Colombia es un país altamente urbanizado. Mientras que, en 1951, la población urbana del país representaba el 39% de la población total del país, en el 2010 llegó a representar el 76%. Por otro lado, en el año 1951 6 ciudades tenían más de cien mil habitantes, y ninguna de más de un millón. En cambio, en el 2010, 41 ciudades hacían parte del primer grupo y 4 ciudades del segundo (DNP, 2013).
Proyecciones del DANE indican que, para el 2050, la población que vivirá en centros urbanos alcanzará los 52,6 millones de habitantes, equivalente al 86% de la población total proyectada (Pachón, 2012). Además, se proyecta que el país tendrá 69 ciudades con más de100 000 habitantes y 7 con más de un millón de habitantes. Estas tendencias en los centros urbanos generarán una cantidad de retos en el campo ambiental y, en espe- cial, en la consecución de un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.
El crecimiento poblacional proyectado estará acompañado de las correspondien- tes demandas de servicios ecosistémicos: agua, aire, biodiversidad, suelo, vivienda, transporte, alimentos, servicios públicos y sociales, entre otros. Asimismo, se genera- rán impactos en el ambiente (contaminación de aguas) y en el uso del suelo (suelos destinados a rellenos sanitarios), los cuales deben ser analizados desde una escala su-
pramunicipal para encontrar la efectiva coordinación y complementariedad entre las ciudades y las regiones (DNP, 2013).
En las ciudades colombianas se genera gran parte de las emisiones de GEI rela- cionadas con el transporte y el tratamiento de residuos sólidos y líquidos que, en con- junto, explican casi el 33% de las emisiones nacionales (DCC-MADS). Así mismo, en las ciudades se concentra la mayoría de los hogares en riesgo por amenazas climáticas, como inundaciones por el ascenso del nivel del mar o por lluvias extremas y sequías por el desabastecimiento hídrico.
A pesar de lo anterior, aún hay mucho por mejorar en la gestión del cambio cli- mático de las ciudades colombianas, puesto que enfrentan desafíos y retos. Según el Informe Preventivo 2015 de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios , es posible analizar la capacidad de adaptación de los municipios de Colom- bia al cambio climático y los resultados son poco alentadores. Para empezar, se evi- dencia que la gran mayoría de los municipios han reportado haber sido afectados por fenómenos de cambio climático. El 93% de los municipios de Colombia reconocieron haber sido afectados por la ola invernal 2010-2011. No obstante, curiosamente, muy pocos de ellos han reportado haber adoptado e implementado medidas de adapta- ción o mitigación al cambio climático.
TABLA 1:
Medidas de adaptación y mitigación
Municipios Medidas
33% Reubicación de barrios o comunidades. 26% Nuevas formas de construcción de viviendas.
5% Mejoras en edificios verdes.
13% Inversión en proyectos de energías limpias.
11% Renovación de su flota de autobuses en los últimos 5 años. Fuente: Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (2015).
Las estrategias de reducción de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de la población de los países dependen del crecimiento de la economía, es decir, del desempeño de las ciudades, en una proporción muy alta. De esta manera, el creci- miento de las ciudades es uno de los factores de degradación ambiental más impor-
tantes que, sumados a la contribución de las ciudades al cambio climático, pone en riesgo los resultados esperados del crecimiento económico en términos de calidad de vida y reducción de la pobreza. Por ello, el crecimiento económico del país requiere pensar en términos de sistemas de ciudades que impulsen un crecimiento de su pro- ductividad y su especialización, pero dichos sistemas se deben conciliar con objetivos de política ambiental y de cambio climático.
Las ciudades tienen una habilidad única de tratar los temas de cambio climático, para contribuir con el cumplimiento de la meta nacional, establecida en el acuerdo de París; las decisiones que se tomen en las ciudades relacionadas con las tendencias de la infraestructura a largo plazo determinarán el impacto y duración del cambio cli- mático. La inversión en infraestructura urbana baja en carbono y resiliente al clima es menor y ofrece múltiples beneficios locales. El Estado deberá velar por una construc- ción con dichas características (por ejemplo, en la arquitectura vernácula y la bioarqui- tectura). De este modo, se pueden promover los espacios públicos y se pueden imple- mentar acciones de arborización, con el fin de fortalecer el ordenamiento del territorio y los sistemas de información climática y gestión del riesgo.
A pesar de que existan diferentes maneras de responder al crecimiento demográ- fico de una ciudad, es importante recordar que no se ha determinado solución única o estándar, pues cada ciudad presenta unas características sociales, económicas, cul- turales y ambientales específicas. Por este motivo, la clave está en la planificación y el ordenamiento integral de los asentamientos, las ciudades y los territorios. En ese sentido, las acciones integrales de adaptación y mitigación frente al cambio climático dentro de una planificación y ordenamiento del territorio compatible con el clima de- ben considerar que una ciudad sostenible es aquella que promueve soluciones bajas en carbono y resilientes al clima. Igualmente, debe ser una ciudad que se planifica y tiene en cuenta las estructuras ecológicas que interactúan con ella y que la proveen de servicios ecosistémicos claves para la ciudad.