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Review of Spatial Active Learning

Los conflictos que en la actualidad se ciernen sobre las relaciones hispano-marroquíes son muchos y diversos haciendo más difícil el diálogo y el enriquecimiento mutuos. Entre estos conflictos destacamos:

 El conflicto del Sahara Occidental. Desde que, en 1975, Hassan II organizara la llamada “Marcha Verde” para unir al pueblo marroquí y así ganar territorio sobre el Sahara, se asiste a un conflicto que se ha cobrado muchas vidas, ingente cantidad de gastos militares y la situación de pobreza y marginación del pueblo saharaui que intenta defender su autonomía. España ha apoyado desde años la autonomía saharaui y se ha desmarcado de la postura de EEUU y Francia que tienen intereses en la zona y muy buenas relaciones con Marruecos y que apuestan ahora en la ONU por reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara pero concediendo una autonomía al territorio. Marruecos ha visto en la postura de España un nuevo revés y un motivo de enemistad.

 Las reivindicaciones de soberanía sobre Ceuta y Melilla. En 1994 Hassan II declara que Ceuta y Melilla son “territorios expoliados por España”, lo que causa indignación en el Norte del Mediterráneo y la apertura de un expediente en la ONU en 1997 que no ha sido tratado hasta el día de hoy.

 La soberanía de la Isla Perejil. En julio del año 2002 unos seis militares marroquíes permanecen acampando en la Isla. Dicho acto moviliza a la prensa española, al Gobierno y al Ministerio de Defensa. Todo un despliegue de fuerzas españolas se presenta en la zona, incluido el Portaaviones Príncipe de Asturias. Se comunica a Marruecos que “su postura rompe el ‘statu quo’ y es incompatible con el Tratado de Amistad y Colaboración” –que, por otro lado ya se había roto-. El Vicepresidente de Gobierno por aquel entonces, Mariano Rajoy “recuerda” a Marruecos que “200.000 de sus trabajadores viven en

España”21, como forma de presión política22. Esta crisis produce la llamada a consultas del embajador de España en Marruecos.

 Las trabas a la exportación de productos agrícolas marroquíes hacia Europa. Marruecos firmó sucesivos acuerdos de exportación de productos agrícolas con Europa con miras a la creación de una zona de libre comercio hacia el 2010. Sin embargo, esta apertura ha traído consecuencias a la economía agrícola española con la que Marruecos entra en competencia debido a las similares fechas de producción. Uno de los litigios más importantes de los últimos años ha sido el de la exportación de tomate marroquí.

 El problema de la pesca en aguas marroquíes por parte de pesqueros españoles. En noviembre de 1999 se rompe uno de los acuerdos históricamente más importantes para España, el Acuerdo Pesquero, por medio del cual llegaron a faenar más de un millar de barcos. Desde España se dice que “Rabat ha utilizado históricamente sus aguas para lograr contrapartidas en materia de comercio agrario y otras inversiones”23. En abril del año 2001 José María Aznar, presidente de España en aquel momento, advirtió a Rabat que el fracaso en las negociaciones pesqueras “traería consecuencias”, seis meses después el Rey Mohamed VI llamó a consultas a su embajador en Madrid.

 El tráfico de hachís proveniente del Rif. Se acusa a Marruecos de la producción, exportación y distribución del hachís en España y Europa. La producción del mismo es una de las pocas fuentes de ingresos de muchas familias de la zona del Rif.

 El “problema de la inmigración”. Desde mayo de 1991, con el establecimiento del visado obligatorio a los ciudadanos marroquíes, los temas migratorios

21 La Razón, 13 de julio de 2002. Este mismo periódico publica una columna firmada por el periodista

José Antonio Vera que se titula: “Nos tocan los peñones”, haciendo alusión a la metáfora de España como un “macho” que sabe defender su territorio “violado” por Marruecos. De hecho todo el despliegue miliar, escénico y teatral que tanto el Ministerio de Defensa como el Gobierno y los partidos han mostrado, hace suponer que España se encuentra ante su máximo enemigo que intenta atacarlo enviando marroquíes a su suelo, compitiendo con sus productos, llenando de inseguridad sus ciudades e intentando hacerse con su propio territorio. Sin embargo, la soberanía de la Isla Perejil nunca pudo ser resuelta de manera legal y no está muy claro a quien pertenece.

22 Javier de Lucas subraya que las políticas de inmigración fracasan porque se cae en la tentación de

“hacer política” con la inmigración, en el sentido de convertir la inmigración en instrumento de lucha política (...) por eso la inmigración es creada como problema-obstáculo (2002).

comienzan a adquirir una mayor importancia en las relaciones bilaterales (Hernando de Larramendi, 2004). A partir de este momento, la política migratoria española ha estado centrada en el control de los flujos migratorios procedentes del Magreb. En este marco se encuadra la firma, en el año 1992, de un Acuerdo de Readmisión de inmigrantes irregulares que Marruecos solo comienza a aplicarse a partir de 1996, y que encuentra muchos déficits y problemas para llevarse a cabo, en especial en lo que atañe a la readmisión de subsaharianos. En mayo del 2000, el Gobierno español plantea a la UE la necesidad de firmar un ambicioso convenio con Rabat para forzar al país a repatriar sin mayores dificultades a todos aquellos marroquíes y subsaharianos que sean detenidos en situación irregular. Por otra parte, se ha advertido a Marruecos que “el cumplimiento de estos acuerdos son cuestiones vitales para el futuro de las relaciones bilaterales”24 amenazando por tanto al país con el cese de las ayudas e inversiones.

El conflicto agrario es uno de los mejores ejemplos de conflictos de intereses entre Europa, España y Marruecos. Por parte de Marruecos sería muy importante una mayor apertura a sus productos agrícolas, al mismo tiempo, Marruecos necesita industrializarse. Además, el apoyo por parte de la UE sería la mejor manera de contribuir a la Cooperación para el Desarrollo Sostenible.

Para la UE una mayor apertura en los controles agrícolas haría más estables las relaciones euromarroquíes y por lo tanto la posibilidad de obtener mayor flexibilidad para invertir en suelo marroquí.

Para España, esta postura de la UE perjudica su propio sector agrario ya que los productos marroquíes tienen los mismos calendarios de entrada en el mercado comunitario compitiendo directamente con ellos.

El problema es que las trabas a la exportación de los productos agrícolas marroquíes agudiza la crisis estructural agraria de este país, lo cual incide en el éxodo rural y la formación de periferias marginadas en los principales centros urbanos del país. Al mismo tiempo, las reformas económicas propuestas por la política euromediterránea

hacia Marruecos destruyen los empleos tradicionalmente ocupados por los hombres en el medio urbano, con el consiguiente crecimiento de la tasa de desempleo y la migración internacional.

Los atentados en EEUU el 11 de septiembre impulsaron la gestación de una política europea de inmigración cuyos primeros pasos se recogen en la Declaración de Sevilla: la pretensión de la presidencia española, por aquel entonces, con el apoyo de Gran Bretaña e Italia, de penalizar con la reducción de la ayuda exterior a aquellos países que no colaborasen activamente en la lucha contra la inmigración ilegal fue interpretada en Marruecos como una medida de castigo contra Rabat (Planet, y Larramendi, 2005). La medida finalmente no fue aprobada por la oposición de otros miembros de la UE, con Francia a la cabeza.

El diálogo bilateral no se reanudó sino hasta enero de 2003, con el retorno de los embajadores respectivos. Una Reunión de Alto Nivel prevista en el Acuerdo de Amistad y Buena Vecindad, tuvo lugar en diciembre de 2003. Los gobiernos de ambos países dieron oficialmente por cerrada la crisis y acordaron reforzar su cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal a través de la creación de patrullas policiales conjuntas y un Memorando Hispano-Marroquí sobre repatriación de menores marroquíes25. En esta misma cumbre se concretó un paquete financiero de ayuda, anunciado tras los atentados de Casablanca, de 390 millones de euros (Ibíd.). Los menores entran en la agenda política de las negociaciones.