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Lxs estudiantes han sostenido una posición de oposición a la política de acreditación a lo largo del tiempo que engloba distintos niveles y dimensiones de la problemática: en primer lugar, un fuerte rechazo a la ley que le da origen como expresión de la política de los años 90. En segundo término, una deslegitimación de la CONEAU, como órgano de implementación de la política de evaluación y acreditación. En tercer lugar, un cuestionamiento al proceso de toma de decisiones que involucró la coordinación estatal (SPU, CONEAU) con los cuerpos intermedios como las Asociaciones de Decanos y el CU, en donde no tuvo lugar la participación estudiantil. Y, por último, un cuestionamiento al perfil profesional que se promovió como producto de estos ensamblajes.

Dentro de este posicionamiento estudiantil existen ciertas continuidades a lo largo del tiempo que atraviesan el amplio espectro de las fuerzas políticas estudiantiles y sus pertenencias institucionales, en tanto el reclamo más general se centra en el rechazo a la legitimidad de la LES y a toda medida que se desprende de este encuadre legal, en tanto respondería a una concepción mercantilista y neoliberal de la educación. En este punto la LES es debatida en un plano material, y sus implicancias concretas en la vida institucional de las universidades, y en un plano simbólico, en tanto encarna valores y principios representativos de la década del 90, fuertemente asociados a la privatización y a la lógica del mercado, así como a la perdida de autonomía de las instituciones universitarias.

Esta mirada sobre la LES permanece casi inalterable a través del tiempo para el actor estudiantil – independientemente de su identidad partidaria -, mientras que entre el resto de los actores universitarios conviven posturas críticas y resistencias con adaptaciones plenas o pragmáticas (Camou, 2007).

Otro de los puntos fuertes de rechazo se concentra en la figura de la CONEAU, como órgano de implementación de la política. Lxs estudiantes dicen: “es lo que le da vida a la LES”, remarcando así el peso simbólico del organismo como un baluarte de las políticas de los 90, en tanto consideran que materializó una bajada de línea de los organismos internacionales como el Banco Mundial al sector universitario y una injerencia externa en las instituciones. Al mismo tiempo, focalizan en las responsabilidades del organismo en la definición e implementación de la política, en tanto articuló la definición de los criterios y estándares de la acreditación. En este sentido, en el plano de las consignas generales, no critican el rol de otros actores como los Consejos de Decanos o las propias universidades, sino que están fuertemente centrados en el rol de la CONEAU.

Por otro lado, se ha sostenido en el tiempo una fuerte crítica a la composición de los miembros de la CONEAU77, por la sobrerrepresentación de los representantes del sector privado y el sector político-partidario. Crítica que han compartido otros actores del mundo universitario y que se refleja en gran parte de los proyectos para una nueva legislación en materia de educación superior78.

Otro de los ejes que se critica a la CONEAU se encuentra vinculado a las consecuencias punitivas presentes desde el Decreto 499/95 respecto al no reconocimiento oficial y la consecuente validez nacional de los títulos en caso de la no acreditación de las carreras comprendidas en el Art. 43 de la LES. Si bien desde lo formal la función de la CONEAU se restringe a llevar adelante la tarea de la acreditación y realizar recomendaciones, siendo potestad del Ministerio de Educación cerrar la carrera o inhabilitar el título (Art. 76 LES y Dec. 499/95), dentro de las representaciones de los estudiantes, es la figura de la CONEAU quien condensa todas las críticas al respecto. Este es un eje central de debate entre lxs estudiantes, en tanto desde las agrupaciones estudiantiles deben hacer frente a lo que denominan el “cuco de la inhabilitación”. Es decir, parte de su práctica militante respecto de

77 _{El Art. 47 de la LES determina que: “La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria estará} integrada por doce (12) miembros, designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de los siguientes organismos: tres (3) por el Consejo Interuniversitario Nacional, uno (1) por el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, uno (1) por la Academia Nacional de Educación, tres (3) por cada una de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación, y uno (1) por el Ministerio de Cultura y Educación”.

78 _{Para más detalle de los proyectos para una nueva LES ver: Mancuso, M. y A. Piqué (2014) y Mancuso, M.} (2013).

la política de acreditación es deconstruir en el imaginario de las mayorías un posible escenario donde los títulos no tendrían validez, a partir de considerar experiencias que han dado la espalda a este proceso sin consecuencias de este tipo. Por otro lado, cabe aclarar que en términos reales, la política ha tendido a distanciarse de esta dimensión punitiva para centrarse en el mejoramiento - como describimos en el capítulo 4 – por lo que no ha habido casos concretos de suspensión de inscriptos o inhabilitación del título.

En tercer lugar, como producto de los procesos de implementación de la política que involucran compromisos institucionales de mejora y devienen principalmente en cambios en los planes de estudios, emerge un reclamo más específico respecto de cómo éstos son determinados desde fuera de las instituciones y con una limitada participación de los estudiantes en los espacios de toma de decisiones. El estudiantado apela en este punto a la construcción histórica de un demos universitario que los involucra como actores con capacidad de opinar y decidir sobre asuntos de la vida institucional. Claramente el proceso de toma de decisiones respecto a la implementación de la política se configuró a partir del ensamblaje que articuló agenda gubernamental, especialización disciplinar y representación institucional, encarnado en las figuras de la SPU, la CONEAU, las Asociaciones de Decanos, el CU y el CIN (Araujo y Trotta, 2011), sin su participación y a partir de una construcción paralela al cogobierno.

Por último, atravesar un proceso de acreditación y la adecuación a los criterios y estándares implica para el sector estudiantil una modificación y reorientación de su formación y del perfil profesional de la carrera. Dentro de estas transformaciones, los estudiantes ven con especial preocupación el acortamiento o la eliminación de contenidos, desplazando muchas veces parte de éstos al nivel de posgrado, con carácter arancelado; prácticas profesionales en empresas que se convierten en trabajo precarizado; así como la homogeneización del curriculum, lo que es considerado como un desconocimiento de las propias particularidades regionales y un avasallamiento de una lógica mercantil sobre las necesidades de lo local. En síntesis, lxs estudiantes cuestionan no sólo la direccionalidad de las transformaciones que implican los procesos de acreditación, sino el proceso mismo, en tanto no hay un reconocimiento de su condición de participantes plenos de la ciudadanía universitaria, y por lo tanto, su legitimidad como representantes de un claustro, ni un respeto por el cogobierno a la hora de discutir cambios en los planes de estudio y su formación profesional. De esta manera evalúan todos los cambios que emanan como producto de la implementación de la acreditación determinados externamente y contrarios al principio de autonomía universitaria, así como impugnan el desconocimiento de los órganos colegiados para la toma de decisiones.

Por el contrario, consideran que son los Consejos Directivos los espacios donde deben debatirse la orientación profesional y el perfil de las carreras, y en algunos casos como en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en el año 2010, promueven procesos plebiscitarios en los que puedan participar todos los integrantes de la comunidad universitaria para expedirse sobre la acreditación79.

2.2 Estudiantes y Acreditación en la FCM-UNLP: viejas tensiones institucionales a la luz