6.2 An Algorithm for DTMCs
6.2.4 An Improvement
Mis observaciones sobre la actuación de la Fiscalía General de la República de Brasil en los procesos contra aforados coinciden con mi propio desempeño profesional como funcionaria del Ministerio Público de la Unión, desde 1997.
La Fiscalía General de la República en Brasil tiene al fiscal general de la República como su superior jerárquico máximo, quien ejerce la jefatura del Ministerio Público de la Unión. Tiene su correlación, en España, con el fiscal general del Estado español.
El fiscal general de la República es el titular del oficio del Ministerio Público en todos los procesos criminales contra aforados del Supremo Tribunal Federal y del Superior Tribunal de Justicia en conformidad con los arts. 46 y 48, II, del Estatuto
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del Ministerio Público de la Unión (LC 75/1993) y de la Portaría132 PGR n. 548 de 17/07/2015. Puede delegar esas funciones al vicefiscal general de la República, al vicefiscal general electoral o a un fiscal general adjunto de la República.
En materia de aforados, el principal tema relacionado con la actuación de la Fiscalía General está, como ocurre en España, en la suspicacia que el nombramiento político del jefe del Ministerio Fiscal levanta y siempre ha levantado, en la historia de la Fiscalía, de una posible actuación del fiscal general de la República en conformidad con los intereses del gobierno. Entre los años de 1995 y 2003, la Fiscalía General de la República fue liderada por Geraldo Brindeiro. Ocupó cuatro mandatos en el cargo, coincidiendo con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Su actuación en los procesos de aforados le rindió el apodo de «Encajonador-General de la República», porque se decía que dejaba las investigaciones aparcadas en los cajones de su despacho, incluso de algunas acusaciones importantes contra el Gobierno. En 2003, el presidente Lula da Silva atendió al pedido de la Asociación Nacional de los Fiscales de la República para que se respetara la indicación, por parte de la plantilla de fiscales, de los tres nombres posibles para el cargo. Lula nombró a Claudio Fonteles y los medios pasaron a criticar la actuación discreta del Ministerio Público Federal contra el Gobierno (MACHADO, 2007a, p.160; 2007b, p.67).
En el periodo investigado en el presente trabajo, 2008-2017, la Fiscalía General de la República tuvo como jefe a Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, a Roberto Monteiro Gurgel Santos, a Rodrigo Janot Monteiro de Barros y a Raquel Elias Ferreira Dodge. Antes del mandato de Rodrigo Janot (septiembre de 2013 a septiembre de 2017), la actuación sobre los procesos de aforados era delegada por Portaría a los fiscales generales adjuntos de la República de confianza del fiscal general. Conforme los datos disponibles en el sistema GAP de la CRIP – Coordenação de Registros e Informações Processuais de la PGR, actuaron en procesos de competencia general del
132Las «Portarías», en el de derecho brasileño, son, según el magisterio de Cretella Júnior (1974) actos
administrativos, expresan la manifestación de voluntad del Estado, por sus representantes, en el ejercicio regular de las funciones que ejercen, con la finalidad inmediata de crear, resguardar, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas en materia administrativa. Puede ser de carácter general o especial, puede tanto referirse a una pluralidad de personas, a casos indeterminados, estableciendo normas, como si fuera una ley o reglamento, como a una persona determinada, de manera concreta, individual y específica.
191 STJ, entre 2008 y 2013, una media de 70 fiscales. En los casos de competencia penal originaria (aforados), actuaron, cada año, cerca de 18 fiscales por delegación del fiscal general de la República.
Ilustración 5 - Número de Fiscales Generales Adjuntos trabajando en cada materia de
competencia del STJ
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la CRIP – PGR
Hasta 2013, la actuación del Ministerio Fiscal en Brasil, en los procesos contra aforados del STJ, era repartida entre diversos fiscales, algunos casos asignados específicamente, otros de manera más genérica. El grupo de fiscales encargados de esos procesos sufrió algunos cambios al término del mandato de Antonio Fernando de Souza e inicio del de Roberto Gurgel, con la delegación de la referida competencia a fiscales más cercanos del nuevo jefe. Sin embargo, a pesar de permanecer más o menos estable la cantidad de fiscales actuando por delegación del fiscal general en los casos de competencia penal originaria en el STJ, a partir de 2012 hubo una distribución de procesos más concentrada en dos fiscales, que llevaron el trabajo hasta septiembre de 2013.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Materia General Aforados
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Ilustración 6 - Fiscales con actuación en los casos de aforados en el STJ – parte 1
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la CRIP – PGR
Ilustración 7 - Fiscales con actuación en los casos de aforados en el STJ – parte 2
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la CRIP - PGR 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2008 2009 2010 2011 2012 2013
193 Ilustración 8 - Fiscales con actuación en los casos de aforados en el STJ – parte 3
Fuente: Elaborado a partir de los datos de la CRIP – PGR
A partir de 2013, con la toma de posesión en el cargo de Rodrigo Janot y de la vicefiscal Ela Wiecko V. de Castillo, el nuevo fiscal general de la República recuperó las atribuciones antes delegadas a los fiscales generales adjuntos. Quedó para sí la competencia de procesos contra aforados del STF y atribuyó exclusivamente a la vicefiscal Ela Wiecko los procesos contra aforados del STJ133. Se buscaba, con ese
cambio, una mayor unidad de actuación y mayor control sobre las investigaciones y procedimientos contra los aforados. Todos los procesos contra aforados distribuidos a otros fiscales generales adjuntos fueron reclamados de vuelta para ser reasignados a la vicefiscal y a finales del año de 2013, su despacho los recibía todos.134
En julio de 2015, el fiscal general de la República Rodrigo Janot formalizó esa nueva rutina de trabajo de la Fiscalía General, al publicar la Portaría n. 548, de 17 de julio de 2015, que disciplinaba la distribución de procesos de su competencia. Hacía constar en la referida normativa que podría delegar sus funciones según su libre criterio de conveniencia y oportunidad (art. 4º) y que el ejercicio de la delegación estaba
133La Portaría PGR/MPF n. 824, de 13 de noviembre de 2013 revocó todas las designaciones, específicas o
no, para actuación en la Corte Especial del STJ, en procesos de atribución del Fiscal General de la República.
134Acompañé de manera muy cercana ese proceso de reasignación de las causas de aforados a la vicefiscal
porque dirigía su asesoría desde el inicio de su mandato hasta agosto de 2015, cuando pedí excedencia para la realización de mis estudios doctorales en Barcelona.
0 50 100 150 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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condicionada a la previa aprobación de las manifestaciones producidas en su nombre, salvo deliberación expresa en contrario en el acto de delegación (art. 7º). En la siguiente Portaría, n. 549, de 20 de julio de 2015, delegó a la vicefiscal general de la República competencia para los procesos de materia criminal de la Corte Especial del STJ (aforados), dispensando la aprobación previa de sus manifestaciones.
Finalizado el mandato de Janot, en septiembre de 2017 fue elegida la primera mujer fiscal general de la República en Brasil, Raquel Dodge, que nombró como vicefiscal a Luciano Mariz Maia.
De la misma manera que en la Fiscalía Superior de Catalunya, los temas políticos también estuvieron presentes en la actuación de la Fiscalía General de la República de Brasil en el periodo investigado, pero con particular énfasis a los casos de aforados del STF. Las causas de aforados del STJ, muchas pertenecientes a grandes operaciones de la Policía Federal, no atraían la misma atención mediática que los escándalos políticos que se tramitaron en el STF. Antonio Fernando y Roberto Gurgel actuaron en el STF en el caso «Mensalão», el «escándalo de las mensualidades», en que fue detectado un esquema de corrupción política en la Cámara de los Diputados en que el Partido de los Trabajadores del presidente Lula, pagaba mensualidades a los Diputados a cambio de apoyo político. En seguida, la operación «Lava-Jato», considerada el mayor caso de corrupción pública del país, involucrando a la empresa estatal Petrobras y el Partido del Gobierno, tuvo repercusiones en aforados del STF y STJ durante el mandato de Rodrigo Janot.
Los impactos políticos en el Partido de los Trabajadores, el «impeachment» de la Presidenta Dilma Roussef, el proceso criminal contra el expresidente Lula y las protestas contra el presidente Michel Temer no dejaron de afectar el trabajo del fiscal general en Brasil, que se vio criticado en su actuación en la Operación «Lava-Jato» – una actuación que iba contra el gobierno que lo había elegido, y los trabajos de la Fiscalía General de la República en general. Empezando por la vicefiscal Ela Wiecko que, en vacaciones y participando en un curso en Portugal, fue grabada en una protesta contra el presidente Temer y el «impeachment» de Dilma, en julio de 2016 y fue obligada, por ese motivo, a dimitir del cargo, en agosto del mismo año. Fue sustituida por José Bonifácio Borges de Andrada.
195 En septiembre de 2016, Eugenio Aragão, que había sido vicefiscal general electoral de Rodrigo Janot, publicó carta abierta a él dirigida, criticando los métodos utilizados en la Operación Lava Jato y exponiendo los contactos y las afinidades existentes entre Fiscalía, Poder Judicial y autoridades políticas, principalmente dentro del juego político del nombramiento del fiscal general.135
Por la CF/88, el fiscal general es nombrado por el presidente de la República, entre integrantes de la institución, mayores de treinta y cinco años, después de aprobado su nombre por la mayoría absoluta de los miembros del Senado Federal (art. 128, §1º). A pesar de no estar prevista en la Constitución, se estableció, en el año 2001, una práctica, entre los fiscales, de presentar al presidente de la República tres nombres elegidos por los miembros de la Fiscalía para ocupar el cargo. Desde 2003, bajo el mandato del presidente Lula, se suele respetar la voluntad de los integrantes del Ministerio Público, eligiendo uno de los tres candidatos presentados por los propios integrantes de la plantilla. Eso ha retirado parte de la influencia política directa del Gobierno en la jefatura de la Fiscalía, al tener, por lo menos, como elegido, uno de los tres nombres propuestos por los demás fiscales. Pero el relato de Aragão revelaba los tipos de relaciones que los candidatos al cargo tenían que tejer para lograr ser nombrados por el presidente de la República, incluso la proximidad excesiva y personal con miembros del partido político del Gobierno.
Por otro lado, la carta de Aragão evidenció que, a pesar de la preocupante proximidad con el partido político en el Gobierno, el fiscal general se mantenía neutral, incluso «traicionando» a los que le habían ayudado a llegar al puesto, cuando en el primero mes en el cargo, pidió la prisión de uno de los integrantes del Partido y que, según Aragão, frecuentaba la casa del fiscal general, como amigo suyo.
En medio de dos grandes y mediáticos casos a cargo del fiscal general en su actuación junto al STF, en el período investigado en el presente trabajo, los casos de aforados del STJ siguieron siendo llevados en segundo plano, sin mayor atracción del interés de los medios o de la sociedad civil.
135Disponible en: <www.marceloauler.com.br/de-eugenio-aragao-a-rodrigo-janot-amigo-nao-trai-amigo-
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Esa puesta en segundo plano de los casos de aforados del STJ, además, según la fiscal general adjunta Ela Wiecko, entrevistada para este trabajo, marca, en su opinión, la política institucional de la PGR desde siempre. Eso se ve, primeramente, en la actuación sobre los casos, anteriormente a 2013, repartida, como ya se mencionó, entre innúmeros fiscales generales adjuntos, sin una política específica de actuación ni una estructura para cuidar de esos aforados. Después de 2013, concentrada en las manos de la vicefiscal, había ganado mayor atención de la institución pero seguía como una actividad de importancia jerárquicamente inferior a la desarrollada para los aforados del STF, lo que se constataba, por ejemplo, por la menor estructura de funcionarios y gratificaciones puestas a disposición para la tarea.
De todas maneras, ese aspecto sobre la relevancia secundaria de los casos contra aforados del STJ en comparación con los aforados del STF reproduce, en realidad, la propia dinámica de la jerarquía de poder entre los aforados: los cargos aforados en el STF son considerados de mayor relevancia que los aforados en el STJ y, con eso, la atención tanto mediática cuanto la institucional dada por el Ministerio Público en su enfrentamiento atiende inconscientemente a los mismos parámetros.
Hay además, en la actuación en el STJ, un alejamiento importante, que empieza por la distancia geográfica entre los aforados, dispersos entre los diversos Estados brasileños y la sede del Tribunal ubicada en la capital, Brasilia, y que disminuye, en comparación con el STF, la facilidad de acceso a los juzgadores y, por consecuencia, la posibilidad de influencia directa de los poderosos con fuero en el STJ, sobre los casos investigados en la Fiscalía General de la República. Eso no quiere decir que los aforados del STJ no suelan viajar a la capital de Brasil y pedir cita con el fiscal general o el vicefiscal para hablar de sus casos. Es cierto, además, que tienen mucho más facilidad de ser recibidos por el fiscal General que un reo común, como alertado por Ela Wiecko en la entrevista concedida para este trabajo. Pero el interés mediático sobre un caso de aforado del STJ repercute de manera distinta, puntualmente en el Estado de influencia del aforado y no en todo el país como ocurre con los aforados del STF.
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