Conclusions

urante los años noventa existían numerosos indicios de que la economía castellana estaba al borde del colapso, dada la extorsión inexorable que le imponían las aventuras imperiales de Felipe II. El aparentemente inagotable flujo de plata americana había tentado al rey a lanzarse a vastas empresas que devoraban sus ingresos y aumentaban la montaña de sus deudas: se dice que sólo la Armada Invencible le costó diez millones de ducados, y, a mediados de la década, sus gastos superaban probablemente los 12 millones de ducados anuales. Hasta cuándo podía seguir gastando en esta escala es algo que, en última instancia, podía determinarlo la capacidad de sus territorios, tanto del continente como de ultramar, para seguir proporcionándole ingresos, y hay buenas razones para pensar que, a mediados de la década 1590-1600, esta capacidad había llegado al límite.

Menos de una cuarta parte de los ingresos anuales del rey procedían de los envíos de plata americana. El resto procedía de empréstitos o se cubría con la recaudación de impuestos, cuyo peso soportaba principalmente Castilla. Hacia 1590 era evidente que, a pesar del gran aumento desde 1575 de la suma aportada por el encabezamiento, las fuentes de ingresos castellanas tradicionales no bastaban para cubrir las necesidades de la Corona. Ni la alcabala, ni los servicios ordinarios y extraordinarios, eran ya suficiente y se hizo necesario, a partir de 1590, completarlos con un nuevo impuesto que iba a pesar mucho en la historia fiscal castellana del siglo XVII. Este nuevo impuesto, que fue aprobado por las Cortes, era, en efecto, la sisa, que Carlos V había intentado en vano introducir en 1538. Llamado millones, porque se evaluaba en millones de ducados y no en maravedís, fue fijado primero en un total de 8.000.000 de ducados para un período de seis años. El método de recaudación se dejaba a la discreción de los municipios. En 1596, sin embargo, fue aumentando en 1.300.000 ducados más por año, a percibir en sisas sobre los artículos alimenticios esenciales. En 1600, la imposición original y sus complementos fueron reunidos en un subsidio de 18 millones de ducados, pagaderos en un plazo de seis años. Esta imposición, ya consolidada, gravaba los artículos de consumo esenciales —sobre todo la carne, el vino, el aceite y el vinagre—, y las Cortes la aprobaron con la condición de que fuese destinada a ciertos fines bien especificados: pago de la guardia real y funcionarios reales y mantenimiento de las guarniciones fronterizas y de las casas

reales. El posible saldo a favor se destinaba a la reducción de las deudas reales mediante la redención de juros.

En teoría, los millones eran un tributo mucho más equitativo que los servicios, de los que estaban exentos todos los que poseían un privilegio de nobleza. Pero en la práctica lo era mucho menos de lo que podía parecer, pues los terratenientes podían abastecerse a sí mismos de los artículos más gravados, obteniéndolos de sus propias posesiones. Una vez más, por lo tanto, eran los pobres los que cargaban con casi todo el peso. De modo inevitable, una contribución de este tipo hizo subir el coste de la vida en Castilla. Un reformador del sistema fiscal calculaba, hacia 1620 que, si un hombre pobre gastaba 30 maravedís diarios, cuatro revertían únicamente a la alcabala y los millones, pero la exactitud de este cálculo fue discutida por sus adversarios, y hoy en día resulta imposible determinar de modo estadístico el impacto de la tributación, tanto sobre el castellano medio como sobre la economía castellana en conjunto. De lo que no se puede dudar, sin embargo, es de la superioridad de las contribuciones fiscales de Castilla sobre las dos otras partes de la Monarquía. Las principales fuentes de ingresos de la Corona a finales del siglo XVI (exceptuando los impuestos recaudados en territorios como Nápoles y Milán que se invertían en los mismos territorios) se agrupaban del siguiente modo:

¿Podía acaso Castilla llevar una carga de esta naturaleza sin precipitarse en el desastre económico? ¿Podía seguir proporcionando América la misma cantidad de plata? Y, en cualquier caso, ¿bastaban siquiera estas sumas procedentes del Nuevo y del Viejo Mundo, para sufragar los gastos de las aventuras imperialistas de Felipe II? Estas eran las cuestiones que se presentaban de un modo acuciante ante la Corona española y sus banqueros, durante los años noventa.

noviembre de 1596, Felipe II repitió e! expediente de 1575 y suspendió todos los pagos a sus banqueros. La Corona había ido nuevamente a la bancarrota. Esta vez, como en las ocasiones anteriores, se llegó a un compromiso con los banqueros: mediante el llamado medio general de 1597 se acordó que las deudas pendientes serían reembolsadas bajo forma de juros, lo cual significaba convertir una deuda flotante en deuda consolidada. Pero, como en todas las operaciones de este tipo, existían inconvenientes inevitables y las víctimas más importantes de la bancarrota resultaron ser las ferias de Medina del Campo. Las ferias, que se habían recuperado de la bancarrota real de 1575 y que habían funcionado con considerable regularidad tras las reformas de 1578 y 1583 se vieron una vez más interrumpidas, y cuando volvieron a reanudar sus operaciones comerciales, en 1598, era ya evidente que sus días gloriosos habían pasado a la historia. La capital financiera de España había de trasladarse definitivamente de Medina a Madrid a principios del siglo XVI y las operaciones que se realizarían en Medina en el curso de esta centuria no serían sino pálidos recuerdos de una edad perdida. Las ciudades del norte de Castilla se hundían lentamente en el sueño de la historia y por sus calles vagaban aún las sombras de Simón Ruiz y sus amigos, personajes de una época en la que España vivía feliz en la largueza procedente de la abundancia de plata, cuando Castilla aún podía dar financieros al país.

Pero la bancarrota de 1596 significó algo más que el fin del poderío financiero del norte de Castilla: significaba también el fin de los sueños imperiales de Felipe II. Desde hacía algún tiempo era evidente que España estaba perdiendo su batalla contra las fuerzas del protestantismo internacional. El primer aviso, y el más abrumador, lo dio la derrotar en 1588, de la Armada Invencible. La conquista de Inglaterra había llegado a significarlo todo, tanto para Felipe II como para España, desde que el marqués de Santa Cruz sometió por vez primera su gran proyecto al rey, en 1583. Para Felipe, una invasión de Inglaterra, que Santa Cruz creía de éxito seguro mediante un gasto de poco más de 3.500.000 ducados, parecía ofrecer la mejor, y quizá la única, probabilidad de doblegar a los holandeses. Mientras en el Escorial el rey perfeccionaba, día tras día, sus planes y se llevaban a cabo, lentamente, los complicados preparativos, los curas desde sus púlpitos arrastraban al país a un frenesí de fervor patriótico y religioso, denunciando las iniquidades de la herética reina de Inglaterra y evocando de modo vivido las gloriosas cruzadas del pasado español. “Que, cierto, juzgo que [esta empresa] es la más importante que ha habido en muchos siglos atrás en la Iglesia de Dios”, escribía el jesuita Ribadeneyra, autor de una enardecedora exhortación a los soldados y capitanes enrolados en la expedición. “En esta jornada, señores, se encierran todas las razones de justa y santa guerra que pueda haber en el mundo... Pero si bien se mira hallaremos que es guerra defensiva, en la cual se defiende nuestra sagrada religión y santísima fe católica romana; se defiende la reputación importantísima de nuestro Rey y Señor y de nuestra Nación; se defienden todas las haciendas y bienes de todos los Reinos de España, y con ellos, nuestra paz, sosiego y quietud.”

Sólo unos meses más tarde, Ribadeneyra escribía una apesadumbrada carta a “un privado de Su Majestad” (probablemente don Juan de Idiáquez), en la que intentaba explicarle lo aparentemente inexplicable: por qué Dios había prestado oídos sordos a las oraciones y súplicas de sus piadosos servidores. Aunque Ribadeneyra encontraba una explicación suficiente en los pecados españoles, por omisión y por comisión, y pleno consuelo en los mismos males enviados por el Altísimo para probar a su pueblo elegido, las consecuencias psicológicas del desastre fueron terribles para Castilla. Por un momento, el shock fue demasiado violento para ser inmediatamente acusado y el país necesitó algún tiempo para comprender todas sus implicaciones. Pero el optimismo inconsciente engendrado por los éxitos fantásticos de los cien años anteriores se desvaneció, según parece, de la noche a la

mañana. Si hay algún año que señale la división entre la España triunfante de los dos primeros Austrias y la España derrotista y desilusionada de sus sucesores, es el de 1588.

Los efectos materiales de la derrota de la Armada fueron, sin embargo, mucho menos terribles. De un total de 130 naves, por lo menos dos tercios consiguieron volver a España. Además, la flota española no sólo repuso sus bajas con notable rapidez, sino que incluso se convirtió en una fuerza más poderosa aún de lo que había sido. En una carta dirigida a Sir Francis Walsingham, inmediatamente después de la noticia del desastre de la Armada, el cabecilla hugonote François de la Noue escribía que el poder de Felipe II residía en su posesión de las Indias y que ésta dependía a su vez del control del océano. “España quiere apoderarse de Flandes a través de Inglaterra, pero vosotros podréis apoderaros de España a través de las Indias. Es por aquí por donde hay que atacarla...” Pero pronto quedó de manifiesto que esto era muy difícil de llevar a cabo. Hawkins, Drake y el conde de Cumberland realizaron audaces ataques contra las posesiones ultramarinas de España y contra su navegación transatlántica. En 1589 se envió una costosa expedición contra Lisboa, pero las costas españolas no podían ser bloqueadas de un modo eficaz y, año tras año, las flotas del tesoro —demasiado defendidas para que un ataque frontal pudiese tener éxito— llegaron salvas a puerto. Y no sólo eso, sino que el propio Felipe fue pronto bastante fuerte como para reemprender la ofensiva y, enojado por el ataque de Essex a Cádiz en 1596, enviar, al año siguiente, otra Armada contra Inglaterra, sólo para verla dispersada por las tempestades.

Ahora bien, si el dominio del mar seguía indeciso, la derrota de la Armada, en otros puntos, había inclinado la balanza del poder del lado contrario a España. La Noue había dicho a Walsingham en su carta: “Al salvaros a vosotros mismos, nos salvaréis a los demás”. Su profecía resultó exacta. La gran cruzada española contra las potencias protestantes del Norte de Europa se había saldado con un fracaso. La noticia de la derrota de la Armada animó a Enrique III de Francia a librarse de la dependencia de los católicos fanáticos de la Liga y planear el asesinato del poderoso duque de Guisa. Este acontecimiento y la ascensión al trono del protestante Enrique de Navarra, tras el asesinato siete meses después del propio Enrique III, obligaron a Alejandro Farnesio a desviar su atención de los Países Bajos y concentrarla en Francia. Cuando falleció, en diciembre de 1592, dejaba a los holandeses sin someter, y sus dos campañas francesas de 1590 y 1591 no habían compensado a España con ningún éxito.

La conversión de Enrique de Navarra al catolicismo, en 1593, destruyó por completo todas las esperanzas de una posible candidatura española al trono francés. Es cierto que Francia no había caído en el protestantismo, pero había fracasado la política de Felipe II en el Norte de Europa. La bancarrota de 1596 selló este fracaso e hizo indispensable la paz. Abrumado por la conciencia de que sus días estaban contados y de que su inexperto hijo le sucedería con un tesoro agotado, Felipe emprendió la tarea de reducir los enormes compromisos de España. El primer paso hacia la liquidación del costoso imperialismo de los ochenta y principio de los noventa, fue el envío del Archiduque Alberto a los Países Bajos. Su llegada, en 1596, señaló el principio de una nueva política para con los Países Bajos, que fue encomendada de un modo formal a Alberto y a la Infanta Isabel Clara Eugenia, su mujer, en mayo de 1598. Es cierto que aunque Alberto e Isabel eran nominalmente príncipes soberanos, estaban estrechamente ligados a España, y que los Países Bajos volverían a ésta después de su muerte si no tenían descendencia. Pero por lo menos se habían aflojado un poco los lazos entre España y los Países Bajos y por lo tanto sería mucho más fácil para España solicitar una tregua, sin demasiada pérdida de prestigio.

El anciano rey no se decidió a firmar la paz con Inglaterra: ésta no llegaría hasta 1604. Pero el 2 de mayo de 1598 concluyó con Enrique IV el tratado de Vervins, que puso fin a la guerra franco- española. Cuando se firmó este tratado se decía que Felipe II estaba “tan acabado y débil” que era inimaginable que pudiese vivir mucho tiempo más, y efectivamente, falleció el 13 de septiembre de 1598, tras varios meses de terrible enfermedad, que soportó con su acostumbrada fortaleza de ánimo.

La muerte de Felipe II, tras cuarenta años de reinado, lo cambiaba todo y no cambiaba nada. Tal como lo había demostrado la política de los últimos años, incluso la voluntad del rey de España tenía que doblegarse ante las duras realidades de un tesoro vacío y una nación agotada. Sus sucesores, sin embargo, aún tendrían que aprender la lección por sí mismos. El nuevo Gobierno de Felipe III ordenó, nada más empezar el siglo, un nuevo esfuerzo militar en Flandes, y en 1601 envió sin mucho entusiasmo una expedición a Irlanda; pero no se puede hacer la guerra sin recursos, y los recursos eran cada vez más escasos. En 1607, sólo diez años después del decreto de suspensión de pagos de 1596, la Corona española se vio obligada, una vez más, a rechazar sus deudas y, dos años después, España firmaba una tregua de doce años con los holandeses. Los nuevos gobernantes de España descubrieron finalmente, como lo había descubierto Felipe II, que existían ciertas fuerzas que escapaban a su control y que era necesario e inevitable un retroceso en el agresivo imperialismo de finales del siglo XVI. Las circunstancias que obligaron a España a una retirada gradual de sus aventuras imperiales durante la última década del siglo XVI y la primera del XVII, eran a la vez universales y nacionales. La crisis nacional, castellana, era la única que, forzosamente, atraía la atención de los contemporáneos. Tras ella, sin embargo, se ocultaba una crisis mucho menos evidente pero de dimensiones mucho mayores y que inevitablemente actuaba sobre la suerte de Castilla. Era ésta la crisis provocada por un cambio gradual pero profundo en el carácter de las relaciones económicas entre España y su imperio de ultramar.

El imperialismo de Felipe II se había basado en una economía atlántico-española, por cuanto estaba financiado por los recursos de América y de una Castilla que recibía con regularidad inyecciones de plata de las minas americanas. Durante la última década del siglo XVI la plata americana llegaba aún a los puertos españoles en enormes cantidades, y el de Sevilla ofrecía un innegable aspecto de prosperidad, pero las confortantes apariencias ocultaban los inicios de un cambio radical en la estructura de todo el sistema hispano-atlántico.

Este cambio fue, en parte, consecuencia directa de la guerra española contra las potencias protestantes del Norte de Europa. Durante las dos primeras décadas de la rebelión de los Países Bajos, los holandeses habían seguido comerciando con la Península Ibérica. España dependía de la Europa septentrional y oriental para su abastecimiento de granos, madera y material naval, y una gran parte de estos productos eran transportados por barcos holandeses. Enojado por el hecho de que España siguiera dependiendo de los Países Bajos y deseoso de causar un perjuicio a la economía holandesa, Felipe II dispuso, en 1585 y, otra vez, en 1595, un embargo sobre los buques holandeses en los puertos españoles y portugueses. Los holandeses comprendían tanto como Felipe II que cualquier interferencia en su comercio con la península los amenazaba con la ruina. Necesitaban la plata y los productos coloniales españoles, así como también la sal de Setúbal para su industria de conserva de arenques. Frente a los embargos sobre su comercio con la península reaccionaron, pues, del único modo posible, dirigiéndose directamente a las zonas productoras de los artículos que necesitaban: al Caribe y a la América española. Desde 1594 realizaron viajes regulares al Caribe. En 1599 se apoderaron de la isla de sal de Araya. La intrusión de los holandeses en el Caribe

desorganizó las pesquerías de perlas de Santa Margarita y dislocó el sistema de comunicaciones marítimas entre las diversas posesiones españolas en América. Por vez primera, España tuvo que adoptar una actitud claramente defensiva en el hemisferio occidental y su monopolio de ultramar se vio cada vez más amenazado por los ataques, que aumentaban en audacia, de ingleses y holandeses.

La presencia de intrusos procedentes del Norte de Europa en los mares americanos representaba un serio peligro para el sistema comercial español. Pero aún era más grave, en potencia, la transformación simultánea que se estaba operando en el carácter de la economía americana. Durante la década de los noventa, el boom de los años anteriores llegó a su fin. La principal causa del cambio del clima económico hay que buscarla en una catástrofe demográfica. Mientras que la población blanca y mestiza del Nuevo Mundo había seguido creciendo, la población indígena de Méjico, diezmada por las terribles epidemias de 1545-46 y de 1576-79, había disminuido, de once millones en la época de la conquista, a poco más de dos millones a final de siglo, y es probable que ocurriera lo mismo con la población indígena del Perú. La mano de obra con que contaban los colonizadores se vio, pues, espectacularmente reducida. A falta de cualquier progreso técnico realmente importante, una mano de obra en contracción significaba una economía en contracción. Los grandes proyectos urbanísticos se vieron bruscamente detenidos, se hizo cada vez más difícil hallar mano de obra para las minas, sobre todo porque los negros importados para sustituir a los indios resultaron vulnerables a las mismas enfermedades que habían diezmado la población indígena, y el problema del abastecimiento de las ciudades sólo podía resolverse mediante una reorganización agraria radical, que asegurase la creación de vastos latifundios donde el trabajo de los indios pudiera ser explotado de modo mucho más eficaz que en sus míseros poblados.

El siglo que siguió a las grandes epidemias de 1576-79 ha sido llamado “siglo de depresión de Nueva España”: siglo de contracción económica en el curso del cual el Nuevo Mundo se cerró sobre sí mismo. Durante este siglo, poco podía ofrecer ya a Europa: menos plata, pues cada vez se hacía más costoso explotar las minas, y menos oportunidades para los emigrantes: los 800 —o más— hombres y mujeres que aún seguían llegando desde Sevilla, con cada flota, durante la década de los noventa. Al mismo tiempo, cada vez necesitaba menos a Europa, o, por lo menos, a España. Los