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CAPÍTULO V

CONSCIENTES DE QUE la segunda década del siglo XIX vio nacer el colapso del imperialismo ibero en el continente latinoamericano, los historiadores del periodo de la independencia han examinado detalladamente la última etapa del siglo XVIII en busca de manifes- taciones de resistencia al colonialismo, con la esperanza de descubrir las semillas del deseo de independencia nacional. En el caso peruano, esto ha hecho incluso que algunos intenten agrupar en una “primera coyuntura rebelde” a la resistencia ocurrida en Cochabamba y Cota- bambas en la década de 1730 contra las revisitas de las poblaciones india y mestiza emprendidas por Castelfuerte con la finalidad de re- visar los padrones de tributarios y reorganizar las cuotas de la mita. Esta coyuntura incluye asimismo la abortada rebelión de Oruro de 1739, además de otras conspiraciones y movimientos de protesta que tuvieron lugar en Oruro, Lima y Huarochirí en 1750.1

Estos movimientos —y en realidad varios otros similares, ocu- rridos en la segunda mitad del siglo XVIII— comprenden la pro- testa abierta de los indios contra una serie de abusos, la resistencia

1. Para mayor información sobre estos movimientos véase O’Phelan Godoy, Rebellions

RESISTENCIA, REVUELTAS Y REBELIONES

CAPÍTULO V

CONSCIENTES DE QUE la segunda década del siglo XIX vio nacer el colapso del imperialismo ibero en el continente latinoamericano, los historiadores del periodo de la independencia han examinado detalladamente la última etapa del siglo XVIII en busca de manifes- taciones de resistencia al colonialismo, con la esperanza de descubrir las semillas del deseo de independencia nacional. En el caso peruano, esto ha hecho incluso que algunos intenten agrupar en una “primera coyuntura rebelde” a la resistencia ocurrida en Cochabamba y Cota- bambas en la década de 1730 contra las revisitas de las poblaciones india y mestiza emprendidas por Castelfuerte con la finalidad de re- visar los padrones de tributarios y reorganizar las cuotas de la mita. Esta coyuntura incluye asimismo la abortada rebelión de Oruro de 1739, además de otras conspiraciones y movimientos de protesta que tuvieron lugar en Oruro, Lima y Huarochirí en 1750.1

Estos movimientos —y en realidad varios otros similares, ocu- rridos en la segunda mitad del siglo XVIII— comprenden la pro- testa abierta de los indios contra una serie de abusos, la resistencia

1. Para mayor información sobre estos movimientos véase O’Phelan Godoy, Rebellions

de los mestizos ante la amenaza de ser reclasificados como indios (perdiendo con ello status y su dispensa del tributo), y la tendencia contradictoria que tanto los mestizos como algunos criollos de pro- vincias tenían de subrayar su ascendencia india así como su origen europeo, en un intento por conseguir el respaldo indígena a su opo- sición frente a las autoridades y las exacciones fiscales. Por lo gene- ral, para restaurar el orden bastaba con un despliegue de fuerza de parte de las autoridades regionales y/o virreinales, como el ahor- camiento y descuartizamiento de diez rebeldes de Cotabambas en 1731 por haber asesinado a su corregidor (Juan Josef Fandiño), y la exhibición de sus cuerpos en diversas aldeas durante varios meses. Del mismo modo, la rebelión de Huarochirí en 1750, que comenzó con la muerte del corregidor (Juan Joseph de Orrantia), su teniente y catorce otros españoles a manos de indios armados, fue pronta- mente sofocada gracias a la ejecución de los cabecillas, y al destierro de otros a las islas de Juan Fernández.2

Ciertos indicios nos permiten inferir que si bien las autoridades virreinales no veían con buenos ojos las protestas locales en contra de los corregidores, sí aceptaban la violencia local generalizada como un rasgo casi inevitable de la sierra peruana, provocado principal- mente por la comprensible resistencia de las comunidades a los abu- sos cometidos por funcionarios preocupados más por manejar el reparto que por proteger a sus pobladores de los abusos fiscales y sociales que les inflingían el clero local, los hacendados, los mineros y los obrajeros.3 _{Como lo señalara Amat en su Memoria:}

Los excesos que juntamente cometen los Obrageros, Cañavereros, due- ños de Coca, Mineros y demas Hazendados... cuyas desarregladas ope- raciones son publicas y notorias, no penden sino del perberso proceder de los Corregidores, quienes coechados con sus mismos tratos y nego-

ciaciones, no solo no pueden corregir las violencias y maldades que reconocen, temiendo ser acusados de mayores delitos, sino por salbar sus intereses, con quietud disimulan y apadrinan qualesquiera temeri- dades, saliendo por defensores de agenos procedimientos con el fin de oprimir la voz y queja de los infelizes y desbalidos vasallos de S.M. que viven muy distantes y apartados del Virrey y Tribunales superiores.4

Dieciséis años más tarde Avilés, el futuro virrey del Perú, diría lo mismo de modo más sucinto no obstante estar firmemente com- prometido con la severa represión militar de la rebelión de Túpac Amaru, al anotar que la mayoría de los corregidores, “ciegos de la codicia, y llebados del cebo de unas ganancias usurarias, creen justa la práctica de una tiránica esclavitud de los Indios...”.5 _{Gálvez llegó a}

una conclusión similar en base a esta nueva información, así como a los abundantes informes sobre el mal manejo de las provincias de Juan y Ulloa y otros que se habían acumulado en Madrid durante las cuatro décadas anteriores, por lo cual en 1783 le aconsejó a Croix, el virrey electo, que en el Perú

Sólo se cuidaba de sacar del infeliz Indio toda la utilidad temporal posible, sin ponerle religión, costumbres, utilidad, sin conocimiento, ni obediencia, y amor al Rey. Ellos no habían visto cerca de si sino tiranos Corregidores, iguales Curas, y por este método han sido todos los qe _{han tratado con ellos, consiguiendo hacerles malos hasta el}

punto que no pudiera llegarse a presumir.6

Pero por mucho que los funcionarios ministeriales y virreinales puedan haber comprendido las causas fundamentales de las rebe- liones y la resistencia indígena, en los círculos del poder de Madrid y Lima había un supuesto implícito según el cual estos movimientos debían ser reprimidos vigorosamente cuando amenazaban la segu- ridad de zonas pobladas por españoles, o sino contenidos —en parte mediante ocasionales expediciones punitivas— si tenían lugar en las

2. Vargas Ugarte, Historia general, 4: pp. 249, 51.

3. Los pormenores de persistentes disturbios locales, que a menudo involucraban el asesinato de los corregidores y sus subordinados —por ejemplo, en Sicasica, Pacajes, Huamachuco, Chumbivilcas, Urubamba y Huamalíes—, fueron reportados a la Corona por sucesivos virreyes: Amat, Memoria, pp. 189, 194-95, 292-304; Rowe, “The Incas”, p. 168.

4. Amat, Memoria, p. 194.

5. Avilés a Gálvez, 30 de setiembre de 1782, AGI, Lima, Leg. 618. 6. Gálvez a Croix, 28 de marzo de 1783, AGI, Lima, Leg. 640.

de los mestizos ante la amenaza de ser reclasificados como indios (perdiendo con ello status y su dispensa del tributo), y la tendencia contradictoria que tanto los mestizos como algunos criollos de pro- vincias tenían de subrayar su ascendencia india así como su origen europeo, en un intento por conseguir el respaldo indígena a su opo- sición frente a las autoridades y las exacciones fiscales. Por lo gene- ral, para restaurar el orden bastaba con un despliegue de fuerza de parte de las autoridades regionales y/o virreinales, como el ahor- camiento y descuartizamiento de diez rebeldes de Cotabambas en 1731 por haber asesinado a su corregidor (Juan Josef Fandiño), y la exhibición de sus cuerpos en diversas aldeas durante varios meses. Del mismo modo, la rebelión de Huarochirí en 1750, que comenzó con la muerte del corregidor (Juan Joseph de Orrantia), su teniente y catorce otros españoles a manos de indios armados, fue pronta- mente sofocada gracias a la ejecución de los cabecillas, y al destierro de otros a las islas de Juan Fernández.2

Ciertos indicios nos permiten inferir que si bien las autoridades virreinales no veían con buenos ojos las protestas locales en contra de los corregidores, sí aceptaban la violencia local generalizada como un rasgo casi inevitable de la sierra peruana, provocado principal- mente por la comprensible resistencia de las comunidades a los abu- sos cometidos por funcionarios preocupados más por manejar el reparto que por proteger a sus pobladores de los abusos fiscales y sociales que les inflingían el clero local, los hacendados, los mineros y los obrajeros.3 _{Como lo señalara Amat en su Memoria:}

Los excesos que juntamente cometen los Obrageros, Cañavereros, due- ños de Coca, Mineros y demas Hazendados... cuyas desarregladas ope- raciones son publicas y notorias, no penden sino del perberso proceder de los Corregidores, quienes coechados con sus mismos tratos y nego-

ciaciones, no solo no pueden corregir las violencias y maldades que reconocen, temiendo ser acusados de mayores delitos, sino por salbar sus intereses, con quietud disimulan y apadrinan qualesquiera temeri- dades, saliendo por defensores de agenos procedimientos con el fin de oprimir la voz y queja de los infelizes y desbalidos vasallos de S.M. que viven muy distantes y apartados del Virrey y Tribunales superiores.4

Dieciséis años más tarde Avilés, el futuro virrey del Perú, diría lo mismo de modo más sucinto no obstante estar firmemente com- prometido con la severa represión militar de la rebelión de Túpac Amaru, al anotar que la mayoría de los corregidores, “ciegos de la codicia, y llebados del cebo de unas ganancias usurarias, creen justa la práctica de una tiránica esclavitud de los Indios...”.5 _{Gálvez llegó a}

una conclusión similar en base a esta nueva información, así como a los abundantes informes sobre el mal manejo de las provincias de Juan y Ulloa y otros que se habían acumulado en Madrid durante las cuatro décadas anteriores, por lo cual en 1783 le aconsejó a Croix, el virrey electo, que en el Perú

Sólo se cuidaba de sacar del infeliz Indio toda la utilidad temporal posible, sin ponerle religión, costumbres, utilidad, sin conocimiento, ni obediencia, y amor al Rey. Ellos no habían visto cerca de si sino tiranos Corregidores, iguales Curas, y por este método han sido todos los qe _{han tratado con ellos, consiguiendo hacerles malos hasta el}

punto que no pudiera llegarse a presumir.6

Pero por mucho que los funcionarios ministeriales y virreinales puedan haber comprendido las causas fundamentales de las rebe- liones y la resistencia indígena, en los círculos del poder de Madrid y Lima había un supuesto implícito según el cual estos movimientos debían ser reprimidos vigorosamente cuando amenazaban la segu- ridad de zonas pobladas por españoles, o sino contenidos —en parte mediante ocasionales expediciones punitivas— si tenían lugar en las

2. Vargas Ugarte, Historia general, 4: pp. 249, 51.

3. Los pormenores de persistentes disturbios locales, que a menudo involucraban el asesinato de los corregidores y sus subordinados —por ejemplo, en Sicasica, Pacajes, Huamachuco, Chumbivilcas, Urubamba y Huamalíes—, fueron reportados a la Corona por sucesivos virreyes: Amat, Memoria, pp. 189, 194-95, 292-304; Rowe, “The Incas”, p. 168.

4. Amat, Memoria, p. 194.

5. Avilés a Gálvez, 30 de setiembre de 1782, AGI, Lima, Leg. 618. 6. Gálvez a Croix, 28 de marzo de 1783, AGI, Lima, Leg. 640.

márgenes de la “civilización”.7 _{Por lo tanto, Manso reaccionó rápi-}

damente al levantamiento de Huarochirí de 1750 (que, según pen- saba, tenía ciertas perturbadoras conexiones con una conspiración preparada en Lima en 1747 por residentes indios originarios de di- cha provincia) enviando una compañía de caballería y siete de infan- tería —un total de casi 1,000 hombres— a reprimirlo, simplemente porque no podía darse el lujo de permitir que quedaran sin castigo los amotinados que habían incendiado el cabildo de un importante pueblo de provincias, y que amenazaban con destruir las haciendas locales.8 _{Sin embargo, la más prolongada rebelión de Juan Santos}

Atahualpa, que estalló en 1742 durante el gobierno de su prede- cesor (Mendoza) en la zona de montaña al este de Tarma, provocó una respuesta más defensiva que giró en torno a la fortificación de los pueblos cerca de la frontera, custodiados por 200 hombres cuya principal función era impedir las incursiones indígenas en las zonas pobladas.9 _{Esta estrategia quedó vindicada con el agotamiento de la}

rebelión en 1756, probablemente debido a la muerte de su líder, aun cuando los indios campas siguieron resistiendo todo intento de colonizar la región del Apurímac durante la segunda mitad del siglo.

A pesar de la tendencia ocasional de los amotinados indios a invocar una justificación cuasi-utópica para sus protestas, en parte adoptando nombres incaicos —Francisco García Jiménez, uno de los jefes del movimiento de Huarochirí, era conocido como “Fran- cisco Inca”, “Francisco García Inga Ximénez” y “Francisco Ximénez Inga”—, las autoridades virreinales no solían tener muchos proble- mas para reprimirlos, sobre todo gracias a que los funcionarios regio- nales podían contar con el respaldo de los españoles de la localidad, ansiosos por preservar el orden social y económico frente a las pro- testas populares.10

Por obvias razones, los funcionarios de todo nivel se preocupaban más por las rebeliones que lograban unir a indios, mestizos y criollos en una campaña común en contra de los agentes de la autoridad real, así fuera sólo temporalmente, pues éstas eran mucho más difí- ciles de controlar y usualmente era necesario hacer concesiones para restaurar la tranquilidad, aun cuando no era nada raro que se toma- ran represalias una vez que los amotinados deponían las armas. La primera manifestación realmente importante de esta nueva amena- za en el periodo posterior a 1750 ocurrió no en el Perú, sino en el vecino reino de Quito (una región por la cual los virreyes peruanos siguieron sintiendo cierta responsabilidad hasta la independencia, como veremos en el siguiente capítulo) en 1765. Aquel año los po- bladores de dicha ciudad se levantaron en una gran protesta urbana desatada por los intentos del virrey Pedro Messía de la Cerda de incrementar las rentas, retirando los monopolios de la alcabala y el aguardiente de manos particulares y colocándolos en manos de funcionarios reales.11 _{Lo importante era que los cambios propuestos}

ofendieron tanto a los hacendados que producían el azúcar con la cual se destilaba el aguardiente como a los pequeños tenderos y comerciantes de los barrios populares de la ciudad, que eran espe- cialmente vulnerables a la amenaza de un cobro más eficiente y ri- guroso de la alcabala.

El resultado, en un comienzo, fue un movimiento pacífico de pro- testa entre los círculos políticos patricios, que gradualmente atrajo el respaldo de grupos sociales dispares hasta convertirse en una re- belión general en contra de los cambios fiscales. Éste no llegó a ser un gran movimiento regional del tipo de los que quince años más tarde tendrían lugar en Nueva Granada y el Perú, pero sí sobresale como la primera manifestación abierta de resistencia regional a la nueva fase del reformismo Borbón, inaugurada por las necesidades fiscales de Carlos III. Es asimismo importante llamar la atención sobre el hecho que al igual que las revueltas mucho más grandes de 1810

7. Barral, Rebeliones indígenas, es un útil análisis general sobre el fenómeno de las rebeliones indias.

8. O’Phelan Godoy, Rebellions and Revolts, p. 95. 9. Introducción (pp. 61-63) a Manso, Relación.

10. Ibid., da a entender que Francisco García Jiménez y Francisco Inca fueron personas distintas, en tanto que O’Phelan Godoy, Rebellions and Revolts, p. 95, sugiere que

se trataba de la misma persona. Spalding, Huarochirí, pp. 275-88, coincide con ella pero le llama Francisco Jiménez Inca.

márgenes de la “civilización”.7 _{Por lo tanto, Manso reaccionó rápi-}

damente al levantamiento de Huarochirí de 1750 (que, según pen- saba, tenía ciertas perturbadoras conexiones con una conspiración preparada en Lima en 1747 por residentes indios originarios de di- cha provincia) enviando una compañía de caballería y siete de infan- tería —un total de casi 1,000 hombres— a reprimirlo, simplemente porque no podía darse el lujo de permitir que quedaran sin castigo los amotinados que habían incendiado el cabildo de un importante pueblo de provincias, y que amenazaban con destruir las haciendas locales.8 _{Sin embargo, la más prolongada rebelión de Juan Santos}

Atahualpa, que estalló en 1742 durante el gobierno de su prede- cesor (Mendoza) en la zona de montaña al este de Tarma, provocó una respuesta más defensiva que giró en torno a la fortificación de los pueblos cerca de la frontera, custodiados por 200 hombres cuya principal función era impedir las incursiones indígenas en las zonas pobladas.9 _{Esta estrategia quedó vindicada con el agotamiento de la}

rebelión en 1756, probablemente debido a la muerte de su líder, aun cuando los indios campas siguieron resistiendo todo intento de colonizar la región del Apurímac durante la segunda mitad del siglo.

A pesar de la tendencia ocasional de los amotinados indios a invocar una justificación cuasi-utópica para sus protestas, en parte adoptando nombres incaicos —Francisco García Jiménez, uno de los jefes del movimiento de Huarochirí, era conocido como “Fran- cisco Inca”, “Francisco García Inga Ximénez” y “Francisco Ximénez Inga”—, las autoridades virreinales no solían tener muchos proble- mas para reprimirlos, sobre todo gracias a que los funcionarios regio- nales podían contar con el respaldo de los españoles de la localidad, ansiosos por preservar el orden social y económico frente a las pro- testas populares.10

Por obvias razones, los funcionarios de todo nivel se preocupaban más por las rebeliones que lograban unir a indios, mestizos y criollos en una campaña común en contra de los agentes de la autoridad real, así fuera sólo temporalmente, pues éstas eran mucho más difí- ciles de controlar y usualmente era necesario hacer concesiones para restaurar la tranquilidad, aun cuando no era nada raro que se toma- ran represalias una vez que los amotinados deponían las armas. La primera manifestación realmente importante de esta nueva amena- za en el periodo posterior a 1750 ocurrió no en el Perú, sino en el vecino reino de Quito (una región por la cual los virreyes peruanos siguieron sintiendo cierta responsabilidad hasta la independencia, como veremos en el siguiente capítulo) en 1765. Aquel año los po- bladores de dicha ciudad se levantaron en una gran protesta urbana desatada por los intentos del virrey Pedro Messía de la Cerda de incrementar las rentas, retirando los monopolios de la alcabala y el aguardiente de manos particulares y colocándolos en manos de funcionarios reales.11 _{Lo importante era que los cambios propuestos}

ofendieron tanto a los hacendados que producían el azúcar con la cual se destilaba el aguardiente como a los pequeños tenderos y comerciantes de los barrios populares de la ciudad, que eran espe- cialmente vulnerables a la amenaza de un cobro más eficiente y ri- guroso de la alcabala.

El resultado, en un comienzo, fue un movimiento pacífico de pro- testa entre los círculos políticos patricios, que gradualmente atrajo el respaldo de grupos sociales dispares hasta convertirse en una re- belión general en contra de los cambios fiscales. Éste no llegó a ser un gran movimiento regional del tipo de los que quince años más tarde tendrían lugar en Nueva Granada y el Perú, pero sí sobresale como la primera manifestación abierta de resistencia regional a la nueva fase del reformismo Borbón, inaugurada por las necesidades fiscales de Carlos III. Es asimismo importante llamar la atención sobre el hecho que al igual que las revueltas mucho más grandes de 1810

7. Barral, Rebeliones indígenas, es un útil análisis general sobre el fenómeno de las rebeliones indias.

8. O’Phelan Godoy, Rebellions and Revolts, p. 95. 9. Introducción (pp. 61-63) a Manso, Relación.

10. Ibid., da a entender que Francisco García Jiménez y Francisco Inca fueron personas distintas, en tanto que O’Phelan Godoy, Rebellions and Revolts, p. 95, sugiere que

se trataba de la misma persona. Spalding, Huarochirí, pp. 275-88, coincide con