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Uno de los campos de resistencia y de las estrategias que han adoptado los sujetos de este estudio para afrontar su vida como sujetos políticos que se resisten a desaparecer ha sido la lucha por la memoria. Los trabajos de la memoria de víctimas y desplazados tiene un propósito fundamental: resistir ante las “verdades” oficiales que constituyen el marco histórico del conflicto en el país. La Historia como ese conjunto de enunciados oficiales que versan sobre los acontecimientos desde perspectivas lejanas a las personas que directamente han sufrido los efectos perversos y negativos del conflicto. Es usual que esta producción histórica de la verdad sobre el conflicto tenga matices de ensombrecimiento sobre los hechos, silenciamiento de responsables, justificación de hechos victimizantes y complicidad de atrocidades. Ante esta perspectiva víctimas y desplazados a través de sus organizaciones han dado la lucha por construir su propia memoria en contraposición al conjunto de historias oficiales:

77 La Verdad de las Mujeres constituye un esfuerzo colectivo por recoger una memoria de las víctimas del conflicto armado, y una verdad que trata de abrirse paso en el país, entre los discursos políticos, los análisis académicos o los enfoques jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. Este esfuerzo es parte de la búsqueda de salidas políticas al conflicto y la transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra. (La Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013)

La cuestión de la verdad oficial se juega como un campo de batalla que es necesario derribar para emerger una apuesta ética que niegue la estrategia guerrera y sus procesos de legitimación: “Contra la inminente amenaza del olvido, que actúa como una fuerza activa capaz de silenciar los reclamos del pasado, sólo queda el recurso de la memoria” (Latorre Iglesias, 2011, pág. 200).

Los trabajos de la memoria realizados por los sujetos “víctima” y “desplazado” se caracterizan ante todo por entender que su palabra tiene un significado positivo. Evidentemente, ante la posibilidad de ser silenciados (pasado, presente y futuro de la victimización y el despojo) por los actores armados o por la historia oficial de éstos mismos actores, o ante la amenaza que supone el silencio mediático, han decidido no callar. Y la postura de no guardar silencio no es un acto reivindicativo en el proceso de relatar una historia nueva pero con las mismas características de la oficial. Estos trabajos de la memoria consideran necesario fracturar el discurso histórico oficial en sí mismo constituyéndose en un discurso de contrapoder frente a la hegemonía de los discursos oficiales (Latorre Iglesias, 2011, pág. 201). La contradicción Historia y memoria se traduce en la ruptura con un discurso universal, lo que importa de ahora en más es el aspecto individual de la experiencia, no las explicaciones estructurales sino el drama humano personal y con nombre propio:

(…) examinamos los modos en que el sufrimiento se evoca desde historias personales de dolor y perseverancia, y mediante relatos sobre cómo la violencia desestructura los referentes espaciales, sociales, espirituales y naturales que organizaban los mundos de las familias y los grupos sociales (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pág. 331).

La práctica política de la construcción de la memoria es una estrategia resistente en la que los sujetos “víctima” y “desplazado” proponen una ruptura de los discursos históricos

78 oficiales, es decir, establecen una clara resistencia a la producción de verdad que se el régimen de aceptabilidad de la disquisición sobre el conflicto armado en Colombia particularmente en los escenarios académicos y público estatales. La crítica del régimen de aceptabilidad en la que se ha inscrito el conflicto armado supone también organizar otras formas de lucha política para estos sujetos, como por ejemplo articular la estrategia resistente de la memoria con las subjetividades múltiples que se aglutinan en el marco organizativo de las “víctimas” y “desplazados”. Es decir, hay un conjunto de prácticas de memoria que apuntan sus objetivos a la ruptura de la verdad oficial no desde una perspectiva univoca de subjetividad sino desde los sujetos multiformes y las polifonías inherentes a la práctica organizativa de estos sujetos. Nuestros Sujetos se aglutinan ahora en prácticas de la memoria desde diversas tácticas y estrategias que el aparataje estatal y oficial pareciera excedido en su objetivo de controlarlas.

8.3. LA POLIFONÍA DE LAS LUCHAS: DEL BENEFICIARIO A LOS SUJETOS POR LOS DERECHOS SOCIALES. EL PROBLEMA DEL REGISTRO Y EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO

Uno de los problemas más acuciantes para la política de atención humanitaria –y en general para la política del desplazamiento y el límite de os efectos sobre las víctimas- ha sido el permanente aumento de este fenómeno, aumento que ha sido diagnosticado como un desborde ante un Estado incapaz (Procuraduría General de la Nación, 2006, págs. 37- 38). Las instancias administrativas, sus procesos y trámites son insuficientes para atender la creciente demanda de personas que asisten a obtener el reconocimiento y las ayudas previstas en la Ley a tal punto que en de manera permanente se han mermado los procesos de caracterización de la situación del desplazamiento y las estrategias para controlarlo (Procuraduría General de la Nación, 2006, pág. 79-80).

En consonancia con estas dificultades la jurisprudencia ha recalcado en el peso superior de los derechos de las víctimas por encima de los límites que lo administrativo pueda imponer. Prueba de ello la Sentencia T-821 de 2007 que determina que las decisiones administrativas no pueden desconocer el reconocimiento y la identificación de las víctimas y desplazados en los sistemas de registro y la Sentencia T-1346 de 2001 sobre el desplazamiento forzado argumenta que esta al ser una situación grave no puede exigirse como requisito indispensable para su atención el reconocimiento o una declaración por

79 parte de las autoridades públicas. Estas medidas dictadas por La Corte tienen la intención de controlar desde la perspectiva del reconocimiento de derechos los excesos que el trámite administrativo y los procesos de reconocimiento han puesto al proceso de objetivación del sujeto “desplazado”. El porqué de este control excesivo de la administración explicita las dificultades que acarrea el proceso de objetivación y oficialización de los sujetos “víctima” y “desplazado” y el riesgo que corre la administración, la política de atención y sus recursos al ser un objetivo de múltiples demandas a través de declaraciones fraudulentas (El Tiempo. 29 de junio de 1998) y problemas con los registros (Bohórquez Contreras. 20 de septiembre de 2016).

El control del registro y el fraude abren la posibilidad a diversas demandas (desde demandas criminales hasta demandas legítimas pero ilegales) para acceder al amplio campo de la política del desplazamiento y la limitación de los efectos perversos del conflicto que se describió en la arqueología que involucran políticas sociales de atención diferencial a las personas desplazadas y víctimas –educación, salud, vivienda, y atención humanitaria inmediata, de emergencia y de transición-. En un contexto como el colombiano con altos niveles de desigualdad social, de pobreza extrema y pauperización de las condiciones de vida resulta tentador devenir “desplazado” y “víctima” con la intención de acceder a mejores condiciones de vida jugando un juego riesgoso pero provechoso en contra de los controles publiadministtrativos. Allí, parece que la guerra estatal en contra del fraude es una guerra perdida si se tiene en cuenta el derecho privilegiado de quien deviene “víctima” y “desplazado” –derecho fundamental de una persona en estado grave de vulneración- y la imposibilidad de la administración de demostrar y atacar todos los casos de fraude.

Este hecho no constituye una perspectiva resistente en sí misma –por lo menos no una resistencia política de amplio calibre aunque el mero hecho de manifestar el límite de las instancias burocráticas ya trace señales y estrategias de resistencias a futuro- pero sí que se articula con estrategias resistentes ya analizadas en este texto y que bien podrían configurar grandes planeaciones estratégicas para la constitución de políticas de resistencia de los sujetos “víctima” y “desplazado” como son las estrategias de las polifonías de las subjetividades. Hay que señalar que esta polifonía de las subjetividades –ser desplazado, víctima, afrodescendiente, mujer, campesino indígena y todos los entrecruzamientos entre estos sujetos- también constituyen estratégias múltiples (polifónicas también) para la demanda de beneficios en cada una de las ofertas públicas y

80 estatales. En este caso, devenir beneficiario no es el proceso pasivo que pareciera derivar de las exigencias pauperizadoras del proceso de oficialización subjetivo, sino que se da un proceso activo y creativo en el cual devenir desplazado o devenir víctima implica jugar al engaño y la posibilidad de usar los anclajes estatales con un fin resignificado –distinto al original-.

En estos términos estos sujetos se transforman en sujetos que tienen la potencialidad de abrir perspectivas de rediseño de la actividad de Estado, de redefinir una política que use los anclajes estatales con un fin propio, y permite vincular las luchas diversas del contexto colombiano (luchas por derechos sociales y políticos) con la suya propia, lo que hace de estos sujetos protagonistas en las luchas de resistencia en el país.

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