Personalisation & User Profiling

Luego de una de las crisis sociales, institucionales, políticas y económicas más grandes de la historia de nuestro país, se inaugura a partir del año 2003 una reconfiguración social, en un marco más general que atraviesa a gran parte de América Latina, donde comenzaron a establecerse gobiernos de nuevo signo cuyo denominador común es la oposición al consenso político reformista de los 90 y la recuperación de la centralidad del Estado Nacional en la implementación de políticas más inclusivas, recomponiendo su capacidad regulatoria y de intervención.

Si bien aún no abundan los análisis de este momento histórico y en particular de sus implicancias para el campo de la Educación Superior, varios trabajos en los últimos años (Suasnábar, 2005; 2009, 2012; Marano 2014) discuten las continuidades y rupturas con la/s política/s de los 90 y se interrogan sobre la existencia de una política específica para el sector. Así como en el período anterior primaba una mirada comparativa con el resto de los países de la región, destacando una lógica común de los procesos de reforma y observando ciertas particularidades de cada sistema de educación nacional, los análisis de la última década han tendido a centrarse en comparaciones temporales respecto de los cambios y las persistencias con la década del 90 y cuánto de esos cambios estructurales del sistema de Educación Superior coexisten en la actualidad con políticas y sentidos propios de esta época. El rol del

Estado sigue siendo un tema de preocupación en los estudios sobre la Educación Superior pero ahora es problematizado a partir de sus intervenciones en el desmantelamiento del sistema montado la década anterior, así como en relación a su capacidad de marcar una nueva agenda que trastoque los sentidos en el plano de la política y su reflejo en la ejecución de las políticas. En esta discusión, algunos plantean cierta inercia con las políticas de los 90 y la falta de una política orgánica e integral que modifique el ordenamiento del campo, mientras que otros - no sin reconocer ciertas continuidades y la incapacidad para cristalizar una propuesta que se plasme en una nueva ley - observan cambios sustantivos. Para estos últimos autores, si bien hay continuidades en el plano de las políticas, la orientación que asume el plano de la política es radicalmente cuestionadora de los sentidos construidos en la década previa. Y allí, en el marco de sentidos en el que se construyen las políticas en la actualidad, vinculado a la ampliación del acceso y su consiguiente democratización del Sistema de Educación Superior y a la idea central que reafirma a la Educación Superior como un derecho, radicaría el principal cambio de los gobiernos de las últimas décadas (Rinesi, 2012; Perez Rassetti, 2012)8. Dentro de los primeros, algunos explican la ausencia de una nueva agenda política para el sector como resultado de una convergencia de intereses entre el gobierno y los propios actores universitarios en pos de la gobernabilidad del sistema (Suasnábar, 2012a); mientras que otros, comparando el accionar del gobierno en otras áreas donde sí tuvo una fuerte impronta desarmando lógicas características de los 90, lo atribuyen a cierta falta de interés para que la cuestión universitaria se constituya como un “problema de política”. Al mismo tiempo, señalan una autonomización de las estructuras burocráticas forjadas al calor de la implementación de las políticas de reforma con fuerte identificación en las orientaciones de las agencias internacionales que no serían tan permeables a las nuevas ideas (Chiroleu e Iazetta, 2009, 2012). Para estxs autores, existen nuevas orientaciones que marcan ciertas tendencias de la política pero no alcanzan a convertirse en una política integral. Estas orientaciones de nuevo signo giran alrededor de las nociones de calidad: si bien perviven los documentos y pautas técnicas presentes en los 90, la idea ahora se asocia al mejoramiento de las instituciones y las disciplinas; pertinencia: redefiniendo la vinculación con la sociedad; inclusión: con programas y becas que apuntan a garantizar la finalización de la educación media y el acceso y la permanencia en el Sistema de Educación Superior;

8 _{Algunos trabajos también destacan que frente a la continuidad, irrumpen temas en la agenda de América Latina} como la “inclusión educativa” que se materializan en acciones dirigidas a generar mayores niveles de igualdad tanto en el acceso, la permanencia y el egreso del sistema universitario (Chiroleu, 2009; Barreyro, 2010).

internacionalización: con programas orientados a la cooperación internacional, la movilidad docente y estudiantil (Chiroleu e Iazetta, 2012).

En líneas generales, todos/as los/as autores coinciden en destacar como característica de estos tiempos dos elementos que actualizan los vínculos entre Estado y universidad: la buena relación entre las universidades tradicionales y el gobierno de raigambre justicialista y el incremento del financiamiento para el sector9. Ambas dimensiones se encuentran entrelazadas en tanto el incremento del presupuesto tanto para los gastos orientados al funcionamiento como para las modalidades por programas-contratos10 ofician (junto con una fuerte presencia de los rectores en la SPU) como un modo de sostener una baja conflictividad del sector (Marquina, 2012; Suasnábar y Rovelli, 2012).

Por otro lado, y en menor medida, sigue habiendo cierta preocupación sobre el rol de los organismos internacionales en este contexto, destacando que tanto la agenda que proponen (sociedad del conocimiento, internacionalización y transnacionalización de la Educación Superior, aseguramiento de la calidad) como sus premisas, siguen ligadas a los postulados que promovían en la década anterior (Chiroleu y Vilosio, 2007).

Por último, así como las transformaciones de la política universitaria de los años 90 quedaron plasmadas en la normativa que pasó a regular el sistema e introdujo fuertes cambios respecto de ideas centrales que habían estructurado la vida de las instituciones universitarias desde la transición democrática - lo que quedó ampliamente registrado en la creciente bibliografía que abordó esta temática -, hay un elemento que llama la atención y es destacado por todos/as los/as autores: ¿Porqué luego de una década de gobierno kirchnerista no fue posible aún tratar una nueva legislación? En este sentido, gran parte de la bibliografía (y los actores) estiman que si bien no es una condición suficiente y necesaria para desarmar prácticas instaladas y apropiadas por muchos de los actores del sistema, una nueva normativa operaría como marco legal y simbólico del cambio de sentido y de orientación de la política del sector.

2. Estudios que abordan las políticas

En la década del 90 hubo ciertas políticas en el ámbito de la educación superior que marcaron el pulso de las transformaciones que acaecían en el sector. Al calor del cambio en la relación

9 _{Para una descripción más pormenorizada de los cambios en el financiamiento entre la década del 90 y la del} 2000 puede verse: García de Fanelli, 2011.

10