejemplo, al inicio del año 2001, los fondos de pensiones del Reino Unido estaban obligados a declarar si ellos integraban los factores sociales y medioambienta- les en sus decisiones inversoras y cómo lo hacían. A partir de ese momento, en Reino Unido muchos fondos de pensiones han expresado su nueva decisión de involucrar a las empresas en el diálogo sobre esos problemas. Canadá, Noruega, Suecia y Dinamarca figuran entre los países que están pensando en implantar regulaciones similares (ABI 2001:8; Domini 2001:144; SIF 2001:25). Desde el inicio de 2003, una ley australiana exigirá a todas las Casas de inversión que divul- guen el grado en que las cuestiones ambientales y sociales se tienen en cuenta a la hora de invertir (Baue 2003). Una nueva regulación por parte de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos exige que los fondos mutuos divulguen cómo votaron sobre las resoluciones por poderes de los accionistas para permitir a los inver- sores juzgar la concienciación en materia ambiental y social de los administradores de los fondos mutuos (SRI World Group Inc. 2003). Destacando en primera línea la cuestión de la actuación social y medioambiental de la empresa es más probable que dichas actuacio- nes construyan la concienciación y el interés por opciones inversoras que sean socialmente responsables.

E l e c o e t i q u e t a d o : l a f u e r z a d e l o s c o n s u m i d o r e s b i e n i n f o r m a d o s

Los consumidores bien informados pueden convertirse en una fuerza poderosa en el ámbito de la correcta gestión ambiental. Según un estu- dio de 2001, el 79% de los consumidores tiene en cuenta la nacionalidad de la empresa cuando se decide a adquirir acciones, y el 36% lo conside- ran un factor “importante” (Hill y Knowlton 2001:3; SRI World Group Inc. 2001a). En 1999, otra encuesta a 25.000 consumidores de todo el mundo reveló que uno de cada cinco había premiado o castigado a las empresas durante el año anterior basándose en cómo percibían la actua- ción social de éstas. Esto significa que evitaron los productos de deter- minadas compañías o que incluso hablaron en contra de las mismas a otras personas (Environics International Ltd. 1999) (véase Figura 6.3).

Aunque se dé el caso de que los consumidores exageren su activismo cuando se les encuesta, otros estudios sugieren que quizá del 10 al 15% de los consumidores verdaderamente integran el ecologismo en sus vidas y, en general, están dispuestos a pagar precios más altos por los productos ecológicos (Frankel 1998:140). Al menos por lo que se refiere a algunas compañías, algunos sectores y algunos países, una población con conciencia ecológica está impulsando el cambio en el comporta- miento empresarial.

Un ejemplo claro es la oleada mundial de ventas de alimentos ecológicos. Los consumidores están enviando señales claras a los pro- ductores de alimentos de que están dispuestos a pagar un recargo por alimentos que no estén contaminados con pesticidas y que se cul- tiven de forma no dañina para los ecosistemas. En 2002, las ventas de la agricultura ecológica global alcanzaron un valor de unos 20.000 millones de dólares y crecen anualmente un 25% en los mercados más importantes, como Estados Unidos, Europa y Japón (CDS 2000:6). Ello proporciona un incentivo real a los agricultores para decidirse a reducir los pesticidas e invertir en la conservación del suelo y de la biodiversidad para incrementar sus beneficios.

Sin embargo, los consumidores sólo podrán usar su poder sobre el mercado y, por ende, incidir en el comportamiento empresarial en materia ambiental, si, cuando van de compras, pueden elegir pro- ductos sobre los están bien informados. Necesitan, por tanto, poder distinguir fácilmente los productos que se han producido con respon- sabilidad, tales como los alimentos ecológicos y la madera de lugares sostenibles, y distinguir entre las reivindicaciones verdaderas o fal- sas de los productores. Para satisfacer esa necesidad, algunas orga- nizaciones independientes y algunos gobiernos han comenzado a cer- tificar y etiquetar como ecológicos los géneros producidos con prácticas sostenibles (WRI y USEPA 2000:12).

Desde que en 1978 Alemania Occidental lanzase el primer programa de etiquetado ecológico denominado el Ángel Azul, las iniciativas de eti- quetado ecológico han surgido en más de dos docenas de países, incluidos Canadá, la Unión Europea, Países escandinavos, Japón y los Estados Unidos (Harrison 1999:10). El ecoetiquetado puede cubrir un sorpren- dente y amplio abanico de productos: desde cortacéspedes a verduras. El Ángel Azul alemán se encuentra en más de 3.500 productos (Blue Angel 2003). La etiqueta con el logotipo de la flor europea es empleada por 135 fabricantes, minoristas y proveedores de servicios para centenares de productos (Bouvret 2003; EUEB 2003) (véase Figura 6.4).

Si bien han sido algunos gobiernos quienes han respaldado los pro- gramas de ecoetiquetado, otros programas muy conocidos han sido patrocinados de forma privada. Suele suceder que una organización independiente –a menudo una coalición de agentes interesados como pueden ser los ecologistas y los representantes de la industria– elabora una norma ambiental básica para certificar y etiquetar los productos. Un ejemplo conocido es, por ejemplo, el Programa SmartWood de Rain-

forest Alliance (Alianza para la Selva Tropical). Haciendo uso de nor-

mas ambientales, sociales y económicas establecidas por la ONG Consejo Mundial de Bosques (CMB), unos certificadores acreditados hacen una evaluación de la administración de los terrenos forestales.

Esta certificación por parte de terceros independientes ayuda a asegurar la credibilidad de la etiqueta SmartWood. Los productos forestales provenientes de las áreas manejadas siguiendo esas nor-

mas pueden llevar el logotipo de SmartWood. Ese logotipo ayuda a consumidores, arquitectos, fabricantes, carpinteros, constructores y gobiernos municipales a elegir madera que crece de forma sostenible para todo, desde mobiliario a parqué e instrumentos musicales, pasando por marcos para cuadros (SmartWood 2003).

Obviamente, los programas de certificación y etiquetado pueden beneficiar al medio ambiente. El gobierno de Alemania Occidental atribuye al programa Ángel Azul la reducción de gran cantidad de di- solventes de pintura para el hogar que desaguaban en los cursos de agua en cantidad superior a 40.000 toneladas. Ese programa también propició cambios industriales para cumplir criterios ambientales que proponían el certificado y captar así una gran porción del mercado (Salzhauer 1991:11-12). En varios países en desarrollo los programas de ecoetiquetado han reducido el uso intensivo de fertilizantes y pesti- cidas en el sector productor de flores cortadas (Grote 2002:289).

Con todo esto, el ecoetiquetado, como fuente de información para guiar las decisiones del consumidor, todavía tiene espacio para mejo- rar. Dos retos continuos que se presentan son: evitar la confusión e incrementar la confianza del consumidor en las ecoetiquetas. Por ejemplo, existen en el mundo más de 100 normas regionales o naciona- les aplicables a los productos ecológicos, lo cual significa que muchos productos etiquetados como ecológicos no cumplen el mismo tipo de normas (CDS 2000:12). ¿En qué etiquetas deben confiar los consumi- dores? En cuanto a esto, la estandarización ya está empezando a lle- varse a cabo. La adopción general de las directrices emitidas por la Federación Internacional de la Agricultura Ecológica y en 1999 el Codex Guidelines de la FAO/OMS para la producción, proceso y eti- quetado de los alimentos producidos ecológicamente han ayudado a reducir las diferencias entre los distintos sistemas de ecoetiquetado (CDS 2000:14). A pesar de ello, procurar claridad y consistencia a otras áreas de productos requerirá esfuerzos continuados.

Velar por que exista equidad entre los productores mundiales tam- bién es un desafío importante. Algunos productores de las naciones en desarrollo se quejan de que los programas de certificación y etiquetado pueden resultar costosos y a veces exigen el acceso a conocimientos téc- nicos y capacidad organizativa de la que ellos carecen. Esto podría situar- los en desventaja y reducir su capacidad competitiva en el floreciente mercado de los productos ecológicos. En el caso de las exportaciones agrí- colas ecológicas, por ejemplo, muchos productores de países en desarrollo carecen de información sobre los requisitos reguladores, los precios, los

factores de calidad y la logística (UNCTAD 2001:6, 8). Igualmente, los pequeños propietarios o productores para la comunidad de bienes fores-

In document Deep representation learning for marker-less human posture analysis (Page 115-120)