Defining resilience

Somos conscientes de que nuestra lucha, debe salir a la calle como una «Lucha Social», contra la Injusticia manifiesta, de un Régimen brutal, que ha creado las bases socio-económicas, de la desigualdad contra la que nos rebela- mos, y que ha institucionalizado la represión como forma de Gobierno, sobre los Pueblos y Hombres de España.

Un lenguaje cuidado y coherente, no excesivamente radicalizado pero sí plenamente imbuido de la nueva conciencia, que busca sumar la solidaridad «de todos los Movimientos Populares, que a través de sus Organizaciones y Partidos, se oponen a la continuidad de las estructuras reaccionarias y clasis- tas de la Dictadura, y luchar decididamente, porque la “Libertad y la Justicia”, sean los fundamentos de nuestra sociedad». A tenor de lo visto, no cabe duda de la adopción del marco cultural de los presos políticos y sus organizaciones por parte de los comunes o, ya más propiamente, sociales, en lo que supone un primer y determinante paso en su combate contra la discriminación: la resis- tencia a ser considerados simples delincuentes sin matiz alguno en el origen de su conducta.

Cuando todavía no habían podido sacar más que un par de comunicados a la calle, se produjo el primer conflicto del año en Carabanchel, donde se mezclaron reivindicaciones de justicia contra los malos tratos, al estilo de las que provocó la muerte del Habichuela en Barcelona, con proclamas en de- manda de amnistía total y libertad para los presos sociales, así como una ca- rencia absoluta de sentido de común entre los mandos de la policía antidistur- bios que, por otra parte, no era nueva ni sería la última vez. El 20 de enero le desapareció la pistola a un funcionario del Reformatorio. Como respuesta a este hecho, y aunque estaba prohibido introducir armas en el recinto peniten- ciario y no había pruebas concluyentes sobre su implicación, varios jóvenes fueron encerrados en celdas y golpeados, e incluso uno sufrió quemaduras en la cara por ácido o sosa cáustica, y otro hubo de ser trasladado al hospital. En protesta, 60 presos presentaron denuncias ante el Juzgado de Guardia, 350 más elevaron instancias ante el director de la prisión solicitando mejores condiciones de vida y la expulsión del cuerpo del funcionario que perdió la pis tola, y un número elevado de presos de la 5.ª y la 7.ª galerías iniciaron el me diodía del 21 una huelga de hambre hasta que se les diera una respuesta

satisfactoria sobre los hechos ocurridos.2 _{A las once de la noche un grupo de}

familiares pertenecientes a la AFAPE alertados por estos hechos intentó ha- blar con el oficial de guardia. Como no los recibieron, cursaron una denuncia «por presuntos malos tratos a presos, lesiones, coacciones, y aquellos otros delitos que pudieran derivarse de la instrucción sumarial…» contra los fun- cionarios del cuerpo de prisiones en el Juzgado de Instrucción n.º 13 de Ma- drid, al tiempo que enviaban una telegrama al rey explicando la situación.

Al día siguiente un grupo de unas 50 personas, en su mayoría mujeres y algunos niños, acudieron a la prisión a llevar comida y ropa a sus allegados, y pedir información sobre su situación en ese momento, lo que se les negó di- ciéndoles que estaban incomunicados. Sin pensárselo, el grupo de familiares decidió permanecer en la puerta de la prisión hasta que se les permitiera el paso. Entretanto, los presos recluidos en la enfermería, cuyas ventanas daban precisamente a la zona de entrada, al ver la concentración confeccionaron una pancarta en la que escribieron «Amnistía general», que sacaron a través de las rejas. La mañana transcurrió a las puertas de Carabanchel bajo la lluvia y los gritos a favor de los presos sociales, hasta que llegaron a la zona dos autobuses con miembros de la Brigada Antidisturbios que cargaron contra los concen- trados. Once de ellos —varios menores— tuvieron que ser atendidos por traumatismos y contusiones. Una hora más tarde, Radio Nacional de España informaba de que no se habían producido heridos. El cúmulo de tensión y despropósitos iba camino de lo insoportable. A las cinco de la tarde del día 22, un grupo de 20 presos trepó hasta el tejado del Hospital Penitenciario, donde desplegó pancartas con peticiones de amnistía y reclamó la presencia de la prensa. Poco después llegaron los efectivos antidisturbios que tomaron posi- ciones para desalojar a los protagonistas del plante.3 _{Aunque en este episodio}

no aparecen todavía las siglas de COPEL, todo indica que sus miembros fun- dadores estuvieron implicados. Sin embargo, la magnitud del conflicto no se vio secundada por una atención pública a la altura de los acontecimientos debido al desencadenamiento de la «semana negra» de la Transición.

En efecto, el domingo 23 de enero, al día siguiente del desalojo del motín, un pistolero ultraderechista abatía al estudiante Arturo Ruiz en el transcurso

2 El País, 22 de enero de 1977. 3 El País, 23 de enero de 1977.

de una manifestación pro amnistía. Al día siguiente, en una manifestación de protesta por la muerte del joven, María Luz Nájera, de 21 años, era alcan- zada en la cara por un bote de humo lanzado por la policía antidisturbios y moría en el acto. En paralelo, los GRAPO, que tenían secuestrado desde hacía más de dos meses a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado y ultramontano carlista, hacían lo propio con el presiden- te del Consejo Superior de Justicia Militar, el teniente general Villaescusa. Esa misma noche se producía la matanza de la calle de Atocha, en la que perdían la vida cinco miembros de un despacho de abogados laboralistas y cuatro más resultaban heridos bajo las balas del supuesto comando Roberto Hugo Sosa, de la Triple A (siglas de la Alianza Apostólica Anticomunista, que en realidad remitían a grupos de matones de ultraderecha sin organiza- ción estable pero con estrechos vínculos con los sectores más reaccionarios de la política, la policía y el ejército). La respuesta de calma y serenidad de la población, simbolizada en el multitudinario entierro de los abogados del día 26 —con demostración de la capacidad de convocatoria del PCE, inclui- da—, frenó momentáneamente la escalada de violencia, que tendría conti- nuidad en la réplica a los asesinatos ultra cuatro días después, cuando un comando de los GRAPO mataba a dos miembros de la Policía Armada y uno de la Guardia Civil. Un reguero de sangre que dejó en vilo a todo el país du- rante aquellos Siete días de enero, que Juan Antonio Bardem convirtió en pe lícula dos años después.

Con este clima de violencia sobre Madrid, el final de la huelga de hambre en Carabanchel el día 26 no mereció mayor atención. Sin embargo, el conflic- to del Hospital Penitenciario se había cerrado en falso y no tardaría en volver a hacerse presente en los medios. Hasta entonces, poco se sabía sobre qué su- cedió de puertas adentro. Uno de aquellos boletines donde poco después se escribirá la historia de la organización, habla de una victoria de los presos pertenecientes a la COPEL, que habrían obtenido permiso para desarrollar sus acciones de propaganda en un régimen de semitolerancia, lo que se tradu- jo en una extensión de la actividad del grupo a todas las galerías e, incluso, en la celebración de una gran asamblea en la 3.ª galería el domingo 13 de febrero, en la que bajo una pancarta donde se leía «Unamos nuestro grito al del pue- blo: AMNISTÍA TOTAL», los diferentes oradores hicieron un llamamiento

a la participación en las movilizaciones a favor de la libertad de todos los encarcelados. Una fecha y un hito, por su trascendencia, que también refirió uno de sus primeros miembros en una entrevista realizada meses después en el penal de Cartagena.4

Ciertamente, en esas mismas fechas se había producido un cambio en la administración de la prisión, al incorporarse Eduardo Cantos Rueda como director quien, según una nota de prensa publicada en la contraportada del diario Informaciones el día 17 de febrero, había empezado por recibir a los presos que a título individual querían plantearle quejas de orden interno. «Se- gún parece el señor Cantos Rueda ha recibido también a la denominada “co- misión de presos en lucha” (COPEL), en la que figuran los presos políticos más activos». Esta breve alusión, la primera donde el nombre de la coordina- dora aparece publicado en un medio de prensa fuera de los muros de la cárcel, indica también una visualización pública de los miembros de COPEL —erró- neamente calificados como presos políticos— que se volvería en contra de ellos al cabo de muy poco tiempo. Al día siguiente, una «Comisión perma- nente de COPEL Carabanchel dirigió una réplica al director del vespertino en la que afirmaba: «tenemos la obligación de dejar bien claro, que en la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha) no milita preso político alguno», para fijar, a continuación, sus orígenes en la toma de conciencia sobre su situa- ción y la necesidad de organizarse para defender sus derechos, además de fijar su triple objetivo: «Sentar las bases organizativas de lo que será en el futuro próximo la Organización o Asociación activa de todos los presos del Estado español; impulsar, dirigir y centralizar la lucha reivindicativa en el interior de las prisiones; y hacer incidir esta lucha en el marco general de la movilización de las fuerzas populares por la conquista de la libertad».5

La respuesta de la dirección al envalentonamiento de los presos fue ful- minante. La madrugada del 19 de febrero un grupo de funcionarios, ayuda- dos por efectivos de la Policía Armada, sacaron a empujones de sus celdas a

4 «Las luchas de Carabanchel: la COPEL», Solidaridad con los presos. COPEL en lucha, 1, 1977. Las declaraciones de Pedro Fuertes Carreras a la revista Primera Plana se conservan en CEHI: FP (Vinader). 2 (17), 6.

5 LCI: Arxiu COPEL. Carta al diario Informaciones, Carabanchel, 18 de febrero de 1977. Reproducida en «Carabanchel: Los límites de la libertad», en ¡¡Quienes…, 3, 1977.

la cincuentena de presos de la 3.ª galería que más se habían destacado duran- te los días previos por su pertenencia a COPEL —preventivos, en su mayo- ría— y los enviaron en conducción, sin previo aviso, a los penales de Ocaña y Zamora. «Tras los motines de Carabanchel, las autoridades responden con la diáspora de los lideres de la COPEL, y lo que hacen es sembrar la semilla por todas las prisiones del Estado», afirma, con conocimiento de causa, el abogado José Luis Galán.6 _{Efectivamente, si la intención de la dirección del}

centro, con el más que probable beneplácito de la Dirección General, era acabar con los rebrotes periódicos de protestas carcelarias que desde julio del año anterior se reproducían en la prisión madrileña, su resultado estuvo en las antípodas de lo deseado. La misma tarde del día 19, nueve presos de la 3.ª galería subieron al tejado para protestar por las conducciones ilegales, mien- tras los familiares de la AFAPE informaron a los medios y enviaron telegra- mas a las autoridades, al tiempo que decidían si empezar un nuevo encierro en la iglesia de Moratalaz. Como colofón, las siglas de COPEL volvían a hacer aparición en las páginas de los diarios, de donde ya no saldrían hasta muchos meses después y, lo que es más trascendente, no sólo en la sección de sucesos. Un editorial de El País del día 23 contextualizaba la aparición de este tipo de iniciativas por la desidia de las instituciones ante el problema de las prisiones.

La torpe acción represiva del día 19, en definitiva, desencadenó una casca- da de movilizaciones dentro y fuera de la cárcel madrileña difícil de ocultar. A lo largo del domingo 20 de febrero, 26 presos se autolesionaron a base de cortes en el abdomen e ingestión de objetos metálicos, por lo que tuvieron que ser ingresados en el Hospital Penitenciario. Y al día siguiente estos mismos presos y otros tantos se amotinaron en el tejado, exhibiendo pancartas con lemas llamando a la solidaridad con COPEL y buscando la atención de la prensa, mientras alrededor de 300 compañeros se sumaban a las protestas iniciando una huelga de hambre y autolesionándose, lo que no fue razón su- ficiente para evitar ser aporreados con saña por su actitud. El motín no acabó hasta la noche del 22, con la intervención especialmente violenta de la policía, que para desalojar las terrazas del hospital y conducir a los presos a sus celdas

usó botes de gases lacrimógenos como el que apenas un mes antes había ma- tado por el impacto a quemarropa a Mari Luz Nájera.7 _{Una vez restablecido}

el orden aún se produjeron más traslados de excepción, esta vez a El Puerto de Santa María y Burgos, además de la imposición de celdas de aislamiento o régimen de observación de conducta con carácter indefinido a centenares de reclusos en la propia Carabanchel.

Cuando recibáis este comunicado nuestra situación lo será y es de lo más inhumana posible. No somos atendidos como personas. Estamos 71 en celdas bajas; no podemos comunicar ni con el abogado. Estamos pasando mucho frío y hambre. Cada vez que te abren la puerta de la celda aparecen los funciona- rios armados con porras y hasta con pistolas. Todavía está la policía. La ma- yoría de los compañeros de COPEL estamos más vigilados que los demás. Ya no sabemos qué hacer, si matarnos o dejar que nos maten. Haced todo lo que podáis allá fuera y decid a nuestros familiares que manden médicos. Y si de aquí a siete días no vemos una solución más justa y nos atienden hemos con- venido en intentar suicidarnos todos a la vez. Os pedimos de todo corazón que hagáis lo que podáis. Lo firmamos 37 de la COPEL.8

Para contrarrestar la avalancha informativa, la Dirección General emitió notas de prensa en medios propios y afines afirmando el carácter mafioso de la coordinadora de presos y la correcta actuación de los funcionarios, pero su impacto fue mucho menor que el de los medios progresistas que recogieron el llamamiento «Por una justicia socio-penitenciaria» efectuado por la COPEL.9

El segundo motín —el primero divulgado ampliamente— en que el que participaba aquella asamblea de presos creada apenas dos meses atrás arrojó, antes de finalizar el mes de febrero, un balance contradictorio: si por una parte la difusión de su existencia provocó un ola de solidaridad importantísi-

7 Además de El País de los días, 20, 21, 22 y 23 de febrero de 1977, el artículo «Las luchas de Carabanchel…», op. cit.

8 ALB: Nota sacada al exterior el día 26 de febrero.

9 La primera: «Cuatrocientos comunes de Carabanchel piden la desarticulación de bandas extorsionistas», Informaciones, 26 de febrero de 1977. La segunda: COPEL (portavoz autorizado C. J. V. C.): «Por una justicia socio-penitenciaria», 23 de febrero 1977. Reproducido en El Viejo Topo, 13, 1977, p. 43.

ma en el exterior, dentro de los muros de Carabanchel sus miembros sufrieron restricción de movimientos y una estrecha vigilancia.

Mientras esto ocurría en Madrid, apenas hay datos que permitan conocer cómo transcurrieron esos meses en el resto de prisiones. Las férreas restriccio- nes legales para el acceso a la documentación oficial y la ausencia de noticias en prensa durante este periodo dejan sin responder la mayoría de interrogantes sobre el impacto de las movilizaciones de verano de 1976 y principios de 1977 en la vasta geografía penitenciaria española, pero afirmar, sin más, que no hubo actividad organizada tampoco obedece a la verdad. En Málaga, a finales de enero ya se había interceptado un escrito de una inédita «Unión de Presos Co- munes», de la que no se volverá a tener noticia, lo que como mínimo indica la existencia de un malestar explícito y mínimamente organizado que producirá otras muestras de descontento mediante el envío de instancias a la Dirección General durante los próximos meses.10 _{Aunque es en relación a la Modelo de}

Barcelona que se pueden plantear algunas hipótesis con mayor fundamento. La última noticia que teníamos asociada a la existencia de un sentimiento equiparable al de los creadores de la COPEL en Barcelona databa del mes de septiembre, cuando un grupo de presos comunes se declaró en huelga de hambre. Después de esa fecha no hay noticias hasta final de año, cuando 55 presos enviaron una carta a Lluís Maria Xirinachs reclamando el acceso a la libertad e igualdad de oportunidades que la democracia afirmaba represen- tar.11 _{El 5 de enero, Mundo Diario publicó una carta de presos comunes en la}

que también exigían amnistía total, a la que Xirinachs se sumó al enviar una nota al diario cinco días más tarde.12 _{Pero fueron los traslados de centro la}

gran vía de entrada de las consignas. El 15 de febrero, a las puertas de que la COPEL haga su aparición en los medios, Pedro Fuertes Carreras ingresó pro- veniente de Madrid.13 _{Nueve días después, una nueva orden dirigida a la}

DGIP «Remite escritos aprehendidos en el patio. Incautación Pedro Fuertes

10 García Ruiz, C. R.: op. cit., pp. 352-353. 11 [Recuadro sin título], ¡¡Quienes…, 2, 1977. 12 Xirinachs, Ll. M.: op. cit., p. 358.

13 ANC: Fons Centre penitenciari d’homes de Barcelona, UI 68 (1): Libro de Salida de correspondencia -24 noviembre 1976 a 27 abril 1977-, p. 240, Orden 4.939 dirigida a Audiencia Provincial, sección 5.ª, de Barcelona, «participación ingreso Pedro Fuertes Carreras».

Carreras».14 _{La misiva, de la que no conocemos más que esta exigua anotación}

en el libro de registro de salida de correspondencia, sería la antesala del casti- go de 40 días de aislamiento por «instigar a la formación de una asociación irreglamentaria de reclusos en lucha», que le impusieron a éste y a otro preso el día 27 por difundir un manifiesto.15 _{El segundo implicado era Emilio Si-}

món Blanco, que comenzó una huelga de hambre el día 4 de marzo. Cinco días más tarde, Pedro Fuertes Carreras fue trasladado a Cartagena, y el día 12 su compañero desistió de la protesta.16

A pesar de que las referencias documentales sean muy precarias, con una alta probabilidad se trataría de la llegada de las proclamas de COPEL a la cárcel barcelonesa. Los sistemas pudieron ser variados, pero el objetivo se lo- gró con creces. Un papel escondido en el equipaje que pasa desapercibido en el cacheo de entrada gracias a la vista gorda del preso encargado, una conver- sación en el patio o un recorte de prensa sirvieron para corroborar o descubrir lo que empezaba a ser visible: la existencia de una destacable actividad contes- tataria originaria de la prisión de Carabanchel, y que encontró una buena acogida entre los presos más concienciados de la capital catalana.17 _{La poste-}

rior trayectoria de ambos presos, cuyos nombres aparecerán durante los próxi- mos años en la prensa con cierta regularidad asociados a las protestas, refuer- zan la hipótesis de que, precisamente, lo que la Dirección General quería evitar a toda costa, extender el clima de protesta, se logró gracias a los trasla- dos con los que pretendían cortarlo de raíz. Así empezó la expansión de las consignas de COPEL, como una mancha de aceite, entre una población pe- nitenciaria frustrada por el esquinazo de la amnistía y predispuesta a la pro- testa para lograr salir.

14 Ibíd., p. 258, Orden 5.792.

15 VV. AA.: La Cárcel Modelo de Barcelona, 1904-2004. Cien años bastan, derribemos la Modelo para no levantar otra, Barcelona, Ateneo Libertario Al Margen; Likiniano Elkartea; Ateneu Llibertari Poble Sec; Etcétera, 2004, p. 60.

16 ANC: Fons Centre penitenciari d’homes de Barcelona, UI 68 (1): Libro de Salida de correspondencia -24 noviembre 1976 a 27 abril 1977-, pp. 284-318, órdenes 6.881 y