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l modo cómo se abordó el problema de los Países Bajos sólo se puede comprender si se tiene en cuenta el sistema gubernamental de Felipe II. La esencia de este sistema era la combinación del asesoramiento de los Consejos con la acción —o la inacción— real. El rey en persona era el ejecutor, y atendía personalmente todos los asuntos del Gobierno, aun los más triviales. Él examinaba los despachos, dictaba las órdenes y supervisaba cuidadosamente la labor de sus secretarios.

En cierto aspecto, por otra parte, Felipe II era su propio secretario. Desde luego tenía muchas de las características de! secretario: “No hay ningún secretario en el mundo que emplee más papel que Su Majestad’’, señalaba agriamente el Cardenal Granvela. A pesar de esto, incluso Felipe II necesitaba mucho la ayuda de un secretariado. El siglo XVI fue en muchos países la gran época del secretario, que se convirtió en un importante funcionario de Estado dotado de poderes discrecionales. Este auge del secretariado se produjo, en parte, por influencia española, pues los secretarios de Estado franceses nombrados por Enrique II, en 1547, se habían formado en cierto aspecto según el modelo de sus colegas españoles. En España, sin embargo, el desarrollo del poder de los secretarios se vio obstaculizado por las aficiones burocráticas del monarca. Pese a todo, los secretarios siguieron siendo indispensables y esto les dio una gran influencia, aunque desde la sombra, en las tareas del Gobierno. Siempre ligados a la persona del rey y muy al corriente del contenido de sus despachos, no podían ser menos que poderosos personajes, asiduamente cortejados por los muchos grupos de presión que se movían dentro de la monarquía española.

De los oficiales de secretaría preparados por Los Cobos, prácticamente el único superviviente experimentado, al subir Felipe II al trono, era Gonzalo Pérez. Recomendado a Los Cobos por el secretario del Emperador, Alonso de Valdés, poco antes de la muerte de éste en 1532, Pérez era un excelente latinista y un hombre de erudición muy considerable. Tras haber ingresado en la carrera eclesiástica sin demostrar una vocación auténtica, se vio elevado a un alto rango al ser nombrado secretario del Príncipe Felipe en 1543. A partir de este momento, estuvo siempre al servicio de Felipe II, llevando su correspondencia y poniendo en cifra sus despachos confidenciales. Como único secretario de Estado, Pérez gozó de una enorme influencia, demasiada quizá para un solo hombre, pues al morir, en 1566, el secretariado fue dividido en dos, siguiendo líneas geográficas. El departamento del Norte, fue puesto en las manos de un vasco, Gabriel de Zayas, mientras que el

departamento de Italia, el meridional, fue adjudicado al hijo natural de Gonzalo, Antonio Pérez.

Mientras que la parte ejecutiva del Gobierno estaba integrada por el rey y sus secretarios, la parte consultiva seguía perteneciendo a los diferentes Consejos, organizados prácticamente igual que en el reinado de Carlos V. Felipe II puso sumo cuidado en continuar la práctica de su padre de excluir a los grandes nobles de los cargos del Gobierno central y reservar sus servicios para los virreinatos, las embajadas y los mandos militares. Pero en una sociedad jerarquizada era imposible desoír las protestas, las aspiraciones y las rivalidades de los magnates, y aunque muchos preferían vivir como reyes en sus dominios a pasar el día sirviendo a un monarca y a una corte con los que no congeniaban, era esencial proporcionarles ocasiones de hacer oír sus voces. Felipe II fue, desde el primer momento, extraordinariamente consciente del hecho de que gobernaba un país profundamente dividido, en el que el control de ciudades como Toledo y Sevilla era objeto de las disputas entre partidos aristocráticos rivales organizados sobre la base del parentesco y de un complejo sistema de clientela. El único modo de neutralizar estas peligrosas rivalidades consistía —y el rey lo sabía perfectamente— en darles salida en la Corte, creando una especie de foro en uno de los Consejos en el cual los diferentes partidos pudieran expresar sus puntos de vista contrarios.

Lo más lógico era que este foro de discusión fuese el Consejo de Estado, que adquirió bajo Felipe II un brillo que ayudó a disimular el hecho de que fuese el rey y no el Consejo quien poseía realmente el poder. Durante los años sesenta y setenta, el Consejo de Estado se convirtió en campo de batalla de dos facciones rivales que luchaban, cada una, por conseguir la influencia exclusiva sobre un monarca habilísimo en el arte de azuzar a unos contra otros y aprovecharse de ello. La significación exacta de estas luchas de facción es muy difícil de determinar, pero es probable que su antagonismo derivase, en gran parte, de rivalidades familiares cuyo origen se pierde en las brumosas regiones de la historia local española, pero que se habían visto exacerbadas por las guerras civiles de finales del siglo XV y por las luchas de sucesión de principios del XVI. Por ejemplo, las familias toledanas rivales de los Ayala y los Ribera, que habían entrado en conflicto durante la revuelta de los Comuneros y más tarde otra vez, en el capitulo catedralicio, por la cuestión de los estatutos de limpieza de sangre, estaban vinculadas, cada una de ellas, por lazos de familia o de clientela, a las grandes familias que se enfrentaban en la Corte. El partido toledano de los Ribera incluía a los Silva y éstos eran a su vez partidarios acérrimos de la extraordinariamente poderosa casa de los Mendoza, que comprendía a veintidós cabezas de familia de la alta nobleza. Sus rivales, los Ayala y los Avalos eran en cambio, miembros de otra red aristocrática que comprendía las casas de Zapata y Álvarez de Toledo y que estaba encabezada por el propio duque de Alba.

Existen numerosos indicios de que, incluso en el reinado de Felipe II, la aristocracia castellana vivía aún a la sombra de los odios engendrados durante la revuelta de los Comuneros. Todavía en 1578, Don Luis Enríquez de Cabrera y Mendoza, segundo duque de Medina de Rioseco y Almirante de Castilla, declaraba indignado al embajador imperial que el gobierno del rey no era un gobierno justo, sino tiránico y revanchista, pues el poder estaba ahora en las manos de aquellos cuyos padres habían sido Comuneros y que pretendían tomar venganza sobre sus antiguos adversarios. El significado pleno de esta declaración no está aún claro, aunque un estudio del pasado familiar de los consejeros y funcionarios de la Corte española lo elucidaría sin duda alguna. Pero hay bastantes señales de filiaciones comunera y anticomunera en los partidos de la Corte de los años sesenta y setenta que hacen pensar que la aserción del Almirante proporciona una clave importante para explicar el encarnizamiento de las luchas.

Si bien es cierto que la familia de los duques de Alba no se significó en la revuelta de los Comuneros, sus aliados, los Zapata, habían sido partidarios entusiastas de los rebeldes. En cambio, el duque del Infantado, jefe del clan de los Mendoza, después de un periodo de vacilación, había salido en defensa del Emperador. Si la Castilla de después de la revuelta de los Comuneros estaba dividida entre los partidarios de una España “abierta” y los que apoyaban un nacionalismo castellano “cerrado”, tal como lo encarnaban los Comuneros, entonces los Mendoza, cultos y cosmopolitas, representaban a los primeros y los Alba a los segundos. Pero es imposible decir hasta qué punto estas posiciones eran mantenidas de modo consciente y hasta qué punto la ideología, independientemente de las rencillas de familias, determinaba los alineamientos respectivos.

En los primeros años del reinado de Felipe II, el partido de los Mendoza en la Corte estaba encabezado por el favorito y confidente del rey, Ruy Gómez de Silva. Príncipe de Éboli. Hijo de una aristocrática familia portuguesa, había llegado a España, niño aún, con su abuelo materno, mayordomo mayor de la emperatriz Isabel, y había crecido en el palacio junto a Felipe. Nombrado consejero de Estado al subir éste al trono, se casó en 1559 con Doña Ana de Mendoza, mujer indiscreta, ambiciosa, caprichosa y voluble. El ascendente de Ruy Gómez sobre el rey, a quien trataba estrictamente con la deferencia cortés indispensable, le convirtió en un personaje muy influyente en la Corte y en líder natural de todos los enemigos del duque de Alba. Entre éstos, figuraba el secretario Antonio Pérez, que se alió rápidamente con el Príncipe de Éboli y que había de sucederle como jefe de la facción al morir éste en 1573. Era natural que Antonio Pérez se uniese a este bando, pues su padre había tenido ya disensiones con el duque de Alba y, además, su mujer pertenecía a la familia de los Coello, anticomuneros declarados cuya residencia madrileña había sido destruida durante la revuelta por los Comuneros Zapata.

Las facciones de los Alba y los Éboli luchaban, en primer lugar, por el poder: por el ascendente sobre el rey y el consiguiente control del nombramiento de cargos. Pero además de esto, representaban, por tradición o por la fuerza de las circunstancias o por ambas cosas a la vez, puntos de vista divergentes que cristalizaron en las discusiones acerca de la rebelión de los Países Bajos. Mientras que Alba y sus amigos eran partidarios de una dura represión, el partido de Éboli demostraba una discreta simpatía por los rebeldes y deseaba un arreglo negociado. La elección del duque de Alba para acabar con la rebelión, obligó firmemente a sus partidarios a apoyar en la Corte una política de represión, pero todo indica que esta política estaba de acuerdo con las inclinaciones del duque de Alba y con sus puntos de vista acerca de la mejor organización de la monarquía española. Muchos años después, en un debate en el Consejo de Estado en torno a ciertos problemas con Aragón, Alba declaró que si le daban tres o cuatro mil hombres acabaría para siempre con los fueros aragoneses, a lo que el marqués de los Vélez, miembro del grupo de Éboli, replicó que no era éste el mejor consejo que podía dar al rey si quería que éste conservase sus territorios, sino que el único modo de conseguirlo era respetando sus fueros y cumpliendo las condiciones bajo las cuales habían sido heredados.

Este choque en mitad del Consejo demuestra que los dos bandos defendían dos soluciones opuestas al problema de la monarquía: el partido del duque de Alba apoyaba la solución nacionalista castellana, que entrañaba la destrucción de los privilegios de las provincias, y el grupo del príncipe de Éboli, la solución federalista “aragonesa”, tal como la había expuesto Furió Ceriol. Al enviar a Alba a los Países Bajos, el rey se inclinaba hacia la solución castellana, pero su decisión de mantener esta actitud dependería, naturalmente, del éxito del duque. En 1573, tras siete años de

terror, era evidente que el duque de Alba había fracasado, y fue por lo tanto relevado de sus funciones.

El fracaso del duque dejó vía libre al bando del Príncipe de Éboli, pero entretanto éste había caído en cierta confusión. El presidente del Consejo de Castilla, Cardenal Espinosa, que había apoyado a Éboli de modo específico en la cuestión de los Países Bajos, perdió el favor real y murió inmediatamente después, de aflicción según se alegó, en septiembre de 1572. Y, lo que era más grave, el propio Éboli falleció en julio de 1573. La jefatura efectiva del partido truncado recayó entonces en Antonio Pérez. Pérez consiguió un aliado útil, aunque sin experiencia política, en la persona del obispo Quiroga, sucesor de Espinosa como Inquisidor General, pero el grupo necesitaba un cabecilla aristócrata y no lo encontró hasta 1575, cuando Pérez llegó a un acuerdo con un antiguo enemigo de los Mendoza, el tercer marqués de los Vélez (hijo del jefe de la campaña de Granada, que falleció en 1574), y consiguió que fuese nombrado para el Consejo de Estado. El partido poseía, sin embargo, una política coherente para ofrecer a Felipe II en lugar de la seguida hasta entonces por el duque de Alba, una política formulada nada menos que por Furió Ceriol. Los “remedios” de Furió a los problemas de los Países Bajos consistían en una serie de medidas encaminadas a la pacificación y la reconciliación. Éstas incluían la disolución del Consejo de las Rebeliones y el abandono del alcabala, junto con ciertas propuestas constitucionales positivas muy acordes con el punto de vista de Éboli acerca del gobierno de la Monarquía: la garantía de que el rey respetaría las leyes y fueros tradicionales de los Países Bajos y la designación de neerlandeses para ocupar cargos en “'las Indias, Italia, Sicilia” y todas las demás provincias.

El hombre elegido por Felipe II para llevar a cabo esta política de pacificación fue Don Luis de Requesens, que era por entonces gobernador de Milán, miembro de una de las más distinguidas familias de Cataluña y suegro de Don Pedro Fajardo, que se convertiría poco después en tercer marqués de los Vélez. Es muy significativo que, cuando Requesens salió finalmente para los Países Bajos, en otoño de 1573, Furió Ceriol marchó con él. Pero, por desgracia para Requesens y para el partido de Éboli, la solución “aragonesa” al problema de los Países Bajos había de resultar tan impracticable como la castellana, intentada por el duque de Alba. Una política de pacificación y reconciliación sólo podía triunfar si se controlaba estrechamente el ejército, pero, a principios de la década 1570-1580 —período de recesión en el comercio sevillano con América—, la Corona atravesaba por una difícil situación financiera y el pago regular de las tropas se hacía cada vez más problemático. En marzo de 1574, el rey accedió a conceder una amnistía general (con numerosas excepciones), según el modelo de la promulgada por Carlos V después de la revuelta de los Comuneros. Pero en abril las tropas se amotinaron y marcharon sobre Amberes y, aunque el motín fue sofocado, el incidente provocó una alarma tal que la proclamación de la amnistía por Requesens, el 6 de junio, no tuvo repercusión alguna.

No se realizaron progresos importantes en el camino de la pacificación durante el año siguiente, mientras que la situación financiera se hacía cada vez más difícil. El 1 de septiembre de 1575 se produjo la segunda bancarrota del reinado de Felipe II, cuando el rey suspendió los pagos a los banqueros. La suspensión destruyó el delicado mecanismo mediante el cual se enviaban fondos desde Castilla a Flandes, las ferias castellanas quedaron momentáneamente paralizadas, dos bancas sevillanas quebraron a principios de 1576 y los genoveses se negaron a firmar más asientos hasta que la situación se restableciese. Con las pagas atrasadas, el ejército español en los Países Bajos (que en 1575 estaba integrado por unos 3.000 infantes españoles, frente a 25.000 alemanes y 8.000 valones)

se agitaba cada vez más. Requesens, cuya salud siempre fue escasa, falleció el 5 de marzo de 1576 y su muerte alejó al único personaje con autoridad en el tambaleante régimen español. Las tropas, descontentas y agitadas, no tenían ahora quien las sujetase. Como los meses pasaban y las pagas no llegaban, ocurrió lo que era de prever. El 4 y 5 de noviembre los soldados se sublevaron y saquearon la ciudad de Amberes.

La “furia española" en Amberes, que acabó con todas las posibilidades de reconciliación, ocurrió al día siguiente de la llegada a los Países Bajos de un nuevo pacificador, Don Juan de Austria. La designación de Don Juan para suceder a Requesens es una muestra del apoyo que Felipe II seguía concediendo a la política de Éboli, pues Furió Ceriol había sugerido que se enviase a Don Juan a los Países Bajos en el caso de que el rey no pudiera ir personalmente, y los términos en que Don Juan aceptó su nombramiento entran dentro de la línea de las ideas de Éboli. Solicitó carta blanca en el gobierno de los Países Bajos y la autorización de respetar sus fueros y privilegios. Insistió en que toda su correspondencia pasase por las manos de Antonio Pérez y no por las del secretario del departamento del Norte, Gabriel de Zayas, que era un protegido del duque de Alba. Además, solicitó permiso para emprender una acción que provocó la oposición decidida del duque, pero que se vio apoyada por el Papado y por el bando de Éboli: la invasión de Inglaterra. Don Juan llegó por lo tanto a los Países Bajos con toda la confianza de Pérez y sus amigos y con la intención de ejecutar su política.

Aparte del hecho de que el temperamento de Don Juan se adaptaba muy poco a su papel de pacificador, las circunstancias hicieron imposible su tarea. En realidad, el momento de la conciliación había pasado ya, aunque el rey estaba ahora dispuesto a hacer ciertas concesiones — incluida la retirada de todas las tropas españolas—, contenidas en el Edicto Perpetuo firmado por Don Juan el 12 de febrero de 1577. Don Juan, que deseaba ansiosamente llegar a un arreglo que le dejase las manos libres para preparar una invasión de Inglaterra, sintió hondamente la humillación de estas concesiones. Ya, el mismo día en que fue firmado el edicto, Antonio Pérez había escrito una nota al rey, en nombre de Quiroga, los Vélez y propio, expresando su alarma por el tono desesperanzado de los despachos de Don Juan. Aunque el rey deseaba fervientemente la paz en los Países Bajos, no estaba preparado para una guerra contra Isabel de Inglaterra. Por lo tanto, dejó a Don Juan en suspenso, incapaz de concluir la paz en términos satisfactorios, pero carente del dinero necesario para reemprender la guerra, y viendo desconsoladamente cómo se esfumaba su acariciada ambición de conquistar Inglaterra y casarse con María Estuardo.

Cada vez más defraudado por su inactividad forzada, Don Juan empezaba a convencerse de que una política conciliatoria era impracticable y que era necesario inducir al rey, de un modo u otro, a autorizar la reanudación a gran escala de la guerra. Estaba totalmente dispuesto, si era necesario, a precipitar la reanudación de un conflicto que consideraba de todos modos inevitable, y, a últimos de julio de 1577, haciendo caso omiso de la ley, se apoderó del castillo de Namur, desde donde lanzó, en agosto, una apasionada llamada a los Tercios para que volviesen a los Países Bajos a luchar contra los rebeldes. Entretanto, había enviado a su secretario, Escobedo, a Madrid para que pidiese con urgencia dinero al rey. Escobedo, antiguo protegido de Ruy Gómez y Antonio Pérez, había sido nombrado secretario de Don Juan a instancias de Pérez para que vigilase las actividades de su alocado jefe, pero durante su estancia en Flandes había caído bajo el hechizo de Don Juan y se había convertido en un defensor entusiasta de los ambiciosos proyectos de éste. En la época del regreso de Escobedo a Madrid, su devoción por Antonio Pérez se había enfriado considerablemente, tanto más

cuanto las ideas de Don Juan y de Pérez no coincidían demasiado.