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Chapter 12: Appendices

2.4 Mobile Mixed Reality Interfaces

2.4.1 Virtual Reality

Otro gran grupo de investigaciones que piensan las políticas de los años 90 analizan a partir de una importante base empírica los cambios generados por la implementación de programas

específicos como el Programa de Incentivos a la Investigación (PI) o el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC). Ambos programas se convirtieron en paradigmáticos de las transformaciones que legaron estos años al conjunto del sistema de educación superior y de allí que varios/as autores/as hayan investigado sobre los efectos y nuevas reglas que éstos introdujeron y los reajustes de estas políticas conforme avanzaba su implementación. Más específicamente, este grupo de trabajos observa los “programas especiales” como parte de la batería de políticas que se propusieron incidir en el sistema a partir de relacionar financiamiento específico a determinados resultados, tanto a nivel de las instituciones (FOMEC) como de la base académica (PI). Es decir, programas orientados al mejoramiento institucional o a la investigación, donde la evaluación se convertía en un componente estratégico.

El FOMEC (1995-2003) se constituyó en un ejemplo cabal de la influencia y el alcance de los organismos internacionales en la definición de las políticas que, no sólo impulsaban, sino también financiaban en un contexto de fuerte reducción presupuestaria para el sector. El FOMEC se convirtió entonces en un mecanismo de distribución de financiamiento que expresaba la nueva relación entre Estado y universidad, dimensión que ha sido analizada desde distintas perspectivas. Uno de los primeros trabajos al respecto que señala la implementación del programa FOMEC en el marco de las políticas impulsadas por el Banco Mundial y los organismos multilaterales de crédito, fue el de Cano (1995). En este trabajo, producido al calor de las reformas de los 90, se realiza un análisis pormenorizado de las bases y los fundamentos del programa anclados en los principios del consenso de Washington y los lineamientos encarnados por el Banco Mundial. En el mismo, se evidencia una lógica de mercado en tanto el presupuesto principal que sostenía al Programa era que la presencia de dispositivos de evaluación incentivaría la competencia interinstitucional, lo que redundaría a su vez en una mejora de la calidad educativa. Por otro lado, trabajos como el de Castro (2002) se centraron luego en una descripción pormenorizada de cómo se constituyó el diseño del programa y su impacto en el sistema de educación superior desde un punto de vista cuantitativo. Aquí, se subrayan los efectos del programa en la distribución de financiamiento de acuerdo a las características de las distintas universidades participantes. Finalmente una serie de trabajos de los últimos años (Atairo, 2007, 2011a, 2011b) destacan la incidencia focalizada del programa en ámbitos académicos o institucionales específicos, prestando especial atención a las respuestas diferenciales de las instituciones en su adhesión al mismo. Cabe destacar, por último, un elemento que aún no ha sido lo suficientemente estudiado y es que si bien el programa fue desarticulado, pervive en uno de los componentes del

financiamiento para el sector una idea central del mismo: el financiamiento por programa, aún cuando en la actualidad asuma una modalidad de programas-contratos y no de fondos por competencias (Suasnábar y Rovelli, 2012).

En el caso del PI (1993) se lo considera como la política central que interpeló a la investigación y la producción científica de los años 90. Varias producciones han tendido a enfatizar en los impactos o efectos de la implementación del programa (Araujo, 2001, 2003, 2004; Carullo y Vaccarezza, 1997; Fernández Berdaguer y Vacarezza, 1996; Prati 2003) y otros se han concentrado en las dinámicas de la implementación de la política (Prati, 2004; 2009). Dentro del primer grupo, lxs autores identifican al programa como una política que impacta en el modelo de relaciones entre Estado, académicos y gobierno universitario, evidenciado en las transformaciones que sufre el trabajo académico (qué investigar, cómo difundir, etc.) y en la composición de su base (surgimiento de la figura docente-investigador y categorizaciones propias del programa). Lo que genera – a decir de lxs autores - una nueva estratificación del ámbito académico y reposiciona la investigación como central para los procesos académicos, en detrimento de las funciones de docencia y extensión. Siguiendo los efectos generales, Araujo analiza los efectos colaterales, es decir, los aprendizajes fraudulentos que hacen los académicos para jugar el juego de la incentivación a la investigación y los efectos diferenciales de acuerdo a disciplina, sexo, dedicación, etc. Todos los trabajos coinciden en señalar precisamente los diferentes impactos del programa para las ciencias duras y las ciencias blandas. Este programa entonces es analizado desde esta perspectiva como parte de la batería de políticas que modifican el patrón imperante en la asignación de recursos e instalan la lógica de la rendición de cuentas como estrategia de regulación del trabajo académico.

Dentro del segundo grupo de trabajos, Prati analiza los reajustes que fueron modificando lineamientos originales de la política en el interjuego entre Estado (SPU), universidades (CIN) y académicos, en el transcurso del proceso de implementación, incorporando las estrategias y posicionamientos de la base del sistema (docentes e investigadores) como factor explicativo de estas transformaciones. Es decir, cómo la política logra implementarse y se va ajustando a partir de la capacidad de los distintos actores de posicionar sus intereses, análisis que se complementa con la percepción de los académicos para pensar los efectos desde un cruce entre lo institucional y lo disciplinar.

Tanto en la producción académica sobre el FOMEC como en el caso del PI, se desarrollaron diferentes líneas de indagación: a los primeros análisis que hacían foco en el diseño y los

impactos generales, se sumaron trabajos que se interrogan por los resultados del encuentro entre la implementación de los programas y las dinámicas institucionales que esto genera.