Uno de los dilemas de quienes son invitados a participar en cargos públicos es que si el gobierno que los convoca es lo suficientemente aceptable, con relación a los principios que estas personas defienden y promueven, como para involucrarse. En algunas situaciones es más o menos obvia la respuesta. Pensando en las experiencias y países que participaron en este proyecto queda por ejemplo claro que no tendría justificación alguna ser parte de un gobierno como el de Pinochet y, en el otro extremo, sería absurdo no haber aceptado la invitación en el caso del de la Concertación chilena o en el gobierno de Transición peruano que encabezó Valentín Paniagua. Pero allí acaba lo fácil, en la realidad más que el blanco y negro prima la escala de grises; las consideraciones para entrar son mucho más complejas y más todavía para saber hasta cuándo quedarse.
Incluso en gobiernos democráticos que emergen después de periodos autoritarios hay contradicciones y aspectos cuestionables que plantean permanentemente la pregunta de hasta dónde y hasta cuándo. Mariclaire Acosta lo narra muy gráficamente con un incidente ocurrido en vísperas de asumir su función: “Unos días antes de la inauguración del nuevo gobierno, se filtró a la prensa la reciente decisión de nombrar al entonces Procurador de Justicia Militar como Procurador General de la República. Sentí morir. ¿Qué iba a hacer yo, si ese señor, designado a última hora y como reemplazo de un abogado que pregonaba la necesidad de reformar el aparato de justicia, había sido mi contrincante principal en muchas denuncias internacionales de derechos humanos? Jugué con la idea de renunciar pero ya era demasiado tarde. No había nada que hacer más que apechugar. Los cuestionamientos y ataques comenzaron inmediatamente. La prensa quería saber cómo iba yo a trabajar con él en el nuevo ga- binete. Indefensa y confundida, manejé mal la respuesta. El ataque de una de las más conocidas y radicales organizaciones de derechos humanos, vieja rival, no se dejó esperar. Ahí estaba la prueba de que nada había cambiado en el país y de que, lejos de ser una representante del movimiento de derechos humanos en el primer gobierno democrático de los últimos setenta años, era una simple oportunista y traidora” (p. 80).
En las experiencias que hemos conocido, un tema fundamental para tomar decisiones ha sido, más que la orientación política o ideológica de un gobierno determinado, su naturaleza democrática y su legitimidad frente a la población. Pero en algunos casos ese criterio puede no ser suficiente. Por
ejemplo, en Colombia hay gobiernos democráticos con instituciones dedicadas a promover y defender la legalidad y los derechos humanos que coexisten con prácticas extendidas de violaciones a los de- rechos humanos. Ese dilema hubo de enfrentarlo Carlos Vicente de Roux cuando fue convocado por Gaviria para ejercer como Consejero Presidencial en Derechos Humanos. De Roux lo planteó del modo siguiente en el seminario: “La pregunta por hacer es si esos elementos de la sociedad civil deberían o no aceptar la invitación a trabajar por los derechos humanos desde las filas gubernamentales. Porque al trabajar por esa causa están también contribuyendo a relegitimar los respectivos regímenes. Lo que se impone, pues, es hacer un balance de lo que se entrega y lo que se recibe. Si lo que se entrega consiste en ayudar a maquillar la imagen de gobiernos dictatoriales y lo que se recibe son apenas los honores y el salario del cargo, no hay de qué hablar. Pero las cosas pueden ser más complejas. Pueden consistir, por ejemplo, en trabajar dentro de gobiernos sometidos a una Constitución democrática que pujan, aunque con ambigüedad y vacilación, por someter a sus agentes armados, en el marco de un conflicto interno, al respeto por los derechos humanos y el derecho humanitario. En esas circunstancias quizás haya un margen de maniobra para ayudar a crear espacios de civilización y civilidad en medio del horror y para arrancarle vidas a la barbarie”.
Pero incluso cuando se trata de un gobierno abiertamente autoritario, se han expuesto motivos que llevaron a la participación de personas y organizaciones de la sociedad civil. Así, entre los participantes peruanos surgió un debate promovido por una intervención de Cecilia Blondet. Ella contó lo siguiente: “En 1996, como parte de su estrategia de reinserción internacional, de legitima- ción de su gobierno y como preámbulo de lo que sería después la campaña de la ‘re-reelección’ Fujimori decide ir a la Cumbre de Beijing —el único Presidente de América Latina que lo hizo— y trae el compromiso de crear un mecanismo para el avance de las mujeres. Se creó así el mi- nisterio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano. El movimiento de mujeres quedó muy entusiasmado con la posibilidad de ampliar sus espacios de acción y le dieron su respaldo. Entre 1996 y 1999 la percepción de las mujeres organizadas es la de que hay que aprovechar todo espacio, aún cuando tenga características cada vez más autoritarias. Así, hubo muchas mujeres que como profesionales decidieron trabajar con el ministerio de la Mujer, consiguiendo ampliar la cobertura de los programas de salud reproductiva, avanzar muchísimo en la normatividad sobre violencia contra la mujer, sacar una moderna ley de cuotas y focalizar los programas sociales en las mujeres pobres”.
Blondet sintetizó el punto, señalando que la discusión que esta historia planteaba era la de “cómo compatibilizar la lucha por la democracia cuando en un gobierno autoritario hay la oportunidad de conseguir cosas muy concretas para la ampliación de los derechos de las mujeres y, por lo tanto, con ello, avanzar en democratizar la sociedad y el Estado”.
Susana Villarán, quien recordó que también vivió esa tensión, coincidió en que hubo un gran debate en el movimiento feminista y en el movimiento de mujeres; una contraposición de intereses que a su juicio no está todavía resuelta. Recordó que frente a la decisión de los sectores del movimiento de mujeres
que optaron por el apoyo y la participación con Fujimori, hubo otras que decidieron lo contrario y se organizaron detrás de la consigna “lo que no es bueno para la democracia no es bueno para nosotras las mujeres”. Pedro Francke, quien compartía la tesis de que en esas circunstancias no se debía parti- cipar, insistió en que “el punto es cómo colocar las agendas y las banderas específicas de la sociedad civil dentro de un horizonte más amplio de lucha por la libertad humana”.
Pero no sólo interesa la naturaleza del gobierno, sino en qué momento de éste uno se involucra, y a la vez importa cómo se llega; es decir, si hay un entorno político favorable para el cambio y, vinculado a ello, cuántas y cuáles son las condiciones que se pueden poner y las libertades que se pueden conseguir para poner en práctica iniciativas de transformación.
En el caso nuestro, al inicio había un entorno político que definíamos como excepcionalmente favorable: “[1.] El momento político en que se asumió el encargo ofreció posibilidades de cambio únicas y quizás irrepetibles. La caída del régimen de Fujimori y Montesinos, por un lado, y las ex- pectativas que generó el Gobierno de Transición presidido por Valentín Paniagua por otro, crearon un momento político inusual en el Perú; muy favorable para producir cambios ...” (Basombrío, Cos- ta, Villarán, p. 133). En la misma línea y reflexionando autocríticamente sobre lo que vino después, Francke (p. 232) sostiene que: “En este caso particular se justificaba ser menos desconfiado, en virtud de que recién estábamos saliendo de la dictadura fujimorista y de la tremenda desorganiza- ción y desarticulación política existente en ese momento, que demandaba la confluencia de una amplia gama de sectores y actores para afirmar la transición democrática”. Luego, sin embargo, su experiencia lo lleva a señalar que incluso en esos casos “es un problema de participar en un gobierno sin que estén asegurados los principios fundamentales que ese gobierno debe respetar y las condiciones de la gestión que uno va a realizar”.
Mariclaire Acosta da cuenta en su ponencia del contexto en que decidió aceptar, de las condicio- nes que puso y de cómo se cumplieron: “Para entonces, un grupo de dirigentes de organizaciones de la sociedad civil nos reuníamos con frecuencia para discutir la coyuntura política. Llevé el plan- teamiento de la oferta a la discusión del grupo y todos coincidimos en que era una buena oportuni- dad. El oferente era una persona de total confianza, luchador por la democracia de larga data, con un papel destacado en los intentos de mediación entre gobierno y zapatistas durante el conflicto en Chiapas. Decidí aceptar la oferta y cruzar el Rubicón. Por lo demás, ya había acabado de estar al frente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Renuncié públicamente a la dirección de ésta, y en el mes de agosto de 2000 inicié una nueva etapa de mi vida” (p. 76). Pero: “Cuando Castañeda me invitó a colaborar con él, le planteé tres condiciones: no le lavaría la cara al gobierno de México ni a ningún otro; quería poder formar mi propio equipo de trabajo; y tener acceso directo al Presidente. Visto en retrospectiva, en realidad las cumplió todas, aunque no siempre como yo lo hubiera deseado” (p. 77).
haber aceptado en un momento que no era el indicado y sin poner las condiciones mínimas: “... los dirigentes del PJ bonaerense no nos aceptarían y harían una sistemática oposición a una eventual gestión, ya que nos consideraban ‘traidores’ por habernos ido del partido en los años noventa, y él no tendría condiciones para controlar al poderoso aparato policial bonaerense, es decir, una policía confor- mada por cuarenta y cinco mil uniformados, altamente politizada y desprofesionalizada, y fuertemente vinculada con el mundo del delito” (p. 370).
No puso tampoco condiciones: “... cometí un error de vital importancia cuyas consecuencias nunca pudieron saldarse o superarse durante la gestión. No acordé con Juampi Cafiero los lineamientos generales de la política de seguridad que adoptaríamos y de las estrategias que utilizaríamos para llevarla a cabo, particularmente en todo lo referido a la estructura orgánico-funcional del ministerio, el mando policial, la seguridad preventiva, la seguridad ante el delito complejo, la carrera profesional de la policía, el control policial, la participación comunitaria, la seguridad privada y las estrategias de prevención y conjuración del delito en sus diferentes manifestaciones” (p. 370).