4.3 Approach
4.3.2 Evolizer Data Layer
El modelo de ciudad pacífica con base a la justicia comunitaria requiere de un sistema de justicia local con la independencia y la legitimidad suficiente para poder hacer efectivos los proyectos comunes creados a raíz del proceso de mediación comunitaria y servir de garantía de cumplimiento para las diferentes acciones que se deben llevar a cabo. El rol de la institución pública de administración de justicia debe ser de facilitador de la comunicación y el diálogo entre las partes o grupos que forman la ciudad, pero también debe ser la de facilitar un espacio y una estructura urbana acorde con la función y la forma, que reduzca las diferentes violencias que se produzcan en su interior. La efectividad de la mediación comunitaria será entonces la consecución de un proyecto común de transformación urbana, con una visión común de futuro del espacio construido de forma democrática.
Debido a que la paz es una construcción social que se ve afectada por múltiples factores que desencadenan conflictos y violencias, el mantenimiento de la paz y la prevención de la violencia deben ser actitudes compartidas y proactivas, intrínsecas a su cultura y permeables en el conjunto de la comunidad para que se pueda considerar que la justicia es autocompositiva y democrática.
Como actividades principales la ciudad debe primero facilitar la prevención de conflictos que se produzcan en su interior, siendo la resiliencia un valor que han de promocionar de forma proactiva todos los agentes territoriales, incluyendo a las instituciones del estado. También debe cumplir la función de impartición de justicia respecto a los asuntos relativos a la convivencia de las personas y grupos que conviven en el espacio urbano (Nató, Querejazu, & Carbajal, 2006). Estas dos funciones no deben recibir un tratamiento aislado en cuanto a la planificación. La optimización de recursos que supone la prevención debe considerar al conflicto urbano como una oportunidad de transformación pacífica del espacio urbano.
Así mismo, los conflictos en el espacio urbano también atienden a cuestiones de identidad, en su reconocimiento y pertinencia, su rol dentro de la comunidad y su participación en los imaginarios colectivos. Los conflictos por razón identitaria o cultural dependen pues del imaginario colectivo respecto a nociones de género o clase
social a la vez que establece los cánones de comportamiento esperado en cada espacio urbano (Sabsay, 2011).
El sistema de actores locales es el conjunto de agentes que han participado e intervenido en el proceso de desarrollo local y las formas en que se relacionan tanto los actores locales como globales (Arocena, 2001, págs. 205-206). Tal y como explica Sassen (2017), la ciudad tiene como reto seguir escuchando las demandas sociales y sus resistencias para poder gestionar las capacidades urbanas.
El modelo de ciudad pacífica también debe ser flexible en cuanto a las transformaciones que se van a producir, requiere ser de código abierto para garantizar el acceso y generar la oportunidad de manifestar errores producidos por la interactividad, de tal manera que la transformación sea cada vez más consciente en la comunidad. La mediación comunitaria y el estudio del conflicto urbano harán de la justicia comunitaria una institución indispensable para planificar democráticamente el desarrollo de la ciudad.
En ese contexto, se ha producido una mercantilización de los capitales intangibles de la producción urbana, como son el paisaje, la naturaleza, el patrimonio o la cultura dando lugar a la aparición del servicio de turismo y ocio en los entornos urbanos, cambiando la función y la forma de la ciudad. Estos nuevos mercados suponen nuevas oportunidades de uso y actividades que pueden apoyar el proceso de desarrollo local a través de la diversificación espacial de la ciudad y su permeabilidad al cambio.
En términos generales, lo que se observa es que en los espacios locales que enfrentan condiciones de marginación, desigualdad y pobreza, donde la participación tiende a circunscribirse a mecanismos de consulta o información y a involucrar a pocas instancias participativas (Cabrero Mendoza & Díaz Aldret, 2012, pág. 102). Según esto las sociedades deberían anhelar información e indica que las sociedades deberían ser grupos de ciudadanos informados (Millán-Orozco, Treviño-Espinosa, & Square Wilburn, 2012, pág. 346). Este hecho les debe llevar a tomar decisiones en relación a los eventos que afecten su desarrollo social al mismo tiempo que propiciar una calidad de vida que les permita “satisfacer las necesidades humanas fundamentales y con claros objetivos sociales, culturales, económicos y de medio ambiente; donde se dé prioridad a la disminución de la pobreza y de otras condiciones de desigualdad, preservando el medio ambiente” (Esteinou, 2003, pág. 18).
Podremos ir acotando entonces la participación como un proceso en que las personas son parte primordial de la reflexión y toma de decisiones en torno a lo que les afecta en lo cotidiano (Dueñas Salmán, León García, & García López, 2012, pág. 296), pero no se puede negar la influencia externa de la globalización que tiene en los tres agentes territoriales. Es por eso que la mediación comunitaria serviría de espacio de negociación y creación de acuerdos entre la comunidad y las instituciones privadas y públicas.
Será la escala del conflicto comunitario la que determine la participación y representación de los diferentes actores en la mediación comunitaria. Como estrategia político-administrativa, los logros de la justicia comunitaria que se puede conseguir en la mediación comunitaria dependerán del rol que adquieran los diferentes actores territoriales.
Frente a conflictos urbanos, las administraciones públicas en una ciudad pacífica deben afrontar las transformaciones desde la perspectiva de la gestión del capital social y el interés superior de la comunidad teniendo en cuenta que los conflictos en el espacio urbano están generados por cambios en los actores territoriales: demográficos, estéticos, arquitectónicos y por cambios en los factores sociales como uso del suelo, consumo y la implicación en la comunidad de las instituciones públicas y privadas. Entendemos que para ofrecer un sistema de actores capaz de gestionar los conflictos urbanos, la ciudad pacífica debe tener en cuenta la influencia que ejerce sobre todas las personas que la viven, así como fomentar actitudes proactivas y transparentes en las instituciones públicas de tal manera que sea permeable en las organizaciones privadas y de la sociedad civil.
Para ello, muchas instituciones municipales públicas empiezan a adoptar estrategias de Responsabilidad Social Corporativa (a partir de ahora RSC) también llamada Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de todas las personas a las que afecta directa e indirectamente por el hecho de desarrollar una actividad y medir sus resultados teniendo en cuenta el impacto que genera en su comunidad.
No existe ningún sistema de normas de gestión de calidad, establecida por la Organización Internacional de Normalización (ISO), respecto a la RSC, si bien existe en cambio un conjunto de recomendaciones recapitulados en la Guía ISO 26000 de
responsabilidad social donde se recomienda elaborar un documento que sistematice los tres elementos de sostenibilidad de la RSC: económico, medioambientales y sociales.
El balance social o las memorias de sostenibilidad son el producto final de la RSC, entendido como un documento en el que se recogen los datos referentes a la responsabilidad social de la empresa en cada uno de los tres ámbitos con el fin de informar a la sociedad acerca de su propia actividad y sus consecuencias. Estos documentos son elaborados por la dirección de la propia empresa donde se recoge de forma organizada y periódica toda la información relevante a su actividad económica y el desarrollo sostenible de su entorno.
En la actualidad existen también varias herramientas diseñadas especialmente para recapitular la información referente al balance social que nos permiten una evaluación y comparación más ajustada. Todas estas herramientas parten de una serie de indicadores sociales que son los encargados de reflejar el valor de las acciones realizadas por la empresa (Server Izquierdo & Villalonga Grañana, 2005).
La RSC adquiere importancia estratégica a partir del cambio de siglo, integrándose en la misión, visión y valores de la empresa y haciéndose inseparable de la maximización de beneficio (WertherR & Chandler, 2005). Han sido los éxitos cosechados por estas empresas, y sus réplicas en otros lugares y sectores, lo que ha permitido aproximar cada vez más la RSC a los criterios por los que se rigen en todos los modelos de organización empresarial tanto públicos como privados.
Varios estudios han analizado las relaciones que hay entre las cuatro dimensiones propuestas en su día por Carroll (Carrol, 1999): económica, ética, legal y discrecional de la RSC, respecto a varias de las necesidades de los diferentes grupos de interés. Así pues se ha demostrado los efectos positivos de la RSC en los resultados económicos desde el punto de vista del marketing empresarial en, por ejemplo, el comportamiento de los consumidores, la imagen y la reputación (Alavardo Herrera & Waleska Schlesinger Díaz, 2008). Por otro lado Maignan y Ferrel (2000) demuestran la congruencia entre las expectativas que la sociedad tiene sobre el comportamiento de los negocios y la acción real o percibida por ella.
La comisión Europea en su Libro Verde sobre la RSE señala que las nuevas inquietudes y expectativas de los ciudadanos, consumidores, poderes públicos e inversores en el
contexto de la globalización. Los criterios sociales cada vez influyen más en las decisiones de inversión de las personas e instituciones junto a la creciente preocupación por el deterioro ambiental fruto de la actividad económica y la posibilidad de realizar ejercicios de transparencia de las actividades empresariales. La empresa socialmente responsable es aquella que tiene como fin crear y maximizar el valor de sus grupos de interés mediante el comportamiento ético. Para medir la eficacia que las acciones sobre RSC tienen en la empresa y en los diferentes grupos de interés, se ha de tener en consideración la triple cuenta de resultados: económicos, sociales y medioambientales, en los dos ámbitos en los que actúa la empresa (interno y externo). Estos resultados serán reflejados bien en el balance social o en la memoria de RSC.
Arcas y Briones (2009) destacan que la visión contemporánea de la RSE constituye un campo de investigación denominada teoría de los stakeholders o de la empresa como centro de relaciones de los diferentes grupos de interesados. Las firmas que aplican estos principios de RSC tratarán de satisfacer pues las expectativas de los diferentes grupos de interés y contribuir con esto al desarrollo social, siendo económicamente viable y ambientalmente sostenible.
Como afirman Server y Villalonga (2005), la RSC está relacionada con la parte de la actividad voluntaria de las empresas relativa a la mejora de la sociedad a la que pertenecen y a la preocupación por el medio ambiente en el que se encuentran. Estos autores también aclaran que cada vez un mayor número de empresas reconocen abiertamente su responsabilidad social y la consideran como parte de su identidad. Esta responsabilidad debe expresarse frente a sus trabajadores y, en general, frente a todos los interlocutores de la empresa que pueden influir en su éxito. Estos autores recalcan la importancia de la presentación de resultados del proceso de planificación estratégica responsable, debido a la creciente preocupación acerca de temas de índole social y medioambiental que genera una demanda de información y consumo responsable.
A su vez desemboca en la necesidad de disponer de un documento en el que se recoja dicha información y que debe ser ofrecida por las empresas con el fin último facilitar ese consumo responsable. La rendición de cuentas es la base de la responsabilidad social, especialmente de las responsabilidades de una organización derivadas de los
impactos originados sobre los grupos de interés (Server Izquierdo & Villalonga Grañana, 2005).
El Libro Verde de la Comisión Europea, tiene como objeto iniciar un debate dentro de la Unión Europea para que esta fomente la responsabilidad social en las empresas a nivel internacional. En este libro también se distinguen dos dimensiones diferentes por las que hay que evaluar la RSC. Una dimensión interna que afecte a los trabajadores de la propia empresa y hace referencia a las condiciones laborales, gestión de personal y de cambios, de recursos humanos para la salud, seguridad y prevención, de gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales.
Por otro lado, la dimensión externa de la RSC que se extiende a las comunidades locales incluyendo además de a los trabajadores y accionistas, a otros interlocutores tales como socios comerciales, consumidores, autoridades públicas y otras organizaciones de la comunidad local, así como al propio ecosistema al que pertenecen.