An Example Scenario: Clone Evolution

El desarrollo local es un proceso innovación social, construcción social y cambio estructural del territorio, sus comunidades e instituciones, basado en transformaciones sociales, políticas, económicas y naturales (Boisier, 2005). En los procesos de desarrollo local será necesaria la participación e implicación de todos los actores locales, públicos, privados y de la sociedad civil organizada.

Desde este paradigma del desarrollo y la planificación estratégica, la toma de decisiones se realiza a escala municipal, los valores democráticos y legales que adquiere la participación ciudadana en los procesos de desarrollo local coinciden con el valor que el acuerdo de un proceso de mediación comunitaria. Es la convergencia en la escala comunitaria de la mediación comunitaria y los procesos de desarrollo local donde se pueden potenciar conjuntamente valores como la participación, la transparencia, la autogestión o la construcción social.

La demanda de ciudades inteligentes, que favorezcan la gobernanza, la procuración de paz y el desarrollo social y territorial, incluyente y sustentable actual requieren de

instituciones sólidas que fomenten la paz y la justicia social a modo de instaurar culturas pacíficas en las comunidades urbanas.

Sin embargo, es el interés económico sobre las actividades y los espacios urbanos el que posiciona la actitud de las instituciones municipales frente a la explotación de la ciudad, favoreciendo un modo relacional puramente económico a modo de fuerza desurbanizadora de la ciudad (Sassen, 2017), reforzando así una lógica cada vez más individualizada de nuestro sistema de urbanización, comercio y convivencia.

El modelo actual de seguridad, de unidades aisladas que no favorecen la inclusión, no es capaz de articularse para afrontar los conflictos y fenómenos que se producen en la escala comunitaria y mucho menos para planificar el futuro de las urbes de forma democrática. A lo sumo, existen herramientas de control del valor añadido del mercado inmobiliario, capturando y redistribuyendo territorialmente el mismo generado por los procesos de transformación y desarrollo urbano (Blanco B., Fretes Cibils, & Muñoz M., 2016), en un mayor o menor grado de negociación entre los ciudadanos en los procesos de transformación urbana. Estas herramientas, pueden tener diferentes formas: impuestos, bonos, aportaciones mancomunadas, etc. y se encuentran en proceso de generar un marco normativo que las respalde y de seguridad jurídica en Latinoamérica (Farias Soto, 2017)

La capacidad de negociación de los ciudadanos en los procesos de transformación urbana dependen de un factor de atracción de los espacios en donde la administración pública reinvierte el excedente de capital generado por la plusvalía inmobiliaria. En la ciudad global, los centros urbanos ya han sufrido o están sufriendo procesos de gentrifación, donde el valor añadido del suelo recibe plena atención de la administración local y los desarrolladores urbanos. Del otro lado de la ciudad nos podemos encontrar con espacios donde su valor añadido del suelo no es lo suficientemente atractivo para la promoción inmobiliaria, los vecinos cuentan con una capacidad mayor de influencia en la toma de decisiones sobre el espacio compartido por los demás vecinos mediante procesos informales como las juntas vecinales.

En este paisaje de la ciudad postmoderna que nos explica Saskya Sassen (1995), donde la ciudad es un sistema a la vez complejo e incompleto, junto a las mejoras de seguridad ciudadana también podemos encontrar transformaciones urbanas de resistencia por parte de todos los agentes territoriales, instituciones privadas o de la

sociedad civil organizada, que, mejor o peor articuladas, sirven como indicadores de respuesta a las intervenciones urbanas anteriores y que podemos interpretar como experiencias, saberes o capacidades ya disponibles de la comunidad que fortalecen la cultura de paz a modo de buenas prácticas. Es en este sentido que entendemos la mediación comunitaria como una herramienta facilitadora de la prospectiva de la ciudad, de forma inclusiva y neutral.

La representación del capital social más allá del económico supone poner de manifiesto la necesidad de crear un marco conceptual multidimensional que permita, en última instancia, poner en valor el capital intangible que suponen las actividades productivas urbanas. Así pues, el capital social es interpretado como el biotopo del sistema de actores locales con el modelo de desarrollo y la identidad local, es decir, el espacio que define cómo la comunidad participa e interactúa en el plano político, económico, tecnológico y cultural.

Como hemos desarrollado en el capítulo anterior y desde el punto de vista de la conflictología podemos entender también que el capital social es la capacidad que tiene una sociedad o grupo para gestionar sus conflictos de forma positiva. El capital social está asociado a la capacidad resiliente de la comunidad para afrontar y gestionar sus riesgos. Su construcción se convierte en una garantía de aumento de plusvalía del valor del suelo, y es la gestión y la reinversión de esta plusvalía la que debe ser propiedad de la comunidad para su mejor gestión y redistribución en la propia ciudad. Entendemos que la comunidad tiene la doble responsabilidad de crear y relacionar a ciudadanos informados, capaces de tomar decisiones respecto a eventos que afecten sus condiciones de vida y su desarrollo como comunidad que les permita “satisfacer las necesidades humanas fundamentales y con claros objetivos sociales, culturales, económicos y de medio ambiente; donde se dé prioridad a la disminución de la pobreza y de otras condiciones de desigualdad, preservando el medio ambiente” (Esteinou, 2003).

El desarrollo local genera nuevas relaciones entre los actores locales que se pueden desagregar en cuatro planos diferentes (Boisier, 2005, pág. 53): el plano político, donde se toman las decisiones, donde se produce participación ciudadana política; el plano económico, en el cual se realizan los intercambios y la gestión de recursos, sobre todo respecto a la reinversión de excedente local; el plano científico tecnológico, como

aquel donde se intercambian los conocimientos y se genera capital intangible comunitario; y por último, el plano cultural en cuanto a recuperación de la cultura tradicional y la construcción de una nueva cultura acorde a las necesidades que se identifiquen en el proceso.

En este sentido, la mediación comunitaria tendría cabida en los cuatro planos del desarrollo. Será en función del tipo de conflicto que en la mediación participen diferentes actores locales implicados, pero siempre deberán estar representadas las necesidades y voluntades de la población civil y el interés superior por la comunidad. Desde la facilitación de creación de acuerdos, la mediación comunitaria tiene cabida en asuntos comunitarios como la co-creación de marcos de convivencia, de participación política, de la gestión de recursos, los presupuestos y los planes de desarrollo urbano.

Entendemos que en la ciudad pacífica, su estructura responderá a las necesidades de la población y reducirá las diferentes violencias que se producen en el territorio. La participación de la ciudadanía en la toma de decisiones supone también una resignificación del espacio urbano, la identificación de recursos propios y la participación en el mejoramiento o creación de infraestructuras urbanas, que generará sentimiento de pertenencia y responsabilidad sobre el uso, transformando la identidad local.

El patrimonio cultural urbano se entiende como aquel capital, tangible e intangible de la ciudad, así como del significado, uso y actividades que se le otorgue a este. Está relacionado con los bienes culturales, construidos socialmente, los cuales adquieren atributos y valores colectivos (Armenta, 2009), desde la perspectiva del desarrollo local. El patrimonio cultural urbano también se percibe como recurso propio de la comunidad y es en su gestión y aprovechamiento donde se ve reflejado el modelo de desarrollo planteado para la comunidad.

La ciudad, entendida como el espacio en el que habitamos los ciudadanos es el marco en el que se producen todas las relaciones de la comunidad urbana. Como construcción social, la ciudad también es el resultado de las transformaciones urbanas históricas que han ido construyendo la identidad de la comunidad que la habita, así como la identidad o naturaleza de las instituciones que la forman y la manera en que han interpretado y simbolizado sus propios espacios, determinando la manera de

comunicación con la comunidad y el ciudadano así como la inclusión en la planificación estratégica de los diferentes grupos de interés de la ciudad.

Como definición teórica el desarrollo debe consistir en la combinación de las distintas fuerzas sociales que existen en el territorio, incluyendo a la administración pública, las organizaciones empresariales y organizaciones comunitarias; para generar oportunidades a la población de vivir dignamente fortaleciendo su capacidad de tomar decisiones libremente (Sen, 1998, pág. 76).

Un modelo de desarrollo es aquel que propone cómo deben ser esas relaciones en un futuro y cómo debe cambiar el biotopo para que esas relaciones se transformen. Es por eso que los modelos de ciudad deben estar basados en un conjunto de valores y principios que definan esa transformación.

Si bien no podemos expresar un modelo único que sea perfecto para cada espacio urbano, podemos encontrar experiencias y transformaciones urbanas que manifiestan otro tipo de valor diferente al económico que dinamiza las acciones y la construcción de ciudad. Al fin y al cabo, respuestas pacíficas a diferentes conflictos urbanos.

El mantenimiento en el tiempo de estas transformaciones urbanas y la transformación de instituciones locales exitosas nos permiten plantear que existen valores comunitarios que hacen frente y comparten objetivos de desarrollo orientados a la paz, la justicia y la creación de instituciones sólidas que han sido factores de éxito. Entendemos que la ciudad es un espacio donde convergen muchas funciones y estructuras diversas de nuestra sociedad moderna y dan lugar a diferentes realidades urbanas (Lefebvre, 1978, págs. 45-55). Es por eso que también podemos definir que la urbanidad se consigue cuando la ciudad es entendida como un espacio que media para que se dé la convivencia pacífica (Giglia, 2002, pág. 72) y que su efectividad, como ciudad pacífica se puede evaluar a través de la concreción de paz territorial a través de la gestión positiva del conflicto y la justicia transicional (Quiñones Díaz & Palmer Marrero, 2019, pág. 257).

Un modelo de ciudad que gestione el conflicto urbano requerirá un estudio y conocimiento profundo del mismo, haciendo necesario que este conocimiento sea cabal y consciente por parte de la comunidad para que se dé la oportunidad de la transformación del conflicto pacíficamente (Nató, Querejazu, & Carbajal, 2006).

El diálogo y la construcción colaborativa de acuerdos deben ser las premisas de actuación de la administración pública frente a la actitud de facilitador financiero de las ciudades mercantilizadas. Es decir, a través de la concertación social que produce la mediación comunitaria se legitiman transformaciones urbanas de espacios y maneras de convivir en la comunidad.

Para su tratamiento, el conflicto urbano debe ser entendido como propio del espacio urbano mercantilizado, es en este modelo de ciudad donde se dan las resistencias urbanas al momento en que no concuerdan la función de la ciudad con su estructura y su forma debido a la desviación de alguna de ellas por el mercado financiero que opera en una escala global y no necesita concordar con la escala local (Harvey, 2012).

Estas resistencias urbanas son inherentes al sistema neoliberal (Santos, 1996) y su gestión da lugar a procesos comunitarios que podemos definir como creativos (Lederach, 2003), más o menos transparentes y participativos donde el empoderamiento y el diálogo, así como el reconocimiento de las partes, guían la transformación urbana con base a un conflicto urbano.

Como objetivo propio de la ciudad, la transformación e intervención urbana a partir del conflicto urbano se debe entender en cualquier caso como acciones de construcción de paz territorial (Quiñones Díaz & Palmer Marrero, 2019). La mediación comunitaria en su papel transformador de los conflictos contiene la capacidad de transformación del propio espacio urbano de la comunidad, de su significación, de sus usos y funciones.

El interés superior por la comunidad, su bienestar y convivencia pacífica, deben ser los limitantes de este objetivo, siendo fundamental que la propia ciudad cumpla en su función mediadora para la impartición de justicia, facilitando con su estructura judicial comunitaria la separación de poderes, el acceso universal y la transparencia que garantice la eliminación de la corrupción y malversación del propio espacio comunitario.

Un modelo de ciudad pacífica tiene en su papel transformador del espacio urbano la capacidad endógena de generación de cultura de paz. Mediante la facilitación de la convivencia y la gestión de los recursos propios de la comunidad, la mediación comunitaria beneficia el capital social de las ciudades, entendido como todos los recursos económicos, sociales y culturales necesarios para que se produzca el

desarrollo endógeno de una comunidad (Ostrom, 2008), ya que la mediación además de reforzar el tejido social como política pública, favorece valores de equidad, imparcialidad, accesibilidad a la justica, diálogo, pacificación y proactividad (Cabello Tijerina, 2013).

El desarrollo de un espacio urbano también se puede evaluar por el nivel de conflictividad que albergue, poniendo de manifiesto el perjuicio que está ejerciendo el modelo de desarrollo propuesto por la administración municipal en su propia comunidad y reflejado por una resistencia urbana.

Un modelo de desarrollo urbano con base en la cultura de paz realizará en este sentido un tratamiento integral del conflicto urbano que facilite la adopción de valores de la justicia comunitaria como la autocomposición, el acceso universal, el diálogo o la identificación de las partes (Nató, Querejazu, & Carbajal, 2006), de tal manera que sea capaz de proteger el interés general de la comunidad, respetando sus representaciones y producciones culturales en el espacio urbano que construyan cultura de paz.